Debido a la crítica situación financiera de Coomeva, y tras varios años de vigilancia que demostraron que no contaba con los requerimientos para garantizar un servicio de calidad, la Supersalud ordenó la liquidación total de esta EPS la tarde anterior.

Y, es que, el mal servicio se vio reflejado en los últimos tres años, pues los afiliados de la EPS radicaron 30.000 tutelas y 193.100 quejas y reclamos por la deficiente prestación de los servicios de salud.

Coomeva estuvo en medida de vigilancia especial por cuatro años y medio, pero la EPS no atendió las instrucciones de la Supersalud, por ende, tomó la decisión de su liquidación debido a que la crítica situación ponía en riesgo la atención a población gestante, menores de edad y pacientes con enfermedades de alto costo como cáncer e insuficiencia renal.

“Como lo venimos haciendo a lo largo de nuestra gestión, no vamos a permitir que las EPS jueguen con la salud de los usuarios y que pongan en riesgo la atención que requieren la población infantil y los pacientes con cáncer o insuficiencia renal”, manifestó superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Àngel.

Con la decisión, en 5 días, los 1,2 millones de afiliados serán trasladados por el Ministerio de Salud y Protección Social a EPS receptoras.

La Justicia Contenciosa Administrativa decidió admitir Acciòn Popular para la protección de los derechos e intereses colectivos de los ciudadanos que se encuentran perjudicados gravemente por el cierre de la vía del Cusiana, demanda que fue presentada por los representantes a la Cámara César Ortiz Zorro y Wílmer Leal Pérez de Boyacá, en contra del Ministerio de Transporte y el INVIAS.

Esta decisión importante del Tribunal Administrativo de Boyacá, nos permite buscar una solución definitiva a la reiterada vulneración de los derechos colectivos de los usuarios de la vía entre Sogamoso-Aguazul, mediante decisión judicial de fondo que obligará al Ministerio y al INVIAS, entregar diseños definitivos de doble calzada y arreglo de los puntos críticos.

La providencia judicial del 21 de enero de 2022, que aceptó el trámite de la acción de tutela, se está notificando a los accionados del Gobierno Nacional, al Ministerio Público y la Unidad de Defensa Nacional.

“En mi condición de accionante y representante, estaré muy atento al desarrollo de cada una de las etapas procesales para realizar una gestión eficaz en defensa de los intereses de los dos departamentos hermanos. La carretera del Cusiana es uno de mis retos más importantes de mi gestión parlamentaria, por el progreso de Casanare”, afirmó el congresista casanareño.

Fuente: Oficina de comunicaciones del congresista Cesar Zorro

La Unidad para las Víctimas, con el apoyo de entidades públicas y privadas, realizó la primera jornada presencial del año, en la cual se efectuaron pagos de compensaciones económica a cerca de 50 víctimas, por un valor que supera los $200 millones.

Una de las beneficiarias fue Jessica Alejandra Cruz, víctima del conflicto, quien luego de recibir su compensación económica y conocer la oferta institucional aseguró: “con la reparación voy a poder hacer mi sueño realidad, que es el de tener mi casa y así poder cumplir mis proyectos para el día de mañana ser alguien en la vida y salir adelante”.

Según el director territorial de esta entidad en Meta y Llanos Orientales, Carlos Arturo Pardo Alezones, además de los pagos, la Unidad ofreció un espacio de inclusión social y económica, donde entidades públicas y privadas, como la universidad Remington, Politécnico Grancolombiano, Gobernación de Casanare, Alcaldía de Yopal, enlace de víctimas y Defensoría del Pueblo presentaron una robusta oferta institucional y brindaron a las víctimas orientación en la inversión adecuada de los recursos que reciben.

El directivo también destacó que, en cada espacio de contacto con las víctimas, la dirección territorial a través de los profesionales de oferta y atención al ciudadano promociona la campaña antifraude ‘Qué no le echen cuentos’, con la cual se previene a las víctimas de caer en engaños por parte de terceros que solo buscan beneficio propio.

Estas indemnizaciones administrativas hacen parte de una de las medidas de reparación integral que entrega el Estado colombiano a sobrevivientes del conflicto, como una compensación económica por los hechos victimizantes sufridos. 

Cuatro personas fueron capturadas en las últimas horas por el Ejército y la Policìa Nacional, en Aguazul, Villanueva, y Paz de Ariporo por la comisión de diferentes delitos.

La primera operación se desarrolló en la vereda La Pedregosa, de Aguazul, hasta donde se desplazaron tropas del Ejército luego de que la comunidad informara sobre la presencia de personas extrañas cerca de la escuela.  Al llegar al lugar unidades militares encontraron a dos hombres identificados como Edwin Darío Vallejo Ávila, de 23 años de edad y Yosman Rincón Contreras, de 27 años, quienes cargaban en un vehículo tipo camión, material de partes de motocicletas que no acreditaban tenencia legal y las mismas correspondían a vehículos reportados como robados.

Los detenidos presuntamente desde hace varios días venían realizando hurtos con ese mismo vehículo y vendían el material robado en otros municipios. Luego de su captura fueron trasladados a la estación de policía de Aguazul y posteriormente dejados a disposición de la Fiscal 35 URI de Yopal por el delito de hurto.

La segunda operación se desarrolló en la Terminal de Transportes de Villanueva, donde unidades militares en registro y control de antecedentes, realizan la solicitud a una persona sospechosa identificada como Cristhian Camilo Rincón Alfonso, oriundo de la ciudad de Bogotá, quien tenía captura vigente por el Juzgado del Circuito Penal de Conocimiento 27 de Bogota.

Una vez identificado se realizan los actos urgentes siendo trasladado a la estación de policía de Villanueva donde se inició su proceso judicial. Este sujeto, al parecer, había asesinado a dos personas que eran su competencia en la venta de estupefacientes.

La última operación se desarrolló en el corregimiento Montañas del Totumo del municipio de Paz de Ariporo, el Ejército recibió llamado de auxilio de la señora Marleny Puerta Franco por motivo de violencia intrafamiliar donde, al parecer, su compañero sentimental el señor Jaime Jara García la estaba golpeando e insultando, al acudir al llamado se intercede para detener la agresión, procediendo a la captura.

Al verificar los antecedentes se logró establecer que el señor Jara García tiene medidas cautelares en su contra por intento de homicidio dejándolo a disposición de la Fiscalía 12 local del municipio de Paz de Ariporo.