El Tribunal Administrativo de Casanare condenó al ex contralor Laureano Rodríguez y quien ejercía como sub contralor en la época  a pagar una millonaria suma por despido de cuatro funcionarios y que luego se convirtió en una acción de repetición en su contra.

La sentencia proferida el 11 de diciembre pasado hace referencia a la salida de cuatro funcionarios, que según la decisión que se tomó en su momento no cumplían con los requisitos exigidos para estar en los cargos.

Estas personas demandaron a la Gobernación ante  el Juzgado Segundo Administrativo  que falló a favor de los empleados y ordenó el reintegro a sus cargos y el pago de las obligaciones, que se dejaron de pagar durante el tiempo que estuvieron por fuera cerca.

Esto se dio y el departamento, canceló $ 110.320.923.

Luego el Departamento demandó ante el Juzgado Tercero de Descongestión, pidiendo que declararan responsables por ese hecho a Laureano Rodríguez y  Ricardo Antonio Gómez Corredor.

La decisión del juzgado denegó lo solicitado por la Gobernación y acató lo argumentado por la defensa del ex contralor y su asesor que alegaban varios aspectos legales, que le favorecían en este caso.

No obstante esta decisión fue apelada por la entidad actora ante el Tribunal Administrativo de Casanare, que revocó lo decidido por el Juzgado Tercero de Descongestión.

Ante esta determinación se obliga a Laureano Rodríguez y a Ricardo Antonio Gómez Corredor a pagar más de $ 96 millones de pesos, por cada uno de los cuatro empleados despedidos.

Laureano Rodríguez anunció que interpondrá en su defensa una acción de tutela ante el Consejo de Estado, como en cuatro ocasiones anteriores, donde ha recibido la misma condena y los fallos han sido revocados.

Insistió en señalar que despidió a varios funcionarios porque no cumplían con los requisitos, para ocupar los cargos, pero no lo hizo con dolo o la intención de perseguirlos.

Manifiesta el ex contralor que actuó correctamente y que él no fue quien profirió la decisión de despido, sino lo hizo el sub contralor, estando como encargado, con plenas facultades.

Agregó que hay una declaración con la cual ha sido absuelto por el Consejo de Estado, pero en este caso no fue tenida en cuenta para este fallo, dada por un funcionario que ha cumplido ejemplarmente con sus funciones.

Laureano Rodríguez cree que este fallo sale en su contra, por cuanto él ha logrado demostrar en el Consejo de Estado que los fallos proferidos por el Tribunal en anteriores ocasiones por despido similares no tienen  ninguna seguridad jurídica.

En las últimas horas cuatro integrantes de la organización narcoterrorista de las Farc, entre ellos dos importantes cabecillas, fueron neutralizados por tropas del Ejército Nacional como resultado de las constantes operaciones de acción ofensivas adelantadas por la Décima Sexta Brigada, orgánica de la Octava División en límites entre Boyacá y Casanare.

La operación se desarrolló en la vereda Guayabal, municipio de Labranzagrande, Boyacá, donde tropas del Batallón de Infantería No. 44 “Ramón Nonato Pérez”, con el apoyo de aeronaves del Batallón de Movilidad y maniobra de Aviación No. 8, lograron la captura de Luis Alfonso Páez Mendoza, alias ‘Junior o Jonny’, tercer cabecilla del frente 38; la desmovilización de alias ‘Arley o el calvo’, segundo cabecilla de la compañía Daniel Bandam del frente 10 de las Farc y de alias ‘Diana García’ y la recuperación de una menor de edad, conocida en esa organización con el alias de ‘Tania’, estas dos últimas del frente 38.

En la misma operación se logró además, la incautación de un computador portátil, cinco teléfonos celulares, 19 sim card, siete memorias de almacenamiento de información, facturas de cuenta de cobro y panfletos alusivos a mencionada organización ilegal. El capturado y el material incautado fue puesto disposición de la Fiscalía Especializada No. 51 de Yopal Casanare.

 De acuerdo a información de inteligencia, alias ‘Junior o Jonny’, es oriundo del municipio de Arauquita, Arauca, llevaba 17 años haciendo parte de esa organización terrorista, en su trayectoria delictiva se ha desempeñado como cabecilla de guerrilla de la compañía Plutarco Chaparro del frente 10, estuvo encargado de la seguridad de alias ‘Rafael Gutiérrez’, fue desertor en el año 2010 de la columna móvil Reinel Méndez, posteriormente se reintegró al frente 10 de las Farc, le hicieron consejo de guerra, pago una sanción durante un año y fue degradado, participó en un hostigamiento al Batallón Energético y Vial No. 14, donde resultó asesinado un militar.

 En el caso de alias ‘Arley o el calvo’ es originario de Anolaima, Cundinamarca, llevaba 20 años en las Farc; dentro de su prontuario delictivo, se conoce que se ha desempeñado como ecónomo, reemplazante de escuadra, reemplazante de compañía y comandante de compañía del frente 10, cabecilla de comisión de la columna móvil Arturo Ruiz en el año 2011.

Con este duro golpe  las Farc pierden el rumbo del trabajo organizativo de masas, dificultando el reclutamiento de personas e impidiendo fortalecer las redes de apoyo al terrorismo en los departamentos de Boyacá y Casanare, de igual manera, se afecta la línea ideológica y política de la organización armada, logrando retrocesos en el plan estratégico.

Dirigentes comunales de Casanare reclaman garantías ante los entes de control y la Administración Departamental para el ejercicio pleno  de sus funciones en cada uno de sus territorios, aseguran que la secretaria de Gobierno, Yenny Marlene Gutiérrez Oropeza  se ha extralimitado en sus funciones.

Leidy Viviana Torres ex presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Labrancitas del municipio de Paz de Ariporo, afirmó que fue relevada de su cargo por irregularidades cometidas por la Secretaría de Gobierno sin seguirse  los conductos de las JAC.

“La Secretaría de Gobierno emitió algunos Autos Administrativos de acuerdo a unas denuncias de algunos miembros de la Junta de Acción Comunal sin hacer investigación se acogieron a los dos o tres personas informan a ese despacho”, indicó.

Respecto a las funciones de control y vigilancia que debe cumplir  la Secretaría de Gobierno añadió, “los profesionales contratados obedecen a compromisos políticos, por lo que los gestores comunales no tienen conocimiento de la norma, vienen y desinforman a las comunidades de Casanare”.

Franklin Martínez, presidente de la Asociación de Juntas del municipio de Trinidad señaló que, los comunales han sido tildados de extorsionistas, calificativo que “repudiamos si hay irregularidades y denuncias que los entes de control actúen”, agregó “nos sentimos desprotegidos y abandonados por las autoridades”

Aseguró que desde agosto de 2014, la Secretaría de Gobierno no cuenta con personal de apoyo que oriente a los presidentes y comunales en temas de competencia de esa cartera, “no hay celeridad en ese despacho, las respuestas a las solicitudes no son oportunas”.

El dirigente expresó “en un Foro realizado en Orocué la solicitud de los comunales fue solicitarle al gobernador el cambio de la secretaria de Gobierno,  por eso estamos recogiendo firmas entre los dirigentes”.

No hay Garantías

Nirya Brito Rodríguez, secretaria Ejecutiva de Derechos Humanos de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal  expresó que los dirigentes comunales  de Casanare han sido víctimas de atropellos, producto  de las falta de competencias de la Secretaría de Gobierno en el actuar en sus territorios.

“En el departamento los comunales  tienen un problema muy grave, la Secretaría de Gobierno se entromete en los asuntos internos de las organizaciones extralimitando sus funciones, hay compañeros que han sido sacados de sus cargos por Autos Administrativos que expide ese despacho”.

Añadió, “desde la Secretaría de Gobierno se deberán revocar los Autos Administrativos expedidos en los que se han reconocido presidentes de la acción comunal  donde ellos no tenían que actuar, violando la autonomía de las Juntas de Acción Comunal”, expresó.

Las inconformidades de  los representantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) del departamento, se hicieron visibles durante un conversatorio dirigido por funcionarios del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Durante el séptimo Comité Operativo de Vigilancia Epidemiológica (COVE) de salud mental, realizado por la Secretaría de Salud de Yopal se reportaron preocupantes estadísticas de suicidio consumado e ideación suicida según el comparativo de los años 2013 y 2014.

 Las diferentes Instituciones  que conforman el COVE se notaron preocupadas, ante los  160 casos de intento de suicidio notificados en 2014, en comparación los 129 casos reportados en 2013, sin embargo, atribuyeron estos indicadores a que ahora es más visible la notificación de estos comportamientos en la  comunidad.

Según se evidenció para los casos de suicidio consumado el comparativo para el 2013 y 2014 es paralelo, teniendo en cuenta que corte de la semana 50 se han notificado 7 casos, de los cuales el último es de una joven de 15 años.

 Respecto al último caso Uverleidy Salcedo, referente de la Línea de Salud Mental del Municipio, indicó que las investigaciones sobre este caso arrojaron que no se entiende por qué la joven hizo esto, ya que su situación económica no era apremiante, tenía buena relación con sus padres, no estaba embarazada como se llegó a mencionar y a nivel escolar tenía un promedio de 7.3.

 La Línea de Salud Mental de la Secretaría de Salud, indicó que para el 2014 con corte a la semana epidemiológica 48 se han reportado 1126 casos de violencia intrafamiliar, 276 de maltrato infantil, 239 casos de violencia sexual, y 3 casos de violencia gestacional por negligencia.