El martes 21 de febrero se restringirá el servicio de energía eléctrica de 2:00 a 2:30 de la mañana en varios sectores de Yopal, debido a la revisión de la funcionalidad del esquema de  enclavamientos  y acoples de barras 13,8 y 34,5kv; informó la Empresa de energía.

El corte afectará a los siguientes sectores:

Barrio San Martín, Centro, Zona Bancaria, Gobernación de Casanare, Batallón, Sector San Martín (Banco Agrario), Corocora, Bello Horizonte, El Libertador, Brisas del Cravo, Portal de los Helechos,  Clínica Casanare, Parque  La Herradura, Atención al Cliente Enerca, Cámara de Comercio, El Gabán, La Esperanza, La Amistad, Provivienda,  Villa Rocío, Villa del Prado, Covisedca, Los Helechos y Juan Pablo.

De igual manera la Sede Administrativa ENERCA S.A. E.S.P., Barrio Centro Yopal, Carrera 16 A, carrera 22 entre calles 9 y 10 Vencedores, 20 Julio, Primavera, Nogal, El Recuerdo , La Floresta, Altos De Manare 1, La Campiña, La Unidad, Araguaney, San Jorge 2, Casiquiare, Nuevo Hábitat 2, Luis María Jiménez, Palmeras, El Bosque, Primero de Mayo y  La Decisión.

En el área rural se afectarán las veredas: Buena Vista, La Cabuya, La Vega, Rincón Del Soldado, Cagui, La Esperanza, Sirivana, Palomas, Caimán, Antena De Violeta Estéreo.

Esta operación se continuará de 2:30 a 3:00 a.m. en los siguientes sectores: Pozo De Agua Plaza De Mercado, Pozo De Agua San Jorge, Pozo De Agua El Estadio, Aero civil, Aeropuerto, Barrios El Remanso, Juan Hernando Urrego, Altos De Manare, Senderos De Manare, Laureles, Mastranto, María Paz, Ciudad Del Carmen, Portal, Los Almendros, Villa Nelly, Casimena, San Mateo, San Jorge, Nuevo Habitad, Plaza De Mercado, Progresos, Maranata, Villa Vargas, Montecarlo, Llano Lindo, Villa Nariño, Ciudad Berlín, Villa Flor, Ocobos, Siete De Agosto, Las Américas, Cimarrón, La Esmeralda, Villa Rita.

De igual forma   Los Helechos, Bicentenario, Villa María y Pozo Profundo, Comcaja, Los Andes, Caribabare, El Remanso 1, Conjunto Residencial Comfaboy, Senderos De Aragua; Caminos De Sirivana Centros Comerciales  Alkosto, El Hobo, Almacén Súper Olímpica, Unicentro, Hospital Yopal, Base Schlumberger Guafilla, Inpec Carcel, Molino San Rafael, Graveras Sector El Charte,  Veredas El Charte,  Volcaneras, Plan Brisas, Volcán Blanco, Guafilla, Colina Campestre, La Upamena.

Base Equión Marginal de la Selva, Molino Yopal, Crasurca, Inproarroz, Eds La Carpa, Morichal, La Calceta, Punto Nuevo, Yopitos, Tilodirán, Quebradaseca, Algarrobo.

Finalmente, El Morro Urbano y Rural (Aracal, Guayaquito, Perico, Planadas, Aracal, Marroquín), Molinos Chicamocha, Estación Araguaney, Chaparrera, Guayaque, La Niata, Patimena, Taladro, San Antonio, San Palobajito, Yopalosa, Nunchia Urbano y Rural, en Boyacá Municipios de Labranzagrande, Pisba y Paya.

A su vez, ENERCA ofreció disculpas a sus usuarios por las molestias y recomendó mantener desconectados los electrodomésticos durante la suspensión y 5 minutos después del restablecimiento del servicio.

Tampoco se debe intervenir las redes eléctricas sin autorización, ya que de acuerdo al avance y condiciones propias de la actividad se puede normalizar la prestación del servicio en menor tiempo.

Un Juzgado Especializado de Boyacá fijó fecha para la lectura de fallo en contra de tres de las cinco personas procesadas por captación ilegal de dinero, en hechos ocurridos entre 2008 y 2016 en Meta, Casanare y Boyacá; según información de la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, se trataba de una organización denominada pirámide Fundación Divino Niño que afectó a por lo menos cinco mil personas, que reportaron pérdidas superiores a los $27.000.000.000.

En desarrollo del juicio en su contra adelantado en Tunja (Boyacá), tres de los implicados, entre los cuales se encuentra el jefe de la estructura delincuencial, Heyller Dohan Torres Meneses, firmaron un preacuerdo con la Fiscalía.

Mientras Torres Meneses aceptó los cuatro delitos endilgados por la Fiscalía ─captación masiva ilegal, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir─, Henry León Meneses y Karol Yohana Moreno Meneses aceptaron su responsabilidad en los punibles de captación ilegal y enriquecimiento ilícito.

En el preacuerdo avalado por el juzgado con funciones de conocimiento, los procesados entregaron bienes a la Fiscalía avaluados por $18.000.000, destinados a la reparación de las víctimas y se comprometieron a resarcirlas por la afectación causada.

Como beneficio por firmar el preacuerdo, la Fiscalía acordó una rebaja de pena del 45% y el beneficio de detención domiciliaria.

El 28 de febrero será leído el fallo condenatorio contra estos procesados, cuya pena solicitada por la Fiscalía fue de 9 años.

Para el próximo 3 de marzo quedó fijada la audiencia para lectura de fallo, contra el alcalde suspendido de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, en el proceso por Urbanización Ilegal, luego de que el 17 de febrero se cumpliera la diligencia de individualización de la pena y sentencia, en instalaciones de la cárcel La Guafilla, sin acceso a la prensa.

Sobre dicha audiencia, el juez Tercero Penal, Eduardo Angarita, se limitó a decir que se dio traslado del artículo 447 del código penal; lo que indica que se conoció el sentido del fallo, que se presume sería condenatorio, y se escucharon argumentos de la Fiscalía y la defensa, las cuales aportaron lo referente a la identificación, el arraigo y sus condiciones personales, familiares y sociales, del procesado, que el juez valora para fijar la tasación de la pena a imponer.

Por eso, el 3 de marzo el juez impondría a su criterio una condena, conforme a la responsabilidad en la comisión del delito, que el Alcalde aceptó (teniendo en cuenta que ya fue negada su retractación).

¿Qué pasó y qué sigue?

Al respecto el abogado Luis Robert Heredia, dio su concepto, aclarando que el pasado viernes se dio simplemente cumplimiento a la norma, lo cual “es una obligación por parte del juez, no es si lo quiere hacer o no, es lo que  debe hacer”.

Es decir, la desinformación se dio sobre el tipo de audiencia que se iba a celebrar, que no era todavía la de lectura de fallo, sino la de individualización de la pena; por lo que aún no se conoce la sentencia condenatoria (de ser tal).

Ahora bien, en el fallo, el Juez deberá definir sobre los subrogados penales, (suspensión de la ejecución de la pena o sobre la libertad condicional, y prisión domiciliaria... artículos; 63, 64 y 68 del código penal); explicó Heredia.

“Así entonces el mismo artículo 447, fijó un término de 15 días, para celebrar la audiencia de la lectura de  fallo, es decir no es un término que el juez se invente, es un término fijado por el legislador”.

Pueden apelar

Dicho fallo puede ser apelado ante el Tribunal Superior de distrito, y  de casación ante la corte; “lo que implica que ese término de 15 días, es apenas razonable, para proferir un fallo, lo más atinado posible, porque será objeto de recursos e irá hasta la corte suprema de justicia”, aclaró el abogado.  

  (Robert Heredia es un abogado casanareño, ex asesor jurídico de la Alcaldía de Yopal).

Un equipo multidisciplinario en cabeza de la secretaria de Educación Departamental Sandra Patricia Rincón, se desplazó hasta el municipio de Recetor para aunar esfuerzos con otras entidades del Estado y brindarle una atención integral a la comunidad educativa afectada recientemente por denuncias de un presunto caso de abuso sexual en menor de edad, donde se ve inmerso un docente de una Institución pública.

Primero se asistió a la primera Mesa de Infancia y Adolescencia del año 2017, convocada por  la directora del ICBF regional Casanare Yenny Rincón Serna y Oscar Moncaleano referente ICBF del municipio de Recetor, a la cual también fueron convocados y asistieron la alcaldesa municipal Leticia Palacios, la Personera municipal, la Comisaria de Familia, la Policía de Infancia y Adolescencia, el Rector, representantes de los padres de familia, Concejales, entre otros asistentes, estos, demostraron además de asombro y dolor por los hechos sucedidos, total compromiso por trabajar en acciones que disminuyan cualquier riesgo para la población infantil.

Una de las acciones inmediatas, es el acompañamiento por parte de un psicólogo de la Secretaría de Educación Departamental, quien estará la próxima semana dialogando con los estudiantes, padres de familia y comunidad sobre las rutas de atención, las manifestaciones sospechosas, cómo mejorar la comunicación con los hijos, enseñarles a los niños y niñas los límites que deben tener los adultos con ellos, entre otras temáticas que fortalezcan a toda la comunidad y devuelvan la confianza que los padres tenían en su Institución Educativa. 

Por otra parte, en conjunto con otras Instituciones se brindarán toda una serie de actividades, la Alcaldesa informó que enviará un psicólogo a las veredas para que instruya a todas las familias durante el año 2017. Como respaldo a los niños y niñas, se intensificarán las escuelas de padres con un encuentro mensual durante todo el primer semestre del 2017, donde se llevarán profesionales que socializarán los riesgos, cómo identificarlos a tiempo y la ruta de atención que se debe seguir para cada caso.

Asimismo, se programarán brigadas de protección integral que lleguen hasta las veredas donde profesionales puedan escuchar a padres, madres y jóvenes sobre cualquier caso de maltrato, abuso y consumo de drogas y en el mes de julio aproximadamente, los directivos docentes de las Instituciones Educativas recibirán asistencia técnica por parte del ICBF.

En la tarde se convocó una reunión extraordinaria con los padres de familia de la Institución Educativa directamente afectada, se les socializó los resultados del Comité de Infancia y Adolescencia, se les informó de la presencia del psicólogo la próxima semana y se estudió por parte de la Oficina de Inspección y Vigilancia las opciones de cubrir el docente faltante, sobre lo cual se encontró, que la sede contaba con dos docentes para 17 estudiantes, hecho que no es permitido por el Ministerio de Educación Nacional, ya que la norma contempla que en las Instituciones rurales cada docente tiene como mínimo 25 estudiantes a cargo, por lo cual, la docente actual debe por Ley, dictarle sus clases normalmente a los 17 estudiantes matriculados en el registro del SIMAT.

Con lo anterior le es imposible a la Secretaría de Educación, designar un docente o una docente para dicha Institución y las clases no se deben ver afectadas por la ausencia del docente inmerso en investigaciones ante la Fiscalía. 

Para finalizar la Secretaria afirmó que a ella no le temblará la mano para destituir a cualquier docente que sea juzgado y condenado por algún caso de violencia o abuso sexual contra alguno de nuestros niños, niñas o adolescentes del Departamento.