La Dirección de Rentas de Casanare, bajo el liderazgo de Yonny Silva Rivera, ha intensificado el programa departamental anticontrabando, priorizando la educación ciudadana y la vigilancia operativa como ejes para salvaguardar los recursos destinados a la salud y la seguridad de los consumidores.

En declaraciones del director de esta dependencia, el programa se fundamenta en la creación de una cultura de legalidad que vincula tanto a comerciantes como a consumidores finales.

Las líneas de acción se dividen en tres componentes estratégicos. El primero va dirigido a la capacitación sectorial a través de jornadas directas en centros comerciales, bares y licoreras.

En estos espacios, los propietarios de establecimientos reciben instrucción técnica para identificar señales de alerta en las estampillas y empaques de los productos.

Un segundo componente es la sensibilización al consumidor. En este punto el esfuerzo se materializa vía campañas de educación, donde se promueve que el ciudadano priorice la calidad y el origen legal del producto sobre el precio, enfatizando que el consumo de licor adulterado representa un riesgo directo para la vida.

El tercer y último ítem es el control a expendidos. El departamento insta a la compra exclusiva a través de distribuidores autorizados para garantizar la trazabilidad de las rentas departamentales.

Adulteración de licores

En articulación con la Policía Nacional, Casanare reportó una cifra récord de incautaciones durante el último año. Actualmente, el foco de vigilancia se encuentra sobre las marcas de aguardiente de mayor rotación, debido a que su popularidad las convierte en el objetivo principal de las redes de falsificación.

Silva señaló que el objetivo es evitar que en el departamento se alcancen índices críticos de adulteración, como los observados en otras regiones del país donde se ha reporta que cerca del 25 por ciento del licor comercializado es de origen irregular.

El Desafío del nuevo marco tributario

Pese a los esfuerzos educativos, la administración advierte que el Decreto 1474 de 2025, que incrementa el impuesto a los licores en un 110%, supone un desafío adicional para la lucha anticontrabando.

Según el análisis técnico, el aumento sustancial en el precio de venta al público, que podría llevar una botella de aguardiente de $40.000 a $70.000.  

Se considera que este incremento incentivaría el contrabando y la adulteración de los licores, porque algunos compradores buscarían este tipo de mercado para conseguir mejores precios.

Ante este panorama, la Dirección de Rentas reafirmó que la vigilancia se mantendrá estricta para evitar la fuga de capitales que financian el sistema de salud (ADRES) y para proteger la integridad de los habitantes de Casanare frente a productos químicos nocivos.

La Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de Yopal realizó las jornadas de socialización para la implementación de zonas WiFi gratuitas en las veredas La Alemania (corregimiento de Tilodirán) y El Aracal (corregimiento de El Morro).

Según la Administración municipal, el proyecto busca establecer puntos de conexión a Internet en sectores rurales que carecen del servicio.

En las proyecciones técnicas de la Alcaldía, el alcance del beneficio llegará a 200 familias en la Alemania y 56 de El Aracal.

De acuerdo con José Tobías Díaz Alarcón, secretario TIC, la infraestructura permitirá a los habitantes de estos corregimientos realizar trámites institucionales, acceder a plataformas educativas y consultar información en línea.

El funcionario indicó que el objetivo central es disminuir la brecha de conectividad entre el casco urbano y las zonas rurales del municipio.

Por su parte, Roselino Bohórquez, presidente de la junta de acción comunal de El Aracal, señaló que el servicio facilitará las actividades académicas de los estudiantes del sector y permitirá la comunicación constante de los residentes sin requerir el desplazamiento físico hacia la capital del departamento.

La instalación de estos puntos forma parte del cronograma de inclusión digital de la actual administración, orientado a habilitar canales tecnológicos en áreas con baja cobertura de operadores comerciales.

Para Juan Carlos Ramírez Cabrera, la vida siempre ha tenido un ritmo propio. A sus 27 años, este músico, quien fuera instructor de la casa de la cultura y voluntario de la Defensa Civil, está acostumbrado a marcar el tiempo con la batuta o a correr contra el reloj para salvar vidas.

Sin embargo, hoy el cronómetro corre en su contra y el silencio no es musical, sino administrativo. Una densa niebla llamada catarata amenaza con apagar el único ojo que le permite ver el mundo.

El eco de una negligencia

La tragedia de Juan Carlos tiene un antecedente amargo que hoy se siente como una premonición. Años atrás, un accidente doméstico le desprendió la retina del ojo izquierdo.

En aquel entonces, el diagnóstico fue claro: "es salvable si se opera ya". Pero en los pasillos de su EPS, Capresoca, la urgencia médica chocó con la burocracia.

Los meses pasaron entre excusas de "falta de convenios" y, para cuando el bisturí finalmente tocó su ojo, la luz se había extinguido para siempre en ese lado de su rostro.

Hoy, la historia parece estar escrita con el mismo guion. Desde agosto del año pasado, su visión derecha —su única ventana al mundo— comenzó a nublarse.

El diagnóstico de "catarata urgente" debió culminar en una cirugía en enero, pero al llegar a Optisalud, la respuesta fue un portazo burocrático: "No hay contratación con Capresoca".

Una vida en pausa

Juan Carlos no solo teme por su salud; teme por su identidad. Su cotidianidad es un lienzo de actividades que requieren precisión visual.

Es el instructor que guía las manos de jóvenes con discapacidad en la música, es el publicista que diseña campañas y el socorrista que debe distinguir el peligro en medio de una emergencia.

"El miedo mío es quedarme ciego y yo tan joven, tan lleno de vida", confiesa con una voz que mezcla la impotencia del paciente con la determinación del artista. Sin visión, el perifoneo se apaga, las partituras se vuelven manchas negras y su labor social queda truncada.

Entre la fe y el costo del derecho a ver

Ante el silencio de las instituciones que deberían protegerlo, Juan Carlos ha tenido que ponerle precio a su esperanza: 4 millones de pesos. Esa es la cifra que lo separa de una cirugía particular que Capresoca, por ley, debería garantizarle.

Mientras el "muro de silencio" administrativo persiste, este joven se aferra a la solidaridad ciudadana y al llamado urgente a los líderes regionales.

Para Juan Carlos, no se trata solo de una operación; es la lucha por evitar que su mundo se convierta en una nota sostenida de oscuridad total. La remisión que espera no es un papel, es el permiso para seguir viviendo.

El Cuerpo de Bomberos de Yopal registró más de 3.500 atenciones de emergencia durante 2025, según informó el comandante de la institución, teniente Rafael Rojas.

La cifra representa un incremento del 236% frente a las 1.519 emergencias atendidas en 2024. El aumento se atribuye a la incorporación del servicio de ambulancia durante el año pasado.

Del total de intervenciones, el 45% correspondió atenciones prehospitalarias en ambulancia, que incluye accidentes de tránsito y casos de enfermedad común.

El 55% restante se distribuyó en otras emergencias, principalmente en rescate de animales, presencia de abejas, incendios forestales y quemas prohibidas.

Rojas indicó que el incremento en la capacidad operativa permitió ampliar la cobertura del servicio. Además, señaló que la difusión de los números de contacto a través de medios de comunicación y redes sociales contribuyó a que la comunidad realizara más llamados al organismo.

El cuerpo de bomberos local atendió un incidente relacionado con la ruptura de una línea de gas en la vereda Cabañas. El hecho se produjo de manera accidental durante labores de excavación adelantadas por el propietario de un predio en el sector.

Tras el reporte de la emergencia, el personal de bomberos se desplazó al lugar para realizar el control inicial de la fuga y asegurar el perímetro bajo los protocolos de seguridad establecidos. La intervención técnica evitó afectaciones a los residentes de la zona y al medio ambiente.

Una vez estabilizada la situación, se notificó a la empresa prestadora del servicio público. Operarios de la compañía se encargaron de la reparación definitiva de la tubería y del restablecimiento de las condiciones normales de suministro. El evento finalizó sin reporte de personas lesionadas o daños materiales adicionales.

La Administración Municipal de Yopal informó que el proceso para la demolición del complejo habitacional Torres del Silencio se encuentra actualmente en fase precontractual.

Según el reporte oficial, esta etapa busca establecer los parámetros técnicos, jurídicos y financieros necesarios para la ejecución de la obra.

El proceso administrativo inició formalmente el pasado 31 de octubre. Desde esa fecha, se han adelantado actuaciones que incluyen la caracterización de los beneficiarios y gestiones administrativas preliminares. La Alcaldía confirmó que los recursos económicos para la intervención ya están asegurados.

A pesar de las inquietudes ciudadanas, la intervención física de las edificaciones no ha comenzado. La administración argumentó que la demora responde al cumplimiento de los términos de ley y a los trámites propios del inicio del año administrativo.

Según información oficial, actualmente, la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD) trabaja en la elaboración de los estudios previos.

Respecto a las alternativas de ejecución, se descartó la participación del Ejército Nacional. Según el informe técnico, esta opción no resultó viable por dos razones. Primero, no se ajustaba a los requisitos legales exigidos para el procedimiento.

Y segundo, la entrada en vigencia de la Ley de Garantías impidió la firma de un convenio con dicha institución.

La Alcaldía aclaró que, si bien la Ley de Garantías restringió convenios interadministrativos, esta no afecta el proceso de demolición, dado que la normativa vigente permite la continuidad de los procesos de licitación pública sin restricciones.

Harbey Ramírez Ávila, jefe de la OTGRD, indicó que el cronograma se mantiene sujeto al rigor técnico para garantizar la seguridad en la zona intervenida, señalando que la prioridad del municipio es el cumplimiento de la normatividad para evitar fallos en la ejecución del proyecto.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY) se encuentra en una fase crítica. La resolución de intervención actual vence el 13 de febrero, y la normativa sugiere que el siguiente paso es una intervención con fines de liquidación, lo que lleva a la empresa a una situación de "cuidados intensivos".

Así lo dieron a conocer Fredy Isaza y Fredy Larrota, presidente y fiscal, respectivamente, del sindicato Sintraemsdes, quienes advirtieron de la situación y manifestaron que confían que la empresa no termine privatizada.

Sobre el papel de la Superintendencia manifestaron que la empresa en los últimos dos años ha tenido cinco agentes interventores, lo que refleja inestabilidad en la gestión. A pesar del tiempo, las causales que originaron la intervención no han sido superadas.

Recalcaron que el permanente cambio de agentes ha impedido la implementación de un plan de gestión coherente y efectivo para superar los problemas de la empresa.

Otra situación adversa mencionada por Isaza y Larrota, es la dificultad para mantener un diálogo fluido y constructivo con la Superintendencia, a pesar de haber solicitado formalmente reuniones que no han sido atendidas.

Los representantes sindicales enfatizaron que han presentado propuestas concretas para mejorar la viabilidad de la empresa, buscando colaborar activamente en su recuperación.

Sin embargo, consideraron que la mayor preocupación es que la figura de liquidación sea un pretexto para privatizar la empresa, ya sea en su totalidad o "por pedacitos", entregándola a operadores de otras particulares.

Expresaron igualmente, que, aunque el superintendente afirmó que la voluntad del Gobierno nacional es no privatizar la empresa, las acciones y la falta de comunicación generan desconfianza sobre sus verdaderas intenciones.

Sobre las propuestas hechas por el sindicato para mejorar la entidad, mencionaron la implementación de micromedidores para asegurar un cobro más justo y preciso del consumo de agua.

Combatir las conexiones ilegales y fraude. Aplicar "mano dura" que incluyan acciones como denuncias penales y sanciones a quienes manipulan las redes y cometen defraudación de fluidos.

Otro punto se debe enfocar en mejorar la gestión de cartera. Abordar el problema de los usuarios que tienen deudas pendientes con la EAAAY.

La entrada al edificio de la Gobernación de Casanare nuevamente se convirtió en el punto de encuentro, para que trabajadores del sector de la salud alzaran una vez más su voz y pedirle al Estado unas mejores condiciones salariales.

Con pancartas donde hacían visibles sus peticiones se apostaron ese miércoles 28 de enero junto al centro administrativo departamental.

Algunos llevan gafas oscuras para protegerse del sol, tan extremadamente candente como la compleja situación que viven, por cuenta de la problemática que se alimenta de los precarios salarios que aseguran recibir.

Se identificaron como profesionales del área de rehabilitación física que prestan servicios domiciliarios para diferentes IPS tanto de Yopal como del resto del departamento.

Le apuntan a participar en las negociaciones sobre tarifas que actualmente se realizan entre EPS e IPS. Según Marlly Johana López, terapeuta física y quien hacía parte de la manifestación, las tarifas se definen sin la presencia de representantes del grupo de talento humano.

"Las EPS con las IPS arreglan una tarifa y nos dicen: 'Ejemplo, la tarifa son 13.500 pesos, es eso o no trabaja'", explicó López. Los profesionales solicitan que haya representantes del área de la salud presentes cuando se establezcan los aumentos de tarifas para las terapias.

En el plantón participaron trabajadores de varias IPS del departamento, entre ellas Caipro, Proyección Life, Orinoco y Promed. Algunos terapeutas indicaron que llevan desde agosto del año anterior sin recibir pagos y que las IPS les han ofrecido contratos con las mismas tarifas del año pasado.

Los profesionales señalaron que no reciben auxilio de transporte y deben pagar su propia seguridad social para poder presentar cuentas de cobro.

Además, manifestaron inquietud sobre la decisión de la interventora de Capresoca de contratar una nueva IPS para todo el tema de servicios domiciliarios, sin considerar a las empresas que llevan entre cinco y seis años prestando el servicio en la región.

Los profesionales también hicieron un llamado al Gobierno nacional para que establezca garantías laborales para el personal de salud, incluyendo un régimen especial similar al de la Policía Nacional o del Ejército, argumentando que prestan un servicio a la comunidad y requieren condiciones laborales que reconozcan esa función.

Esta manifestación es la segunda en lo que va del año. Los terapeutas realizaron un plantón anterior el 20 de enero.

El director de rentas del departamento de Casanare, Johnny Silva, anunció que los contribuyentes con deudas del impuesto sobre vehículos automotores de 2025 y años anteriores podrán acceder a descuentos de hasta 90% en sanciones e intereses moratorios.

La medida fue aprobada por la Asamblea Departamental mediante la ordenanza 013 de 2025 y estará vigente durante los primeros cuatro meses del año: enero, febrero, marzo y abril.

Durante un debate en la Asamblea se presentó un caso de ejemplo: un contribuyente con una deuda de 84 millones de pesos la redujo a 32 millones tras aplicar el beneficio.

El director señaló que el impacto es más notorio para quienes deben grandes sumas, mientras que en motocicletas la reducción es proporcionalmente menor.

Para acceder al descuento, los contribuyentes deben primero ponerse al día con el pago del impuesto de 2026. Una vez cumplido este requisito, podrán liquidar las deudas de años anteriores con los descuentos en sanciones e intereses.

El impuesto vehicular de 2026 también cuenta con descuentos por pronto pago: 15% hasta el 15 de mayo, 10% hasta el 31 de mayo, y 5% durante junio y julio. Entre agosto y noviembre se puede pagar sin intereses ni sanciones.

Silva reportó que en la primera quincena de enero el recaudo aumentó 8.5% comparado con el mismo período del año anterior.

Los pagos se pueden realizar a través de botón PSE, en puntos Efecty (más de 100 en Casanare) y en el Banco de Occidente. El trámite en línea envía automáticamente el comprobante al correo electrónico registrado.

A partir de 2026, el impuesto vehicular en Casanare cambió de un sistema de declaración a facturación, lo que elimina las sanciones por extemporaneidad y mantiene únicamente los intereses moratorios en caso de mora.

La Secretaría de Hacienda planea realizar jornadas en los municipios durante febrero para facilitar los pagos y promover el traslado de cuentas de vehículos con placas de otros departamentos.

Un censo realizado hace ocho años en cuatro municipios mostró que 75% de los vehículos circulaban con placas de otras regiones, por eso el llamado a los propietarios para que matriculen sus automotores en Casanare, que es el lugar donde reciben y donde, por sentido de pertenencia, deben pagar sus impuestos.

En un operativo de registro y allanamiento realizado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en el barrio La Campiña, las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre y una mujer, identificados con los alias de “Mustafa” y “Tatiana”.

Durante el procedimiento, los uniformados hallaron cuatro revólveres, una pistola traumática y dos escopetas (una de ellas de aire comprimido).

Además de las armas, se incautaron 6.000 gramos de marihuana, 400 gramos de clorhidrato de cocaína, elementos para la dosificación de drogas y dinero en efectivo.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía de Casanare, los detenidos presentan antecedentes como indiciados por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes.

Las investigaciones preliminares señalan que el armamento decomisado presuntamente era utilizado para la ejecución de diversas actividades delictivas en el municipio.

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, así como por porte ilegal de armas de fuego.