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Induarroz, que representa a una parte de la industria arrocera en Colombia, ha manifestado su profunda inquietud respecto a la reciente decisión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de someter el arroz paddy verde al régimen de libertad de precios regulados.

Para la entidad esta medida, acordada durante las negociaciones con los líderes del paro arrocero, ha sido implementada sin considerar el origen de la problemática del mercado ni los comentarios técnicos presentados por la industria.

Un contexto de sobreoferta histórica

La industria arrocera, que genera más de 8.000 empleos formales en las zonas rurales del país, ha señalado que la situación actual se debe a una sobreoferta sin precedentes.

En 2024, Colombia alcanzó un récord histórico de siembra con 631.000 hectáreas, lo que resultó en la mayor cosecha de su historia. A pesar de los llamados a la racionalización de las siembras, la superficie cultivada continuó aumentando, especialmente en Casanare, donde en el primer semestre de 2025 se registró un récord de 216.000 hectáreas.

Esta expansión provocó que, para 2025, el país llegara a la cosecha con inventarios un 92% superiores a los de 2024, excediendo lo recomendado por el plan de ordenamiento productivo de la UPRA.

A este panorama nacional se suma una sobreoferta global que ha reducido los precios internacionales del arroz en cerca de un 30%.

Libertad regulada y sus riesgos

La resolución ministerial, emitida durante el paro arrocero, ha establecido precios mínimos de compra que, según datos de Fedearroz, son hasta un 17% más altos que los precios de mercado, dependiendo de la región, sostuvo Induarroz.

En este contexto la agremiación advirtió que esta medida podría generar varios riesgos significativos. El primero, un posible aumento en los precios del arroz blanco para los consumidores, afectando principalmente a los hogares de bajos ingresos.

Segundo, se generaría un "efecto incentivo" que podría llevar a un mayor incremento de las siembras, profundizando así la sobreoferta.

Un tercer desafío sería la pérdida de competitividad frente a las importaciones en un mercado internacional con excedentes del grano. Y finalmente, el aumento de la informalidad en la cadena de producción.

Respaldo de la Superintendencia de Industria y Comercio

Induarroz citó el concepto jurídico de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que respaldó varias de las observaciones de la industria.  En este sentido, la agremiación manifestó que la Superintendencia concluyó que la imposición de este régimen de libertad regulada constituye "una clara limitación al libre proceso de formación de precios" y podría afectar la eficiencia del mercado.

Además, señaló que esta medida solo se justificaría si fuera de carácter transitorio, lo que genera incertidumbre para los compradores y podría desincentivar el almacenamiento del cereal a largo plazo.

La SIC también advirtió que este tipo de medidas podría incentivar a los compradores a adquirir arroz en regiones con precios mínimos más bajos.

Dicha coyuntura podría generar una "dependencia estructural del sector respecto del apoyo gubernamental" que acentúe las distorsiones del mercado y comprometa su sostenibilidad.

La entidad recomendó trabajar en los problemas estructurales del mercado, en coherencia con los principios de libre competencia.

Por último, Induarroz ha reiterado su compromiso de trabajar en una solución estructural, basada en la implementación de una agenda de competitividad y el plan de ordenamiento productivo, con miras a la apertura comercial de 2030.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural radicará este 24 de julio ante la Superintendencia de Industria y Comercio una propuesta para establecer un régimen de regulación de precios del arroz paddy verde y arroz blanco. La medida busca estabilizar el sector arrocero, actualmente afectado por un paro nacional.

El anuncio fue realizado el 23 de julio por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, durante las negociaciones con representantes del gremio.

Según la funcionaria, el Gobierno Nacional está cerca de alcanzar un acuerdo tras más de una semana de diálogo con los productores y un año de trabajo técnico en la formulación de esta iniciativa.

La propuesta contempla:

• Control de precios a través de un régimen regulado, bajo vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio.
• Medidas de comercio exterior para proteger la producción nacional.
• Acciones estructurales que incluyen competitividad, transformación de la cadena productiva y reducción de costos.
• Garantías de abastecimiento para que los productores puedan llevar sus cosechas a los molinos.
• Apertura al diálogo con todos los sectores agropecuarios, en el marco del “gobierno del cambio”.

El Ministerio considera que esta intervención es clave para salvaguardar la cadena del arroz, considerada esencial para la seguridad alimentaria del país. La presentación formal ante la Superintendencia marca un nuevo avance en el proceso de concertación con los arroceros.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, participó en la primera mesa nacional arrocera, convocada ante la crítica situación que enfrenta el gremio arrocero en el país.

El encuentro reunió a productores, mandatarios regionales, congresistas, delegados ministeriales y entidades nacionales para abordar la crisis del arroz paddy verde y discutir alternativas viables durante el paro nacional del sector.

“El paro encarece todo, pero las reclamaciones del gremio son legítimas. Si no se atienden, Casanare será uno de los más perjudicados”, señaló el mandatario seccional.

Igualmente, enfatizó la necesidad urgente de establecer precios mínimos por región. Advirtió que, sin esta medida, el país podría enfrentar la quiebra del sector y la pérdida de más de 190 mil empleos directos e indirectos en Casanare.

Durante la mesa, el gobernante hizo énfasis en el impacto económico que tiene el arroz en Casanare. En el departamento se estima un área de siembra de 216 mil hectáreas y una producción superior a 1.5 millones de toneladas, con un movimiento económico que supera los 1.5 billones de pesos.

Como respuesta institucional, el Ministerio de Agricultura expidió una resolución que establece un régimen de libertad regulada para el arroz paddy verde.

La norma fija precios mínimos por tonelada: $1.508.638 en los Llanos y $1.645.386 en la región Centro. El precio por carga varía entre $188.580 y $205.673 según el territorio.

La resolución, vigente y complementaria a la número 000085 de abril de 2025, obliga a compradores a reportar semanalmente precios, volúmenes, condiciones de pago y sitios de adquisición. Se contemplan sanciones por omisiones, especialmente cuando se desconoce el origen del arroz blanco comercializado.

Además, se habilitó un canal para que productores presenten quejas respaldadas con facturas, garantizando la confidencialidad del solicitante. La normativa incluye mecanismos de coordinación interinstitucional para evitar la evasión y manipulación del sistema.

Ante los desafíos que enfrenta el sector agropecuario, especialmente en las cadenas de papa y arroz, el Gobierno nacional anunció nuevas medidas para blindar la frontera con Ecuador frente al ingreso irregular de productos agrícolas sin transformación.

El objetivo es frenar el contrabando, la competencia desleal, las prácticas restrictivas y la falta de controles sanitarios, protegiendo así el ingreso de los productores colombianos y estabilizando el mercado.

La ministra de agricultura y desarrollo rural, Martha Carvajalino, destacó que estas acciones responden a directrices del presidente Gustavo Petro: “Estamos defendiendo dos cadenas fundamentales —la papa, que sufre una fuerte caída de precios, y el arroz— mediante una coordinación interinstitucional e intersectorial para preservar la producción agropecuaria y la economía rural”, afirmó.

La estrategia contempla un despliegue intensivo de vigilancia fronteriza por 30 días, liderado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el INVIMA, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y el Ejército Nacional.

Esta intervención busca contrarrestar el impacto de prácticas ilegales que afectan los cultivos de arroz, papa y otros productos clave.

Durante 2024, el 94 % del arroz paddy consumido en Colombia fue de producción nacional, informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Las importaciones desde Estados Unidos se redujeron un 92 % hasta abril, y el volumen total de importaciones disminuyó un 75 %. Sin embargo, debido al levantamiento de restricciones en la exportación de arroz por parte de India, se prevé una baja en los precios internacionales.

Por ello, el Ministerio de Agricultura solicitó aplicar el régimen de Salvaguardia contemplado en la Ley 101 de 1993.

La ministra de comercio, Diana Marcela Morales, señaló la existencia de contrabando técnico y abierto que presiona a la baja los precios internos, afectando directamente a los productores.

Además, la ausencia de controles sanitarios ha facilitado la propagación de plagas y enfermedades.

En respuesta, el ICA, junto con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio y el Invima, ha realizado más de 350 visitas de inspección a cultivos de arroz, reforzando los controles fronterizos e implementando medidas para detener el ingreso ilegal de papa.

“El contrabando está siendo caracterizado con precisión: se identifican rutas fronterizas y se refuerzan controles en vías, establecimientos públicos y plazas de mercado”, explicó el mayor John Rodríguez, subdirector de Investigación de Policía Fiscal y Aduanera.

Paralelamente, el Gobierno afirmó que impulsa la agroindustrialización de la papa como herramienta para mejorar la competitividad del sector, optimizar su comercialización y abrir nuevas oportunidades en mercados nacionales e internacionales.

El Inivma detalló las acciones de inspección, vigilancia y control (IVC) en puntos de ingreso, especialmente desde la oficina paso fronterizo de Ipiales, y en establecimientos de producción como molinos, buscando mejoras continuas en materia sanitaria.

También reiteró su compromiso de trabajo articulado con autoridades como la DIAN, el ICA y la Policía Antinarcóticos.

Estos anuncios fueron presentados en una reunión de alto nivel en Ipiales, Nariño, con la participación de entidades gubernamentales y autoridades locales.

Una de las propuestas del Gobierno departamental para apoyar el sector arrocero son las plantas de secado. En las proyecciones de la actual administración se viene trabajando en la creación de tres de estas infraestructuras. 

En este sentido el secretario de desarrollo económico de Casanare, Alexy Duarte, ha entregado detalles de los avances de estos procesos que se adelantan en San Luis de Palenque, Paz de Ariporo y Nunchía.

La información ha sido compartida por Duarte en diferentes escenarios, como la pasada asamblea de Fedearroz, celebrada recientemente en la Cámara de Comercio de Yopal y que contó con la presencia del gerente de esta agremiación, Rafael Hernández.

Para el caso de san Luis de Palenque el secretario mencionó que ya se encuentra en ejecución la consultoría de obra. Agregó que una vez se tengan los resultados de este trabajo, se pasará a la fase de construcción.

Sobre la planta de Paz de Ariporo dijo que en este momento se adelanta el proceso de contratación de la consultoría, que entregará a nivel de prefactibilidad las estimaciones de ubicación, tamaño y unidades de negocio que se podrán implementar.

Finalmente, en lo que respecta a Nunchía, sostuvo el titular del despacho de desarrollo económico del departamento, que la idea es hacer en esta población una nueva planta de secado y almacenamiento de arroz.

Destacó el funcionario que este proyecto es liderado por la Asociación de Mujeres Arroceras de Casanare y que una sea entregado al Departamento, la Gobernación se hará cargo de la construcción de la obra.

La medición de cultivos de arroz en Colombia ha dado un salto tecnológico significativo. Fedearroz y el DANE han unido esfuerzos para implementar un sistema de monitoreo basado en imágenes satelitales e inteligencia artificial.

Este avance surge como respuesta a los desafíos que enfrentaban los métodos tradicionales de medición, incluyendo altos costos operativos y dificultades de acceso a ciertas zonas.

La investigación para este proyecto comenzó en 2016, utilizando imágenes ópticas y de radar proporcionadas gratuitamente por entidades como la Agencia Espacial Europea.

El nuevo método permite una precisión superior al 98% en la medición de áreas sembradas de arroz. Esta exactitud es crucial para la toma de decisiones en políticas agrícolas. Además, la tecnología reduce costos, minimiza riesgos en el trabajo de campo y agiliza la recolección de datos.

César Mauricio López Alfonso, director Técnico de la Dirección de Metodología y Producción Estadística (DIMPE) del DANE, señaló que esta metodología se está expandiendo a otros cultivos como papa, piña y maíz en diversas regiones del país.

La aseveración la hizo en el marco del Webinar “Inteligencia Artificial y sensores remotos para la estimación del área sembrada de arroz y otros cultivos”.

Por su parte, Fredy Martínez, líder del área de Geomática e Investigaciones Económicas Fedearroz explicó que han construido una base de datos con más de 34,000 polígonos de lotes arroceros, utilizando software libre para procesar imágenes georreferenciadas.

El proyecto ha contado con el apoyo de la FAO, que ha proporcionado asesoría técnica internacional. Rafael Hernández Lozano, gerente general de Fedearroz, destacó que esta tecnología supera el desafío de la nubosidad tropical mediante el uso de imágenes de radar y algoritmos avanzados de IA.

Jean Paul Van Brackel, director de investigaciones económicas de Federación de Arroceros, resaltó que este modelo permite obtener información oportuna a menor costo y con menos riesgos.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM) para el primer semestre de 2024 muestran un incremento del 9.5% en el área sembrada respecto al mismo periodo de 2023, alcanzando 452,872 hectáreas. Sin embargo, la producción disminuyó un 12%, llegando a 980,721 toneladas de arroz paddy verde.

Este avance tecnológico marca un hito en la agricultura colombiana, ofreciendo datos más precisos y oportunos para el sector arrocero y, potencialmente, para otros cultivos en el futuro.

Investigadores colombianos presentaron avances significativos en el cultivo de arroz durante un importante encuentro internacional en Panamá.

La delegación, compuesta por miembros de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) liderada por el presidente de la junta directiva, José Patricio Vargas Zárate y el Fondo Nacional del Arroz (FNA), compartió sus logros en áreas como diversidad genética, manejo de residuos y predicción de enfermedades.

El evento resaltó el programa de Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC) de Fedearroz, como una estrategia clave para impulsar la competitividad del sector arrocero colombiano.

Los expertos mostraron cómo este programa ha impactado positivamente la producción en sus 11 años de implementación.

Entre las investigaciones presentadas, destaca un estudio sobre la relación entre las condiciones climáticas y la aparición de la enfermedad Pyricularia oryzae, en los cultivos de secano de los Llanos Orientales.

Este trabajo busca desarrollar modelos predictivos que ayuden a los agricultores a anticipar y controlar mejor la enfermedad, promoviendo así la sostenibilidad del cultivo.

Además, la delegación dio a conocer los resultados del Quinto Censo Nacional Arrocero, realizado en colaboración con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Esta información proporciona una visión actualizada del panorama arrocero en el país.

La conferencia, organizada por el Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR) y la Alianza Bioversity-CIAT, se extiende hasta este 14 de junio, ofreciendo un espacio para el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de la cooperación regional en el sector arrocero.

La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) y el Fondo Nacional del Arroz abrieron las inscripciones para un nuevo curso teórico-práctico de formación en el programa Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC). La actividad de tres meses de duración, se realizará en Montería, Villavicencio, Cúcuta e Ibagué.

El objetivo es capacitar a ingenieros agrónomos en las nuevas tecnologías del programa AMTEC de Fedearroz-FNA, enfocado en la sostenibilidad y responsabilidad socioambiental.

Se implementarán tecnologías integrales para aumentar los rendimientos y reducir los costos de producción del cultivo de arroz.

Durante el curso se abordarán temas como diagnóstico, planificación, manejo agronómico, responsabilidad social arrocera, variabilidad climática, manejo de suelos, uso eficiente del agua, agricultura de precisión y el sistema de fertilización inteligente del arroz (SIFAWEB).

Los ingenieros interesados ​​deben inscribirse antes del 4 de junio enviando su hoja de vida, certificado de notas, cédula y tarjeta profesional a los correos correspondientes a cada zona.

Hay un cupo limitado de 25 profesionales por zona. Fedearroz otorgará un auxilio económico equivalente a un salario mínimo mensual.

Los interesados pueden solicitar su inscripción a los siguientes correos electrónicos.

Zona Centro – Ibagué -  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Zona Llanos – Villavicencio – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Zona Caribe Húmedo – Montería - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Zona Caribe Seco - Cúcuta – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, ha reiterado su disposición a dialogar con la ministra de agricultura y desarrollo rural, Jhenifer Mojica Flórez, para lograr acuerdos que garanticen condiciones favorables de comercialización de la cosecha arrocera.

La junta directiva nacional de la agremiación, que representa a cultivadores del grano de todas las zonas productoras del país, se pronunció al respecto en una reunión en Bogotá.

Según la Federación, la prioridad en este momento es el logro de un acuerdo que garantice la estabilidad de la cosecha arrocera, de la cual depende la provisión de este alimento para el país, tanto en el segundo semestre de 2023 como los primeros seis meses de 2024.

Fedearroz considera que para alcanzar dicho objetivo debe darse un análisis integral que incluya los diversos factores que han afectado al sector productor.

El gremio ha trabajado en el ordenamiento de la producción desde hace varios años, pero lo que debe prevalecer en este momento es el acuerdo que garantice estabilidad a la cosecha arrocera.

Para alcanzar dicho objetivo, se debe contar con el apoyo del Gobierno para almacenar los excedentes temporales de arroz y definir acciones a mediano y largo plazo, en las que se trabaje conjuntamente.

Por ello, se ha invitado a la ministra a reunirse de manera extraordinaria con la junta directiva de la agremiación, para encontrar una salida a esta problemática, que amenaza la estabilidad del empleo rural en 216 municipios, la generación de ingreso para 500 mil familias y la soberanía alimentaria de la nación.

Los miembros de la junta directiva de Fedearroz han indicado en la comunicación enviada a la titular del despacho de Agricultura aboga por ser escuchados, ya que son la base de un sector que históricamente se ha distinguido por ser propositivo, liderando un desarrollo tecnológico que ha permitido bajar costos de producción y aumentar rendimientos.

Sin embargo, se ven afectados por la falta de infraestructura, tanto de riego como de secamiento y almacenamiento, lo que les obliga a ser estacionarios tanto en las siembras como en la cosecha.

Fedearroz reiteró igualmente a la ministra que siempre se han identificado con la filosofía del gobierno actual, de ser potencia agroalimentaria.

Han hecho hincapié en la necesidad de que exista un análisis más ponderado, donde no se desconozcan las complejas circunstancias en que los agricultores han llevado a cabo su labor, entre estas los altísimos costos de insumos, financieros y de transporte.

El gerente general de Fedearroz Rafael Hernández Lozano, hace un llamado a los productores del grano y al Gobierno Nacional para adoptar medidas que conduzcan a mantener la estabilidad que este sector productor experimentó en el 2022.

Indicó el dirigente gremial que luego de realizar un análisis a diferentes factores que han ocurrido en las últimas semanas, es urgente una correcta planeación por parte de los agricultores, de tal manera que el número de hectáreas a sembrar  no superen las registradas en el 2022 y así se evite una mayor sobre oferta temporal.

Hernández Lozano expresó su preocupación por que en algunas regiones existe una expectativa de aumento de áreas de siembra, que ha generado disminución del precio de compra del arroz paddy verde.

También se ha recomendado a los   productores que la correcta planeación esté acompañada de un estricto control de costos y de manejo del cultivo, sembrando exclusivamente en los mejores lotes, evitando hacerlo en zonas marginales  o  de alto costo y acudiendo a la agricultura por contrato, entre otros mecanismos para garantizar la compra de la cosecha.

Se recordó que para apoyar toda la actividad del agricultor, la Federación mantiene activos diversos programas de Investigación y de Transferencia de Tecnología, enmarcados en el programa AMTEC en las diferentes regiones arroceras.

El gerente general de Fedearroz señaló de otra parte, que a la preocupación por el riesgo en el crecimiento de las áreas, se suma la generada porque el Gobierno Nacional aún no ha apropiado los dineros para el incentivo al almacenamiento, herramienta que ante la estacionalidad de la cosecha en el segundo semestre,  es indispensable para sacar del mercado  los excedentes temporales. 

Por ello reiteró su llamado para que este mecanismo haga parte de la política agrícola tal como lo ha solicitado el gremio y los productores, ya que de no existir se generaría un enorme riesgo de crisis en un sector que registró recuperación y estabilidad en el 2022, pues claramente afectaría la comercialización de la cosecha.