Se cumplió ayer la audiencia pública para presentar el plan plurianual de inversiones de la Alcaldía de Yopal, así como un preámbulo del plan desarrollo de la ciudad para los próximos cuatro años.

En cuanto a los recursos que tendrá a su disposición la presente administración municipal durante su mandato, es de 1.8 billones de pesos.

Monto de donde saldrá gran parte de los rubros destinados para la ejecución de las obras y que se complementaran con las partidas provenientes de gestión ante el Departamento y la Nación.

El acto presentación del mencionado plan plurianual se cumplió en el auditorio de La Triada y estuvo presidido por el alcalde Marco Tulio Ruiz Riaño.

El burgomaestre dijo que la gran mayoría de las solitudes hechas por la comunidad, ya se encuentran plasmadas en el plan de desarrolló.

Citó como ejemplo el caso del acueducto para el corregimiento de El Charte. Obra, que según lo manifestó el alcalde, ya tiene los recursos priorizados.

Dentro de la lista de prioridades para el presente Gobierno, Ruiz Riaño mencionó el sector de infraestructura. Algunos de los proyectos que se van a ejecutar son la conexión de la avenida primera con la calle 30. El centro deportivo de la comuna seis.

También figura la conexión de la avenida primera entre la calle 50 y 60. El polideportivo de la comuna seis. En esta misma localidad se tiene proyectado terminar la ampliación del hospital y el colegio que pidió la comunidad que habita esta zona de la ciudad.

El listado de trabajos es bastante largo e incluye algunos megaproyectos como el malecón, sin contar con aquellas iniciativas que entrará a apoyar la Gobernación.

Con el fin de dar a conocer toda la oferta institucional de la Personería de Yopal a la comunidad,  el  titular del Ministerio Público en la ciudad decidió hacer un periplo por la zona rural del municipio.

En el marco de esta propuesta el pasado martes 16 de abril el personero de Yopal, Yesid Camacho Flórez junto con su equipo de trabajo, hizo presencia cuando apenas despuntaba el alba, en la vereda La Niata, del corregimiento Alcaraván La Niata.

Luego de escuchar a los residentes de este sector, la jornada de atención se trasladó a la vereda de Palo Bajito, donde también se brindó a los lugareños, asesoría gratuita.

Igualmente, se informó sobre el trabajo que hace el Ministerio Público y las diferentes maneras en que interviene ante las autoridades judiciales, para solicitar la protección de derechos ciudadanos, en caso de que sean vulnerados.

Además de la oferta institucional, la profesional psicosocial de la entidad, brindó charlas a los padres de familia de cada una de las instituciones educativas.

En este diálogo se  resaltó la importancia del rol de los progenitores en el proyecto de vida de los niños y adolescentes en edad escolar, afianzando el apoyo, los valores y la convivencia dentro del núcleo familiar.

Al final del día se logró impactar a 266 personas en las dos veredas. Estos resultados convalidan el compromiso que tiene el personero Yesid Camacho Flórez, de seguir llegando al sector rural con el firme propósito de dar a conocer los servicios de la entidad.

De esta manera los yopaleños, especialmente los que habitan las zonas más apartadas,  se pueden beneficiar del trabajo que adelanta el Ministerio Público, evitándoles costos y largos desplazamientos.

En un documento compartido por el Concejo Municipal de Yopal y firmado por el presidente, Michael Castro Niño, la Corporación se comprometió con adelantar una serie de acciones que busca brindar alternativas a 60 familias destinatarias de una orden judicial.

El mencionado fallo precisa que se deben demoler todas las construcciones que se encuentran ubicadas en la ronda del caño Aguaverde, que atraviesa la vereda La Unión.

En este orden de ideas, el comunicado del Concejo señala que debe adelantarse un trabajo conjunto entre la Corporación, la Alcaldía y la comunidad.

Este esfuerzo estará enfocado en solicitarle al juez, que antes de emitir la orden para ejecutar la sentencia, se brinden alternativas que protejan los derechos de las familias inmersas en este decisión judicial

Un primer paso propuesto en este sentido, será adelantar una mesa de trabajo para redactar un oficio dirigido al juez, donde se le solicite que autorice una audiencia de verificación.

También se buscará la posibilidad para que la comunidad se pronuncie y luego se realice una inspección al sitio para constatar la problemática.

Finalmente en este escrito el presidente del Concejo consideró oportuno solicitar al juez, que antes de impartir las órdenes de desalojo o demolición, se le garantice a la comunidad que no se van a vulnerar sus derechos.

Este tema de la invasión de la ronda del caño Aguaverde, no es un tema nuevo. En el mismo pronunciamiento del Concejo se hizo un rápido recuento de la situación.

Precisa el escrito que en 2014 se instauró una acción popular, por el aprovechamiento que hicieron los propietarios de diferentes predios ubicados en esta zona de protección ambiental.

“El resultado de este procedimiento se dio en el 2019 con el fallo proferido que insta a la Administración a demoler las construcciones que se sitúan a menos de los 50 metros de la rivera del afluente.

A hoy este fallo, que ya es una orden judicial de obligatorio cumplimento no se ha dado, pero se podría dar en cualquier momento, por lo que las familias que tendrían que demoler o reubicar sus viviendas”.

Ante esta situación los destinatarios de esta orden judicial acudieron al Concejo Municipal en busca de alcanzar, junto con la Alcaldía, su intermediación, que permita llegar a unos  acuerdos con el juez de conocimiento que lleva el caso.

 “El Concejo ha puesto al equipo jurídico de la Corporación a disposición para que brinde asesoría. Lo que se busca es que, sin desconocer la orden constitucional, el Estado brinde ayuda para dar solución a la problemática que tiene la comunidad”, expresó el presidente del concejo, Michael Castro Niño. 

 No se les había notificado

Otra situación expuesta en el comunicado señala que la mayoría de estas familias no se les habían notificado sobre la orden judicial, por lo que se estarían vulnerando sus derechos constitucionales.

Por lo tanto en el escrito se considera necesario “verificar si ha existido alguna irregularidad en el proceso que se pueda subsanar, o que se puedan tomarse decisiones previas a la ejecución del fallo”.

“La orden judicial ya está ejecutoriada, pero al ser una orden constitucional que busca la protección de los derechos colectivos constitucionales, le permite al Juez un amplio manejo para que, en cumplimiento a esa orden, no se afecten otros derechos”, sostuvo Michael Castro.

“La verdad es un estado crítico, si lo llevamos a términos médicos, yo creo que está en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos”, con estas palabras calificó la nueva gerente del Hospital Regional de la Orinoquia, Karent Giraldo, la situación financiera con la que encontró la entidad.

Mencionó que conoce del Horo desde la época en que siendo estudiante de medicina, llegó a realizar su internado. Sin embargo desde esos tiempos pretéritos a la fecha, ha visto al centro hospitalario en un estado de retroceso.

“En 18 años que llevo en el hospital nunca lo he visto en un estado tan crítico financieramente”, agregó la profesional de la salud, especialista en medicina vascular y gerencia hospitalaria, entre otros estudios.

Reconoció el compromiso que tiene todo el personal con la institución porque “aún, debiéndoles más de tres meses siguen ahí en la lucha trabajando con todo el amor y la pasión por nuestros pacientes”, aseguró la doctora Giraldo.

Pese a que declaró que tiene plena confianza en el Gobierno departamental y nacional para salvar el hospital, manifestó que es consciente que este objetivo no se va a lograr en el corto plazo.   

Diagnóstico

Este panorama poco alentador se sustenta en el informe financiero, donde se reveló que el hospital tiene una cartera superior a los 196 mil millones de pesos. Dineros entre los que se encuentran algunas cuentas de difícil recaudo y que vienen de años anteriores.

Citó como ejemplo los casos de “entidades como Medimás y Salupcoop que ya fueron liquidadas, entonces va a ser bien compleja la situación del recobro de esa cartera”, recalcó Karent Giraldo.

Ante la adversidad financiera explicó que trabaja en la elaboración de un plan con la Gobernación, Capresoca y Secretaría de Salud, buscando soluciones que permitan conjurar esta crisis financiera del Horo.

Añadió que el proyecto apunta a una reingeniería de la institución, que incluye una reestructuración de las finanzas, pero en ningún momento se ha contemplado un recorte o despido de personal.

Dentro de la propuesta se encuentra un apoyo más decidido a la parte de investigación, planes de recuperación de cartera y buscar respaldo del orden nacional.

“Es por ello que esta semana me dirijo al Ministerio de Salud, para ver cómo podemos traer más recursos. También hemos pensado en cómo ahorramos, cómo somos más sostenibles y disminuir gastos”, señaló la gerente.