El comandante del Departamento de Policía de Casanare, coronel Pablo Javier Galindo Valencia, informó sobre los resultados de las actividades de control y prevención realizadas durante la última semana en diferentes municipios del departamento.

Según el reporte, se efectuaron 44 capturas, de las cuales 39 fueron en flagrancia y cinco por orden judicial. Los delitos más frecuentes corresponden a porte de arma de fuego o munición, concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Incautación de armas y sustancias

Las autoridades incautaron dos revólveres, dos pistolas, dos escopetas y un arma traumática. Además, se recuperaron cinco motocicletas y dos vehículos que presentaban reporte por hurto.

En materia de estupefacientes, se incautaron 52 gramos de bazuco, 600 gramos de marihuana y 5 gramos de clorhidrato de cocaína.

Casos destacados

Entre las capturas se encuentra la de un hombre de 30 años detenido en flagrancia por tráfico de estupefacientes, a quien se le hallaron 30 gramos de bazuco y 15 gramos de marihuana. Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La seccional de Carabineros capturó a una persona por el delito de muerte de animal, después de que ingresara de manera arbitraria a una vivienda donde un menor reportó la muerte de un canino.

También se detuvo a un hombre de 75 años a quien se le encontraron dos armas de fuego artesanales —una escopeta calibre 16 y un revólver calibre 22— la detención cuando uniformados atendieron un requerimiento de la comunidad por un caso de riña.

El 19 de enero, a las 2:30 de la madrugada, se capturó a un hombre de 38 años requerido por violencia intrafamiliar agravada.

Personal de infancia y adolescencia de la seccional de protección capturó en el barrio La Bendición a un hombre de 44 años por actos sexuales con menor de 14 años.

El 20 de enero se incautó un revólver calibre 38 y se capturó a una persona por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

En otro operativo se capturó a una persona por receptación cuando se movilizaba en un vehículo que presentaba reporte por hurto desde el 2 de agosto de 2021. El automóvil era solicitado desde el Valle del Cauca. El capturado y el vehículo fueron dejados a disposición de la Fiscalía local URI de Popayán.

Recomendaciones

El coronel Galindo reiteró la recomendación a los ciudadanos de realizar revisiones técnicas al adquirir motocicletas o vehículos usados para evitar problemas legales por el delito de receptación.

También solicitó a la comunidad no dejar las llaves en las motocicletas, ya que varios hurtos recientes se han facilitado por esta situación.

Luis Armando Rodríguez Murcia, de 43 años, fue asesinado este miércoles 21 de enero en un camino de herradura en San Rafael de Morichal, zona rural de Yopal. El incidente ocurrió mientras la víctima se desplazaba en un motocarguero.

De acuerdo con el reporte del coronel Pablo Javier Galindo Valencia, personas a bordo de una motocicleta se acercaron y realizaron disparos, impactando a Rodríguez Murcia en la cabeza, lo que le causó la muerte en el lugar.

Según el coronel, Rodríguez Murcia trabajaba de manera independiente en la crianza y venta de porcinos en el sector. Tras el reporte del crimen, personal de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) se trasladó al sitio para realizar la inspección técnica al cadáver.

La comunidad local manifestó no poseer información que permita establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del ataque, mientras las autoridades avanzan en la identificación de los responsables.

Las autoridades confirmaron que, tras verificar los registros oficiales, la víctima contaba con seis anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA).

Tres por porte ilegal de armas de fuego en los años 2003, 2015 y 2017. Una por rebelión en 2008. Otra por amenazas que data de 2007 y finalmente un más por lesiones en 2012.

Una denuncia pública y anónima radicada este 19 de enero en Yopal ha puesto en conocimiento de las autoridades de control presuntas irregularidades en los procesos de contratación adelantados por la EPS Capresoca para la vigencia del año 2026.

El documento ha sido remitido a la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría de Salud de Casanare, la Contraloría Departamental, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo regional Casanare.

El texto de la denuncia se centra en el contrato 003-2026, suscrito entre la EPS y la empresa PROVITALY SAS por un valor de $24.000 millones de pesos.

Este acuerdo tiene como objeto garantizar el suministro de medicamentos, insumos y dispositivos médicos en 14 municipios del departamento.

Según la información expuesta, el valor de este contrato representa un incremento de costos del 26% en comparación con el año anterior. Los denunciantes contrastan este aumento con el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), fuente de financiación de estos servicios, que para el 2026 fue fijado en un 16,49%.

Sobre el contratista seleccionado, PROVITALY SAS, la denuncia señala que se trata de una empresa constituida en el año 2018 con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla y un capital autorizado de $6 millones de pesos.

El documento cuestiona si la entidad promotora de salud realizó los análisis técnicos y financieros pertinentes para adjudicar la dispensación de medicamentos por dicha cuantía a esta firma.

En el análisis de los costos per cápita, se detallan variaciones significativas en los valores asignados a los diferentes municipios. Para las localidades de Aguazul, Paz de Ariporo, Támara y Tauramena, el incremento reportado es del 27,41%, mientras que para el municipio de Yopal el aumento alcanza el 29,4%.

Estos porcentajes superan el ajuste nacional de la UPC. Adicionalmente, se menciona que en la nota técnica del contrato se incluyen medicamentos, como el Albendazol de 400mg en cápsula o tableta, cuyo registro sanitario ante el INVIMA figuraría como vencido o no vigente.

Otro aspecto abordado en la denuncia es la contratación del servicio de transporte aéreo de pacientes, adjudicado mediante el contrato 010-2026 a la empresa UNITOURD SAS por un valor de $2.000 millones de pesos. Se indica que en la ruta de mayor demanda (Yopal-Caño Mochuelo-Yopal) se presenta un incremento tarifario del 27,3% respecto al año 2025.

Asimismo, se reporta la eliminación de tarifas para grupos de usuarios que existían previamente, lo que implicaría sobrecostos del 70% para el traslado de dos pacientes y de más del 100% para tres pacientes.

Finalmente, el documento advierte sobre una tendencia en la contratación con empresas cuya sede principal se encuentra en Barranquilla, así como el uso de modalidades de telemedicina.

Según lo expuesto en la denuncia, estas prácticas podrían estar afectando la oportunidad y accesibilidad de los servicios de salud para los afiliados en el departamento de Casanare, contraviniendo las directrices de territorialización y presencia de especialistas en la región.

Danilo Fernández, integrante del comité cívico por la defensa de lo público, señaló ante el Concejo Municipal que en Yopal no se estaría aplicando la ley 1480 de defensa del consumidor en materia de control de precios, pesas y medidas.

Fernández indicó que Casanare es el segundo hato ganadero de Colombia, pero la carne en Yopal cuesta 30.000 pesos el kilo, mientras en Bogotá se consigue entre 27.000 y 28.000 pesos.

La misma situación se presenta con el arroz, que se vende en Yopal entre 4.200 y 4.500 pesos la libra, frente a los 3.800 y 4.000 pesos que cuesta en la capital de la República.

El representante del comité manifestó que la responsabilidad de aplicar la ley en el nivel local está en cabeza del alcalde, el personero y el secretario de gobierno, pero que en Yopal no existe una oficina de control de precios, pesas y medidas.

Fernández afirmó que durante un año ha verificado pesas en supermercados, graneros y tiendas, encontrando que productos vendidos como un kilo pesan entre 1.060 y 1.100 gramos.

Para Danilo este incremento en la medida no es un gesto de generosidad por parte del fabricante o el comerciante. Manifestó que, en realidad, el producto pesa 900 gramos y la balanza está manipulada para que refleje un peso superior al kilogramo.

Según sus cálculos, esto representaría un perjuicio de 500 millones de pesos diarios para los consumidores de Yopal.

También solicitó al Concejo que remita un documento a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las botellas de cerveza Coronita, que se cobran a 274 pesos por unidad a los consumidores,  pero no son recogidas por empresas de aseo ni recicladores, acumulándose en el relleno sanitario.

El ciudadano pidió a los concejales ejercer control político sobre el alcalde y demás funcionarios para que cumplan con la función de vigilancia de precios, pesas y medidas establecida en la ley.

La Oficina Territorial de Gestión del Riesgo de Yopal viene tramitando la documentación ante la Unidad de Contratación para iniciar la fase final del proceso de demolición de las Torres del Silencio.  Harbey Ramírez, director de esta dependencia, informó que el procedimiento se ajustará a los términos de la Ley 80 de Contratación Pública.

El método de demolición seleccionado es el neumático mecánico, el cual consiste en el uso de retroexcavadoras con martillo percutor para la fractura del concreto. Esta técnica fue establecida previamente en los estudios de patología estructural.

Las características de la obra incluyen frentes de trabajo: que va a operar de manera operación simultánea. El tiempo estimado de los trabajos es de 45 días tras el inicio de las labores de campo y se implementará un plan de manejo para el control de ruido y polvo.

La Secretaría de Infraestructura utilizará los residuos resultantes como material de subbase para el mejoramiento de vías terciarias del municipio.

Esta decisión se tomó teniendo en cuenta las restricciones que impone la ley de garantías, las cuales impiden la suscripción de un convenio con ingenieros militares para estas labores.

Subsidios de arrendamiento

Con relación a la atención a las familias beneficiarias de Torres del Silencio, se confirmó la prórroga del subsidio de arrendamiento por un segundo trimestre.

En marzo finaliza el primer ciclo de tres meses de ayuda. Los recursos para el segundo periodo se coordinaron con la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo. Ramírez sostuvo  que aún hay siete familias que no han presentado la documentación o reclamado el pago; una de ellas presenta complicaciones de salud que han retrasado el trámite.

Un siniestro vial registrado en la madrugada del pasado 20 de enero dejó como saldo una persona lesionada en el trayecto que del casco urbano de Tauramena conduce hacia Villa Rosa.

De acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos, la principal hipótesis del accidente apunta a que el conductor perdió el control de la motocicleta, lo que provocó su caída sobre la calzada.

Al lugar de los hechos se desplazó una unidad de atención prehospitalaria para asistir al motociclista, quien presentaba heridas en las vías aéreas y múltiples laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Tras la valoración inicial e intervención en el sitio, el personal de socorro logró estabilizar al paciente.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital local de Tauramena para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades competentes analizan si factores como el estado de la vía, la visibilidad nocturna o fallas mecánicas influyeron en que el conductor no pudiera maniobrar correctamente su vehículo.

Tras una serie de mesas de trabajo entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), la Personería y líderes comunitarios, se anunció un plan conjunto para resolver las deficiencias en el servicio de agua potable del corregimiento de Morichal.

El acuerdo, establecido con la Secretaría de Infraestructura Municipal y la EAAY contempla dos acciones inmediatas como diagnóstico técnico, donde se hará una evaluación del estado actual de las redes de conducción hacia el centro poblado.

Adicionalmente la empresa va a elaborar una caracterización de usuarios. Un censo detallado por parte de la EAAAY para determinar la demanda real de la población.

Diego Fernando Ramírez, agente interventor de la EAAAY, explicó que estos estudios permitirán definir si la presión actual del sistema es suficiente para abastecer a la comunidad. Según el cronograma oficial, se espera que la problemática esté plenamente resuelta para la primera semana de abril.

La Policía Nacional informó sobre la captura en Aguazul de un hombre requerido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Chámeza por el delito de hurto calificado y agravado.

Mediante labores investigativas, las autoridades ubicaron y detuvieron al indiciado, señalado como responsable de varios hurtos a fincas. Según las autoridades, el sujeto ingresaba de forma violenta a las propiedades, reducían a las víctimas, las encerraba en habitaciones y hurtaba sus pertenencias.

El capturado presenta 11 anotaciones en el SPOA por los delitos de hurto calificado, violencia intrafamiliar y acceso carnal abusivo.

Mediante mesas de trabajo entre la comunidad, Gobierno departamental y las directivas de Capresoca, se viene trabajando en la búsqueda de una solución a la crisis de salud que padecen los usuarios de la dicha EPS.

Así lo manifestaron Oswaldo Malpica y Alexis Betancourt, delegados de los usuarios. Las mesas de trabajo son el resultado del plantón organizado por afiliados de la comunidad de Monterrey, quienes desde muy temprano en la mañana se hicieron presentes frente a las instalaciones de entidad.

Agregaron los delegados que el gobernador César Ortiz Zorro se comprometió a escuchar nuevamente a la comunidad, el próximo 27 de enero.

Otro logró mencionado está relacionado con la suscripción de un convenio entre Capresoca y el Horo, para que la institución hospitalaria atienda a los pacientes afiliados a la mencionada EPS.

También se precisó que adicionalmente se habló de la ruta de la atención oncológica, la entrega de medicamentos. Temas que vienen siendo analizados con el fin de encontrar una solución y poder fin a esta adversidad.

De todas formas reconocieron que existen algunas temáticas que son de manejo interno de las instituciones y que por ley deben cumplir con algunos trámites.

No obstante, expresaron que el problema más grande de Capresoca son los más de 200 mil millones de pesos, que tiene de deuda con los diferentes prestadores del servicio de salud. Especificaron que, de esa suma, 20 mil millones se adeudan a empresas casanareñas.

Indicaron que esta cartera morosa ha conllevado a que las entidades prestadoras se rehúsen a contratar con Capresoca. Situación que se traduce en una pérdida de confianza en la EPS.

Si embargo, pese al panorama poco alentador, se viene cumpliendo con algunos de los compromisos adquiridos en este primer ciclo de reuniones, los cuales están sujetos a las actuales circunstancias en las que se encuentra la empresa.

La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió el boletín número 8, en el cual informa que 15 comités inscriptores de candidaturas por firmas cumplieron con el requisito mínimo de apoyos necesarios para participar en la contienda presidencial.

De acuerdo con el informe oficial, de los 91 comités registrados inicialmente, 22 presentaron formularios de apoyo. Tras el proceso de verificación, se determinó que 15 alcanzaron el umbral legal, 6 no cumplieron con el mínimo y un aspirante, Héctor Olimpo Espinosa, retiró su candidatura. Según la Ley 996 de 2005, cada comité debía presentar al menos 635.216 firmas válidas.

Candidatos y comités que cumplieron el requisito

Santiago Botero (Romper el sistema)

David Luna (Firme Luna presidente - Si hay un camino)

Abelardo de la Espriella (Defensores de la patria)

Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia)

Luis Gilberto Murillo Urrutia (Luis Gilberto soy yo)

Claudia López (Con Claudia imparables)

Mauricio Lizcano (Firme con Lizcano)

Daniel Palacios (Rescatemos a Colombia)

Vicky Dávila (Movimiento Valientes)

Aníbal Gaviria (Unidos- La fuerza de las regiones)

Carlos Caicedo (Caicedo)

Leonardo Huerta (Colombia una nueva historia)

Carlos Felipe Córdoba (Volvamos a confiar con Pipe Córdoba)

Sondra Macollins (Sondra Macollins, la abogada de hierro)

Juan Daniel Oviedo (Con toda por Colombia)

Candidaturas no certificadas y denuncias

La entidad informó que los comités de Alexander Francisco Henao (Grito de independencia la monarquía), Henry Humberto Martínez (Huellas por Colombia), Mihaly Flandorffer Peniche (Uno), Pedro Agustino Rosado (Yaheh gente como tú), Pedro Pablo Díaz (Nueva Colombia) y Ernesto Sánchez Herrera (Grupo significativo presidencial) no alcanzaron el número de apoyos requeridos.

Adicionalmente, la Registraduría anunció que presentará denuncias contra los grupos de Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao tras detectar irregularidades como formularios en blanco, fotocopias, firmas hechas por una misma persona y formatos impresos desde archivos digitales.

El periodo formal de inscripción de candidatos iniciará el 31 de enero y finalizará el 13 de marzo de 2026.