Ante denuncia contra el gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, Jairo Bossuet Pérez, instaurada en la Fiscalía General de la Nación por el abogado y excandidato a la alcaldía de Yopal, Lenin Bustos, por prevaricato por acción y falsedad personal, relacionado con la firma de dos contratos por 320 mil millones de pesos para la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos en el relleno sanitario El Cascajar, el manejo de la PTAR con tecnología KWI y la construcción de una nueva PTAR así como el diseño del plan maestro del acueducto y alcantarillado de Yopal, el gerente de la EAAAY dijo que, radicó ante la Fiscalía Seccional Casanare un oficio donde manifiesta la voluntad de asistir a las citaciones correspondientes para entregar toda la documentación y evidencia necesaria para desvirtuar las acusaciones realizadas por el abogado Lenin Bustos.

Para Jairo Bossuet Pérez, lo manifestado por Bustos en una denuncia penal instaurada ante la Fiscalía General de la Nación, son falacias e injurias que afectan su buen nombre y prestigio profesional que ha construido en todos los años de trayectoria como funcionario público.

“Estos actos, no solamente perjudican mi buen nombre y prestigio profesional, sino que atentan contra el buen nombre de la EAAAY y ponen en peligro las inversiones que se podrían dirimir a solucionar problemas estratégicos de los servicios públicos y el cumplimiento de las órdenes judiciales para el beneficio social, sanitario y ambiental para el municipio de Yopal”, expresó el gerente Jairo Bossuet Pérez, en el oficio radicado ante la Fiscalía Seccional Casanare, el cual compulsó copias a la Procuraduría Regional de Casanare, Contraloría Seccional Casanare y la Personería Municipal de Yopal.

La denuncia de Lenin Bustos

El ex candidato a la Alcaldía de Yopal argumenta que los contratos de colaboración empresarial en alianza estratégica firmados solo se pueden celebrar para actividades científicas tecnológicas o proyectos de investigación y creación de tecnologías y no para adelantar consultorías o realizar obras de adecuación y ampliación y construcción de infraestructura de servicios públicos para su explotación económica.

Igualmente explica que en la firma de los contratos se cometieron irregularidades tales como que los estudios previos, diseños y anexos al contrato fueron firmados por el propio gerente de la Eaaay, quien no posee la especialización para la firma de dichos documentos que son el soporte técnico y profesional de áreas distintas al derecho.

Complementa diciendo que en el contrato 0148 de 2022 cuyo objeto es la “Transferencia tecnológica de la PTAR existente con tecnología KWI y diseño de construcción de la nueva PTAR y el diseño del plan maestro del acueducto y alcantarillado de Yopal, se puede dilucidar que la aparente transferencia de tecnología solo está relacionada en el componente 1, pero el resto del contrato es de consultoría y obras civiles que pueden ser prestadas por empresas del sector. Adicionalmente argumenta que es desacertado hablar de tecnología KWI porque esta sigla es solo el nombre de la empresa austríaca que fabrica plantas de tratamiento de aguas residuales.

Además de lo anterior se cuestiona que la empresa contratada para esta supuesta transferencia de tecnología KWI, Ingeniería y Construcciones Técnicas SAS, Ingenicontec, ha incumplido en otras contrataciones de PTAR hechas como en Pachiquiaro, Remolinos y Puerto López. El abogado expresa que no se entiende cómo se contrata una empresa incumplida y que incluso presentó estas contrataciones para avalar su experiencia en este tipo de servicios.

También el abogado Bustos señala que hubo falta de publicidad de los procesos pre y contractuales, incumpliendo la normatividad de Colombia Compra Eficiente y otras normas para entidades de régimen especial como la Eaaay, que obliga a publicarsela información de las gestiones contractuales. Además de la investigación penal por los delitos de prevaricato por acción y falsedad personal se solicitó a la Fiscalía la captura inmediata del gerente para que no interfiera con la investigación desde el cargo que desempeña.

Por otra parte, el abogado también denunció penalmente al alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro por prevaricato por acción y fraude a resolución judicial en relación a la presunta ilegal enajenación de un predio de tres hectáreas del municipio a favor de un particular, los dueños del frigorífico Frontino, con el cual finalmente constituyó una sociedad de economía mixta para la construcción del nuevo terminal de transportes.

Según el litigante, la Administración Municipal está pagando 14.500 millones de pesos por este predio, que le pertenecía y lo enajenó a favor de un particular, actuando dolosamente e incurriendo en el presunto delito de fraude a resolución judicial expedida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que estableció que dicho terreno es del municipio.

También lo denuncia por prevaricato por omisión en relación a que en la multimillonaria contratación hecha por la Eaaay, el alcalde en su calidad de presidente de la junta directiva de esta empresa, no se pronunció sobre posibles irregularidades en la contratación y que se hubiera puesto de garante al municipio en caso de cualquier incumplimiento que lleve a cesar o terminar los contratos firmados por 320 mil millones de pesos. 

La Contraloría Departamental remitió, a la Alcaldía de Yopal, el informe técnico sobre el análisis de los hechos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos, en el marco del proceso de conformación de la sociedad de economía mixta y la construcción del nuevo terminal de Yopal. La administración municipal tendrá un plazo "improrrogable", de cinco días, para ejercer su derecho de réplica y responder las inquietudes presentadas en el informe del ente de control.

Dentro de los aspectos mas relevantes, en los hallazgos de la investigación realizada por el ente de control se puede reseñar que: En Ia constitución de Ia Empresa de Economía Mixta Ia Alcaldía de Yopal solo participa con el 20% quedando en manos de los particulares el 80%, de las acciones, Ia que no permite que se tenga el control por parte de Ia administración del Terminal de Trasporte.

Aunado a Ia anterior Ia familia Parra es accionista del 40% del terminal que conlleva a que Ia administración quede sometida a lo que decidan los particulares pese a que se realiza, por parte del municipio, un aporte de dinero de SEIS MIL MILLONES DE PESOS. ($6.000.000.000)

La Convocatoria tenía contemplada Ia "compra de un predio para Ia construcción del terminal" y este podía quedar ubicado en cuatro zonas diferentes de Ia ciudad según POT, sin embargo, como se probó NO se analizan predios de otros sectores.

El aviso de convocatoria difiere del objeto del acta de constitución de Ia SEM, en cuanto que ya no contempla las actividades de "adquisición del terreno", habilitación y homologación del terminal, sino que contempla acciones diferentes.

Al ser menores las cargas de actividades impuestas en el acta de constitución de Ia SEM a las actividades de Ia convocatoria pública, se limitó el acceso a un mayor número de participantes que hubieran podido ofertar las actividades pactadas y con ello se ha podido obtener una mejor propuesta, incumpliendo el principio de selección objetiva.

Dentro de la investigación adelantada por la Contraloría también se analizan los procesos de gestión predial del terreno, sobre el cual recaen procesos judiciales en cursos, de los cuales tenía pleno conocimiento la administración municipal, y que deberán ser resuelto por la alcaldía en su respuesta, la cual se espera para la próxima semana.