Por no haber acreditado que hizo la respectiva solicitud de modificación, de la licencia ambiental del relleno sanitario Cascajar ante Corporinoquia, el Tribunal Administrativo de Casanare ordenó abrir un incidente de desacato en contra de la agente interventora de la EAAAY, Judhy Stella Velásquez Herrera.

El proceso tuvo su inicio el 16 de febrero de 2024, cuando el Procurador 23 Judicial II Ambiental y Agrario solicitó la apertura del incidente de desacato contra el representante legal de la EAAAY, al no aportar pruebas de haber realizado el trámite de modificación de la licencia ambiental.

Posteriormente, el 11 de marzo de 2024, el Tribunal requirió a la EAAAY para que presentara pruebas de la radicación de la solicitud de modificación, mientras que a Corporinoquia la autoridad judicial le solicitó que confirmaba si la empresa de acueducto cumplió con este trámite.

La situación se complicó aún más con el informe de Corporinoquia, donde se reveló que no existe registro alguno de una solicitud hecha por la EAAAY, para la modificación de la ambiental del relleno sanitario El Cascajar.

Ahora, Velásquez Herrera tiene un plazo de tres días para explicar ante el Tribunal, las razones por las cuales no cumplió con este trámite.

Ayer jueves 04 de abril se hizo la presentación oficial en todo el país, de modelo de seguridad de microterritorios, que de ahora en adelante aplicara la Policía y que reemplazara al sistema de vigilancia por cuadrantes.

En el departamento de Casanare el acto protocolario de lanzamiento estuvo a cargo del comandante de policía en el departamento, coronel Giovanni Barrero Unigarro y se realizó en el parque La Estancia.

Como parte de la dinámica de exposición de los componentes de dicho esquema, el oficial trajo a colación el álgebra de Baldor, específicamente con la operación de trinomios cuadrados perfectos.

El comparativo lo sustentó en el hecho que esta nueva propuesta de seguridad, se debe articular de manera precisa el trabajo de tres actores fundamentales, como son la Policía, las autoridades civiles y la comunidad, que conforman ese trinomio del cual se esperan los mejores resultados en la lucha contra la delincuencia.

Desde el orden nacional se conoció que la propuesta quiere hacer énfasis en la gestión de la convivencia a través de la promoción de valores cívicos y cultura ciudadana, contribuyendo en la construcción del tejido social.

De igual forma se pretende intervenir las causas generadoras de violencia, delitos y comportamientos contrarios a la convivencia, de manera conjunta, a través del mencionado trinomio.

En concordancia con dicha directriz del orden nacional, el coronel Barrero Unigagarro  mención de un proyecto de intervención en las zonas de mayor incidencia de la inseguridad.

Aclaró que esta labor no se adelantará de manera represiva, sino preventiva y de diálogo como la comunidad. Específicamente precisó el oficial que se hará una visita casa a casa en cada uno de estos sectores.

La Institución estará acompañada de un grupo de sicólogos para hablar con las familias y mediante el diálogo, generar espacios de solución a los problemas de convivencia.

Se va a trabajar igualmente el manejo del estrés, es por ello que van a estos lugares un equipo especializado en ‘fitness’, porque la actividad física ayuda a solucionar problemas de estrés.

La idea es hacer un diagnóstico de la problemática social de cada uno de estos sectores y proponer soluciones partiendo del diálogo y la solución pacífica de problemas.

El alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz Riaño, expresó su profunda inconformidad con el desempeño de Judhy Estela Velásquez Herrera, la agente interventora de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), designada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

En sus declaraciones, Ruiz Riaño manifestado que reveló ante un funcionario de la Superintendencia enviado desde Bogotá, los múltiples problemas que han surgido durante la gestión de Velásquez Herrera, anticipando un posible cambio de la funcionaria  la próxima semana.

Una de las principales críticas del mandatario local radica en la falta de comunicación y apoyo por parte de la agente interventora durante la reciente calamidad pública y declaratoria de urgencia manifiesta, motivada por la socavamiento que ha hecho el Cravo Sur a la nueva planta de tratamiento de agua potable.

Según Ruiz Riaño, la Alcaldía tuvo que invertir cerca de 3.000 millones de pesos en  trabajos de canalización del río, pago de horas máquina, estudios y diseños para obras de protección de la planta de tratamiento, sin contar con el respaldo de la EAAAY.

Además, el alcalde cuestionó la decisión de Velásquez Herrera de autorizar pagos sobre convenios suspendidos, así como la falta de seguros para la maquinaria y equipos de la empresa de servicios públicos. Estas irregularidades fueron puestas en conocimiento del delegado enviado por la Superintendencia desde Bogotá.

Ruiz Riaño manifestó su frustración al afirmar que "fue peor el remedio que la enfermedad", refiriéndose a la intervención realizada por la Superintendencia.

Incluso, relató las dificultades para contactar a la agente interventora antes del inicio de la Semana Santa, con el fin de firmar cuatro convenios que necesariamente tenían que llevar la rúbrica de la funcionaria.

Poco alentadoras son las cifras entregadas por la ACP referentes a la producción de gas en el país. En el informe económico de la entidad se advierte que  las reservas probadas de dicho combustible se han reducido cerca del 50% en los últimos 15 años.

Y vaticinan un futuro a corto plaza aún más preocupante. En la proyecciones de la ACP sino se inician acciones que reviertan esta tendencia descendente, para 2028 Colombia podría tener déficit estructural de gas.

En este escenario para la Asociación Colombia de  Petróleo y Gas, es necesario hacer todos los esfuerzos necesarios, para lograr la autosuficiencia y generar medidas normativas para el desarrollo oportuno de proyectos con vocación de gas, que aporten a este propósito y apalanquen la transición energética justa.

El presidente de la ACP, Frank Pearl, manifestó que, “en un contexto de transición energética global, Colombia se encuentra en un momento crucial y estratégico para impulsar la materialización de su potencial gasífero”.

De esta manera “no solo fortalecería su seguridad energética, sino que también seguiría generando impactos positivos en el desarrollo económico, social y ambiental del país y las regiones”, recalcó Pearl.

El presidente de la ACP también hizo hincapié en que “tenemos gas colombiano de buena calidad y a buen precio. Podemos generar las condiciones para aumentar la producción de gas nacional y resolver la crisis de corto y largo plazo”.

El informe evidencia una perspectiva crítica del abastecimiento, en razón, principalmente, a la reducción de la actividad exploratoria, bajos niveles de reposición de reservas, declinación de los grandes campos y escasez de infraestructura.

Según la ACP con este panorama de adversidad la exploración es prioritaria, para reponer reservas y mantener niveles suficientes de producción.

Para conjurar cualquier asomo de déficit que se pueda presentar en el horizonte, resulta necesario trabajar de forma articulada entre Gobierno, comunidades e industria, con el fin de desarrollar los recursos energéticos con que cuenta la nación y respaldar las transformaciones que requiere el país.

Por lo anterior la ACP entregó un quinteto de recomendaciones, que identificó como los cinco pilares para la autosuficiencia. La primera se basa en incentivar la oferta y asegurar el abastecimiento.

El segundo punto es desarrollar infraestructura de transporte necesaria para optimizar el suministro. En tercer lugar, actualizar y flexibilizar las reglas de juego del mercado.

Como cuarta medida figura concebir al gas como eje para la planeación energética, económica y social del país y las regiones, y el quinto elemento es  desarrollar oportunamente los recursos costa afuera.

Finalmente, entre las conclusiones del estudio se destaca el papel preponderante que puede llegar a cumplir 18 proyectos de empresas privadas.

Estas iniciativas están ubicadas en Córdoba, Sucre, Magdalena, Atlántico, Cesar, Casanare, Arauca y Guajira. Entre todas podrían inyectar al mercado, en el corto-mediano plazo, hasta 250 millones de pies cúbicos diarios de gas adicionales para asegurar el suministro.

De igual forma resalta el documento que los pozos costa afuera, no solo abastecerían el mercado nacional a largo plazo, sino que también podrían generar excedentes para la exportación.

En hechos ocurridos en la calle 27 con carrera 33, barrio El Oasis de  Yopal, la Policía Nacional capturó a un hombre de 30 años de edad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La Institución informó que al detenido se le encontraron en su poder varias envolturas con base de coca y una bolsa plástica con marihuana. Sustancias ilegales que estaban destinadas a su comercialización en la ciudad.

La Policía destacó que este arresto hace parte de los resultados que viene entregando, el modelo nacional de vigilancia por cuadrantes. El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía 30 local de Yopal.

El Departamento de Policía Casanare reportó el arresto de un ciudadano por el delito de porte ilegal de armas. La detención de este sujeto se hizo efectiva en el terminal de transportes de Paz de Ariporo, en  la carrera 11 con calle 6.

Según el informe oficial la captura se logró durante labores de registro a personas, hecha por los uniformados de la institución, actividad que hace parte del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes.

El detenido es un hombre de 38 años, quien presenta en el sistema PDA, antecedentes positivos por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía 37 seccional de Paz de Ariporo.

Por: Martha Cifuentes

La Asociación Colegio de Abogados de la Orinoquia, Colabor, rechazó con contundencia el uso desmedido de la fuerza de agentes policiales en Yopal el 14 de marzo contra el abogado Lenin Humberto Bustos Ordoñez durante una diligencia de desalojo ordenado irregularmente por una juez de paz. Se requirió sanciones penal, disciplinaria y administrativa para los involucrados.

El pronunciamiento se hizo a través de un derecho de petición a la Policía Nacional, la Alcaldía de Yopal y la Personería local, un mes después del incidente. En este se califica la situación como violatoria de derechos humanos, la dignidad humana y el ejercicio de la profesión de abogado.

En el derecho de petición se expresa que como consecuencia de la extralimitación de los policiales con el uso reiterativo de la pistola taser, el abogado y defensor de derechos humanos Lenin Bustos fue víctima de lesiones personales dolosas que lo llevaron a la hospitalización en el Horo de Yopal. Según el documento hubo sevicia en la policía en el uso del arma utilizada para reducir al abogado, evidenciando dolo e ignorancia en su manejo.

También se requirió que las autoridades administrativas, disciplinarias y judiciales deben asumir la investigación de este caso, procesamiento de los vinculados y las sanciones correspondientes.

En otro de los apartes se resalta que los policías involucrados en el hecho desconocieron y vulneraron el ejercicio profesional del abogado quien cumple un rol de defensor de derechos y las libertades de un ciudadano. Se destacó que la policía debe proteger a los abogados cuando se vea amenazado el ejercicio de sus funciones y aquí ocurrió todo lo contrario.

En el reclamo hecho por la Asociación de Abogados de la Orinoquia se rechazó que, en el comunicado de la policía nacional para dicha situación, se expresara que el abogado Lenin Bustos fue “Capturado en flagrancia por los presuntos delitos de violencia contra servidor público, obstrucción a la función pública y fraude a resolución judicial o administrativa”. Esta aseveración fue calificada de mentirosa a la luz de los hechos y de los videos que se hicieron virales.

El Colegio de Abogados solicitó al General William René Salamanca Ramírez, director General de la Policía Nacional, informes de la investigación disciplinaria interna contra los policiales responsables de las conductas reprochadas. Igualmente se requirió se informe los nombres, apellidos, documento de identidad, dirección física y electrónica de los cuestionados policías, la certificación de su idoneidad para el uso de las armas no letales y de igual manera de sus superiores inmediatos, con el fin de iniciar los procesos judiciales respectivos.

Al alcalde Marco Tulio Ruíz en calidad de jefe de la policía municipal se le requirió información sobre qué actuaciones administrativas desplegadas contra los policiales comprometidos en el hecho. En sentido similar se requirió a la Personería de Yopal en lo de sus competencias disciplinarias.

A la policía nacional en Yopal se le solicitó cesar actos de acoso y persecución contra el abogado Lenin Bustos.

También se pidió una mesa de trabajo con todas las autoridades para buscar canales de dialogo, respeto y convivencia con respecto al trabajo que adelantan los profesionales del derecho y evitar la repetición de abusos de autoridad.

Con un taller vocacional en la Institución Educativa Técnica Empresarial Llano Lindo de Yopal - ITELL, el Instituto Financiero de Casanare – IFC, hizo el relanzamiento de la Escuela de Negocios, con el acompañamiento de la Referencia Departamental de Juventudes, en cabeza de Luisa Fernanda Uribe.

Los estudiantes de grado once de la institución, conocieron de primera mano los cursos, talleres y diplomados que ofrece la Escuela de Negocios, tendientes al fortalecimiento de sus conocimientos y habilidades gerenciales de liderazgo, gestión empresarial y competitividad.

“La actividad que desarrollamos con 127 estudiantes de último grado, se enfocó en identificar sus proyectos de vida y metas trazadas para conseguir sus objetivos”, dijo Betsy Munar Santos, profesional de apoyo del IFC.

En el marco de las actividades profesionales de crédito del IFC dieron a conocer a los estudiantes la oferta de servicios de crédito educativo que ofrece el Fondo de Educación Superior del Departamento de Casanare FESCA y las facilidades y requisitos para acceder a nuevos créditos en el Departamento.

“La Escuela de Negocios brinda la capacitación a los usuarios de créditos nuevos, ya sean línea comercial, de fomento o educativo que ofrece el IFC, con el fin de orientar la correcta inversión de los recursos e implementación de mecanismos contables y financieros, generar cultura de ahorro y buenos hábitos de pago, dicha capacitación se da antes de recibir el desembolso”, dijo José Antonio Naranjo Morales, jefe de la Oficina Asesora de Planeación del IFC.

En el despacho del alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz Riaño, tomaron posesión de sus cargos los nuevos corregidores de  El Morro, Mata de Limón, Morichal, Quebraseca y El Taladro.

Dentro de la responsabilidad que le asiste a los recién posesionados, se encuentra el fortalecimiento de la Administración Municipal y la promoción del bienestar de sus respectivas localidades.

Para El Morro fue escogido Jesús David Benítez Gómez, abogado de la Universidad Internacional del Trópico Americano (Unitropico), conciliador en derecho extrajudicial y próximo a graduarse como especialista en contratación estatal de la Universidad Externado de Colombia.

Además cuenta con una amplia experiencia en el sector público, donde ha laborado en la Inspección Tercera de Policía de Yopal y en el sector privado como abogado litigante.

Sandra Medina Niño, abogada especialista en derecho público y con más de 8 años de trayectoria en la administración pública, asumirá como corregidora de Mata de Limón.

En Quebradaseca, el cargo quedó en manos de Margareth Hellen Vargas Vela, abogada especialista en derecho administrativo y contractual, con más de 12 años de experiencia en el sector público y 4 en el privado.

Por su parte, Liliana Elida Beltrán Estrada, abogada y especialista en derecho público, con 8 años de trayectoria en el sector oficial y 2 en el sector privado como litigante en derecho de familia,  asumió como corregidora de El Taladro.

Finalmente, Nury Yaneth Leguizamón Unibio, abogada de la Universidad del Trópico Americano y tecnóloga en investigación judicial, con vasta experiencia laboral, fue nombrada como la nueva corregidora de Morichal.

Velar por prestar el mejor servicio, para estar en consonancia con las proyecciones que tiene para el sector de la salud el gobernador César Ortiz Zorro y que estará plasmado en el plan de desarrollo.

Bajo esta premisa la nueva gerente de Red Salud Casanare, Lady Patricia Bohórquez, anticipó el devenir de la IPS más grande del departamento, durante el tiempo que se encuentre a cargo de dicha entidad.

Mencionó que dentro de las proyecciones que tiene para Red Salud, se encuentra la humanización del servicio, igualmente hacer presencia en aquellos territorios donde hay menos densidad poblacional, porque considera que en estos lugares apartados es donde se presenta una mayor problemática de salud.

Otro punto importante que destacó Bohórquez y sobre el cual también precisó que va trabajar con ahínco, es el tema de la salud prevención, más que a la medicina curativa, modelo al que le viene apuntado el Gobierno nacional.

En materia de retos que serán inherentes al cargo, explicó que además de mejorar la prestación de los servicios, es necesario hacer que la empresa sea sostenible financieramente.

“Si bien no buscamos una rentabilidad económica porque la salud pública no es vista de esa manera. El artículo 49 de la Constitución reza de garantizar ese derecho fundamental,  pero sí se requieren los recursos para sea sostenible”, explicó la nueva gerente.

Justamente dentro de los desafíos de orden económico precisó que las nuevas infraestructuras como son los hospitales de Villanueva, Monterrey, Sabanalarga y Támara, que próximamente van  a entrar en servicio, implican una demanda en gastos de funcionamiento que Red Salud tendrá que asumir.

Para hacer frente a esta situación manifestó que es necesario “buscar más alianzas comerciales, generar estrategias para tener más clientes, pero también tener un respaldo del señor gobernador, en el caso de las rentas cedidas, que se le pueda hacer un aporte mayoritaria a Red Salud”, comentó Lady Patricia Bohórquez.

Explicó que las rentas cedidas provienen  del pago de impuestos por consumo bebidas alcohólicas y cigarrillos. Ingresos que se pueden complementar de las cuentas maestras que manejan los municipios, por lo que es necesario trabajar de la mano con los mandatarios locales.

De esta manera confía en obtener recursos para invertir en la compra de equipos médicos y mantenimiento de las instalaciones hospitalarias, que están a cargo de Red Salud.