Un nuevo acto violento con víctima fatal se presentó en las últimas en Yopal. Se trata del homicidio de una persona que, según las versiones iniciales del hecho, se presentó sobre las 2:30 de la madrugada en la carrera 10 con calle 44, barrio El Progreso 3.

La persona fallecida respondía al nombre de Johan Sebastián Galán Alarcón de 25 años de edad, de profesión pintor.

Lo que se conoce hasta el momento es que el occiso tenía una herida abierta a la altura del tórax y tres más en una de sus piernas, las cuales fueron causadas con arma blanca.

De Galán Alarcón se pudo establecer que presentaba en el SPOA, un registro en calidad de indiciado, por el delito de violación de habitación ajena.

Johan Sebastián alcanzó a ser trasladado al HORO, pero pese a los esfuerzos del equipo médico por salvarle la vida, no fue posible y murió como consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas.

La hipótesis que manejan las autoridades sobre las causas del hecho, están relacionadas con una posible riña.

Sin embargo se continúan haciendo las respectivas investigaciones para esclarecer este homicidio y dar con el paradero del responsable o responsables del hecho.

Redactada con el mejor estilo macondiano donde todo puede pasar y la realidad supera la ficción, se viene escribiendo la historia de la planta de tratamiento de agua potable de Yopal.

La nuevas líneas de narrativa corrieron por cuenta de la visita oficial que realizara a la obra el vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, quien estuvo acompañado una comitiva de funcionarios encabezados por la agente interventora de EAAAY, Judhy Stella Velásquez Herrera; el subgerente de servicios públicos, Ingeniero Carlos Espitia y el director de acueductos, ingeniero Camilo Castillo.

El trabajo de campo orientado a verificar el estado actual de la planta, las obras de protección de la misma, la estabilidad de las estructuras que reguardan la bocatoma, ejecutadas por Findeter.

La conclusión del recorrido no revistió sorpresa alguna. No era necesario tener dotes de clarividencia, para saber que sobre esta obra se ciñe un riesgo inminente que afecta tanto a la planta como a la línea de aducción, donde se constató el colapso de un tramo crítico.

Revelaciones que ya habían sido anunciadas con mucho tiempo de anticipación. Cerca de una década atrás los veedores del Movimiento Cívico por el Agua, levantaron en su momento las manos durante la discusión en primer debate de la Comisión de Planeación del Concejo de Yopal.

Ese lejano día, 27 de septiembre de 2014, se discutió la construcción del nuevo sistema de acueducto para el área urbana de Yopal. Los veedores reclamaron porque no fueron escuchados ni por el Concejo, ni el Gobierno local.

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Las observaciones que quedaron en el olvido estaban relacionadas con la inviabilidad de los predios, donde se pensaba construir la planta de acueducto para la ciudad.

Uno de los veedores que alzó la voz para hacer hincapié en este asunto fue el veedor Salvador Cachay, quien sostuvo que en los recorridos efectuados en el área, se pudo constatar que  no era pertinente realizar ningún tipo de obra en los terrenos ubicados en la vereda La Vega, porque "el riesgo que representa el cauce del río Cravo Sur es latente".

Palabras que fueron guardadas en los anaqueles perdidos de la necedad estatal. El llamado poco interés despertó en los círculos oficiales de quienes ostentaban el poder y la planta se construyó en el sitio menos indicado.

Incluso la intervención de los veedores fue comparada con una atracción circense por el alcalde de la época Wilman Celemín, quien la calificó como una “payasada”, argumentando que tanto los diseños y el sitio escogido para la construcción de la obra, contaban con el aval del Gobierno nacional, por lo que era necesario dar vía libre para su ejecución.

Hoy, 10 años después se pudo comprobar que los arlequines de este carnaval de decisiones equivocadas, no eran los veedores. La situación es tan delicada que el contralor Zuluaga solicitó de manera urgente a Findeter un pronunciamiento oficial sobre la situación.

La Contraloría insistió que es necesario tener pleno conocimiento, especialmente, sobre todo lo relacionado con las obras de protección de la planta, debido a la socavación provocada por el rio Cravo Sur en dicha área.

La proximidad del cauce del río a la obra es de menos de un metro de la malla de cerramiento de la planta definitiva, lo que está generando impactos negativos en la infraestructura de la obra y en la línea de aducción.

Ante esta emergencia el contralor extendió el llamado a las oficinas de la gestión del riesgo del orden  nacional, departamental y municipal, para coordinar acciones que permitan mitigar el riesgo inminente, en el que se encuentra la planta de tratamiento de agua potable de Yopal.

El pasado 16 de enero, con el total respaldo de los accionistas y el voto unánime de la junta directiva, Aldo Enrique Cadena Rojas fue designado como presidente de la Nueva EPS.

Casi cuatro semanas después de su elección como presiente, el 07 de febrero, Aldo Cadena asumió funciones como representante legal de la entidad, tal y como quedó consignado en el registro 03057919 de la Cámara de Comercio de Bogotá, fechado el pasado 24 de enero.

Cadena Rojas, oriundo de Chiriguaná (Cesar), es reconocido por su amplia trayectoria abogado con especializaciones en derecho laboral, salud y seguridad social, así como en derecho administrativo de las universidades Nacional y Libre de Colombia. Cuenta con más de 30 años de experiencia laboral, administrativa, gerencial e investigativa en el campo de salud.

Durante su trayectoria ha coordinado el modelo de salud de Bogotá bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, ha participado en tres reformas (incluida la ley estatutaria del 2015), y liderado políticas en salud como secretario y subsecretario del ramo de Bogotá, así como director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-.

Además, Aldo Cadena ha sido miembro del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud- CNSS- máximo organismo de dirección del sistema general de salud y seguridad social en Colombia.

Así mismo ha sido  integrante de la junta directiva de diferentes hospitales de la ciudad; presidente nacional del sector salud agrupados en el sindicato nacional SINDESS y cuenta con amplia experiencia en atención primaria en salud, saneamiento ambiental y control de alimentos.

Bajo su liderazgo, la Nueva EPS espera convertirse en el principal instrumento para garantizar el derecho fundamental a la salud, en todos los rincones del territorio nacional.

La entidad cuenta con más de 10 millones de afiliados y presencia en los 32 departamentos y el 99.8% de los municipios, por lo que es la empresa prestadora de salud más grande del país.

Tras su designación como presidente, el nuevo presidente estableció mesas de trabajo, tomó medidas para atender las áreas más sensibles de la entidad, se reunió con trabajadores y gerentes regionales, zonales y directores.

También convocó a un esfuerzo colectivo para fortalecer integralmente las capacidades de la entidad, poniéndola a tono con el nuevo enfoque en la garantía del derecho fundamental a la salud.

El secretario de educación del departamento, Diego Ardila, fue el encargado de exponer de manera detallada, los motivos que tuvo la Administración seccional para suspender el proceso licitatorio del programa de alimentación escolar, lo que generó un pronunciamiento de la Contraloría General de la República.

El funcionario hizo un recuento cronológico que ha tenido el proceso, desde su fase inicial a mediados del año pasado, cuando el gobierno anterior adelantó los trámites de planeación y estructuración del PAE.

Se apeló a las vigencias futuras como fuente de financiación, por lo que fue necesario pedirle autorización al Consejo Departamental de Política Fiscal, para que el PAE fuese incluido en el presupuesto de vigencias futuras.

El 30 de julio de 2023 la Secretaría de Hacienda presentó ante la Asamblea dicha solicitud, para garantizar la ejecución del programa durante 2024. La Corporación dio la autorización mediante Ordenanza del 25 de agosto de 2023.

El 30 de agosto se reunió el comité territorial de planeación y seguimiento operativo departamental del programa de alimentación escolar, para tomar medidas referentes a la planeación del proceso contractual.

Luego se hizo la licitación pública 023 de 2023. Trámite que se cumplió a través de la página del  Secop, el día 26 de octubre. Finalmente el 15 de noviembre se dio apertura al proceso licitatorio.

El funcionario acotó que acorde con el cronograma, la adjudicación debía darse el 20 de diciembre y la suscripción del contrato estaba prevista para el 26 de diciembre.

No obstante en el periodo comprendido entre el 23 y 27 de noviembre, se presentaron algunas observaciones por parte de los interesados en el proceso.

Estas acotaciones hacían referencia sobre el costo de uno de los ítems de la minuta patrón, que tenía relación con el aceite destinado a la preparación de las raciones en sitio.

Al revisar el tema se pudo constatar que efectivamente no se había costeado este punto, por lo que en ese momento se revocó el proceso. Decisión que se hizo efectiva el 27 de noviembre.

Días después se publicó una nueva licitación, la 024 del 12 de diciembre de 2023 y se ordenó su apertura, a través de resolución fechada el 29 del mismo mes.

Luego vino un lapso comprendido entre el 29 de diciembre de 2023 y el 11 de enero de 2024, para que se hagan las respectivas al pliego de condiciones definitivo.

En este periodo se presentaron 44 observaciones por parte de 4 interesados en el proceso. Las mismas se refirieron al tema de costos en las cotizaciones, como valor de los alimentos, transporte, entre otros, que son determinantes a la hora de establecer el valor de la ración, que se les va a entregar a los estudiantes.

Para el secretario estas observaciones tienen incidencia de manera sustancial sobre el proceso, específicamente en lo que atañe al tema presupuestal, por lo que no hay lugar a adendas o subsanaciones. Es por ello que se optó por revocar el proceso. Decisión que se hizo mediante la Resolución 001 del 11 de enero de 2024.

De esta manera, según lo explicó Diego Ardila, se evitó que la licitación corriera el riesgo de declararse desierta, por las falencias que afectan el presupuesto del contrato y que dificultarían la presentación de oferentes.

Revisando el derrotero este proceso debía ser adjudicado el 5 de febrero. La firma del contrato se había fijado para el 8 del mismo mes y la entrega de garantías para 12 de febrero.

Luego vendría el periodo de alistamiento que demandaría unas 2 semanas, por lo que la prestación del servicio estaba proyectado para el 27 de febrero.

Para tratar de alterar lo menos posible el cronograma y comenzar lo más pronto posible el PAE, el titular del despacho de Educación, manifestó que este martes 06 de febrero se expidió el Decreto 034 de 2024.

A través de dicho documento se declara la urgencia manifiesta, que es la herramienta que permite suplir de manera prioritaria y urgente la prestación de un servicio, que el propio secretario catalogó como fundamental para la educación de niños y adolescentes.

Acerca de la línea temporal para este nuevo proceso, Ardila dijo en rueda de prensa, que confía que el PAE inicie a finales del presente mes.

El Departamento de Policía Casanare manifestó que hoy en horas de la tarde adelantó un plan de intervención, registro y verificación de antecedentes a personas y establecimientos comerciales de Tauramena.

El objetivo de esta actividad es evitar la compra y venta de elementos robados, como una de las estrategias para combatir el delito de hurto en este municipio.

Igualmente la Policía invitó a la comunidad denunciar la compra de artículos robados a la línea de emergencia 123.

El gobernador de Casanare respondió al vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, quien en el informe entregado ayer marte 6 de febrero  en el auditorio del Hotel GHL de Yopal, hizo un llamado de atención a la Administración departamental.

Según el funcionario el actual Gobierno seccional no debió suspender el proceso licitatorio del PAE, el cual venía desde el año pasado. Esta decisión tuvo como consecuencia, un retraso en el inició de dicho programa, por lo que a la fecha aún no se ha podido prestar este servicio, lo que perjudicó a la población estudiantil del departamento.

Zuluaga recalcó que en lugar de la suspensión, lo más oportuno era remediar las posibles observaciones que tuviese el mencionado proceso. Agregó que informó a la Procuraduría sobre esta situación, para que el ente de control tome las medidas correspondientes.

Por su parte César Zorro en mensaje de texto agradeció la preocupación de la Contraloría y añadió que el PAE que fue formulado a finales de 2023, presentaba “irregularidades  sustanciales imposibles de subsanar, que conllevaron a la revocatoria del proceso de contratación”.

 Sin embargo como una acción inmediata para sanear el tema se “decretó la medida de urgencia manifiesta para atender lo más pronto posible la prestación del servicio de alimentación escolar en el departamento de Casanare”, finalizó el escrito.

Entre los años 2020 y 2023, un total de 790 personas víctimas del conflicto armado interno acudieron a la Personería de Yopal, para declarar sobre hechos victimizantes cometidos por grupos armados ilegales en el país.

Así lo informó el personero municipal Rafael Alberto Peña, quien precisó que Arauca fue el departamento más afectado en este período con 408 casos, seguido de Casanare con 216 declaraciones. Otros territorios impactados fueron Boyacá, Meta, Antioquia, Norte de Santander y Cesar.

De acuerdo con las cifras conocidas, las mujeres fueron las más afectadas con 396 declaraciones, luego los hombres con 372, la población afro con 25 y las comunidades indígenas con 11 casos.

Los hechos victimizantes más frecuentes fueron desplazamiento forzado y amenazas. También se registraron homicidios, abandono de tierras, delitos contra la libertad sexual y actos terroristas, siendo 2022 el año con más desplazamientos reportados.

Peña Torres recalcó que Yopal se ha convertido en uno de los principales receptores de víctimas procedentes de Arauca y otras zonas del país. La Personería seguirá atendiendo a esta población vulnerable para garantizar la reparación integral y protección de sus derechos, afirmó.

La Contraloría General de la República reveló que encontraron dos hallazgos fiscales por $14.981 millones, en contratos para la prestación del servicio de vigilancia electrónica a personas con detención domiciliaria, suscritos por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

El ente de control fiscal precisó que el hallazgo más cuantioso fue por $14.652 millones, correspondiente al cobro del servicio diario de monitoreo de dispositivos inactivos, que no estaban siendo utilizados por personas con detención domiciliaria.

La Contraloría evidencia que el software utilizado para generar los informes de facturación no fue examinado ni verificado por la interventoría de los contratos, lo que derivó en cobros y pagos por servicios no prestados.

Asimismo, se detectó otro hallazgo fiscal por $329 millones por irregularidades similares en la prestación del servicio de vigilancia electrónica contratado con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El ente de control adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por $12,815 millones adicionales que aún se encuentra en etapa probatoria. Con estos hechos, la Contraloría asumió 34 hallazgos administrativos y 7 con presunta incidencia disciplinaria.

En su visita a Yopal el contralor general de la república (e), Carlos Mario Zuluaga, entregó un informe del trabajo que ha adelantado la entidad en el departamento.

Manifestó que se encontraron 34 obras inconclusas, las cuales pertenecen a la familia de los elefantes blancos, una especie con mucho arraigo en el sector público de la región.

Estos proyectos suman 571 mil millones de pesos y representan varias iniciativas que hasta el momento no han llegado a feliz término. Entre estos detrimentos patrimoniales del Estado Zuluaga mencionó el proyecto de interconexión eléctrica entre Casanare y Vichada por 120,342 millones.

El mejoramiento de la vía Maní – Tauramena – Monterrey, que tiene un valor registrado de 105.758 millones y el acueducto de Yopal, que ha demandado una inversión de 88.314 millones de pesos.

Todos los hallazgos hecho por la Controlaría los clasificó en dos grandes categorías. La primera corresponde a proyectos críticos, donde están registrados 4 de las 34 obras antes referidas y su valor asciende a $37.706 millones.

Los  30 restantes corresponde a la especie de elefantes blancos, cuyo monto total es de $533.471 millones. Otra precisión que hizo la Contraloría apunta a que $226.471 millones se han invertido en agua potable y saneamiento básico.

Torres del Silencio

Dentro de los proyectos más sonados Zuluaga se refirió a la propuesta de vivienda Torres del Silencio, cuyo contrato data desde el año 2011. El contralor (e) que desde el comienzo de la ejecución se presentaron dificultades pues la infraestructura construida no cumplió con los requerimientos de construcción, por ese motivo fue suspendido.

Algunas familias beneficiarias invadieron el conjunto residencial y habitan allí a pesar de los riesgos y que no cuentan con servicios públicos. Se cuenta igualmente con una consultoría que estableció la inviabilidad de la infraestructura existente, tras lo cual la Alcaldía declaró la calamidad pública en el proyecto.

Sobre el proyecto existe una sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare, que obliga al Municipio de Yopal a ejecutar un plan de tres fases, que permita reubicar a las familias, demoler las actuales construcciones que presentan deficiencias y consolidar un nuevo proyecto de vivienda para las familias beneficiarias que resultaron afectadas.

Sin embargo, hasta ahora no se ha culminado efectivamente ninguna de las fases, dado que la Administración local no ha comenzado el proceso administrativo para el desalojo de las familias, que no dejarán sus viviendas voluntariamente.

Además, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía, tienen pendiente definir cuál de las dos entidades aportará los recursos para la demolición de las torres existentes y situar los recursos para el nuevo proyecto, que actualmente cuenta solo con el monto que corresponde a la consultoría para estudios y diseños, pendiente de contratar por el Instituto de Vivienda y Gestión Urbana y Rural de Yopal – INDEV.

Cravo Sur

Una segunda obra que está en el mira de la Contraloría es la estabilización y protección del margen derecho del río Cravo sur, entre la calle octava y la urbanización El Paraíso.

El proyecto que inició en el 2015 y tiene un porcentaje de avance físico del 100% y financiero del 73,6%. Además de realizarla verificación final de las obras para la entrega y liquidación de la obra, el municipio tiene pendiente gestionar ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre los recursos para la segunda fase del proyecto.

Acueducto de Yopal

Sobre este proyecto la Contraloría explicó que la primera etapa de los trabajos de captación, aducción y planta de tratamiento de agua potable de Yopal, fue culminada en su totalidad.

“Sin embargo no cuenta con recursos para el reemplazo de la tubería y las obras de protección de la etapa II. La etapa III, que está contemplada en un convenio entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y el Ministerio de Vivienda, está en preparación para la contratación”, indicó la entidad en boletín de prensa.

La Contraloría exhorta a las administraciones departamental y municipal para que adelanten las acciones administrativas, que dejen saneados estos proyectos y evitar que se pierdan los recursos públicos destinados para garantizar los derechos de la ciudadanía.

La Administración departamental ha dispuesto de un ciclo de capacitaciones, para articular acciones orientadas a reducir las afectaciones derivadas por los incendios forestales, inundaciones, deslizamientos y cualquier otro tipo de emergencia climática.

Este programa que ya fue puesto en marcha incluye los 19 municipios del departamento y se viene desarrollando a través de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, en cabeza del ingeniero Guillermo Velandia.

El conocimiento como principio de prevención, es el lema de este programa donde se comparten conocimientos con los consejos municipales de gestión del riesgo, al igual que los principios de la ley 1523 del 2012, los protocolos de atención a eventos, manejo de ayudas humanitarias, maquinaria y articulación para la construcción de obras de protección.

La iniciativa se inició en San Luis de Palenque y Trinidad, con la asistencia de sus alcaldes Ediber Vásquez Rincón y Damaris Abril Fuentes.

"Para mí es muy importante que el ingeniero Guillermo, venga a territorio, que conozca de primera mano las necesidades. Desde ya estamos trabajando para construir la segunda fase de la obra de protección, frente al casco urbano del municipio", recalcó Damaris Abril.