Hasta la vereda Iguamena del municipio de Aguazul, llegaron las autoridades de Casanare para hacer efectiva una orden de allanamiento, donde se logró la captura de dos sujetos, en el momento en que presuntamente extraían crudo de manera ilícita, de una válvula ilegal instalada sobre el tubo del oleoducto que transporta hidrocarburo desde la planta de Araguaney hasta la estación de Monterrey.

De acuerdo con labores de inteligencia, estos sujetos, al parecer, llevaban alrededor de seis meses extrayendo hidrocarburo (crudo) a través de esta válvula ilícita, utilizando tres tracto-camiones tipo cisterna, lo que equivaldría a más de 25.000 galones, significando para la industria petrolera, la pérdida de $235.000.000 semanales, aproximadamente. Así mismo, por la suspensión de las operaciones mientras se adelanta la reparación, a la empresa le representaría una pérdida de alrededor de 150 millones de pesos diarios.    

Según el Ejército Nacional, con este operativo se evitaría afectaciones al medio ambiente ya que el método artesanal que utilizaban es totalmente inadecuado, además, se afecta el subsistema financiero de los grupos delincuenciales, evitando que se fortalezcan y generen inseguridad a la población civil y daños a la infraestructura crítica del Estado, en el departamento de Casanare.

En la diligencia judicial fueron incautados un vehículo tipo cisterna, la incautación de aproximadamente 10 mil galones de hidrocarburo (crudo), una válvula ilegal, dos celulares y documentos.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de un médico y una enfermera, como presuntos responsables de brindar asistencia a los integrantes de la estructura Ernesto ‘Che’ Guevara del ELN, así como de practicar abortos y otros procedimientos no consentidos a las mujeres que hacían parte del grupo ilegal.

Se trata de Carlos Antonio Valdés Zuluaga, quien sería el gerente de una clínica de Saravena (Arauca) y profesional adscrito al hospital municipal; y Bellany Castro Quintero, alias La Caballota, Bella o Gladys. Adicionalmente, fue vinculado a la investigación William Efraín Higuera Chacón, señalado de comunicar las instrucciones de los cabecillas y de transportar a las personas que harían parte del grupo ilegal.

Actuar clandestino Los dos profesionales de la salud, al parecer, facilitaban el ingreso a los centros asistenciales de integrantes del ELN heridos o con graves enfermedades tropicales; y, supuestamente, les daban un trato privilegiado. Asimismo, hay evidencia de que también habrían viajado a los campamentos de la estructura criminal en Venezuela para realizar tratamientos, dar capacitaciones en diversos temas de salud y llevar dinero.

Una mujer que abandonó el grupo ilegal aseguró haber sido víctima de Valdés Zuluaga y la enfermera Castro Quintero, y los reconoció como las personas que le practicaron un aborto no consentido. Asimismo, indicó que fue testigo y conoció de casi 40 embarazos interrumpidos a la fuerza por los hoy procesados. De acuerdo con el relato, la mayoría de las mujeres afectadas serían menores de edad.

El material de prueba da cuenta de que estas conductas, presuntamente, ocurrieron desde 2014 a la fecha. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó al médico y a la enfermera, según el posible nivel de responsabilidad, los delitos de: aborto sin consentimiento, rebelión, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.

De otra parte, el señor Higuera Chacón fue imputado por el delito de rebelión. Los procesados no aceptaron los cargos.

 Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia, al considerar que no registraban antecedentes judiciales y tenían arraigo.

La Fiscalía continuará las investigaciones para dar con otros presuntos responsables de los abortos realizados y ubicar a otras posibles víctimas de estos procedimientos.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

El pasado 2 abril fueron capturados Manuel Camilo Rivera, Heiner David Rodríguez y Edman Estif Ricaurte, luego de que abordar y amenazar a un ciudadano con arma cortopunzante despojándolo de dinero en efectivo y teléfono celular. Una persona que pasaba por el barrio 20 de Julio auxilió a la víctima dando aviso a la policía que, en una rápida reacción los capturó.

Los procesados fueron imputados por los delitos de hurto calificado y agravado ante el juez con funciones de control de garantías, quien avaló las tesis del ente acusador y legalizó su captura y dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario para Heiner David Rodríguez y Edman Estif Ricaurte, mientras que a Manuel Camilo Rivera lo cobijó con una medida no privativa de su libertad. Los indiciados no aceptaron los cargos endilgados en su contra.

Otro de los casos sucedió el 4 de abril del 2022, cuando un menor de 14 años transitaba por una calle de la ciudad de Yopal y al parecer, fue abordado por Luis Miguel Monroy Villamizar, quien, según el relato de la víctima, lo habría amenazado con una navaja para que le entregara la bicicleta, a lo que el menor accede sin oponer resistencia. La víctima se encontró con una patrulla motorizada de la policía y les dio aviso, entregando detalles del presunto ladrón, por lo que fue ubicado a pocas cuadras del lugar, y capturado con la bicicleta hurtada.

Luis Miguel Monroy Villamizar fue imputado por la Fiscalía, por los delitos de hurto calificado y agravado, y un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Luis Alexis Pérez Morales, quien fue capturado en flagrancia cuando hurtaba 41 frascos de aceite para motor de motocicleta, en un local de la capital casanareña fue presentado ante el juzgado segundo promiscuo municipal de Aguazul con funciones de control de garantías quien, ante la contundencia de los elementos materiales probatorios presentados por el ente acusador, declaró legal la captura y determinó, a solicitud de la misma Fiscalía, su detención en centro carcelario como medida restrictiva de su libertad por ser reincidente en este tipo de delitos.

El juez promiscuo municipal de Aguazul dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en su contra de Heiler Alberto Cifuentes Esteban y Brayan Stiven Figueredo Goyeneche, quienes en inmediaciones de la calle 29 con carrera 20 amenazaron e intimidaron con cuchillo a dos mujeres para hurtar sus bolsos con todas sus pertenencias. Cuando huian en una motocicleta fueron interceptados por unidades de la policía Casanare y se les hallò los elemento que acaban de robar a sus vìctimas.

Los capturados fueron imputados por el delito de hurto pero no aceptaron su responsabilidad en el caso.

El pasado 9 de abril, Ferney Santana iba por la calle 35 con carrera 23 por el sector conocido como 15 de Octubre, con una motocicleta que empujaba con sus piernas, y fue abordado por la policía del cuadrante que estaba en búsqueda de un velocípedo con las mismas características, al ser indagado por la misma, Santana no pudo sustentar la procedencia de la moto ni por qué estaba en su poder, por lo que fue capturado en flagrancia por el delito de hurto.

El 11 de abril pasado fue presentado ante un juez con funciones de control de garantías, quien, a solicitud de la fiscalía, legalizó su captura y lo envió a una cárcel, señalado del delito de hurto, cargos que no aceptó.

La decisión la justificó el juez, en los elementos materiales probatorios que esgrimió la Fiscalía, al ser una persona reincidente en la comisión de este tipo de delitos, representando un peligro para la sociedad.

La situación que se originó tras la aparición de un nuevo reto “viral” en redes sociales, ya ha afectado a varios departamentos de Colombia. En Casanare hasta la fecha son 21 menores de los municipios de Yopal (7), Villanueva (9) y Paz de Ariporo (5) que han consumido Sildenafilo conocido como viagra, un medicamento vasodilatador utilizado comúnmente para tratar problemas de disfunción eréctil e hipertensión arterial pulmonar.

De acuerdo con Mariluz Medina, referente de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Casanare, los principales síntomas que han presentado los adolescentes son “la aceleración del ritmo cardiaco, esto representa en algunos momentos taquicardias, dificultades en torno a la respiración, sudoración y fatiga”. Algunos de los jóvenes requirieron asistencia médica en un centro de salud, donde se mantuvieron en observación hasta lograr eliminar el medicamento de sus cuerpos.

Por su parte la Secretaría de Salud de Casanare, realizó el seguimiento pertinente a las droguerías que están realizando la venta del Sildenafilo a menores de edad. Además, emitió la Circular 135 de abril de 2022, la cual está dirigida a los Directores Técnicos de establecimientos farmacéuticos del departamento, en la que se hace específico que:

Los establecimientos farmacéuticos serán responsables que el recurso humano que dispense los medicamentos, cumpla con el perfil requerido por la Resolución 1403 de 2007.
Recordar que, a excepción de los medicamentos de venta libre, se deberá exigir la fórmula médica para dispensar o aplicar el medicamento, dando cumplimiento al Decreto 2200 de 2005.
Se encuentra prohibida la venta de medicamentos a menores de edad en el departamento de Casanare.

Advirtiò la Secretarìa de Salud de Casanare, que, quienes incumplan estas medidas podrán verse inmersos en sanciones contempladas en la Ley 9 de 1979.

Finalmente, hacen un llamado a los padres de familia y cuidadores, a que estén atentos al uso que le dan sus hijos a las redes sociales para evitar que mas niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean víctimas de retos que puedan afectar su salud.