La trigésima primera versión del Festival Garcero del Llano comenzó con dos iniciativas enfocadas en el aprendizaje y la promoción cultural. En un concurso de dibujo, más de 200 estudiantes de distintos municipios del departamento participaron para definir la imagen oficial del evento de este año.

Paralelamente, docentes y dinamizadores recibieron formación sobre el joropo y su vestimenta tradicional.  Durante la jornada de capacitación, se abordaron aspectos clave como el paso básico del joropo criollo, sus acentuaciones, figuras y estructuras de danza.

También se reflexionó sobre la evolución del vestuario llanero y las recomendaciones para preservar la tradición, evocando las distintas épocas de este elemento folclórico compartido por Colombia y Venezuela. 

La directora del Instituto de Cultura y Turismo de Yopal (ICTY), Yirlandi Pérez Vega, destacó la importancia de este proyecto pedagógico, único en el departamento, y su impacto en la formación de niños, niñas y adolescentes.  

Por su parte el secretario de Educación, David Díaz Sánchez, resaltó el crecimiento del festival desde su origen en una institución educativa rural, hasta convertirse en una referencia cultural para miles de estudiantes en Casanare.

Así mismo, Emilse Pérez Montoya, presidenta del certamen, subrayó la relevancia de integrar pedagogía y cultura para reforzar la identidad llanera. “Si no fomentamos el sentido de pertenencia desde la infancia, corremos el riesgo de perder nuestra esencia cultural”, concluyó. 

En una mesa técnica convocada por la Contraloría General, autoridades y beneficiarios del proyecto de vivienda Torres del Silencio acordaron una hoja de ruta para su culminación.

Este proyecto, considerado como un "elefante blanco", beneficiará a 400 familias que esperan una solución habitacional definitiva. 

El encuentro contó con la participación del alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruíz Riaño, el gobernador de Casanare, César Ortíz Zorro, líderes comunitarios y representantes de entidades como la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía e INDEV.

Durante la reunión, se estableció un cronograma de trabajo consensuado entre la administración local y los beneficiarios del proyecto  de vivienda. 

Uno de los compromisos clave fue la firma del convenio y la carta de compromiso entre la Gobernación y la Alcaldía, prevista para el 26 de junio. En estos documentos se definirán las responsabilidades de cada entidad para la ejecución del proyecto. 

Según explicó el alcalde Ruíz Riaño, debido a la falta de recursos suficientes, los apartamentos serán entregados en estado habitable. Una vez oficializados los acuerdos y garantizados los fondos, los residentes desalojarán voluntariamente, permitiendo que inicie el proceso de demolición y preparación del terreno para la construcción de nuevas torres. 

Los fondos para este proyecto ya están asegurados, con una inversión de $50 mil millones por parte de la Gobernación y $12 mil millones de la Alcaldía de Yopal. 

En Yopal durante el curso básico de rescate en estructuras colapsadas, desarrollado en la Academia de Bomberos de la Orinoquía Colombiana, un equipo de bomberos atendió una emergencia inesperada que no llegó con sirenas, sino con un angustioso aullido. 

En medio del entrenamiento, una perrita callejera se acercó al área de prácticas con evidente preocupación. Su insistente llamado captó la atención del personal, quienes la siguieron hasta descubrir a sus seis cachorros atrapados bajo un container, sin posibilidad de salir. 

Los bomberos iniciaron un meticuloso proceso de excavación para liberarlos. Con paciencia y precisión, lograron poner a salvo a los recién nacidos y reunirlos con su madre, en un emotivo desenlace que reflejó el instinto de protección y la rápida respuesta del equipo de rescate.

La publicación de un oficio enviado por la empresa Catasig invitando a la socialización de la propuesta de actualización el avalúo catastral de la zona rural de Yopal, encendió la polémica en la ciudad.

Esta misiva llegó en un momento en cual, aún no se conoce el epílogo de la controversia suscita por la actualización del avalúo en la zona urbana, que ha recibido toda una avalancha de críticas, por los altos costos que generó en el recibido el impuesto predial, sin contar con las implicaciones que en temas tributarios conlleva esta medida.

El documento fechado este 3 junio tuvo un primer yerro con el nombre del alcalde de Yopal, quien era uno de los destinatarios.  En el oficio Catasig escribió Luis Eduardo Castañeda.  

Pero ya en el contexto de la comunicación Catasig convoca a la Administración Municipal y al Concejo Municipal a una importante jornada de socialización sobre la implementación de la Resolución IGAC 1912 de 2024, que establece la metodología para el ajuste masivo de valores catastrales en zonas rurales.

La reunión, programada para el viernes 6 de junio de 2025 a las 8:30 a.m. en las instalaciones de Catastro Yopal, tiene como objetivo principal presentar los fundamentos técnicos, jurídicos y operativos de esta metodología de obligatorio cumplimiento, así como exponer los criterios normativos y territoriales que orientan su aplicación.

Según lo informado por Elvira Helena Martínez Consuegra, gerente de Catasig, la entidad remitió el pasado 19 de mayo una comunicación formal a la Administración Municipal advirtiendo sobre la necesidad de dar cumplimiento a esta normativa.

A pesar de argumentar que no ha recibido respuesta oficial, la entidad catastral ha decidido continuar con las gestiones técnicas y administrativas necesarias, en el marco de su competencia legal y del Convenio Interadministrativo Marco No. 1454 de 2023.

"Es imperativo cumplir de manera oportuna con los deberes que impone el marco normativo vigente", señaló la gerente en el documento de convocatoria, destacando que la implementación de esta metodología "no constituye una gestión unilateral ni opcional", sino que responde a un mandato legal de carácter nacional.

Durante la jornada de socialización también se presentará el cronograma de difusión y se propiciará un espacio de articulación institucional respecto a los impactos fiscales y operativos que esta medida tendrá frente a la comunidad y los entes de control.

La entidad también recordó que, conforme al artículo 24 de la Ley 1450 de 2011, corresponde a los municipios adelantar procesos de formación y actualización catastral al menos cada cinco años, así como participar activamente en su financiación.

Por tanto, el Municipio de Yopal "no solo es beneficiario de este proceso —en virtud del incremento en su base gravable— sino también responsable de garantizar su sostenibilidad mediante la provisión de los recursos requeridos".

En este sentido, Catasig ha solicitado a la Administración Municipal definir un esquema claro de compensación institucional por la prestación de este componente del servicio público catastral, considerándolo una "condición indispensable para garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio público de gestión catastral en la jurisdicción del municipio".

La entidad ha manifestado que continuará impulsando las gestiones administrativas requeridas para formalizar dicho reconocimiento, sin descartar acudir a los mecanismos jurídicos y administrativos correspondientes en caso de ser necesario.