La rápida reacción de la Policía Nacional permitió la captura de un ciudadano que transportaba marihuana en un motocarro, luego de recibir una alerta oportuna por parte de un habitante mediante la central de radio policial.

Según el Departamento de Policía Casanare, el operativo se desarrolló en la calle 26 con carrera 29, en el barrio El Triunfo, donde los agentes interceptaron al conductor del vehículo tipo carguero y procedieron a realizar un registro minucioso.

En la parte trasera del vehículo  hallaron dos bolsas negras con 25 paneles de una sustancia vegetal, que presentaba las características de la marihuana.

Como resultado, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales por el presunto delito de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes.

El coronel Pablo Javier Galindo Valencia, comandante del Departamento de Policía Casanare, resaltó la valentía de la comunidad que aportó la información y condenó el intento de comercializar drogas en las calles del municipio.

“Aplaudimos la gallardía de la comunidad al denunciar a este presunto expendedor que, sin ningún tipo de escrúpulos, pretendía tomarse las calles para vender drogas”, afirmó el oficial.

La Policía recomienda a los casanareños continuar alertas y denunciar cualquier actividad ilegal que perturbe la tranquilidad pública, reiterando su compromiso con la seguridad regional.

El exconcejal de Villanueva, Fernando Escobar, denunció públicamente haber sido víctima de un atraco a mano armada en Yopal, Casanare.

 A través de sus redes sociales, Escobar relató que fue intimidado con un cuchillo por delincuentes, quienes lo despojaron de su teléfono celular en hechos ocurridos este miércoles 22 de octubre.

Tras el violento asalto, el exconcejal alertó a sus contactos y seguidores sobre el posible uso indebido de su número telefónico.

“Me acaban de atracar con cuchillo en mano en Yopal y me hurtaron mi celular. Si llaman a alguien pidiendo plata, solicitando información o datos, no soy yo. Abstenerse de caer en alguna estafa”, escribió Escobar en sus perfiles personales.

El líder político hizo un llamado a la ciudadanía para que ignore cualquier llamada o mensaje proveniente de su número, pues el dispositivo podría ser utilizado para cometer fraudes, suplantación o extorsión. Además, invitó a estar atentos y reportar cualquier intento sospechoso.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre acusado de someter a vejámenes sexuales a su sobrina, quien para la fecha en que ocurrieron los hechos tenía tan solo 10 años.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el procesado habría sometido en varias ocasiones a la menor, aprovechando la cercanía familiar.

El abuso se perpetró entre marzo de 2022 y septiembre 2023 en una comunidad indígena ubicada en zona rural de Támara, cuando la mejor regresaba a casa luego de su jornada escolar.

La información compartida por la Fiscalía señala que el agresor esperaba a su víctima en un matorral cercano, para luego acceder carnalmente a la menor de edad.

La captura del sospechoso la hicieron efectiva efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo de uniformados de la Policía Nacional, en Paz de Ariporo.

La agresión de la cual fue víctima una ciudadana a quien una prima le arrojó una sustancia desconocida en la cara durante una discusión por una servidumbre, es un caso de intolerancia tiene su origen en problemas por el tema de disputas territoriales, el cual lleva varios años.

Los hechos se presentaron este martes 21 de octubre en la vereda La Argentina del municipio de Hato Corozal. La víctima fue identificada como Eufemia Zea García, de 56 años.

El conflicto presentar varias aristas, las cuales fueron narradas por el secretario de gobierno del departamento, Julio Ramos.

El funcionario manifestó que este caso en particular es necesario determinar una servidumbre. “Ver dónde están cada uno de los puntos de referencia de cada una de las propiedades”, recalcó Ramos.

Problema sobre el cual dijo que se puede resolver a través de la justicia ordinaria. De esta manera se evitarían estas situaciones de intolerancia terminen en agresiones, como la ya mencionada.

Contó que habló con el secretario de gobierno de Hato Corozal, quien le comentó que sobre este caso en particular se han presentado varias cosas para tener en cuenta.

“La primera es que este caso lo llevaba la inspección de policía local”. Sin embargo, el proceso fue truncado porque el inspector fue objeto de amenazas. “Por lo tanto se declaró impedido y se hizo a un lado”, subrayó Julio Ramos.

La gravedad del asunto fue llevada ante la Unidad de Protección. La entidad determinó que “en realidad hay un riesgo, porque, muy posiblemente estas amenazas venían de un grupo al margen de la ley. Entonces fíjese hasta donde están llevando las cosas”, precisó el titular del despacho de gobierno departamental.

Ante estas circunstancias el tema fue llevado a la personería local. Luego pasó a Paz de Ariporo, de donde regresó nuevamente a Hato Corozal. Finalmente, para dirimir el conflicto familiar el personero tiene la tarea de nombrar un inspector ad hoc, quien será el encargo de solucionar este embrollo.

En lo referente a la gestión de la Secretaría de Gobierno del departamento, Ramos fue claro en decir que, desde febrero de este año, el director de seguridad y convivencia ciudadana, coronel (r) Edgar Ricardo Bernal, fue hasta el sitio acompañado del Ejército.

“Habló con las familias, porque son familiares todos. Yo los he atendido. Hemos hablado con ellos, pero insisten que nosotros como Gobernación tomemos una decisión, pero es la justicia ordinaria la que debe dirimir ese conflicto”, explicó Julio Ramos.

El pleito por la servidumbre tiene su génesis en el acceso a un paso vial. Según Ramos, un grupo asegura que es un camino real de vieja data, por lo que tienen derecho a utilizarlo para llegar a sus predios.

Sus contradictores niegan esta afirmación. Complementan su argumento señalando que los partidarios del paso real tienen la posibilidad de ingresar a sus propiedades por otra ruta.

De esta manera se evitan cruzar por un portón, del cual quieren servirse, para entrar a sus terrenos. Infraestructura que se encuentra dentro de la finca de sus adversarios.

En todo este barullo lo que más le preocupa al secretario Ramos es que el conflicto familiar escale y se llegue hasta la intervención de grupos ilegales para resolver el problema, en lugar de agotar los conductos regulares de la justicia ordinaria.