El concejal de Yopal, Ociel Ortiz, presidió una mesa de trabajo para analizar el estado de legalización de la urbanización La Pedrera, tras recibir denuncias de la comunidad sobre el incumplimiento en la prestación de servicios públicos básicos y el desarrollo de la infraestructura prometida por los urbanizadores.

 Los habitantes del sector reportaron habitar en condiciones precarias debido a la falta de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.

Según Ortiz, el suministro de agua actual depende de un pozo profundo diseñado originalmente para 60 familias, pero que hoy abastece a una población de entre 200 y 300 personas, resultando insuficiente para la demanda actual.

La problemática se agrava por el incumplimiento de los urbanizadores privados, quienes, según el concejal, no han presentado los esquemas diferenciales de servicios públicos permitidos por la ley ni han ejecutado las obras de infraestructura básica a las que se comprometieron al vender los predios.

Marco legal y responsabilidad institucional

Sostuvo que el proceso de legalización se enmarca en el Decreto 018 de 2021, emitido durante la administración anterior para facilitar la regularización de asentamientos en el sector de La Pedrera.

No obstante, el concejal señaló varios puntos clave sobre el estado jurídico del proyecto. Ortiz dijo que algunos decretos regulatorios ya han perdido vigencia por el transcurso del tiempo sin que se reporten avances significativos.

Enfatizó que, al tratarse de urbanizaciones privadas, la responsabilidad directa de la infraestructura recae en los urbanizadores y no en el municipio, aunque la administración realiza el acompañamiento técnico.

Mencionó que existe una sentencia del Consejo de Estado derivada de una acción popular de 2011 o 2012 que otorga herramientas al municipio para tomar decisiones sobre estas urbanizaciones.

Magnitud del proyecto y acciones futuras

La Pedrera es considerada uno de los proyectos urbanísticos de mayor trascendencia en el casco urbano de Yopal por su extensión.

Ortiz comparó la magnitud del sector con la ciudadela La Bendición, indicando que, mientras esta última alberga a 5,000 familias, La Pedrera tiene una capacidad proyectada para cerca de 13,000 familias en sus tres etapas.

Ante la inasistencia de los urbanizadores a la mesa de trabajo, el Concejo Municipal busca brindar herramientas jurídicas a los compradores para que puedan iniciar procesos de demanda o acciones legales ante el Tribunal Administrativo.

El concejal recalcó que el objetivo de estas mesas no es atacar a los privados, sino buscar alternativas conjuntas para solucionar la problemática de los ciudadanos que adquirieron sus lotes de buena fe.