Noticias relacionadas: Nacional

La Procuraduría General de la Nación informó que abrió pliego de cargos contra José Alberto Salamanca López, exsecretario de general de la Alcaldía de Recetor.

Los hechos por los cuales será investigado se remontan al año 2021 y estarían relacionados con una posible consignación de información falsa en documentos de tres contratos que estaban bajo su supervisión.

Según la Procuraduría, el exfuncionario certificó en diferentes documentos que estos tres contratos de OPS, efectivamente, fueron ejecutados por la titular de dicho proceso contractual, cuando, al parecer, los desarrolló una tercera persona, quien sería la hermana de la contratista.

“En consecuencia, Salamanca López habría acreditado el cumplimiento de los bilaterales lo que permitió su pago total. La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la falta como gravísima a título de dolo”, resaltó la información oficial.

Desde el Departamento de Prosperidad Social se hicieron varias apreciaciones, orientadas a dar respuesta a una serie de inquietudes relacionadas con las transferencias del programa Renta Joven.

El primer punto abordado se relaciona con el número de pagos previsto para 2026. En total son cuatro ciclos de transferencias programadas para marzo, mayo, julio y agosto.

Estos pagos permitirán asegurar las entregas a los jóvenes beneficiarios por concepto de: matrícula 2025-2, permanencia 2025-2, matrícula 2026-1 y de permanencia 2026-2.

En el tema de recursos girados la entidad recalcó que, del 25 al 27 de febrero de 2026, se abonaron las transferencias del ciclo 6 (de 2025) a los productos financieros de 86.000 jóvenes.

No obstante, un grupo de 17.000 participantes reclamaron porque no habían recibido sus giros. En este punto la dificultad se presentó debido a que no se había seleccionado el operador encargado de las entregas.

Prosperidad Social suscribió el 28 de febrero de 2026 un contrato con la Unión Temporal conformada por SuRed y SuperGiros, para realizar la operación de entrega de las transferencias monetarias.

Así que, los participantes de los programas que no tienen una cuenta bancaria ahora podrán retirar los recursos a través de estos operadores.

Como aclaró este miércoles el director de la entidad, Mauricio Rodriguez Amaya, 160.000 jóvenes recibieron en 2025 seis ciclos de la transferencia de Renta Joven, quedando pendiente un grupo correspondiente al 2,5 % de esta población: “Recibirán los recursos de forma definitiva el 27 de marzo de 2026. Renta Joven, sí cumple”.

En el mismo pronunciamiento, el director Rodríguez Amaya relató el recorrido del programa en los últimos meses.

“En junio de 2025, Renta Joven tenía serios problemas de desfinanciamiento. Gracias al trabajo articulado entre Prosperidad Social y el Ministerio de Hacienda, aseguramos los recursos para lograr las transferencias de los meses de septiembre, noviembre y diciembre de ese año”.

En diciembre de 2025, el programa enfrentó una nueva contingencia. De los 160.000 abonos del ciclo 5 realizados a los productos financieros de los beneficiarios bancarizados, 10.000 fueron reversados por Daviplata; es decir, el 6 % de los depósitos no pudieron ser cobrados por los participantes. Estos dineros volvieron al Ministerio de Hacienda y Prosperidad Social volvió a dispersarlos en enero de 2026.

En enero, 6.600 jóvenes que se vieron afectados por ese rebote recibieron los recursos correspondientes al mes de diciembre.

De igual manera, la entidad logró asegurar el sexto ciclo de 2025 por medio de la declaratoria de una reserva, que es un dinero que se ejecuta este año con cargo a cuentas del año anterior.

Prosperidad Social recuerda a los participantes del programa que ingresen con su usuario y contraseña al portal del joven para revisar si les corresponde o no entrega en cada uno de los ciclos: https://jovenes.prosperidadsocial.gov.co/RentaJoven.

De presentarse una contingencia o dificultad al momento de cobrar por producto financiero o retirar con los operadores por giro, deben informarlo al número de WhatsApp: 318 806 73 29, para generar una comunicación directa con la entidad y establecer la ruta que permita la entrega de los recursos.

Prosperidad Social realiza desde las 8 de la mañana de este miércoles (4 de marzo) hasta las 10 de la noche del jueves (5 de marzo) una maratón de atención a la ciudadanía, en la que privilegia el acceso a la información para beneficiarias y beneficiarios de los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor y del ciclo 5 de Renta Joven.

El Gobierno nacional, a través de los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, oficializó una nueva reducción de 500 pesos en el precio del galón de gasolina motor corriente en todo el territorio colombiano, la medida que entra en vigencia a partir de hoy, primero de marzo de 2026.

Esta disminución representa el segundo ajuste consecutivo a la baja en lo que va del año, tras una rebaja de igual magnitud aplicada el pasado primero de febrero, lo que consolida un descenso acumulado de 1.000 pesos en el primer trimestre.

Según la resolución firmada por el ministro de minas y energía, Edwin Palma, y la información técnica suministrada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el precio promedio del combustible en las 13 ciudades principales del país se sitúa ahora en 15.057 pesos.

Con este ajuste, los precios de referencia en las capitales más grandes quedan establecidos de la siguiente manera: Bogotá 15.491 pesos, Medellín 15.411 pesos, Cali 15.500 pesos y Barranquilla 15.124 pesos.

Por su parte, el precio del ACPM o diésel no presenta variaciones en esta jornada y mantiene su estabilidad frente a los valores reportados en el mes de febrero.

El Ministerio de Hacienda indicó que la decisión responde a la política de ajuste de los precios de los combustibles y a la reducción del déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Las autoridades energéticas señalaron que este tipo de medidas buscan mitigar el impacto del costo de vida en los hogares colombianos y favorecer la estabilidad económica nacional mediante la aplicación de fórmulas técnicas en el mercado de hidrocarburos.

Un juez de la República dictó sentencia condenatoria de 21 años de cárcel contra Katerine Andrea Martínez Martínez, tras ser hallada responsable como una de las articuladoras del homicidio de Miguel Uribe Turbay, hecho que conmocionó al país por la sevicia y la planificación del ataque.

La decisión judicial se fundamentó en el material probatorio que vinculó a Martínez Martínez de manera directa con la logística y ejecución del crimen, tipificado bajo los cargos de homicidio agravado en concurso con otros delitos.

Durante el proceso investigativo, las autoridades lograron determinar que la ahora sentenciada desempeñó un papel clave en la estructura que perpetró el asesinato, participando en las labores de seguimiento y coordinación necesarias para llevar a cabo el atentado.

El fallo judicial destaca que la condena no solo busca castigar la participación de Martínez en este hecho, sino también enviar un mensaje de contundencia frente a los actos de violencia que atentan contra la vida y la estabilidad social en el país.

Con esta sentencia, la capturada será trasladada a un centro penitenciario para cumplir la totalidad de su pena sin beneficios de casa por cárcel, dada la gravedad de la conducta punible.

Por su parte, la defensa de la sentenciada no presentó recursos inmediatos que impidieran la firmeza de la decisión, mientras que las autoridades judiciales continúan con las líneas de investigación para dar con el paradero de otros posibles implicados en la red criminal que rodea este caso.

El Partido Alianza Verde emitió un comunicado oficial con fecha del 16 de febrero de 2026 en el que informa a la opinión pública que la organización no ha oficializado ni aprobado adhesiones a campañas presidenciales o procesos de consultas populares que se encuentran en curso.

La colectividad aclaró que no existe una decisión adoptada por sus órganos competentes que autorice el respaldo institucional a candidatura alguna, por lo que queda prohibido el uso del logo de esta colectividad, así como su nombre e imagen corporativa en piezas publicitarias o actos de campaña.

De igual manera, el documento firmado por los copresidentes Antonio Navarro Wolff y Rodrigo Romero Hernández precisa que cualquier manifestación de apoyo por parte de dirigentes o militantes debe entenderse como una acción a título personal que no compromete la posición oficial del partido.

Finalmente, la misiva hace un llamado a los actores políticos y a la ciudadanía para respetar la identidad institucional y evitar confusiones sobre posturas que no correspondan a las decisiones formales de la agrupación.

El empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, propietario de Arroz Sonora y Flexo Spring, fue asesinado este miércoles en el norte de Bogotá. En el mismo incidente, su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, también perdió la vida.

Para la comunidad casanareña el nombre de Sonora es muy conocido, por cuanto tiene un molino en jurisdicción de Aguazul, sobre la vía que conduce a Yopal.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 4:00 p.m. en la carrera Séptima con calle 84, en el sector de La Cabrera, frente a un gimnasio.

Según los reportes, un individuo vestido con traje y corbata disparó contra Aponte Fonnegra y su escolta cuando salían del mencionado establecimiento. Posteriormente, el atacante huyó en una motocicleta que lo esperaba en la carrera séptima.

Ambas víctimas fueron trasladadas a la Clínica del Country, donde se confirmó su deceso alrededor de las 4:10 p.m. El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que el ataque fue un acto sicarial "totalmente planeado", basándose en la evidencia de que los agresores esperaron a sus víctimas durante aproximadamente 15 minutos antes de perpetrar el crimen.

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra era conocido en el sector arrocero y también era miembro principal del consejo directivo de la Fundación Aponte Rojas, dedicada a la asistencia de niños en situación de vulnerabilidad.

Las autoridades han señalado que el empresario no registraba antecedentes penales ni había reportado amenazas previas. La investigación para determinar el móvil del crimen y capturar a los responsables está en curso, con la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de material probatorio.

El candidato presidencial Roy Barreras estuvo de visita en el departamento de Casanare para exponer sus propuestas de gobierno, identificando la falta de vías y la inseguridad como desafíos clave para la región.

Barreras propuso un plan centrado en "Seguridad Total", infraestructura y desarrollo económico para el departamento y el país.

En materia de seguridad, planteó una estrategia con cuatro dimensiones: urbana, rural, social y jurídica. Abogó por "desatar las manos de la Fuerza Pública" mediante la repotenciación de 140 helicópteros, enfocando la persecución de grupos criminales y someterlos a la justicia penal ordinaria, sin estatus político.

Para el desarrollo económico de Casanare, Barreras propuso potenciar el turismo, la agroindustria y la ganadería, incluyendo la reconstrucción del Idema y la creación de frigoríficos.

Destacó la necesidad de una inversión millonaria en infraestructura vial, mencionando la recuperación de la Troncal del Cusiana y la construcción de 1.000 kilómetros de vías terciarias para conectar la producción campesina. También sugirió la implementación de antenas Starlink en escuelas para cerrar la brecha digital.

Respecto a reformas nacionales, defendió una transición energética, pero un plazo de 10 años y de manera abrupta, financiada por ingresos de hidrocarburos, y una reforma a la salud gradual que audite a las EPS y elimine la integración vertical.

Ante cuestionamientos sobre su trayectoria política y su relación con el actual gobierno, Barreras se definió como un liberal socialdemócrata de centro, buscando unir al país. Confirmó su participación en la consulta presidencial de marzo y extendió una invitación pública a la senadora Sonia Bernal para postularse como gobernadora de Casanare.

Tras el cierre del periodo de modificaciones que finiquitó este 15 de diciembre, un total de 3.144 candidatos quedaron inscritos para las elecciones de Congreso que se realizarán el 8 de marzo de 2026. De estos, 1.078 aspiran al Senado de la República y 2.066 a la Cámara de Representantes.

La Registraduría Nacional remitió la lista de los candidatos inscritos al Consejo Nacional Electoral y a los órganos de control.

En el Senado de la República, los 1.078 candidatos se distribuyen en 26 listas: 16 corresponden a la circunscripción nacional, conformadas por 1.054 candidatos, y 10 a la circunscripción indígena, integradas por 24 aspirantes.

Para la Cámara de Representantes, se registraron 2.066 candidatos en 498 listas. De este grupo 1.631 aspirantes corresponden a 302 listas territoriales, 22 candidatos se inscribieron por 10 movimientos indígenas; 124 en 46 movimientos afrodescendientes; 43 en 17 listas internacionales; y 246 en 123 de circunscripciones transitorias especiales de paz (CITREP).

La Registraduría Nacional recordó que, de acuerdo con el calendario electoral, hasta un mes antes de las elecciones (8 de febrero de 2026) podrán modificarse las candidaturas por revocatoria de la inscripción debido a causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad.

Así mismo, hasta el 25 de febrero de 2026 podrán inscribirse nuevos candidatos en caso de muerte o incapacidad física permanente. La lista de candidatos también podrá sufrir modificaciones por decisiones de orden judicial.

Los nombres de candidatos como de partidos inscritos pueden ser consultados en los sitios web del Senado de la República, la Cámara de Representantes (a excepción de CITREP) y CITREP.

La actual senadora Sonia Bernal, en un mensaje difundido por redes sociales explicó las razones por las cueles desistió de postularse nuevamente al Congreso de la República.

La parlamentaria fue categórica en afirmar que el partido que avaló su participación en el Frente Amplio tomó una "decisión radical", la cual considera que no está en consonancia con sus ideales ni con las necesidades del país, como la seguridad, la unidad y la productividad.

Ante esta situación decidió no buscar su reelección al Senado, pero esta decisión no significa que se retire del escenario público. Dijo que se mantendrá muy activa en el acontecer nacional, defendiendo varias causas con las cuales se encuentra comprometida.

Citó el cuidado de la vida y los Derechos Humanos. También incluyó la lucha contra el delito de la trata de personas, así como la regulación adecuada y una implementación productiva de la IA. Mencionó que ha sido invitada por organizaciones nacionales e internacionales para ofrecer asesoría en dichos temas.

Finalmente expresó un profundo agradecimiento a quienes han seguido su carrera política y han apoyado su trabajo.

Para el próximo 4 de diciembre a las 9 de la mañana, el casanareño Nelson Barrera Roa, tiene programada su inscripción como candidato al Senado de la República.

El acto oficial se hará en la carrera séptima 3 17 – 01 edificio Colseguros, de la ciudad de Bogotá. De esta manera Barrera, quien es abogado de profesión, será el número 9 en la lista de 25 aspirantes del movimiento Creemos.  

Barrera Roa cuenta con un extenso recorrido en el ámbito público y político. Oriundo de la vereda La Calceta de Yopal, inició su activismo social y político a temprana edad, participando en campañas desde 1995.

Tras culminar sus estudios de derecho en 2001, se ha desempeñado como abogado litigante y en diversas entidades públicas, incluyendo instructor y asesor del Sena Regional Casanare, jefe de la Oficina Jurídica de Red Salud Casanare, personero municipal de Pore, y jefe de la Oficina Jurídica del IFC, donde también ejerció como gerente encargado.

Su trayectoria política incluye una vinculación con el partido Centro Democrático en 2015, lo que lo llevó a ganar la consulta interna para la Alcaldía de Yopal en 2019.

Más recientemente, en 2023, fundó el movimiento político y social Unidos, a través del cual postuló nuevamente su candidatura a la Alcaldía de Yopal.

Sin embargo, su campaña no pudo avanzar al no lograr la certificación de 25.000 firmas requeridas, obteniendo 21.000. Posteriormente, su movimiento respaldó la candidatura de Marco Tulio Ruiz.

Para esta nueva etapa, Nelson Barrera Roa cuenta con el apoyo del equipo político de Federico Gutiérrez, actual alcalde de Medellín y excandidato presidencial que obtuvo más de cinco millones de votos a nivel nacional, incluyendo 19.498 sufragios en Casanare.

La propuesta central de Barrera Roa se enfoca en establecer un enlace directo entre el Gobierno Nacional y las regiones, con un énfasis particular en Casanare.

Su objetivo es gestionar proyectos de infraestructura y desarrollo que impulsen el crecimiento económico y social del departamento. Como "campesino", según sus propias palabras, busca ser la voz de los trabajadores del campo, las clases humildes, los emprendedores y aquellos que anhelan un país mejor.

Su agenda legislativa contempla pilares como la "seguridad total" como alternativa a la política de "paz total", una reestructuración profunda del sistema de salud, la transformación y el fortalecimiento de la educación pública –incluyendo el retorno de la cátedra de ética –, y la protección de la vida y la familia como valores fundamentales de la sociedad.