La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra ocho mujeres trans que habrían conformado una banda delincuencial para, supuestamente, cometer hurtos, especialmente a extranjeros.

Los hechos se presentaron en el barrio El Poblado de Medellín y estarían implicadas Sofía Vargas (Isaías Vargas Ramírez), Vanesa Vélez (Dilan Estiuar Vélez Álvarez), Nicol Guaca (Víctor Alberto Guaca Vargas), Estefanía Suaza (Jonatan Suaza Gutiérrez), Estefanía Cabrera (Anderson Cabrera Díaz), Yuliana Palacios (Osneyder David Palacios Castillo) y Sara Cardona (Diego Alejandro Cardona).

A las procesadas, con identidad de género femenino, la Fiscalía les imputó cargos por uso de menores para la comisión de delitos de hurto calificado y agravado; y concierto para delinquir. Lo propio sucedió con María Valentina Velásquez (mujer cisgénero).

De acuerdo con la investigación, adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), entre el 4 de octubre de 2020 y el 9 de mayo pasado las procesadas habrían hurtado a, al menos, 19 transeúntes de la zona rosa del barrio El Poblado, sur de Medellín.

Labores de policía judicial evidenciaron que las procesadas, al parecer, abordaban a las víctimas para, supuestamente, ofrecerles servicios sexuales. En ese momento les obstruían el paso y mediante distintas distracciones se apoderaban de sus celulares y demás pertenencias con las que poco a poco desaparecían. Se presume que en dos hechos participaron menores de edad.

Entre las víctimas, todas de sexo masculino, figuran ciudadanos de Estados Unidos, México, Israel, Turquía, Alemania; además de colombianos. Las investigadas fueron capturadas por servidores del grupo contra atracos de la Sijín de la Policía Nacional. Ninguna de las procesadas aceptó su responsabilidad en los hechos. 

Fuente: Fiscalía General de la Nación

La Contraloría Departamental de Casanare en auditoria realizada a la Alcaldía de Yopal vigencia 2021 dio opinión negativa sobre el manejo contable y financiero de la Administración, donde los estados financieros no reflejan la situación financiera y los resultados de sus operaciones. Esto con base en el valor de las cuentas del activo a 31 de diciembre, las cuentas por cobrar, la propiedad, planta y equipo, otros activos y las cuentas de adquisición de servicios y resultado del ejercicio.

El organismo de control afirma que la totalidad de “incorrecciones e imposibilidades del activo” alcanzaron los $81 mil 217 millones de pesos, el 8% del total de activos y las del pasivo y patrimonio $24 mil 163 millones, el 2.38% del total del pasivo y patrimonio, lo cual tiene un efecto en los estados financieros en donde lo más representativo es “la incertidumbre en el valor de la cartera frente al saldo de los estado financieros, la incertidumbre en la cuenta de adquisición de bienes y servicios, sobreestimación en la cuenta de bienes muebles en bodega, diferencias existentes en las cuentas de terreno, bienes de uso público en servicio frente a los registros de almacén, anticipos sin legalizar contablemente, diferencia de los ingresos causados frente al recaudo de algunas rentas, entre otros.

Con respecto al presupuesto de 2021 la Contraloría afirmó que las finanzas del municipio se pusieron en riesgo con base en el déficit generado en los Ingresos Corrientes de Libre Destinación por 10 mil 159 millones, motivado en un reaforo de rentas de 12 mil 150 millones de pesos, el cual no solo no se recaudó, sino que se asumieron compromisos por el 84%.

Igualmente se “apreciaron compromisos inconclusos de vigencias anteriores que vulneran el principio de anualidad por 29 mil 961 millones de pesos y denotan serias falencias de planeación”, que se pretender cubrir con figuras financieras como reservas presupuestales y pasivos exigibles, entre otros.

De la auditoría publicada hace dos días se evidencia que se presentan fallas en la planeación en la contratación celebrada, deficiencias en las labores de supervisión que acarrean incertidumbre respecto del cumplimiento de los fines esenciales del Estado, a través de la contratación, presuntos sobrecostos y liquidaciones de licencias de construcción y urbanismo liquidadas y pagadas por debajo de lo reglado, por aproximadamente 590 millones de pesos.

Con respecto al concepto sobre la gestión de inversión, planes, programas y proyectos y del gasto, adquisición, recepción y uso de bienes y servicios, se identificó una eficacia del 46% y y eficiencia del 92%. Sin embargo, se realiza la recomendación de un seguimiento más exhaustivo de la armonización de los recursos proyectados en lo proyectos y los programado en el presupuesto para su respectiva ejecución, esto en aras de garantizar el cumplimiento de las metas plasmadas en el plan de desarrollo Yopal Segura.

Frente a la calidad y eficiencia del control fiscal interno la Contraloría emitió un concepto con deficiencias que arrojó una calificación de 2 sobre 5, situación que obedece a que procesos de gran impacto no tienen definidos controles y como consecuencia no permite que la entidad tome acciones de mitigación para hacer los correctivos que lo causan.

Casanare es el departamento que acumula la mayor cuantía de fallos con responsabilidad fiscal, con $120 mil 93 millones entre 2014 y 2020, según el Segundo Informe de Hallazgos del Instituto Anticorrupción, Cero Impunidad emitido este mes. Los departamentos de Meta con $97 mil 600 millones de Arauca con $47 mil 300 millones, le siguen a Casanare.

El departamento de Tolima es el departamento en que se han declarado la mayor cantidad de fallos por responsabilidad fiscal entre 2014 y 2020, mientras que los departamentos de Meta, Casanare y Arauca son los que presentan la mayor cuantía de detrimento patrimonial acumulada.

Entre 2014 y 2020, la Contraloría General de la Nación en Colombia profirió 2.121 fallos de responsabilidad fiscal. De los cuales, 52% declaran responsabilidad, 45% son fallos sin responsabilidad y 3% son mixtos. El monto de los fallos con responsabilidad fiscal asciende en total a 1,14 billones de pesos.

El Informe de Hallazgos centra su análisis en el desempeño institucional de tres entidades públicas: la Corte Suprema de Justicia, en los casos contra aforados constitucionales en el marco de las investigaciones adelantadas por “parapolítica”; el Consejo Superior de la Judicatura, enfocando la atención en los datos sobre desempeño judicial en procesos penales que han tenido por objeto la investigación y sanción de delitos cometidos contra la administración pública y la participación democrática; y la Contraloría General de la República, en los juicios de responsabilidad fiscal.

A través de una alianza entre Ecopetrol y la Fundación Nacional Batuta, 420 niños, niñas y jóvenes de Casanare se benefician de la oferta musical del programa Batuta en los municipios de Aguazul, Tauramena y Yopal.

El programa se inició en junio de 2021 y por las condiciones de la pandemia se desarrolló de forma virtual en su primera fase. Posteriormente migró a modalidad alternancia y a partir del primero de febrero de 2022 inició sus actividades de forma presencial.

Durante el primer año, se constituyeron y dotaron los centros musicales Batuta en cada uno de los municipios y se realizó un trabajo articulado con las instituciones educativas del Llano y José María Córdoba en Tauramena, Jorge Eliécer Gaitán en Aguazul y Técnico Empresarial Llano Lindo en Yopal.

La iniciativa ha tenido un impacto significativo en el territorio, porque los participantes se han acercado a un proceso formativo en el modelo “orquesta escuela” de acuerdo con los programas de iniciación musical en ensamble y coro de Batuta, con énfasis en las músicas tradicionales llaneras. Los resultados se han evidenciado en muestras artísticas culturales y un concierto denominado “Canta Llano”.

“En los tres municipios desarrollamos un trabajo conjunto para implementar la parte instrumental de los repertorios llaneros. Hemos evidenciado que han sido muy acertados para la formación de los participantes, logramos conectar con los niños para que disfruten la música y en particular el joropo, música tradicional de esta región”, manifestó Carlos Andrés Cedeño, coordinador musical y docente del Centro Batuta Yopal.

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes han adquirido conocimientos de lectoescritura musical y destrezas básicas para el desarrollo motriz, rítmico, auditivo y vocal, a través de la práctica colectiva musical y mediante la participación en los ensambles de iniciación y coro. Se ha realizado acompañamiento psicosocial a las familias y comunidades y se llevaron a cabo talleres de gestión cultural y de transferencia de saberes a docentes de las instituciones educativas.

“Desde hace un año me inscribí al Centro Musical Batuta Tauramena, me han enseñado a tocar placas, cuatro, maracas, y además de eso, hay una clase llamada psicosocial en la que me han enseñado sobre autoestima, autocontrol, autoconcepto (…) esto me ha ayudado a cambiar mi vida”, expresó Michael Chaparro, beneficiario del programa en el municipio de Tauramena.

Por su parte, Leidy Aguilera, madre de familia, beneficiaria del Centro Batuta en Aguazul agradeció la oportunidad de formación en la que participa su hija Tifanny Zoe.

“Me siento muy feliz y satisfecha con el programa, la verdad ha sido muy significativo en la vida de mi hija. Uno a veces no sabe qué talentos puedan tener los hijos, entonces quise darle la oportunidad de que aprendiera nuevas cosas y gracias a Dios se ha venido fortaleciendo y se ha destacado”, manifestó.

Este año, al son de cuatros, maracas y bandolas llaneras, Batuta y Ecopetrol darán continuidad al programa, afianzando el desarrollo de competencias musicales para conectar a los participantes con el valor cultural e inmaterial del joropo, para lo cual se tiene proyectado el desarrollo de presentaciones, conciertos, talleres de transferencia de conocimientos con docentes y talleres en gestión cultural con organizaciones del departamento.