Por: DEYLER ESCALANTE

Sobre  las dos de la tarde de este domingo se registró un accidente de tránsito en la Marginal de la Selva, 100 metros al norte del puente del río Chire, en jurisdicción  de Hato Corozal, en donde murió Fredy Maldonado.

Los hechos sucedieron cuando se desplazaban dos hombres en una motocicleta hacia el casco urbano del municipio, siendo la primera vez que estas personas transitaban este trayecto de vía y en una curva pronunciada terminaron saliéndose de la misma chocando contra un árbol.

En el accidente perdió la vida de manera instantánea Fredy Maldonado, de 27 años de edad quien conducía la motocicleta, y resultó herido Henry su parrillero, quien fue trasladado al Centro de Salud de Hato Corozal.

Fredy Maldonado, de quien se dice laboraba en Corabastos en Bogotá había llegado hacia un par de meses a la vereda Berlín de este municipio, en donde tenía arrendado un terreno para el establecimiento de un cultivo de papaya, además se dedicaba a la compra de productos agrícolas en la jurisdicción, aprovechando su relación con la central de abastos.

Fredy se había asociado con su amigo Henry, oriundo de Villavicencio, para la implementación del cultivo, y lo tenía como técnico administrador.

Fredy Maldonado se disponía ayer a visitar el cultivo en la finca, pero antes de extraviar de la Marginal de la Selva en donde lo esperaba Henry en una moto, decidieron ir hasta el casco urbano para hacer unas compras.

Fredy quien le había vendido hacia ocho días la motocicleta a su socio Henry quiso conducir una vez más su antiguo vehículo, pero lamentablemente kilómetros más adelante sucedió lo inesperado, acabando con su vida y truncando los sueños de  dos jóvenes empresarios.

Por: DEYLER ESCALANTE

Sin energía eléctrica permaneció aproximadamente el 50 por ciento de los usuarios del casco urbano de Hato Corozal, incluyendo el Centro de Salud y cinco veredas aledañas, debido a un corto causado por una cadena tipo industrial que fue arrojada por desconocidos en la vereda la Maraure a las  líneas de alta tensión (34.5 KVA) sobre las 5 de la tarde.

Una vez escampo la lluvia que durante la noche del sábado y la madrugada del domingo cayó en este municipio, y gracias a la labor de los técnicos de Enerca se logró restablecer el servicio sobre las 7:30 am.

La cadena arrojada de unos cuatro metros aproximadamente, no mostraba deterioro por uso alguno, al parecer habría sido comprada con el único fin de causar daños en el sistema de energía.

La comunidad pidió a las autoridades se investigue el hecho en donde se deja ver la perversa  intención de afectar  la prestación normal del  servicio de energía, y aunque afortunadamente las pérdidas económicas fueron mínimas, se puso en riesgo la salud y vida de los pacientes que por cualquier motivo de emergencia acudieron al Centro de Salud.

De momento se desconocen los motivos de la comisión del acto y que otro fin delincuencial tendría el mismo.

Otrora tiempo se desguazaron dos transformadores cerca al lugar del suceso. Hechos similares ocurrieron  en otros sectores del municipio y del departamento de Casanare, por lo que en su momento la prensa regional apodó a estos  delincuentes como  “El cartel del cobre”.

Comunidades de los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada pidieron unánimemente  la renuncia de Martha Jhoven Plazas Roa, directora de la Corporinoquia- Corporación Autónoma de la Orinoquía, durante el acto de rendición de cuentas de la vigencia 2014 y que era presido por  la funcionaria en el auditorio del agua  de la entidad en Yopal.

Desde tempranas horas, varios líderes  de Casanare y otros departamentos de la Orinoquía (zona de influencia de la autoridad ambiental) en forma pacífica  se ubicaron en el auditorio portando carteles blancos y pancartas con mensajes de rechazo a la gestión ambiental de la directora en estos tres años al frente de la entidad.

“Exigimos la renuncia de actual directora de Corporinoquia,  Martha Plazas”, decían algunos de las vallas  al interior del auditorio. “No queremos más tala indiscriminada de árboles y de bosques nativos. No petróleo ni minería”, se visualizaba en otros carteles.

Los manifestantes cuestionaron en forma contundente  la falta de gestión ambiental de la Corporación, para controlar, preservar y cuidar los recursos naturales que se tienen en la región. “La señora va a los municipios pero no va a los sitios afectados. Necesitamos técnicos que se empoderen de las afectaciones que ocurren realmente”, dijo Jaime León, uno de los protagonistas de este `plantón`.

“Necesitamos a personas que escuchen a las comunidades, con la renuncia de la directora no se solucionan todas las problemáticas pero se da la oportunidad de que ubiquen a profesionales comprometidas con la naturaleza”.

“Es importante que se le preste más atención al agua que al petróleo. La naturaleza grita y la directora no ha sabido escucharla ni a los ciudadanos”, agregó.

Henry Salón, representante de las comunidades indígenas Uwa de  Barro Negro concentrados en jurisdicción de los municipios de Sácama, Hatocorozal y Paz de Ariporo explicó que los grupos étnicos “tienen gran preocupación frente a las acciones de la autoridad ambiental para con los temas de sequía y la supervisión que se hace a la industria petrolera”.

Dando respuesta a los inconformismos, Martha Jhoven Plazas invitó a las comunidades a instalar en los próximos días una mesa de trabajo, para que “los manifestantes planteen cada una de inquietudes que tienen respecto a la gestión que se ha venido haciendo en pro de los recursos naturales”, aseveró.

Propietarios de establecimientos de comercio en la ciudad, denunciaron en la plenaria del Concejo Municipal, durante un debate de control político al tema de vivienda y espacio público,  haber sido víctimas de estafa por un ex funcionario del Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal-IDURY, hace varios años.

Los comerciantes explicaron que desde el año 2008 e inicios de 2014 “habían pagado dineros en efectivo del impuesto por ocupación del espacio público (sillas, mesas y parasoles), a una persona de nombre Mauricio Peña y quien se identificó como funcionario del IDURY”.

“Él nos dijo que venía autorizado por el doctor Alexander Cortés ( ex gerente de la entidad) y que estaba recaudando los pagos que por el espacio público estamos obligados a pagar”, contó Germán Granados, ex propietario de un establecimiento de comercio afectado.

Asegura “que durante varios años canceló esa obligación a la misma persona, quien en un recibo le daba constancia de haber recibido el dinero”.

Según el comerciante “en esas entregas el encargado del espacio público de ese entonces recibió 17 millones de pesos, que  no aparecen repostados en las oficinas de cartera, por lo  que hoy me reportan en mora”.

Este presunto caso de estafa se puso en conocimiento de Alexander Cortés- gerente para esa fecha de la entidad, luego de que varios comerciantes se acercaran a las oficinas del IDURY a reclamar los Paz y Salvos que acreditaran que estaban al día con esa obligación.

“Como el señor Mauricio no nos entregó los soportes de pago nos acercamos al Instituto y vaya la sorpresa que nos llevamos, porque tenemos el valor que ya entregamos pendiente por pagar”, dijo el ex propietario del establecimiento de comercio.

Sin embargo, este caso no es el único caso del que se tiene conocimiento, los mismos comerciantes explican que son muchos los propietarios de establecimientos que han sido estafados en su buena fe.

“Le pagamos porque creímos que todo lo que nos dijo, no hicimos las consignaciones directamente a las arcas del municipio porque inocentemente nos dejamos convencer”, aseguraron varios de ellos.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, aseguró que recibió varias grabaciones donde un “funcionario del que no se identifica su voz le pedía a un comerciante la suma de un millón doscientos mil pesos y le decía que no pagará en el Instituto sino a él”.

 Alexander Cortés explicó a CASANARENOTICIAS.COM que una vez conoció de esa irregularidades instauró las respectivas demandas en la Fiscalía.

“Desde el años 2014 se empezaron a conocer estos cobros ilegales, al igual que de la conformación de una red de estafadores, hay contratistas y también un funcionario del IDURY”.

Manifestó que dentro del material recaudado se observa que hubo suplantación de firmas de algunas funcionarias, así como se evidenció de “algunas órdenes que se le daban a través de Facebook  a un contratista del Instituto, para que borrara toda la información que registraba el sistema”.

“Desde mayo están instauradas las denuncias en la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría. Yo me reuní con los comerciantes y los conmine a que denunciaran estos hechos”.

 Por ahora los comerciantes esperan a que los entes de control se pronuncien frente a esta presunta red de estafadores y que se defina qué va a pasar con los dineros que ya cancelaron.