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La entrega oficial de la pavimentación de 24,3 kilómetros entre los puntos de Soceagro y Puente Caño Orocuecito, de la vía Central de Casanare, que comunica a los municipios de Villanueva y Tauramena; harán este 15 de septiembre la Gobernación de Casanare en un trabajo articulado con las compañías Parex y GeoPark.

“Es una vía que se construyó aunando esfuerzos con las empresas petroleras del sector, una vía que costó aproximadamente entre 90 y 70 mil millones de pesos, en la cual se va hacer una audiencia de cierre del DNP y de una vez se va aprovechar a inaugurar esta obra para el beneficio del Departamento”, manifestó el secretario de Obras Públicas y Transporte, Héctor Miguel González.

La obra que beneficiará a los agricultores, ganaderos y empresas petroleras del sector, tiene una inversión total superior a los $86 mil millones de pesos, donde la Gobernación de Casanare ha aportado más de $66 mil millones, y las empresas petroleras $20 mil millones de pesos.

El presidente de la Asamblea de Casanare, Julián Roa, destacó que gracias a la disposición del Gobernador Josué Alirio Barrera Rodríguez, fue posible que se destinaran $18.600 millones de pesos, que hicieron posible que la pavimentación alcanzara los 24,3 kilómetros. “Hoy la comunidad se lo agradece porque este era un sector muy olvidado, y hasta hoy estamos viendo este gran logro que le genera competitividad al departamento y a esta región”.

La vía Central de Casanare tiene un trazado que va hasta el municipio de Orocué, pasando por Maní, y en este tramo también se realizó la construcción de dos puentes en los sectores Santafé y Los Gemelos, además se benefician las veredas El Fical, La Libertad, Buenos Aires Alto, Caribayona, Corocito y Piñalito Bajo.

 

Este 15 de septiembre se daría lectura del sentido del fallo, contra el exmagistrado de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil, por el escándalo de la tutela de Fidupetrol, que perjudicó las finanzas de Casanare.

El Juez 23 de Conocimiento de Bogotá determinará la responsabilidad penal del exmagistrado, por el presunto delito de tráfico de influencias, al haber supuestamente dado un fallo de tutela a favor de la fiduciaria, que la eximia de pagar más de 3 mil millones de pesos a la Gobernación del Casanare, a cambio de un ofrecimiento de 500 millones de pesos.

La audiencia se adelantará en los juzgados de Paloquemao en Bogotá, y el abogado defensor, Jaime Granados, espera que el juez emita fallo absolutorio.

Al embargo por 693 millones de pesos a las cuentas de la Gobernación de Casanare, podría sumarse alrededor de $500 mil millones, debido a pretensiones en procesos judiciales acumulados en contra del departamento.

Según el secretario de Hacienda departamental, Julio Molano, el proceso que llevó al embargo data del año 2010, cuando se hizo un contrato de arrendamiento de las instalaciones del colegio de Támara, con las Hermanas Dominicas.

Éste se liquidó, pero no se dejó de utilizar el plantel y tampoco se continuó el pago del arriendo. Al asumir la actual administración ya no había instancias judiciales a las que acudir, sino esperar el fallo, que llevó a la medida cautelar del embargo de cuentas.

“Nosotros lo que hacemos es aprovisionar los recursos y ubicarlos en la cuenta para que sean embargados y transferidos al Banco Agrario” para tal fin, explicó el secretario.

Esto afecta los rubros de los proyectos en diferentes áreas, donde se tiene que hacer un recorte presupuestal, incluso en los gastos de funcionamiento.

Sobre las demás pretensiones judiciales contra la Gobernación, Molano expresó gran preocupación, pues en tiempos anteriores no tuvieron una adecuada defensa judicial y ya están para fallos. No obstante resaltó que la actual oficina “está trabajando un 200 por ciento” para evitar que el Departamento salga perjudicado.

Además no es la primera vez que embargan las cuentas departamentales.

El de Aguazul (Casanare) está entre los terminales de transporte que más se rajaron en la inspección  de la Superintendencia de Puertos y Transporte, junto a los de Tunja (Boyacá), Cúcuta y Pamplona (Norte de Santander), Buenaventura (Valle del Cauca), Santa Marta (Magdalena), y Maicao (La Guajira), porque presentan incumplimientos normativos relacionados con la implementación de infraestructura, superiores en muchos casos al 70%.

Así mismo la Supertransporte informó que el total de las terminales terrestres del país no cumple al 100% con el marco normativo exigido. Esto, después de inspeccionar las 46 terminales que supervisa a nivel nacional. De estas 15% se encuentran en estado crítico, al presentar incumplimientos que afectan la calidad del servicio a los ciudadanos.

Algunos de los aspectos evaluados fue el buen estado de los baños, plan de manejo de basuras y aguas negras, señalización, salones de descanso para conductores y rampas, barandas o espacios exclusivos para usuarios en condición de discapacidad, entre otros.

El superintendente de Transporte, Javier Jaramillo, aseguró que aunque ninguna terminal cumple, hay que destacar que la de San Gil (Santander), Bucaramanga, Pereira y Buga (Valle del Cauca) presentan los mejores resultados con un cumplimiento superior a 70% en los aspectos evaluados.

Frente a esta problemática la Supertransporte solicitó a las terminales presentar un plan de mejoramiento inmediato para subsanar cada una de las fallas identificadas en el diagnóstico no solo para mejorar la calidad del servicio, sino para evitar investigaciones y sanciones administrativa por los incumplimientos.

Cabe recordar que el denominado ‘terminal de transportes’ de Yopal, ni siquiera está homologado como tal ante el Ministerio de Transporte, por lo que no estaría entre los evaluados, pero presenta aún más fallas que el de Aguazul.

Una nueva reunión del comité de verificación del agua potable para Yopal, se llevó a cabo hoy sin mayores avances. Principalmente la Empresa de Acueducto, la Alcaldía y la Gobernación manifestaron su inconformidad con Findeter porque no ha aclarado aún los aspectos técnicos ni los costos totales de la línea de conducción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable definitiva.

Persisten las dudas sobre el precio total y quién aportará los rubros no previstos en el diseño original, así como la necesidad de obras de protección para la línea, la repavimentación de la vía hacia La Vega, por donde pretenden abrir para instalarla y la claridad de que llegue hasta la red de distribución.

Durante el comité se mostró gran molestia por parte de las entidades locales por la actitud de Findeter, que solo hasta el 19 de septiembre, en reunión en Bogotá, daría a conocer estos aspectos.

"Nosotros siempre estuvimos en contra del terreno de la planta, y de dónde va a salir el dinero para todas las obras de protección y la conducción hasta la red de distribución.

La Gobernación y la Alcaldía manifiestan que no tienen más dinero para este tema, nosotros consideramos que el Gobierno nacional debe asumir todos los costos como compensación, pero Findeter se está remitiendo a la acción popular que interpuso Wilfran Castillo, donde se dictan unos porcentajes", dijo, Jairo Palacios, representante de la veeduría del agua.

Por esta razón la veeduría manifiesta gran preocupación.

Por otro lado el veedor expresó que le solicitaron a la Empresa de Acueducto los documentos en que le habrían corrido las pólizas al diseñador inicial de la PTAP, Jaime Logreira.

Igualmente de parte de Salud municipal se pidieron muestras diferentes para verificar la calidad del agua que se está distribuyendo por la red.

A su vez la agente interventora de la Empresa de Acueducto, Amanda Camacho, manifestó que aún está en estudio el costo total del arreglo del paso elevado, ante los últimos robos y que se busca una medida que garantice su protección.

Hasta el 12 de septiembre se encontraban embargadas las cuentas bancarias donde se recaudan y manejan los recursos propios de Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), lo cual fue subsanado, manifestó el secretario de Hacienda de Yopal, Juan Raúl Nocua Cantillo.

Sobre estos recursos se garantizan los pagos de deuda pública, transferencias a entidades descentralizadas (Personería, Concejo Municipal, IDURY e IDRY) y los pagos correspondientes a las actas de avance del mayor porcentaje de contratistas con vínculo con la Administración por Contratos de Prestación de Servicio (CPS), explicó el funcionario.

Nocua Cantillo aclaró a la comunidad "las entidades territoriales cuentan, en términos generales, con cuentas que manejan recursos que son inembargables por su origen y por su destinación, cuentas y recursos que si pueden ser embargados".

El funcionario hizo referencia qué varios embargos ya habían sido aplicados con anterioridad y ahora se han generado los espacios y las acciones para hacer los levantamientos de los mismos y llegar a acuerdos de pagos con los accionantes o demandantes que dieron inicio a dichas medidas cautelares sobre los recursos propios del municipio.

Para el 13 de septiembre y gracias a dicho trabajo articulado entre las distintas dependencias de la Administración Municipal, se logró hacer el levantamiento de un embargo que existía por el pago de una obligación contractual que fue desatada en el Tribunal Administrativo de Casanare y una vez realizado el pago de lo adeudado dentro del convenio, se hicieron los trámites correspondientes para que el excedente de los dineros fueran reintegrados a las cuentas del municipio.

De igual manera, se concertó con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), para que la Alcaldía realice la transferencia de 1.500 millones de pesos correspondiente a subsidios y se hagan unos pagos periódicos; y la EAAY realizará el levantamiento del embargo que existía por dicho concepto, la transferencia quedará efectuada en el transcurso de esta semana, agregó el funcionario.

Por 15 años fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría General, Elkin Almonacid Herrera, en calidad de secretario General de la Alcaldía de Villanueva, Casanare, por posesionarse y mantenerse en el cargo estando inhabilitado, para la época de los hechos enero de 2012.

El disciplinado fue condenado penalmente por el delito de abuso de confianza por el Juzgado Penal Municipal de descongestión, fallo que fue confirmado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal con sentencia de dieciséis meses en prisión y multa de doce salarios mínimos mensuales vigentes, y como pena accesoria inhabilidad para el ejercicio de sus derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena.

Posteriormente, Almonacid Herrera suscribió compromiso con el juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  adjunto en descongestión, para lo cual pagó póliza judicial de $566.000 como concepto de caución.

Por lo anterior,  Almonacid Herrera, “se encontraba en estado de interdicción judicial e inhabilitado por una sanción disciplinaria y penal, cuando se iba a posesionar”, sin embargo tomó posesión del cargo de Secretario de Despacho código 20 grado 18 de la Secretaría General, nivel directivo, de la Alcaldía Municipal de Villanueva en enero del 2012 y manifestó bajo la gravedad del juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad.

La Procuraduría calificó en primera instancia la conducta de Elkin Almonacid Herrera como gravísima a título de dolo, sanción contra la que el disciplinado ha presentado recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada para la Vigilancia  Administrativa y se encuentra a la espera para fallo de segunda instancia.

Con suspensión de 12 meses en el ejercicio del cargo, sancionó la Procuraduría a los exconcejales del municipio de San Luis de Palenque: Fredy Giovanny Cordero Madrid, Diego Ponguta Ortiz, Arley Espinoza Moreno Garcia, Pedro Alberto Medina y Jelman Avendaño Mendivelso, por irregularidades en la elección del personero municipal para el periodo del 2012 – 2015.

Por no estar en el ejercicio del cargo la sanción se convirtió en multa equivalente al promedio del salario mensual recibido durante el año 2012, por cada disciplinado en calidad de concejal del municipio, durante el mismo tiempo de la suspensión.

La Procuraduría Regional de Casanare en fallo de primera instancia determinó que los concejales incumplieron el artículo 35 de la Ley 136 de 1994, según el cual “Los concejos se instalarán y elegirán a los funcionarios de su competencia en los primeros diez días del mes de enero correspondiente a la iniciación de sus períodos constitucionales, (…)”.

Los disciplinados incurrieron en omisión de la reglamentación porque no se anunció la elección con tres días de anticipación, y se realizó en la primera sesión del Concejo Municipal de San Luis de Palenque, con la postulación de un sólo candidato aspirante plena y previamente identificado, generando que los votos de los demás miembros del Concejo no tuvieran más opciones por la ausencia de otros aspirantes. El Ministerio Público calificó la falta de los concejales como grave a título de culpa grave por incumplimiento del deber de obedecer la Ley. La sanción fue apelada ante la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa.

Un Consejo Extraordinario de Seguridad se realizó en Hato Corozal, para conocer a fondo por parte del presidente del Concejo Municipal, Yurien Shneyder Moreno, las amenazas contra su vida de las que ha sido víctima días atrás, las cuales estarían relacionadas, al parecer, con la oposición a proyectos de la Alcaldía.

La Administración Municipal, en cabeza el alcalde Alexander Martínez Parra, informó que busca velar por la seguridad del Municipio y sus habitantes.

El Consejo contó con la participación del personero municipal Carlos Humberto Tibaduiza Pinto, el delegado de la Dirección para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior Eduardo Villegas, la Policía, el Ejército  y el CTI de la Fiscalía, el secretario General y de Gobierno Juan Gabriel Guarnizo y el presidente del Concejo Municipal, quien dio a conocer que ya presentó la respectiva denuncia en la Fiscalía, e informó al Ministerio Público a través de la Personería, y que llevará el caso a otras instancias.

A su vez el concejal manifestó que ahora se siente acompañado por las autoridades y que está solicitando medidas ante la Unidad Nacional de Protección.

 

 

Hacia las 3:12 de la tarde del miércoles, fue encontrado un cuerpo de sexo masculino, en aguas del río Pauto, frente a la vereda Chaparrito, en labores conjuntas de unidades de Bomberos de Trinidad y San Luis de Palenque.

No obstante hasta final del día se desconocía la identidad del mismo, que fue entregado a personal de la Sijin de la Policía a las 4:20 pm.

Al respecto no se conocía información sobre alguna persona desaparecida.

 

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