Profundo y casi que insondable, como el abismo de descomposición social por el cual nos dirigimos de manera frenética, fue el dolor que causó la noticia sobre el fallecimiento de la niña de 10 años de edad, quien al parecer, había intentado quitarse la vida con el lazo de su mascota.

Los hechos se presentaron en la noche del jueves 19 de septiembre. Sobre las 10 p.m. ingresó al Hospital Regional de la Orinoquía, la menor de edad en estado grave.

La niña presentaba asfixia mecánica secundaria al ahorcamiento. Registró también una parada cardíaca secundaria a la asfixia mecánica (que requirió reanimación). Recibió manejo multidisciplinario y se trasladó a UCI GYO con pronóstico reservado.

Pronóstico que dio paso al peor de los escenarios posibles, el deceso de la niña. Fallecimiento que se presentó este sábado 21 de septiembre en horas de la mañana.

Aunque las circunstancias exactas de este lúgubre hecho son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, son muchas las preguntas y reflexiones que Yopal y Casanare deben hacerse como sociedad, para dar ese viraje necesario y frenar la ola de suicidios que está llegando a cifras realmente preocupantes.

El pasado 07 de septiembre el secretario de Salud del municipio, Nicasio Mariño, advirtió durante la jornada de atención gratuita de salud mental en el Juan Luis Londoño, advirtió que en lo que va corrido del año, se han presentando ocho suicidios consumados en la ciudad, con una tasa promedio de una muerte por decisión propia al mes.

En este mismo sentido se pronunció el secretario de Gobierno de Yopal, Jorge Andrés Rodríguez. Habló que a través del mencionado programa de salud mental se viene trabajando en el tema de prevención.

De todas maneras, reconoció que las cifras de suicidio han venido escalando de manera preocupante. Añadió que una de las medidas tomadas por la Alcaldía de Yopal y liderada desde su despacho, está relacionada con el tema de responsabilidad penal para menores de edad.

Bajo esta figura jurídica mencionó el funcionario que se están haciendo intervenciones en las instituciones educativas, para evitar cualquier tipo de problemática que afecte a los estudiantes.

Sin embargo, hizo un llamado a los padres de familia para que entren a apoyar la iniciativa, haciendo un seguimiento a sus hijos. Recordó que son ellos quienes tienen más cercanía con los menores de edad.

“Donde hemos indagado, y en la mayoría de los casos, de estos niños que han intentado quitarse la vida, son niños que duran todo el día solos, que no tienen un acompañamiento permanente de sus familiares”, recalcó el secretario de gobierno.

Más allá del trabajo de las autoridades, se hace necesario el concurso de todos los sectores de la sociedad, para frenar esta realidad revestida de profunda tristeza y que clama por una solución, para evitar que los niños cambien sus juguetes por una lápida y sus sueños incumplidos terminen en el sepulcro.

Uno de los rasgos característicos de las falencias del sistema de salud es la demora en el tema de la remisión de pacientes. Se ha convertido en parte del paisaje de nuestro entorno las denuncias de pacientes, solicitando el traslado de algún familiar a una institución de tercer nivel, para su atención.

Este es el caso de Shirley Giraldo, quien narró los momentos de angustia y desespero que vive su familia, desde hace casi dos meses, cuando su hermano Rafael fue atropellado por una camioneta que se dio a la fuga y que nunca pudo ser localizada.

Este lamentable siniestro vial le provocó a Rafael un trauma craneoencefálico severo. Fue llevado a la Clínica Casanare para su atención médica y allí ha permanecido durante los últimos 47 días.

El relato de Shirley describe que la IPS le prestaron la atención médica hasta donde su capacidad le permitió, pero ahora, según el personal médico que lo atendió, el paciente ahora requiere una cirugía  general, que se debe adelantar en una institución de tercer nivel.

Este cuadro clínico se acopla a la evolución normal de cualquier tratamiento que requiere servicios especializados, que en Casanare no se presentan porque la red carece que equipos y logística para estos casos.  

La dificultad surge en el momento en que la remisión es llevada a la Nueva EPS, entidad a la cual está afiliado Rafael Giraldo. Según lo expresado por la hermana del paciente, para la institución no hay claridad en el servicio solicitado y por eso no se ha podido adelantar su traslado.

En este sentido Shirley comentó que el traslado figura clasificado en el rango de prioridad alta, pero pasa que para la EPS no hay precisión en el procedimiento requerido.

Agregó para en la entidad le comunicaron que han enviado la remisión a más de 100 hospitales, pero la han rechazado por el mismo asunto, la falta de claridad sobre el tratamiento que necesita el paciente.

Bajo este argumento devuelven a la familia de Rafael a la Clínica para que soliciten un diagnóstico más preciso y de la IPS nuevamente los remiten a la EPS y en este vaivén el tiempo transcurre sin vislumbrarse una solución.

Mientras tanto el estado de salud de Rafael Giraldo se complica. Shirley manifestó que le practicaron una gastrostomía y luego de esta intervención quirúrgica el paciente de 35 años presentó una infección, cuadro clínico que aumenta los niveles de preocupación de la familia.

Otro factor de angustia para los Giraldo se encuentra al interior de su hogar. Rafael era la persona que viva con su progenitora y estaba pendiente de ella, pero con toda esta seguidilla de adversidades la señora se siente cansada y enferma, situación que también preocupa a la familia.

Para tratar de agilizar el traslado de Rafael, su hermana mencionó que acudieron a la Superintendencia de Salud, entidad que tiene oficina en Yopal. Gestión que tuvo un efecto desconcertante por los nulos resultados obtenidos. “Tampoco nos solucionaron nada”, dijo Shirley.

Con este horizonte de incertidumbre optaron por hacer público su caso ante los medios de comunicación. Como último recurso tienen contemplada la posibilidad de adelantar un plantón, para que su voz sea escuchada y por fin se ponga de acuerdo IPS y EPS, para remitir a Rafael a una institución de alta complejidad y reciba el tratamiento que necesita.

Ecopetrol ha decidido suspender temporalmente el suministro de gas natural vehicular a trece empresas distribuidoras en Colombia, debido a la intensa sequía que afecta a varias regiones del país.

Esta medida busca priorizar el abastecimiento de gas para las plantas termoeléctricas, que son fundamentales para la generación de energía eléctrica.

La suspensión se aplica a aquellas empresas que tienen contratos de firmeza condicionada (CFC), lo que significa que su suministro depende de la disponibilidad del recurso en situaciones normales.

En contraste, las empresas con contratos de opción de compra de gas (OCG) cuentan con un seguro que les garantiza el suministro incluso en casos de escasez.

Antes de esta situación, Ecopetrol estaba proporcionando 46.6 GBTUD de gas a las empresas afectadas y había comprometido 32.1 GBTUD para los contratos asegurados.

Los GBTUD son Gigabritish Thermal Unit y equivalen a mil millones de BTU (British Thermal Unit), que e s una unidad de medida que cuantifica la energía térmica. Un BTU es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua en un grado Fahrenheit.

La decisión se alinea con la resolución 186 de 2020 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que establece las condiciones para el suministro de gas natural en el mercado mayorista.

Ecopetrol reafirmó su compromiso con la seguridad energética del país y anunció que reducirá su propio consumo de gas para garantizar el abastecimiento necesario en las regiones.

La compañía está monitoreando continuamente la situación y ajustará sus operaciones según las condiciones climáticas y la demanda nacional.

La escasez actual se define como "probable" cuando el precio del gas en bolsa supera el 95% del precio considerado como crítico. Ecopetrol continuará trabajando para asegurar el suministro adecuado de combustibles en Colombia, cumpliendo con los términos establecidos en los contratos firmados con sus clientes.

El gerente de distribución de la Enerca, ingeniero Fernando Parra, se pronunció frente a las frecuentes fallas en el servicio de energía eléctrica, que se presentan en el municipio de Villanueva.

Los continuos cortes del fluido eléctrico han generado molestias en la comunidad, que en días pasados adelantó un planto frente a las instalaciones de la empresa, en este municipio ubicado en le extremo sur de Casanare.

El motivo de la inconformidad ciudad se centra en los repetidos apagones. Anexo a esta situación hay dos temas que igualmente la comunidad reclamó una solución por parte de Enerca.

Una de estas problemáticas está relacionada con un dinero que la comunidad recolectó para el mantenimiento de un transformador en el año 2022. La suma ascendió a los 2 millones 800 mil pesos y que, según algunos ciudadanos, la gerente de la época se comprometió a devolver.

El otro inconveniente tiene que ver con un transformador donado por la empresa palmera. Este equipo fue retirado por la empresa de manera intempestiva y sin razón aparente.

Finalmente, el último cuestionamiento se enfoca en las reclamaciones por los electrodomésticos y demás equipos eléctricos que han resultado averiados, como consecuencia de las fallas en el servicio de energía.

El ingeniero Parra hizo referencia a cada una de estas problemáticas. En el caso de los reiterados cortes de luz, explicó que la situación obedece a la obsolescencia de la red que conecta a las subestaciones de Aguaclara y Villanueva, la cual lleva más 30 años de vida útil.

Agregó que la empresa viene trabajando en la construcción de un nuevo circuito, que tiene 19 kilómetros de extensión y una potencia de 34.5 kilovatios y pese a que estas labores están a punto de concluir, se presentó un imprevisto que están tratando de solucionar.

Explicó el ingeniero que para la construcción de esta línea es necesario contar con la autorización de la ANI para intervenir la franja que hay sobre la vía Marginal de la Selva.

Indicó la autoridad nacional luego de dos años de trámite concedió dicho permiso por un lapso de dos meses. No obstante, durante el desarrollo de las labores previstas surgieron algunas rémoras ocasionadas por las condiciones climáticas, entre otras situaciones, que impidieron concluir la intervención en el tiempo asignado.

Es por ello por lo que ahora debe solicitar una prórroga de dicho permiso a la ANI, para finiquitar los 2.5 kilómetros que deben ser intervenidos y que en este momento demandan unos 8 días continuos de trabajo.  

Fernando Parra añadió que ya se comunicaron con la ANI para obtener la autorización. Indicó que a la fecha llevan dos meses de gestión y aun no han obtenido respuesta, porque este tipo de permisos son dispendiosos y demorados.

Remató diciendo que una vez se logre cambiar por completo la red, los problemas de interrupciones en el servicio de energía en Villanueva, serán cosa del pasado.

Transformadores

En cuanto a los transformadores Parra dijo que, en el primer caso, donde la comunidad recolectó un dinero para el mantenimiento de uno de estos equipos, manifestó que, desde el punto de vista legal y regulatorio, este tipo de acciones no se pueden hacer.

Adicionalmente expresó que en el acta de compromiso que se firmó con la comunidad el día que se realizó el plantón, este tema no fue incluido.

Recalcó que Enerca maneja recursos públicos y que no puede hacer destinación de esos dineros a voluntad de un funcionario. Además, cuando un usuario decide pagar de su propio pecunio la reparación de un transformador, es una decisión personal, por lo que la empresa no puede hacer cobertura de los recursos que inviertan en ese proceso.

Y en cuanto al transformador que fue donado por las empresas palmeras, el cual fue retirado sin razón alguna, esbozó que se está haciendo una investigación técnica y parece que un técnico de Enerca, en su momento lo retiró.

Pero aclaró que fue una acción personal, no ordenada por la empresa. En este caso se requiere que la comunidad interponga la denuncia. De esta manera Enerca puede adelantar una segunda acción penal, con base al contenido de lo expuesto judicialmente por la ciudadanía.

Subrayó que este es un proceso que debe ser tratado por las vías legales y penales, con las respectivas consecuencias para la persona que realizó el retiro del equipo en su momento. 

Finalmente, en lo referente a los reclamos por los electrodomésticos y otros equipos eléctricos averiados como consecuencia de las fallas en el servicio de energía, el ingeniero Parra precisó que es necesario que los afectados adelanten un proceso ante Enerca, para que la aseguradora entre a responder.

Concluyó diciendo que para el caso de Villanueva solo se presentaron 12 personas para hacer la respectiva reclamación y se les respondió.

En medio de la interferencia producida por el sonido ambiente la voz de Andrea Nieto Ruiz narró en entrevista a Casanareonline, el viacrucis que viven ella y su progenitora, luego de la desaparición de su hermana Ángela Patricia Salas Ruiz.

El punto de partida de este calvario se ubica el 25 de agosto de 2024. Para esa fecha tuvo el último contacto telefónico con su hermana, quien la llamó para contarle que iba rumbo a casa de la mamá. Recorrido que nunca hizo, porque desapareció sin tener hasta el momento ninguna razón de su paradero.

Al comienzo esta situación no les preocupó demasiado, porque ella usualmente solía perderse 3 o 4 días del radar de la familia, pero siempre regresaba a casa, donde habitaba la mayor parte del tiempo.

Ángela tenía problemas de adicción. Así lo reconoció su hermana quien mencionó que en 2023 estuvo en una fundación de rehabilitación, pero luego recayó nuevamente.

El tiempo continúo su inexorable paso. Rápidamente se desprendieron varias hojas del calendario y ya no fueron cuatro sino 12 días los que transcurrieron desde su desaparición. Debido a que no se tenían noticias de Ángela su familia optó por publicar mensajes de búsqueda en las redes sociales.

De esta manera inició una nueva etapa de este camino de zozobra. Saltaron al escenario los infaltables rumores que agregaron una alta dosis de angustia, porque pese a no tener fundamento válido se abren espacio en la mente de la familia, convirtiéndose en un pensamiento recurrente que les roba la tranquilidad, en especial por lo trágico de sus proyecciones.

Justamente la especulación más fuerte apuntaba a que la joven había sido asesinada y enterrada en el pozo séptico de su propia casa, ubicada en la manzana 59 casa 18 del barrio La Bendición.

En esta versión la sospecha más grande recae sobre el compañero sentimental de Ángela, un individuo conocido como Vitamina. Sin embargo, cualquier señalamiento en contra de este personaje no pasa los terrenos de la especulación, porque Andrea comentó que la Policía estuvo en el lugar y no encontró nada sospechoso.

En el relato de Andrea, la versión de Vitamina dada a la Fiscalía, que también visitó el inmueble, es que Ángela el día que desapareció salió de su casa abordó un taxi y nunca más regreso.

Sobre la convivencia de pareja, Nieto Ruiz señaló que su hermana era víctima de violencia intrafamiliar, que su compañero la agredía físicamente.

Agotada todas las instancias sin obtener resultados satisfactorios, Andrea retomó el tema de las redes sociales, para publicar nuevamente sobre la desaparición de su familiar.

En esta segunda fase una joven habitante de la zona de La Bendición, le comentó que un día sobre las 11 de la noche, Ángela había llegado a una panadería del sector, para comprar cigarrillos. Llevaba una ceja y uno labio roto, por lo que se presume que fue golpeada. En el establecimiento comercial le brindaron agua y trataron de auxiliarla.

Otra información que recibió, pero que pronto fue retirada de redes sociales, indicaba que Ángela fue vista en La Chaparrera en compañía de otras mujeres. Esta versión al igual que la anterior no se ha podido comprobar.

La hipótesis que se descartó fue la de un supuesto ingreso a un hotel en Yopal. Las autoridades estuvieron en el sitio y a través de las cámaras de seguridad, se pudo comprobar que la joven que ingresó, pese a ser muy parecida físicamente a Salas Ruiz, no era ella.

Hasta el momento no se tiene ningún reporte que pueda servir de indicio para dar con su paradero, lo que eleva los niveles de preocupación y angustia para la familia.

Andrea, quien vive en Villavicencio, acotó que su mamá sufre de discapacidad auditiva, que vive en Yopal y que ya ha buscado a Ángela en sectores como La Fortaleza y Llano Lindo, pero hasta el momento no la ha logrado ubicar.

Vitamina

Sobre el compañero sentimental de su hermana precisó que sigue viviendo en la casa de Salas Ruiz. Que tiene información que al inmueble llegan otras personas consumidoras de drogas, por lo que tienen en mente desalojarlo, pero que hasta el momento no ha sido posible.

Además, teme por la vida de su mamá quien vive en el sector. Ella misma confesó que tiene miedo de abordar este sujeto, porque lo considera bastante peligroso. Dijo que ha escuchado versiones extraoficiales que lo vinculan con acciones delictivas.

También sostuvo que dicho individuo debe saber qué le ocurrió a su hermana, así como el paradero de ella. Versión que basa en unos supuestos comentarios que habría hecho este personaje, donde, al parecer, afirmó que Ángela ya estaba muerta.

El tiempo pasa y no se tiene ninguna razón sobre el paradero de la joven, quien antes de vincularse sentimentalmente con Vitamina, sostuvo otra relación con un muchacho, igualmente consumidor.

De esta convivencia que no prosperó por el tema del consumo de alucinógenos, quedaron dos hijos. Los niños se encuentran con su abuela paterna, por el mismo tema de la adicción de la pareja.

En medio de la avalancha de dificultades Andrea y su mamá en una muestra desbordada de amor y fe, esperan encontrar a Ángela, mientras deciden abordar a Vitamina, pese a los temores por la reacción que pueda tener este sujeto. Recalcó que ya tuvo una experiencia en este sentido y afirmó que la Policía en esa ocasión no hizo nada.

La secretaria de salud del departamento, Tatiana Chávez, salió al paso a los señalamientos hechos este martes 17 de septiembre, por el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (SUNET).

Las apreciaciones de dicha organización sindical se hicieron a través de comunicado, que se divulgo por los diferentes redes sociales y medios digitales.

En el escrito se afirmó que la situación de Capresoca no es tan grave como se ha querido mostrar y que todo es producto de una campaña de desinformación, proveniente desde la misma Administración Departamental.

También se manifestó en el comunicado en una eventual liquidación de la entidad, los 170 mil usuarios serían atendidos por la Nueva EPS. Situación que en concepto del SUNET, entraría a beneficiar a una IPS privada.

Empresa a la cual estuvo vinculada hace algunos años la actual secretaria de salud, así como un asesor de este despacho y del gobernador César Ortiz Zorro.

Antes estos cuestionamientos, Tatiana Chávez se mostró sorprendida por el contenido del comunicado y recordó que durante la mesa de trabajo que se adelantó en la Asamblea para escuchar el informe de la empresa que adelanta auditoría a Capresoca, la presidenta del sindicato en Casanare, Sandra Traslaviña, dijo que el documento lo había escrito basado en rumores que había escuchado.

“Rumores es sinónimo de chismes, es decir, que lo que se escribió fue un chisme, lo que me parece desde todo punto de vista bastante irresponsable”, precisó la secretaria de salud.

Igualmente hizo hincapié en que no tiene nada qué esconder. “La única directriz que me ha dado el gobernador es que salvemos nuestra EPS y en ese sentido hemos venido trabajando con el gerente de Capresoca desde el mes de diciembre”, indicó la titular del despacho de salud.

Agregó que pese al trabajo en conjunto, ella se encuentra en una situación compleja, porque su cargo la obliga a ejercer inspección, vigilancia y control, tanto en la parte técnica como en lo referente a recursos, en las IPS y ESE, lo que puede generar incomodidad en Capresoca, el Horo y Red Salud.

Por ello recalcó que “es mi competencia y debo ser objetiva, independiente de la amistad que tenemos los gerentes de la red pública del departamento, porque somos del mismo gobierno, pero yo debo cumplir con mis competencias”.

Muy temprano, a las 5:30 de la mañana de este miércoles 18 de septiembre, un hecho trágico despertó a los habitantes de Maní. El joven de 17 años, César Mauricio Vega Gordillo fue encontrado sin vida en el barrio Los Libertadores, de esa localidad.

Su deceso obedeció, al parecer, por determinación propia. El cuerpo fue hallado suspendido con un lazo de una estructura metálica. Una vez se supo del hecho la familia alertó a los bomberos, quienes hicieron presencia en lugar, pero lamentablemente cuando llegaron los socorristas, el adolescente no tenía signos vitales.

Posteriormente arribó al sitio la Policía y demás autoridades competentes para realizar el respectivo levantamiento del cadáver e iniciar con las investigaciones de rigor, para determinar las causas de este fallecimiento.

Acerca de los móviles de este caso, se cuentan con versiones de la familia de Vega Gordillo, quienes afirmaron que el joven venía padeciendo de episodios de depresión.

Esta situación, al parecer, habría tenido dos detonantes. El primero estarían asociado con la muerte de su hermano, quien perdió la vida el año pasado en medio de una creciente súbita, mientras disfrutaba de un paseo de río. El segundo tendría relación con el reciente abandono de su progenitora.

Otra situación que está siendo analizada por los investigadores, tiene que ver con una ruptura sentimental ocurrida hace un mes, aproximadamente, que se suma a una separación que tuvo anteriormente con su entonces pareja sentimental, con quien tuvo una hija.

Estas mismas versiones agregaron que la noche anterior al suceso, César Mauricio estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas y que arribó a su residencia promediando las 10 de la noche. También acotaron que el joven en varias oportunidades manifestó haberse sentido deprimido.

La propuesta de un hogar de paso para los pacientes casanareños que sean remitidos a Bogotá para recibir atención médica especializada y que no cuenten con los recursos para su estadía en la capital de la República, comienza a cristalizarse. 

El gobernador, César Ortiz Zorro, recibió en comodato un predio por parte de la Sociedad de Activos Especiales, que se convertirá en el mencionado hogar de paso, que fue una propuesta de campaña hecha por el actual mandatario.

Este nuevo espacio se enfocará en brindar apoyo a los acompañantes y cuidadores de pacientes remitidos a servicios médicos de alta complejidad. La iniciativa busca aliviar la carga emocional y de alojamiento que enfrentan estas familias en momentos difíciles.

El hogar de paso no solo ofrecerá camas y techo, sino también un ambiente cálido y solidario. Aquí, las familias encontrarán un respiro en medio de sus preocupaciones.

El Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (SUNET) en Casanare rechazó las afirmaciones sobre la crisis financiera de Capresoca. En un comunicado, los trabajadores cuestionaron la postura de la Gobernación y sugirieron la existencia de intereses particulares detrás de las declaraciones sobre la situación de la entidad.

Según el sindicato, las deudas de Capresoca con instituciones de la red pública del departamento están bajo revisión y corresponden a procedimientos que ya fueron facturados, sobre los cuales existen unas glosas en algunos servicios prestados.

Afirman que se ha solicitado a las IPS reunirse para aclarar estas cuentas, pero no han recibido respuesta positiva.

El comunicado destaca que la firma auditora Bakertilly Colombia Ltda., encargada del seguimiento a Capresoca, ha reportado una gestión positiva, señalando solo hallazgos administrativos y no financieros.

Los sindicalistas acusan al gobernador César Ortiz Zorro, a la secretaria de salud, Tatiana Chávez y a su equipo asesor de llevar a cabo una campaña de desprestigio contra la EPS, que atiende a 170,000 afiliados, principalmente del régimen subsidiado.

Adicionalmente, el sindicato cuestiona la contratación de medicamentos con empresas supuestamente sin experiencia ni capacidad financiera, decisiones que atribuyen a la Administración Departamental.

SUNET advierte que la liquidación de Capresoca podría resultar en el traslado de sus usuarios a la Nueva EPS, ya intervenida por la Supersalud.

Sugieren que situación beneficiaría a una IPS privada, a la cual en el pasado reciente estuvo vinculada laboralmente la  secretaria de salud del departamento, así como un actual asesor de ella y del gobernador.

La organización sindical también expresó preocupación por el futuro laboral de 300 trabajadores en caso de liquidación de la entidad.

Por su parte, la Gobernación de Casanare no ha respondido directamente a estas acusaciones. Sin embargo, en comunicados anteriores, ha manifestado su intención de buscar soluciones para Capresoca, realizando reuniones con diversos sectores involucrados.

Mientras tanto, algunos usuarios ya enfrentan dificultades para acceder a servicios en varias instituciones de salud, tanto públicas como privadas, lo que aumenta la urgencia de resolver la situación de la EPS.

La canasta educativa en el departamento de Casanare carga con el peso de presuntas irregularidades, que la tiene bajo la lupa de l a Procuraduría General de la Nación.

En las últimas horas se conoció que el ente de control abrió dos investigaciones contra 11 servidores y exservidores de la Gobernación de Casanare, por aparentes fallas en la contratación de los servicios de alimentación y transporte escolar.

El origen de la controversia se sitúa durante la etapa de estructuración de dos procesos de licitación pública abiertos durante 2023 y que tenían como finalidad implementar el PAE para la vigencia 2024.

Al parecer durante esta fase se incurrieron en algunas falencias, que conllevaron a su posterior revocatoria, con el consecuente retraso en la prestación del servicio.

Ante esta situación la Gobernación de Casanare en febrero de 2024 declaró la urgencia manifiesta, cuyo objetivo fue garantizar la prestación del PAE durante 58 días del calendario académico. Este contrato tuvo un valor superior a los 8.200 millones de pesos.

Sin embargo, esta medida no habría podido garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar, desde el primer día de clases.

En la lista de investigados figuran los entonces jefes de la Oficina Jurídica Carmen Himelda González Pinilla y Karen Sofía Santafé Agudelo. El actual secretario de educación Diego Fernando Ardila Plazas y su antecesora, Elisabeth Ojeda Rodríguez.

Los directores de Cobertura Educativa en 2023 y 2024, Andrés Jesús Campos Becerra y Nelson Leonardo González Amador y el director de calidad educativa, de la época y hoy secretario de educación de Yopal, David Federico Díaz Sánchez.

Transporte escolar

A todo el tema del PAE se suma la investigación que adelanta la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare, por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de transporte escolar al Consorcio Nuevo Amanecer, para prestar el servicio en 18 municipios del departamento que no están certificados por el Ministerio de Educación.

En este caso específico, el tema se centra en la habilitación que habrían entregado los cuatro integrantes del comité evaluador de la Oficina Jurídica a la propuesta del mencionado consorcio, al parecer, sin haber cumplido con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

Adicionalmente la jefe de la referida dependencia de la Gobernación adjudicó este proceso contractual de selección abreviada, a Nuevo Amanecer.

Por estas actuaciones se investiga disciplinariamente a Karen Sofía Santafé Agudelo, Javier Eduardo Colina Cuevas, Libia Yasmín Fernández Niño, Andrés Mauricio Monero Gutiérrez y Luis Miguel Pérez Sanabria.