Judicial

Judicial (1791)

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decidido rechazar la solicitud de sometimiento presentada por Edilberto Castro Rincón, quien se desempeñó como gobernador del Meta entre 2004 y 2007.

Castro enfrenta una condena impuesta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que lo halló culpable de homicidio agravado, celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales, peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Durante su gestión, el exgobernador estableció vínculos con figuras como alias ‘Don Mario’ y alias ‘Miguel Arroyave’, líder del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Esta colaboración le permitió obtener beneficios electorales a cambio de contratos ilegales que favorecían a la organización paramilitar, consolidando su control político en el Meta y facilitando su participación en foros de paz, lo que posteriormente contribuyó a su desmovilización y a obtener escaños en el Congreso.

La alianza entre Castro y los paramilitares tuvo consecuencias trágicas, incluyendo el asesinato del exgobernador Carlos Javier Sabogal Mojica y el líder político Eúser Rondón Vargas, así como la diputada Nubia Sánchez Romero.

Todos ellos habían denunciado irregularidades que llevaron a la apertura de procesos penales y disciplinarios contra Castro, culminando en su condena.

Aunque la Sala de Definición había rechazado previamente su solicitud, esta decisión fue revocada en octubre de 2022 por la Sección de Apelación, que consideró que las acciones de Castro podrían estar indirectamente relacionadas con el conflicto armado.

Se le solicitó presentar un Compromiso Claro Concreto y Programado (CCCP) que incluyera sus aportes a la verdad y un plan para la restauración.

Sin embargo, tras tres solicitudes para ajustar su CCCP, la Sala concluyó que Castro no cumplió con las condiciones establecidas. La evaluación reveló que sus aportes a la verdad eran insuficientes y carecían del desarrollo necesario.

Además, mostró reticencia a detallar sus relaciones con el Bloque Centauros, a pesar de las evidencias en su contra.

La Sala criticó la falta de transparencia y compromiso de Castro con la JEP, señalando que intentó utilizarla para su beneficio personal. Este incumplimiento reiterado llevó a justificar el rechazo definitivo a su solicitud.

Asimismo, se determinó que no contribuyó al esclarecimiento del macrocaso 08 sobre las relaciones entre las AUC y funcionarios estatales no pertenecientes a la fuerza pública.

Finalmente, mediante la Resolución 002 del 2 de enero de 2025, el caso de Edilberto Castro fue remitido al Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Bogotá para continuar con el seguimiento de su condena.

La Corte Suprema había impuesto una pena de 40 años de prisión junto con una multa equivalente a 2.270 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El Departamento de Policía Casanare reportó la captura de dos sujetos de 21 y 26 años luego que perpetraran un hurto bajo la modalidad de raponazo en la ciudad de Yopal.

Aunque no se precisó el sitio exacto donde se cometió el ilícito, se informó que la víctima del robo fue una mujer de 19 años, a quien le quitaron su cartera donde se encontraba su teléfono móvil.

También resaltó la comunicación divulgada por la Policía, que los objetos fueron recuperados por las patrullas de vigilancia que acudieron a atender este caso, que fue alertado por la comunidad a través de la línea 123.

Destacó el informe policial que en este caso fue de vital importancia el trabajo de rastreo del dispositivo móvil, lo que permitió su ubicación en tiempo real.

 

Los accidentes de tránsito continúan en curva ascendente en Casanare. La noche del 02 de enero el cuerpo de Bomberos de Tauramena antendió una nueva emergencia ocasionada por un siniestro vial.

En esta ocasión el percance se presentó en el centro poblado de Paso Cusiana. Según el reporte bomberil, un motociclista perdió el control de su vehículo impactando contra la capa asfáltica, lo que ocasionó que la moto terminara incendiándose.

Las unidades del organismo de socorro lograron controlar la llamas. También revelaron que el conductor de la moto solo presentó algunas laceraciones leves.

Un hombre identificado como Antonio José Escalona Herrera, quien se encontraba recluido en el Hospital Regional de la Orinoquia falleció este 31 de diciembre.

El deceso se produjo como consecuencia de las heridas con arma de fuego que recibió en un atentado ocurrido en la calle 26 entre carreras 6ª y 7ª, barrio La Campiña de Yopal, el pasado 21 de diciembre.

Como se recuerda sobre las 9 de la noche un sujeto se acercó hasta el establecimiento público donde se encontraba el hoy occiso departiendo con otras personas.

Luego de un cruce de palabras el desconocido comenzó a disparar, dejando dos heridos, uno de ellos era Antonio José Escalona Herrera, quien era un ciudadano de nacionalidad venezolana y que laboraba como recuperador.

Las autoridades adelantan la respectiva investigación para dar con el paradero del autor de este homicidio.

 

Se comienzan a registrar los primeros accidentes de tránsito de 2025 en el departamento de Casanare. En la tarde del primero de enero el Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendió una emergencia provocada por un siniestro vial.

Según el reporte del organismo de socorro, el percance se presentó en la vía que conduce del centro poblado de este municipio con la vereda Iquía, cuando una motociclista que transitaba por el lugar perdió el control del vehículo.

La víctima, cuya identidad no fue revelada, sufrió trauma craneoencefálico severo y múltiples laceraciones.   Igualmente, se reveló que el junto al motociclista se movilizaba un acompañante, quien resultó con heridas menores. Los heridos fueron trasladados al hospital local.

En hechos que son materia de investigación, un hombre de 35 años murió electrocutado en zona rural del municipio de Tauramena. Según se conoció los hechos se presentaron en la vereda Tacuya.

Versiones preliminares apuntan a que la víctima, identificada como Juan Bautista Sibo Alape, se encontraba, al parecer, manipulando la línea energía, cuando recibió una descarga eléctrica que acabó con su vida.

El occiso fue encontrado el 31 de diciembre en horas de la mañana. Sin embargo, se presume que el occiso llevaba más tiempo en lugar.

También se sospecha que no se encontraba solo y que sus acompañantes huyeron del lugar cuando se presentó el incidente, dejando abandonado a Sibo Alape.

Cuando apenas despuntaba el 2025 se reportó el primer homicidio del nuevo año. El caso ocurrió en el municipio de Villanueva, según lo informó el teniente coronel Daniel Lozano, comandante encargado del Departamento de Policía Casanare.

“Para el día de hoy primero de enero en horas de la mañana, lamentablemente, por información de la ciudadanía en un inquilinato del municipio de Villanueva, se halló el cuerpo sin vida de un hombre con heridas por arma cortopunzante”, explicó el oficial.

El coronel agregó que, al parecer, el homicidio fue cometido por la pareja sentimental de la víctima, quien huyó del lugar de los hechos. Las autoridades ya iniciaron el respectivo proceso investigativo para esclarecer este caso.

El comandante encargado del Departamento de Policía Casanare, teniente coronel Daniel Lozano, se refirió al atraco del cual fue víctima el concejal de Nunchía, Luis Carlos Sánchez. Los hechos se presentaron sobre el mediodía del pasado 30 de diciembre en pleno centro de la ciudad, en la calle 10 con carrera 18.

Según el teniente coronel, el hurto se presentó minutos después de que la víctima retirara una suma de dinero de una sucursal bancaria y se dirigiera hasta el lugar donde tenía estacionado su vehículo.

Durante el recorrido fue abordado por los delincuentes, quienes le hurtaron una cifra aproximada de 3 millones 800 mil pesos.

Frente a este caso el oficial dijo en rueda de prensa que se están verificando las cámaras de seguridad del lugar, para identificar a las personas que cometieron el delito y lograr su captura.

Sin embargo, hizo un llamado a la comunidad para que tome medidas de autoprotección y solicite el acompañamiento policial, para evitar que ser víctima de este tipo de ilícitos.

Recordó que no es recomendable cargar altas sumas de dinero en efectivo. Agregó que en la zona bancaria de la ciudad se han dispuestos tres patrullas de la Policía, para que presten acompañamiento a los usuarios de estas entidades, pero la ciudadanía por lo general no solicita este servicio.

Añadió que las unidades hacen rondas permanentes por dicha zona en horario de 6 de la mañana a 8 de la noche.

La mañana del martes 17 de diciembre inicio la pesadilla para Ana Ruth Vega González y su familia. Ese día ella fue víctima de secuestro por parte de varios hombres armados que se la llevaron con rumbo desconocido.

Los hechos ocurrieron en la vereda La Holanda, zona rural de Tame, departamento de Arauca y pronto la noticia de su plagio se difundió por los diferentes medios de comunicación regional.

Las informaciones que circularon en su momento hicieron hincapié en el hecho que la señora Vega González tenía cuatro hijos, tres de los cuales son menores de edad.

La zozobra e incertidumbre para para la familia de Ana Ruth terminaron este domingo 29 de diciembre cuando miembros del ELN la entregaron a una comisión humanitaria.   

Se conoció que el plagio fue perpetrado porque, según este grupo armado, la señora Ana Ruth es señalada de colaborar con las disidencias de las Farc.

Al parecer la víctima fue entregada en buenas condiciones de salud a la mencionada comisión de la cual hacía parte la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica.

Sábado, 28 Diciembre 2024 10:37

Judicializados presuntos ciberdelincuentes

Escrita por

Tres personas fueron identificadas por la Fiscalía en coordinación con la Policía, de integrar una banda de dedicada a suplantar entidades públicas, para enviar de manera masiva correos electrónicos con software maliciosos para obtener de manera fraudulenta información personal y financiera de sus víctimas.

Según el ente investigador estos sujetos lograron enviar más de 10.000 correos y mensajes de texto diarios infectados de virus, haciéndose pasas por entidades como la Dian y varias secretarías de tránsito municipales, entre otras autoridades.

Los mensajes contenían un RAT o troyano, un virus capaz de controlar los computadores y equipos, y que permitía tener acceso remoto a los archivos e información personal de los usuarios que abrían las comunicaciones recibidas creyendo que eran auténticas.

Con los datos obtenidos de manera ilegal se habrían realizado hurtos y otros hechos fraudulentos.

Las capturas de estos acusados ciberdelincuentes se llevaron a cabo en Medellín, y Valledupar. Durante los procesos de detención fueron incautados 40 dispositivos electrónicos, 4 memorias USB, 2 discos duros, 6 simcards y 6 routers.

Una fiscal de la dirección especializada contra los delitos informáticos presentó a estas personas ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir, uso de software malicioso, suplantación de página web, acceso abusivo a un sistema informático y hurto por medio de un sistema informático.

Los elementos de prueba indican que también estaría implicada en un intento de ataque cibernético a la página del CAI virtual de la Policía Nacional.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en los lugares de residencia. Los afectados con la decisión son: Jair Enrique Velásquez Bohórquez, Juan Carlos Fernández Navarro, y Hernán Alonso Trejos.