La Fiscalía General de la Nación informó que tres personas fueron enviadas a prisión por su presunta participación en el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en el asentamiento humano conocido como La Resistencia, en Yopal.

Los detenidos son José Alejandro Calderón, Jully Janeth Ramos Malpica y Mary Luz Malpica López, quienes fueron capturados por la Policía Nacional.

Durante la operación, las autoridades incautaron bazuco, clorhidrato de cocaína, marihuana, elementos para la dosificación, 31 celulares, bicicletas, tres computadores portátiles y dos pistolas traumáticas, entre otros objetos. Los acusados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía Seccional de Casanare.

El juez de garantías ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario para los procesados, mientras se resuelve su situación judicial.

El exalcalde de Yopal, Braulio Castelblanco Vargas, integrante de la veeduría del parque La Iguana, ha expresado su preocupación por el abandono y la falta de atención que está sufriendo dicho lugar, considerado el "pulmón de Yopal". 

Castelblanco señaló que, a pesar de los esfuerzos comunitarios por recuperar y conservar las 53 hectáreas del parque, la falta de mantenimiento y el descuido por parte de la administración municipal están poniendo en riesgo este importante espacio ambiental.

Incendios y falta de personal

El parque ha sufrido tres incendios en lo que va del año, dos de ellos ocurrieron el pasado fin de semana.  Una de estas emergencias fue causada por la acumulación de escombros y residuos de podas en un parqueadero cerca de la Universidad Santo Tomás, que se utilizó como escombrera.

Mencionó el exmandatario que la falta de cortafuegos y la acumulación de material inflamable contribuyeron a la propagación de los incendios.

Insistió que actualmente no hay guardabosques contratados para el cuidado y la vigilancia del parque.  Anteriormente, había 15 quienes trabajaban día y noche. Ahora, solo algunas personas vienen voluntariamente a regar las plantas.

Recalcó que  se necesitan guardabosques, no solo para la conservación, sino también para guiar a los visitantes y mantener el parque.

Llamado a la administración municipal

Castelblanco hizo un llamado al secretario del medio ambiente, Víctor Manuel Rosas Hernández, para que atienda la situación del parque las 24 horas. También cuestionó la falta de respuesta a los derechos de petición presentados a la secretaría.

Igualmente, instó al Gobierno municipal a contratar personal de manera continua y a planificar el presupuesto para el parque con vigencias futuras, como se hace con otros servicios.

Pero esta no es la única problemática que afronta La Iguana. La presencia de consumidores de alucinógenos en las áreas cercanas al parque genera inseguridad. Aunque se les pide que se retiren no ha sido posible lograrlo, no es tarea fácil y se requiere de la intervención de las autoridades.

También se ha observado un aumento en la presencia de migrantes en la zona, algunos de los cuales intentan establecerse en el lugar. Otro tema es La falta de pozos o charcos en el río para los bañistas, situación que ha reducido la afluencia de visitantes.

Castelblanco indicó que no se han realizado actividades recreativas como festivales o deportes de verano que atraigan a la comunidad, sin contar con que la infraestructura del parque es precaria, con contenedores cerrados y falta de herramientas.

Acción popular y plan de acción

Para mejorar las condiciones de este sitio considerado como un punto para el desarrollo turístico de la ciudad, el Consejo de Estado emitió un fallo de segunda instancia que exige a la administración municipal la presentación de un plan de acción, para la preservación, conservación y seguridad del parque.

El plan debe incluir obras de mitigación del riesgo, recuperación del río Cravo Sur, actualización del Pomca por parte de Corporinoquia, y la revisión de licencias ambientales y concesiones de agua.

El fallo prohíbe cualquier intervención urbana en el barranco a 100 metros del casco urbano. También se destaca la necesidad de integrar el parque La Iguana, en un proyecto de desarrollo urbano que involucre el río y el malecón.

En resumen, la comunidad y la veeduría del parque La Iguana están alertando sobre la urgente necesidad de intervención por parte de la administración municipal para proteger este espacio natural clave para Yopal.

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, Casanare, emitió una sentencia que suspende el contrato de colaboración empresarial No. 00147 de 2022 entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (E.A.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P.) y SSYAM DE COLOMBIA S.A.S., debido a múltiples irregularidades detectadas en el proceso contractual, cuyo valor es de ($15.446.130.000,00).

La decisión se tomó en respuesta a una acción popular interpuesta por Rene Leonardo Puentes Vargas, quien argumentó que el contrato vulneraba derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, y el acceso a servicios públicos eficientes.

La sentencia, emitida el 10 de febrero de 2025, reveló que el proceso de selección del contratista no cumplió con los estándares legales y constitucionales, incluyendo la falta de un proceso de licitación pública y la ausencia de estudios técnicos y financieros adecuados.

Además, se encontró que la información sobre el contrato no fue publicada completamente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), lo que afectó la transparencia del proceso.

El juzgado ordenó la suspensión inmediata de la ejecución del contrato y conminó a las partes a establecer mesas de diálogo para llegar a un acuerdo sobre la terminación del mismo.

También se instruyó a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que tomen conocimiento de la decisión y actúen en consecuencia.

Esta decisión busca proteger los derechos colectivos y garantizar que los procesos contractuales en el sector público se lleven a cabo con transparencia y en cumplimiento de la ley.

La Policía Nacional invitó a la ciudadanía que haya sido víctima del accionar delictivo de Juan David Páez Sandoval, para que instauren la respectiva denuncia y de esta manera enviar a la cárcel a este, señalado, actor recurrente de actividades delictiva en la ciudad de Yopal.

Pérez Sandoval, conocido con el alias de “Orejas” o “Dumbo” fue capturado en zonas rural del municipio de Trinidad, en medio de un operativo adelantado de manera conjunta entre la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la Fiscalía 33 EDA.

Según las autoridades, “Orejas” de 24 años tenía 11 anotaciones en el sistema penal oral acusatorio y estaba incluido dentro del cartel de los más buscados en Casanare.

Igualmente, se conoció que “Dumbo”  tenía preferencia por los atracos a mano arma en la capital casanareña.

Año tras año las comunidades ribereñas del Río Cravo Sur, especialmente las que habitan las áreas rurales de La Manga y La Calceta, quedan expuestas a las inundaciones del afluente.

Aunque el tema no es ninguna novedad, los habitantes de estos sectores esperan una solución definitiva a esta problemática, sobre la cual ya hay una sentencia proferida desde el 19 de septiembre de 2024 por el Consejo de Estado.

El pronunciamiento de la mencionada autoridad judicial se dio como repuesta a la apelación de un fallo del Tribunal Administrativo de Casanare del 03 de abril de 2014, al cual le hizo algunas modificaciones.

En este orden de ideas, la próxima temporada de lluvias será el termómetro, para medir el grado de eficiencia en la respuesta por parte de las entidades oficiales relacionadas con el tema.

El problema

El río Cravo Sur ha sido protagonista de desbordamientos constantes en las épocas de invierno, generando inundaciones que han puesto en riesgo la vida y los bienes de los habitantes de las veredas de La Manga y La Calceta.

Los demandantes alegaron que, a pesar de ser un problema técnicamente previsible, las entidades responsables no han tomado medidas suficientes para prevenir estos desastres.

Entre las afectaciones más graves se encuentran:

- Pérdida de cultivos y animales.

- Deterioro de vías y puentes, como el puente La Cabuya, que conecta a las comunidades con la ciudad de Yopal.

- Daños al parque La Iguana, un área de protección ambiental que ha sido abandonada por las autoridades.

La demanda

La demanda fue presentada por Marco Julio Univio Chirivi y **Robert Jalil Preciado Cárdenas, quienes solicitaron al Tribunal Administrativo de Casanare que se declarara la vulneración de derechos colectivos y se ordenara a las entidades responsables realizar obras para redirigir el caudal del río a su cauce original.

También, construir infraestructura de protección, como diques y enrocados, así como recuperar el parque La Iguana y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.

Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Casanare falló a favor de los demandantes, declarando la vulneración de derechos colectivos y ordenando a las entidades:

- Realizar estudios técnicos integrales sobre el río Cravo Sur.

- Construir obras de protección y recuperación de áreas afectadas.

- Suspender actividades incompatibles con las zonas de alto riesgo, como la construcción de viviendas en áreas inundables.

Recursos de apelación y decisión del Consejo de Estado

Varias entidades y empresas interpusieron recursos de apelación, alegando que las cargas impuestas eran desproporcionadas y que no tenían responsabilidad directa en el problema.

El Consejo de Estado, tras analizar los argumentos, confirmó en gran parte la sentencia del Tribunal, pero ordenó algunas modificaciones claves para ajustar las responsabilidades y los plazos de ejecución de las medidas.

Modificaciones ordenadas por el Consejo de Estado

1. Responsabilidad compartida: El Consejo de Estado aclaró que, aunque el Municipio de Yopal es el principal responsable de la gestión del riesgo en su territorio, otras entidades como Corporinoquía, el Departamento de Casanare y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), deben colaborar de manera más activa en la ejecución de las medidas ordenadas.

2. Ajustes en los plazos: El Consejo de Estado reconoció que algunas de las órdenes emitidas por el Tribunal Administrativo de Casanare requerían plazos más realistas, especialmente en lo relacionado con la actualización del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) y la ejecución de obras de protección

3. Exclusión de responsabilidades: El Consejo de Estado excluyó a algunas entidades, como el Instituto Nacional de Vías (Invías), de ciertas órdenes, al considerar que no tenían competencia directa sobre el cauce del río Cravo Sur.

4. Medidas cautelares reforzadas: Se ordenó reforzar las medidas cautelares, como la suspensión inmediata de licencias de construcción en zonas de alto riesgo y la realización de monitoreos periódicos del río para prevenir futuras inundaciones.

Impacto y relevancia del fallo

Esta sentencia es un precedente importante en materia de protección ambiental y gestión del riesgo en el país. Resalta la responsabilidad de las entidades públicas en la prevención y mitigación de desastres naturales, así como la necesidad de trabajar de manera coordinada para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas.

Además, el fallo pone en evidencia la importancia de proteger los recursos naturales y el espacio público, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y otros fenómenos naturales.

¿Qué sigue?

Las entidades demandadas tienen la obligación de cumplir con las órdenes impartidas por el Consejo de Estado, lo que incluye la realización de estudios técnicos, la construcción de obras de protección y la recuperación de áreas afectadas.

La comunidad espera que estas medidas permitan finalmente solucionar un problema que ha afectado su calidad de vida durante años.

El fallo del Consejo de Estado no solo confirma la vulneración de derechos colectivos, sino que también introduce ajustes clave para garantizar una solución más efectiva y equitativa. Ahora, la atención se centra en la ejecución de las medidas ordenadas para proteger a las comunidades ribereñas del río Cravo Sur y garantizar su seguridad.

El secretario de movilidad de la ciudad de Yopal, ingeniero Ricardo Camargo, anunció el alza en el valor del pasaje del servicio público urbano tipo colectivo.

Explicó que el incremento autorizado es de 200 pesos. De esta manera ahora del pasaje pasó de 2.200 a 2.400 pesos. Mientras que el transporte rural la tarifa será diferencial dependiendo de la zona.

Según el funcionario la medida ya fue socializada con el gremio transportador a través de unas mesas de trabajo. Agregó que la labor de campo se adelantó durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado.

Esta actividad que conllevó a crear la metodología para hacer el ajuste en el precio del pasaje, cuyos decretos se publicaron este 11 de febrero. Las nuevas tarifas comenzarán a regir una vez se finiquite la actualización de las calcomanías que deben portar los vehículos que prestan este servicio.

Camargo aclaró que la medida no incluye el gremio de los taxistas, quienes deben seguir operando con las mismas tarifas autorizadas hasta el momento.

Sin embargo, aclaro que está próximo a iniciar el trabajo de campo orientado a una actualización de la tarifa para el servicio de taxi.

Sobre los precios del transporte rural, las tarifas autorizadas son las siguientes:

Sigue siendo un misterio los móviles del ataque armado contra una pareja de jóvenes en el municipio boyacense de Pajarito. El hecho se presentó este lunes 10 de febrero en la vía principal de la mencionada población.

Las versiones extraoficiales que se conocen sobre el atentado señalan que sobre las 6:30 de la tarde, dos sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta sin placas llegaron hasta el lugar donde compartían los jóvenes y sin mediar palabra abrieron fuego contra ellos.

Las víctimas de los sicarios fueron identificadas como Juan David Sánchez y Angie Suárez. Inicialmente circuló el rumor que los dos recibieron varios impactos con arma de fuego.

Sin embargo, una fuente anónima comentó a Casanare Noticias que los jóvenes recibieron en total dos disparos y que fueron trasladados al Hospital Regional de la Orinoquia, para recibir atención médica.

Ante este hecho las autoridades continúan con las labores de investigación, para tratar de dar con el paradero de los sicarios, quienes una vez cometido el atentado huyeron del lugar.

El secretario de gobierno de Yopal, Jorge Andrés Rodríguez se refirió a la fuja de cuatro menores de edad, del centro de formación integral Kairos ubicado por el kilómetro 7 de la vía a Sirivana, ocurrido el domingo 09 de febrero en horas de la tarde.

El funcionario detalló que uno de los jóvenes ya fue recapturado gracias a la pronta reacción de las autoridades que activaron un plan candado. Los otros tres siguen siendo buscados por las autoridades.

Dentro de los adolescentes que se fugaron uno de ellos es señalado de violencia intrafamiliar y hurto. Otro de homicidio agravado y tráfico de armas.

El funcionario resaltó que el centro Kairos requiere mayores niveles de seguridad. Algunos de los jóvenes recluidos en este centro no son del municipio de Yopal, sino que provienen de otros departamentos.

Agregó que esta situación obedece al sistema nacional que maneja el tema de menores infractores y a la falta de cupos en otras jurisdicciones. Actualmente, hay alrededor de 20 jóvenes recluidos en el centro, aunque el lugar tiene capacidad para 60 menores de edad.

Según Rodríguez González, los jóvenes aprovecharon elementos como camas y sábanas para crear escaleras artesanales para perpetrar el escape. En el intento de fuga, uno de los menores resultó lesionado.

Es importante señalar que estos centros buscan la rehabilitación de los jóvenes, lo que implica un trato diferencial al de las cárceles y algunas restricciones en las normas de seguridad.

Mencionó el secretario que todos los menores recluidos en el centro son de nacionalidad colombiana. El secretario hizo un llamado a todas las instituciones relacionadas con el tema, para colaborar con el financiamiento que permita reforzar la seguridad en el centro Kairos.

Socialización de los resultados de la actualización catastral urbana para de Yopal, se adelantó ante líderes sociales, concejales y comunidad en general, dando cumplimiento a la Resolución 1040 de 2023 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

La jornada fue liderada por el gestor catastral Catasig, como agente ejecutor de la actualización del Catastro para el casco urbano de Yopal, que se desarrolló desde abril de 2024 hasta diciembre del mismo año, lográndose consolidar una base real de los predios en materia de construcción y usos.

“Hoy damos a conocer en cifras, el crecimiento catastral del municipio, no solo de avalúo, sino también en el incremento de predios. Así mismo, vamos a llevar esta información a los diferentes barrios y comunas de Yopal, para que conozcan los resultados y el impacto que trae la actualización y los beneficios para los ciudadanos”, expresó Elvira Martínez, gerente Catasig SAS.

“Hallamos mucha desactualización de la información, tenía el municipio más de 15 años sin actualizarse, y en períodos normativos debieron hacerse dos actualizaciones antes de esta. Lógicamente hubo un gran incremento en la información que se incorporó al Catastro, como lo es el número de predios, que son cerca de 13 mil nuevos”, sostuvo Damián García de la Hoz, asesor Catastral de Catasig.

Por su parte, Mauricio Moreno Pérez, secretario de Hacienda Municipal, enfatizó que con este proceso se garantizan los derechos de los contribuyentes, ya que la valorización de sus predios tuvo un incremento significativo, además, de reestructurar los cobros de impuesto predial en predios que venían siendo declarados para otros usos y, por ende, no cancelaban un impuesto adecuado. "Se incorporan cerca de 13 mil bienes inmuebles a la base predial del municipio, algunos de estos predios figuraban como lotes donde hoy hay grandes construcciones".

“Estos resultados se ven a partir de toda la facturación que se empezó a liquidar desde la semana pasada, en lo que tiene que ver todo ese proceso específico de actualización catastral. Durante el 2024 la base de bienes que se tenía en el municipio era de alrededor de 80 mil inmuebles, ahora pasamos a cerca de 93 mil predios, producto de esta actualización”, agregó Moreno Pérez.

De esta manera, se espera que el municipio de Yopal logre un mayor recaudo por concepto de Impuesto Predial, el cual se adelantará progresivamente, iniciando el 2025 con un 60% del valor final evidenciado en la actualización catastral.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha logrado importantes avances en el esclarecimiento de los casos de falsos positivos en Casanare, donde se llevaron a cabo más de 300 ejecuciones extrajudiciales y aproximadamente 500 víctimas se encuentran participando en el proceso judicial.

Así lo indicó el magistrado Óscar Parra Vera, relator del subcaso Casanare, quien estuvo este lunes 10 de febrero en Yopal.  Destacó que este proceso representa un hito histórico en la participación de las víctimas ante la JEP.

Recalcó que el proceso ha logrado determinar responsabilidades que no se habían esclarecido en la justicia ordinaria, con máximos responsables reconociendo su participación.

A pesar de esto, algunas víctimas han expresado críticas y rechazos a ciertos reconocimientos, los cuales están siendo analizados judicialmente por la JEP.

La justicia restaurativa es un componente central de este proceso. Las víctimas han presentado propuestas para que este proceso tenga sentido para sus familias.

Estas propuestas incluyen acceso a educación superior para las familias, proyectos de memoria y dignificación de las víctimas, incluyendo la conmemoración de las personas ejecutadas extrajudicialmente y desaparecidas.

Igualmente existe un componente de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la preservación de lugares donde puedan encontrarse sus restos, restauración del medio ambiente y medidas educativas.

Para lograr un acuerdo entre las partes se ha establecido una mesa de trabajo para abordar las inquietudes de las víctimas y canalizar sus propuestas.

Esta iniciativa busca impulsar políticas públicas asociadas a los proyectos restaurativos. Las reuniones se llevarán a cabo al menos una vez al mes o cada dos meses, con la posibilidad de realizar encuentros virtuales para facilitar la participación de quienes tienen dificultades para asistir presencialmente.

Adicionalmente la JEP está trabajando para que se reconozca aquellas víctimas que no han sido incluidas dentro del registro único de víctimas, para que puedan acceder a reparaciones de índole económico, entregadas por el Estado.

En este sentido desde la Justica Especial para la Paz se ha oficiado a la Unidad de Víctimas, que es la entidad encargada de estos temas, dado que muchas personas no habían sido reconocidas con anterioridad al haberse catalogado los hechos donde perdieron a sus familiares como combates y no como ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.

El magistrado Parra Vera señaló que, aunque hay avances significativos, aún queda un camino importante por recorrer en la definición de las sanciones. La JEP espera dinamizar estos proyectos restaurativos en Casanare, buscando un equilibrio entre el reconocimiento de responsabilidades y las necesidades de reparación de las víctimas.