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Un caso de suicidio se presentó este lunes en la vereda El Taladro de Yopal, en la finca La Corocora.

El cuerpo de un hombre de 33 años, que respondía al nombre de Darevalo Cepeda Cruz, fue encontrado colgando de una de las vigas de un kiosko en la finca, donde trabajaba.

El hecho se dio hacia las 3:00 de la tarde, al parecer por motivos pasionales. El CTI de la Fiscalía fue el encargado del levantamiento.

En ese sentido la secretaria de Salud Municipal, Cristina Guarnizo Tibaduiza, referente a la semana epidemiológica 29, manifestó que se han registrado 118 casos de intento de suicidio, por Sistema Departamental de Vigilancia en Salud Pública (SIVESCO).

De ellos 48 notificados por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), 65 casos reportados por el Hospital y Clínica, Centros de Salud, Entidades Prestadoras de Salud (EPS) e Institutos Prestadores de Salud (IPS); por Búsquedas Activas Comunitarias (BAC) 3, y por Búsquedas Activas Institucionales (BAI), 2 casos.   

A la fecha se tienen 8 suicidios consumados, el más reciente el registrado el lunes, donde se adelantan las investigaciones respectivas.

Debido a la atención a la emergencia presentada por socavación en el río Cravo Sur frente a la ciudad de Yopal, hoy cientos de ciudadanos pueden dormir tranquilos, sin el temor de ser arrastrados por el afluente, como ocurrió en el 2015 cuando la fuerza del agua se llevó consigo media cancha de fútbol en Minuto 90.

 Para proteger las viviendas fue necesario utilizar un importante equipo de 20 máquinas, que trabajan de manera continua, teniendo en contra las lluvias y crecientes del afluente, las cuales se han podido sortear. Hoy, aunque los trabajos de ampliación del jarillón existente y la canalización que se realiza, presenta apenas un   avance del 30%, ya se puede afirmar que la socavación y el alto riesgo del colapso de las viviendas están controlados.

 Sin embargo, el gran logro del Gobernador Josué Alirio Barrera, es atender esta emergencia sin invertir recursos del erario público, pues para  este trabajo se está utilizando el kit de maquinaria de la Gobernación, dedicado a realizar trabajos de gestión del riesgo, igualmente, Barrera Rodríguez gestionó maquinaria ante empresas de la industria petrolera.

 “Con el apoyo que brinda empresas como Coinogas, Perenco, Parex y Cepsa  la Gobernación está ahorrando más  de 2 mil millones de pesos que podría costar esta obra, y lo importante fue que pudimos llegar con el beneficio cuando las familias yopaleñas más lo necesitaban, porque mientras se surten todos los trámites para sacar un contrato hubiéramos tardado dos meses”, asegura Leonardo Barón Pulido, coordinador Departamental de Gestión del Riesgo.

 Quien además informa que desde la primera semana del mes de julio, fecha en la que  se generó la emergencia; se han trabajado 765  horas máquinas, equivalentes a cerca de 800  millones de pesos; se ha removido aproximadamente 60 mil m3 de material y se ha ampliado el jarillón en 200 metros.

 Ciudadanos como Carlos Salazar y Juan Castro, agradecen los trabajos y felicitan al Gobernador por la manera como atiende esta emergencia, la cual le devuelve la tranquilidad a  las familias residentes en los conjuntos residenciales Villa del Río y Villa del Paraíso y demás hogares asentados sobre la margen derecha del afluente. 

 

El concepto de vecindad ha animado a Equión a trabajar con la Administración Municipal de Támara para contribuir a transformar vidas y promover el desarrollo en este municipio de Casanare. En el marco de ese entendimiento, más $600 millones de pesos ha aportado la compañía hacia distintas iniciativas sociales e institucionales. 

William Castillo, gerente de Relaciones Externas para el área, señala que “a pesar de que Equión no ha hecho presencia directa en este municipio, ni ha desarrollado algún tipo de proyecto exploratorio allí, sí hemos tenido un compromiso de aliados.” 

En efecto, Equión se vinculó inicialmente con la estructuración de proyectos para presentar ante al OCAD: Acueducto de Támara e Implementación de Estrategia de Educación Ambiental; estudios y diseños de la vía Támara – Nunchía (Ruta del Café); apoyo al mejoramiento de vías terciarias y entrega de una ambulancia para la prestación de los servicios de salud.

Más recientemente se adecuaron 20 parques infantiles, mientras el año pasado se asesoró la estructuración y formulación del proyecto Adopción de tecnología para alternativas productivas, y hace pocos meses se entregaron 420 motores monofásicos a las familias cafeteras tamareñas para el mejoramiento de los procesos de despulpado.

Además, Equión también acompaña a la Administración de Támara en la gestión institucional para lograr que el Gobierno Nacional destine recursos para la formulación del Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT del municipio; y está por definirse un proyecto más para formulación. 

Estos apoyos los ha hecho la compañía como operador del Bloque Niscota, que se encuentra en fase exploratoria y por lo mismo aún no produce hidrocarburos. En la actualidad, Equión evalúa las alternativas técnicas y financieras para viabilizar o no el pozo exploratorio Micuré en la vereda Cruz Verde de Támara, decisión que está pendiente de tomarse.

Lo anterior ratifica la seriedad de la industria petrolera a la hora de atender el llamado de apoyo de autoridades y comunidades. 

Por:  Yesid Beltrán Sáenz

Tras la confirmación de la decisión de la Corte Suprema de Justicia  de inadmitir recurso de casación  a Jhon Jairo Torres Torres y  a partir de la notificación efectiva, cuenta con 5 días para pedir al magistrado disidente o al ministerio público que ejercite la insistencia.

Expirado en silencio tal lapso, se entiende que renunció a su derecho y, por tanto, la providencia adquiere ejecutoria.

Desde el momento en que el magistrado habilitado o el ministerio público reciban la petición del recurrente en casación, cuentan con 15 días no solo para informar su decisión al solicitante, sino para presentar ante la corte el escrito de insistencia, con la misma consecuencia: expirado en silencio ese término, la decisión adquiere firmeza, en el entendido de que no se encontró viable insistir. 

 

Anexo aquí para conocimiento un texto de la Corte, para conocimiento de los lectores:

Señala el artículo 181 de la Ley 906 de 2004 que contra el auto —debidamente motivado— a través del cual no se selecciona la demanda de casación procede el “recurso” de insistencia “presentado por alguno de los magistrados de la Sala o por el Ministerio Público”.

Sin embargo, se debe prestar  mucha atención al siguiente  texto,

“Una vez notificado el auto a través del cual no se selecciona la demanda de casación, la sentencia de segunda instancia contra el cual se dirige adquiere ejecutoria.

Comoquiera que el nuevo Código de Procedimiento Penal no regula el trámite a seguir para que se aplique el referido instituto procesal, obligado se impone abordar el tema a fin de definir las reglas que habrán de seguirse para su aplicación.
En esta dirección, bien está precisar que de la simple lectura de los artículos 176 a 198 del nuevo estatuto procesal penal se colige que la insistencia no fue contemplada por el legislador como recurso ordinario o extraordinario. A su vez, es también claro que este mecanismo, llamado a provocar la reconsideración de ciertas decisiones que adoptan las altas cortes, fue introducido por primera vez al ordenamiento jurídico en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, que prescribe:


“Revisión por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional designará dos de sus magistrados para que seleccionen, sin motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier magistrado de la Corte, o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por estos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no sean excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción, deberán ser decididos en el término de tres meses”.


A su turno, examinados los debates que precedieron la expedición de la Ley 906 de 2004, nítidamente surge que fue voluntad del legislador hacer extensivo ese mecanismo excepcional previsto para la acción de tutela al recurso extraordinario de casación en materia penal.

Propuesta que recibió aprobación de las cámaras, introduciéndose solo una variante frente a la intervención de la Defensoría del Pueblo, reemplazada por el Ministerio Público, tal y como se anotó en las actas correspondientes al informe para segundo debate, así:


“A propuesta del representante Almario, se prevé el recurso de insistencia ante la no selección de la demanda de casación a instancia de alguno de los magistrados de la Sala correspondiente o del Defensor del Pueblo. Sin embargo, los ponentes propondremos que a cambio de este último pueda hacerlo el Ministerio Público”.


Visto lo anterior, se concluye que si bien tanto en la propuesta sometida a consideración del Congreso como en el texto finalmente aprobado, se hizo expresa mención a que se trataba de un “recurso”, no cabe duda que no es esta la naturaleza predicable de la “insistencia”, tanto por los fines a cuyo propósito sirve la figura, como por haber reservado el legislador su impulso a quienes no ostentan la calidad de intervinientes dentro del proceso penal, titulares por excelencia del derecho de impugnación.

Hoy en sesión plenaria del Concejo fue aprobada la intervención de la funcionaria Laura Torres, de la Secretaría de Salud departamental, quien dio a conocer las fases del proceso de desminado humanitario que se debe realizar en los territorios nacionales y dentro de los cuales en Casanare se encuentran priorizados, por lineamientos de la Dirección de Acciones Integrales Contra Minas Antipersona (DAICMA), de la Vicepresidencia de la República, los municipios de Yopal, Aguazul y Chámeza.

Según Torres, los municipios de Yopal y Aguazul están tipificados en riesgo tipo 1, es decir en nivel de alta afectación y Chámeza se encuentra en riesgo medio o tipo 2. En el caso de Yopal, según datos estadísticos del DAICMA, 27 de las 92 veredas de la capital casanareña están en riesgo.

La funcionaria solicitó ante  los concejales, apoyo de insumos para realizar dicho proceso, indispensable para certificar al municipio como territorio libre de minas, de acuerdo a lo establecido en el Tratado de Ottawa “que se firmó en el año 2000 y que entró en vigencia en el año 2001, donde los Estados parte (COLOMBIA), se comprometieron a eliminar toda amenaza de minas antipersonal o sus derivados (MAP/AEI/MUSE) en un lapso de 10 años con derecho a realizar una prórroga de 10 años más, que fue solicitada en 2011”. “Ya se ha radicado la solicitud ante la ex alcaldesa Luz Marina Cardozo y ante el alcalde Jhon Jairo Torrees Torres” adujo.

Frente a esa petición el corporado Fabio Suárez y  los demás integrantes de la plenaria, señalaron que aunque  no es competencia de la Corporación disponer de éste tipo de presupuestos, sí es voluntad de la Administración Municipal, solicitar recursos del Fondo de Seguridad o hacer una modificación presupuestal para tal fin.

En los municipios de Chameza y Aguazul el proceso va andando, “pero sí una vez terminado el trabajo en estos dos municipios (estimado en un plazo de mes y quince días), no se ha definido la situación de Yopal, se llevarían los equipos para otros departamentos que lo están requiriendo y esto sería muy lamentable  ya que no se lograría está certificación nacional e internacional, donde se abrirían las puertas para el municipio desde el ámbito turístico en adelante" resaltó la funcionaria.

Actualmente en Casanare se cuenta con cuatro equipos para el proceso de desminado humanitario con personal capacitado del Ejercito Nacional que son los que ejercen dicha labor.

Los concejales se comprometieron a reiterarle el compromiso a la Administración Municipal y a conminar al alcalde titular para que realice las debidas acciones en aras de certificar al municipio como territorio libre de minas antipersonal. 

 

El Tribunal Administrativo de Casanare avaló la conciliación adelantada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y la Unión Temporal Planta Modular Yopal 2013, en la demanda instaurada por el colapso de la planta modular fallida. Así las cosas, el Tribunal da por cerrado el proceso judicial y ahora se encaminarán todos los esfuerzos en que los involucrados ejecuten los términos del acuerdo conciliatorio.

           (Escuche la entrevista del Magistrado Néstor Trujillo)

Del mismo son esenciales los siguientes elementos: 

  • La Unión Temporal y sus integrantes se comprometen a retomar y terminar la construcción  de una planta modular potabilizadora de agua para el sistema de acueducto de Yopal. Esta infraestructura deberá proveer un caudal de 300 litros por segundo (l/s) con un costo estimado de 6 mil 132 millones de pesos. 
  • La EAAAY aportará el remanente no ejecutado del contrato inicial de la planta modular. Este suma asciende a 2 mil 467 millones de pesos. 
  • La compañía Liberty Seguros hará un único aporte de 800 millones de pesos con cargo a la garantía del contrato siniestrado. 
  • En definitiva, el contratista aportará un valor cercano a los 2 mil 865 millones de pesos para desarrollar las obras que haga falta para entregar tres líneas de tratamiento de agua potable de 100 l/s cada una. Esto incluye el costo de las actividades de diseño y de dirección de obra por 1.200 millones de pesos. 
  • Los integrantes de la unión temporal además renuncian expresamente a eventuales reclamaciones por lo que ya hicieron o deban hacer para entregar la planta modular en los términos técnicos pactados. 

Bajo estas consideraciones las partes acordaron dar por terminado este litigio. Hay que recordar que con la producción de esta nueva planta (300 l/s) y el actual abastecimiento (150 l/s), se tendría más del caudal necesario para cubrir la demanda de agua potable de toda la ciudad. 

También, con la construcción de esta nueva planta se configurará el sistema de abastecimiento alterno integral en el momento en que se ponga en operación la nueva PTAP definitiva. De esta manera, Yopal tendrá un sistema de abastecimiento secundario que provea a la ciudad en caso de una nueva contingencia. 

Según lo acordado entre las partes, el acta de inicio está programada para firmarse el próximo 31 de julio y a partir de esa fecha el contratista tendrá un plazo de 7 meses y medio para concluir la obra.

 

Al respecto el magistrado Néstor Trujillo, ponente en el proceso, señaló que se busca que los acuerdos no sean lesivos para el patrimonio público, ni tampoco "exonerar de cargas y culpas a quienes en el ejercicio público incurran en irregularidades".

En cambio se trata de "rescatar de semejante naufragio lo que sirva" y evitar un largo proceso jurídico que no beneficia a la ciudad. Además destacó que ahora hay un rediseño con el respaldo de una firma de ingeniería, de Gustavo Norato, no como el otro, de origen y autoría que aún no están claras, de lo cual se ocupará la Fiscalía.

Entre otras cosas apuntó que las pólizas de seguros del proyecto eran muy bajas.

Ante la noticia que se difundió a través de los medios locales, de la inadmisión de la demanda de Casación por parte de la Corte Suprema de Justicia, a la pena por el delito de Urbanización Ilegal; el Alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres declaró en rueda de prensa que es respetuoso de las decisiones judiciales y que una vez se den las notificaciones, dejará el cargo.

       Lea al respecto: Con recurso de casación Jhon Jairo Torres sigue como ‘Alcalde’ 

"Lo que sabemos es que si no se acepta la casación quedaría inhabilitado y tendría que haber elecciones... estaré muy pendiente de aceptar lo que dice la norma, voy a estar aquí todos los días y no voy a tener ningún reproche ante la decisión", expresó el mandatario.

Agregó que lamenta no poder cumplir el sueño "para el cual el pueblo me eligió aún estando privado de la libertad, había una esperanza de que les diera una casita, de que resolviera los problemas del pueblo".

Sin embargo Torres Torres dijo que no se siente derrotado, sino que volverá a dedicarse a sus empresas. "Seguiré vendiendo calzones", apuntó. Igualmente que continuará con el proyecto de vivienda La Nueva Jerusalén.

    Lea también: Ratificada condena contra Jhon Jairo Torres por urbanización ilegal

                        Jhon Jairo Torres está libre y retomaría funciones como Alcalde de Yopal

 

 

 

 

 

 

En desarrollo de la política de prevención del urbanismo ilegal, y complementario a las medidas cautelares dictadas dentro de la Acción Popular, 2015-00323-00, del Tribunal Administrativo de Casanare, el Alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, hizo una advertencia a la ciudadanía en general, sobre las zonas donde se ha venido presentando el fenómeno ilegal de urbanización y comercialización de lotes.

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, Jairo Alberto Rangel Veraindicó que esto se presenta en zona rural de la vereda Picón Pedregal, carente de redes, equipamientos y servicios públicos.

El funcionario reveló con carácter perentorio, que bajo ningún concepto la Alcaldía Municipal de Yopal y la Oficina Asesora de Planeación Municipal, han otorgado permiso, licencia o autorización para proyectos urbanísticos en esas zonas, y que no se legalizarán a futuro los loteos existentes.

“Se recomienda a la ciudadanía no invertir, comprar, negociar bajo ninguna forma, lotes supuestamente urbanizados o en procesos de obtención de licencia”, puntualizó Rangel Vera.  

Por otro lado la Alcaldía informó que desde el 25 de julio se iniciará un barrido por las comunas, verificando que edificaciones se están construyendo sin permisos ni licencias, empezando por las comunas 1 y 5, que son donde más se ha disparado la construcción ilegal. Esto luego de la revisión a toda la margen derecha del río Cravo Sur, desde la Cabuya hasta la vereda La Manga.

 

La Policía Nacional reporta la captura de 29 personas por varios delitos, durante el fin de semana en Casanare, entre ellas por los delitos de hurto, receptación y tráfico de estupefacientes.

Por porte de drogas

Villanueva. en la calle 6 # 2-88 en vía pública del barrio Paraíso Alto, fue capturado un hombre de 33 años de edad conocido con el alias de “el Costeño”, residente en la vereda Buenos Aires de Villanueva, a quien se le halló en su poder 20 gramos de cocaína.

Los mismos se encontraban distribuidos en una bolsa plástica transparentes y un tubo plástico transparente, 16 bolsas plásticas de cierre hermético, sustancia avaluada en $100.000, capturado y sustancia, fueron dejados a disposición de la fiscalía 15 seccional de Monterrey, por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

Por el delito de receptación y recuperación de vehículo

Yopal. En la calle 40 con carrera 20, se logró la captura en flagrancia de un hombre de 55 años de edad, quien conducía el vehículo de placa ZYP-854, marca Jac, avaluado en $ 40.000.000, al verificar sus guaritmos o sistemas de identificación presenta el número de chasis alterado registra en el sistema denuncia por hurto del 06 de noviembre 2014 en el municipio de Tame (Arauca), por lo cual se incauta por el delito falsedad marcaría, capturado y el vehículo es dejado a disposición de la Fiscalía primera de alertas tempranas.

Por robo y recuperación de elementos

En la calle 40 con carrera 12 del barrio el Fical, se logró la captura en flagrancia de un hombre de 20 años de edad, quien mediante factor oportunidad se hurtó un celular de alta gama, propiedad de una mujer de 40 años de edad. El hombre capturado fue dejado a disposición de la fiscalía local URI.

Igualmente, en la carrera  22 con calle 7 del barrio San Martín, se logró la captura de un hombre de 27 años de edad, quien minutos antes había hurtado un celular de alta gama, siendo víctima un hombre de 26 años de edad. El hombre capturado por el delito de hurto fue dejado a disposición de la Fiscalía  URI de Yopal.

En zona rural de Yopal, Pore, San Luis de Palenque y Trinidad en Casanare, se logró la incautación de 71 bovinos por inconsistencias en sus hierros con características venezolanas, falta de documentación y por no presentar las guías de movilización.

La primera acción policial  se registró en la Vereda San Rafael de Morichal, kilómetro​ 2, vía Yopal - Tilodirán, en la Planta de Sacrificio Animal del Municipio donde fueron inmovilizados 14 semovientes avaluados en $16’800.000, por presentar inconsistencias en su hierros con características de hierro venezolano y no presentar la documentación, que acredite su legalidad.

La segunda acción se realizó en la Finca La Provincia, ubicada en la Vereda Palomas, kilómetro 8 vía Sirivana, se logró la incautación de 13 semovientes bovinos, avaluados en $ 15’600.000, por presentar inconsistencias en su hierro similar al venezolano y no presentar la documentación, que demuestre su legalidad, infringiendo la ordenanza 015 del 2006 art 181 y el decreto 3149 del 2006. Los semovientes fueron dejados a disposición de Policía Fiscal y Aduanera.

En la tercera acción se incautaron 44 semovientes avaluados en $ 61 millones, en un trabajo judicial  y desarrollado en los municipios de Yopal, Trinidad, Pore y San Luis de Palenque, por no presentar la documentación exigida para el transporte y movilización de los mismos y no acreditar su legalidad. Los bovinos fueron dejados a disposición de la Inspección de Policía.