Varias solicitudes concretas a la ministra de vivienda Catalina Velasco hacían parte de la agenda, de las autoridades locales y del departamento, en el marco de la visita que hiciera ayer esta personalidad del Gobierno nacional a suelo casanareño.

Velasco antes de hacer su arribo a Paz de Ariporo, punto de partida de su recorrido, realizó en compañía del gobernador Salomón Sanabria y la alcaldesa de esta localidad, Eunice Escobar, un sobrevuelo a los terrenos, donde quedan los 790 lotes que fueron entregados durante la jornada, a igual número de familias pazdeariporeñas.

Luego lideró la entrega del parque Los Corozos. Obra donde el Ministerio aportó recursos para su construcción. El escenario cuenta con 5 áreas, una de las cuales fue diseñada desde la perspectiva de inclusión, para facilitar el ingreso de las personas con discapacidad.

Posteriormente estuvo en Villa Carito. Proyecto de vivienda que data desde la administración de Alirio Barrera y que lo conforman 384 apartamentos, de los cuales ya hay terminados 128, que están listo para ser entregados, solo resta hacer el cierre financiero.

Justamente este es el otro punto donde la Gobernación, pidió la participación del Ministerio, para que aporte los recursos que se necesitan  para hacer ese cierre financiero y poder entregar las 4 torres que ya se encuentran terminadas.

Acerca de las ayudas del Estado central en temas de vivienda, Catalina Velasco expresó que existen varios programas. MI casa ya, que cubre todo el tema de vivienda nueva. Cambio mi casa, destinado para lo atinente a los mejoramientos y finalmente hay un programa de autoconstrucción, para quienes cuentan con lote propio.

En este tercer programa es donde espera que clasifiquen los 790 lotes con servicios, entregados durante la jornada de ayer 25 de mayo.

En este sentido manifestó la ministra que su despacho tiene las puertas abiertas, para que las administraciones municipales presenten sus proyectos y puedan acceder a cualquiera de estas iniciativas.  

Por su parte Eunice Escobar manifestó que los lotes contarán con alumbrado público, gas y energía. Inversión que se adelantó con recursos de regalía, según lo explicó la alcaldesa de Paz de Ariporo.

Agregó que también les entregó 3 propuestas tipo, para que cuando vayan a tramitar su licencia de construcción, tengan la posibilidad de escoger entre uno ellos, lo que les minimizaría costos, porque se ahorría el valor de un nuevo diseño.

A ellos igualmente no se les va a cobrar la licencia de construcción, que tiene un costo cercano de 400 mil pesos, para que adelanten este trámite lo más rápido posible y den inicio a la construcción de sus viviendas.

Las directivas del Hospital Regional de la Orinoquia se pronunciaron frente la protestas llevadas a cabo este miércoles 24 de mayo en la entrada de la institución, por parte de un grupo de auxiliares de enfermería, quienes exigían mejores condiciones laborales.

En esta oportunidad la vocería estuvo a cargo del médico Carlos Amaya Jinete, especialista en seguridad y salud en el trabajo, quien atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa.

El profesional de salud indicó que la situación inició con unas querellas presentadas por el personal de OPS, luego de haber pactado 5 puntos con la gerencia del centro hospitalario.

Dentro de esos acuerdos se encontraban la creación de nuevos cargos y el incremento de salarios. Sobre este último punto precisó Amaya Jinete que en este ítem las auxiliares solicitan que se les incremente el salario, acorde con el alza anual autorizada por el Gobierno nacional.

Sin embargo preció que ellas ya había recibido un aumento salarial del 8 por ciento y que se pactó con las directivas otro incremento adicional durante el segundo semestre de este año, el cual estará sujeto a la disponibilidad presupuestal de la entidad, sustentada en sus estados financieros.

Incapacidades

Otra situación planteada por las trabajadoras que se sumaron a la protesta, estaba relacionada con el pago de las incapacidades laborales. Aquí el médico Carlos Amaya subrayó que el HORO cumple con lo establecido por la ley.

 “El problema que hay es con las incapacidades menores de 25 días. Por disposición jurídica cuando se presenta esta situación es necesario suspender el contrato, pero cuando termine la incapacidad se reintegra. Eso es algo que aplica a todas las instituciones públicas”, señaló.

Agregó que este modelo ocasiona inconformidad porque los días que dure la incapacidad los asume la EPS, pero este pago es inferior en comparación a los días laborales cotidianos. Sin embargo no se puede hacer otra cosa que cumplir con la norma, que para este caso es el Decreto 1295.

Sobre nuevos cargo el especialista en seguridad y salud en el trabajo, comentó que el hospital se encuentra adelantado un estudio de carga laboral, el cual determinará el cuánto personal se necesita y en qué áreas.

Una vez se conozcan los resultados, la gerencia procederá a cotejarlos con la disponibilidad de recursos, como paso previo para presentar una propuesta a la junta directiva y hacer los nombramientos.

Amaya Jinete consideró que antes de terminar el primer semestre de este año, se pueden dar estos nombramientos. Sobre el número de OPS, sostuvo que son cerca de 800 y que se apela a este sistema de contratación porque la demanda que tiene el centro hospitalario, rebasa la capacidad que tiene la entidad con los funcionarios de planta.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo encontró irregularidades en el proceso de elección del contralor Rodríguez

El Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor general de la República, para el período 2022 – 2026, al encontrar acreditadas irregularidades en el proceso de su elección. 

La Sala de la Sección Quinta del alto tribunal aseguró que durante el proceso de elección del contralor general se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación.

Según el Consejo de Estado, en el proceso de elección "se presentaron irregularidades". Esto, porque en ese proceso "se desconoció lo dispuesto en los artículos 126 de la Constitución Política, 21 de la Ley 5 de 1992 y 6 y 9 de la Ley 1904 de 2018 por cuanto, entre otros aspectos, se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación". 

A lo que agregan que "la Resolución 003 del 3 de agosto de 2023 de la Mesa Directiva del Congreso de la República introdujo cambios sustanciales a los criterios y valores fijados en la convocatoria inicial del proceso de elección, los cuales fueron injustificados y variaron de manera grave los parámetros de evaluación de los participantes, luego de que ya se conocían los resultados de las pruebas de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida, actividad adelantada por la Universidad Industrial de Santander, en la primera fase de la elección. Por lo tanto, se afectó la objetividad y legalidad del proceso electoral. Además, se desconoció la inmodificabilidad de las convocatorias sin razón válida". 

En esa medida, la alta corte ordenó rehacer todo el proceso de selección a partir de la convocatoria, inclusive, con el fin de designar contralor general de la República, para lo que resta del período constitucional.

Una vez más las relaciones entre el gremio de taxista y al Alcaldía de Yopal, se encuentran en un punto divergente. El gremio reclamó nuevamente al Gobierno municipal para que entre a solucionar una serie de problemáticas, que son de conocimiento público.

Estas solicitudes se hablaron el pasado 6 de febrero, cuando adelantaron una serie de acciones, que concluyeron con una reunión con la Administración local.

El punto que más polémica ha generado es el pago de la seguridad social. Tema sobre el cual se ciñen una serie de dudas, que tienen como génesis los vacíos jurídicos que tiene la misma ley, cuya modificación es del resorte nacional, especialmente del poder legislativo.

Al respecto el secretario de movilidad, Orlando Cruz, manifestó que no está dentro de sus competencias eximir a los taxistas el pago de seguridad social, porque esta normativa es del resorte nacional y se encuentra consagrada en el en el Decreto 1047 de 2014.

Por su parte Jorge Miguel Yabrudy, líder del gremio mencionó que durante el paro nacional de taxistas que se realizó a mediados de febrero, el propio presidente de la República, Gustavo Petro, los calificó como trabajadores informales, por lo tanto el pago de seguridad social dependía de sus ingresos, como ocurren con los artistas y otros sectores que no se encuentran dentro del empleo formal.

Algunos conductores expresaron su preocupación porque muchos de ellos hacen parte del régimen subsidiado, en su mayoría son afiliados de Capresoca. Ellos temen que al realizar el traslado al sistema contributivo, puedan perder algunos de los beneficios que tienen en  este momento.

Yabrudy también manifestó que otras situaciones que les preocupa es el creciente número de vehículos piratas, que prestan el servicio en total legalidad, por eso hizo un llamado al titular de movilidad para que se siente nuevamente a dialogar, para solucionar esta y otras vicisitudes que aquejan a los sus compañeros de gremio.

Sostuvo que en total son 9 puntos que quedaron consagrados en el puesto de mando unificado, que se hizo a comienzos de febrero y que requieren ser desbloqueados en común acuerdo entre las dos partes.

Por su parte la Cruz agregó que su despacho tampoco es responsable de la entrega de las tarjetas de control, para los vehículos de transporte público individual de pasajeros tipo taxi. Que la expedición de dicho documento es competencia y responsabilidad de cada una de las empresas.

Frente al anuncio de un paro programado para el próximo 5 de junio, el secretario de gobierno Rodolfo Chaparro indicó que a los taxistas les asiste el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero que en caso de presentarse un bloque de vías, necesariamente hará cumplir lo dispuesto por la ley para estos casos.