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La Procuraduría General de la Nación ha emitido una sanción de tres meses de suspensión e inhabilidad especial contra el exalcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro.

La medida disciplinaria se impone a raíz de una controvertida afirmación realizada por Castro, en la que instó a los hombres del municipio a “consumir producto colombiano” en un claro rechazo a las trabajadoras sexuales migrantes.

La declaración, proferida durante una rueda de prensa el 6 de abril de 2021, mientras el entonces alcalde abordaba temas relacionados con la prostitución, ha sido calificada por el Ministerio Público como un “acto de violencia y discriminación contra la mujer”.

Según la Procuraduría, la expresión degrada la calidad y condición humana de las mujeres, reduciéndolas a la categoría de un producto o un objeto de consumo.

Además, el Ministerio Público subrayó que la exhortación del exmandatario generó una evidente discriminación hacia las mujeres de otras nacionalidades que ejercían el trabajo sexual en la capital casanareña.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3 calificó la conducta de Luis Eduardo Castro como grave y a título de dolo.

Dado que el exalcalde ya no se encuentra en el cargo, la sanción de suspensión se ha transformado en una multa equivalente a tres meses del salario que devengaba en el momento de cometer la falta, manteniendo la inhabilidad especial impuesta.

Contra esta decisión, el exalcalde tiene la posibilidad de interponer un recurso de apelación ante la sala disciplinaria de juzgamiento de servidores públicos de elección popular.

La diputada por el Centro Democrático, Marisela Duarte, enfrenta un proceso crítico que podría concluir con la pérdida de su curul en la Asamblea Departamental de Casanare. 

Durante la audiencia celebrada hoy viernes 25 de abril en el Tribunal Administrativo de Casanare, la Procuraduría General de la Nación presentó un concepto favorable a la solicitud de pérdida de investidura contra la líder política.

Según el Ministerio Público, Duarte habría incurrido en una irregularidad determinante al participar en la votación sobre su propia recusación. Este procedimiento buscaba inicialmente inhabilitarla para intervenir en el proceso de elección del secretario general de la Asamblea Departamental.

El dictamen de la Procuraduría representa un importante revés para la diputada, quien ahora deberá esperar la decisión final de la autoridad judicial sobre su permanencia en el cargo de elección popular que actualmente ostenta.

Las autoridades continúan analizando los detalles del caso, mientras crece la expectativa sobre el desenlace de este proceso que podría modificar la composición política de la Corporación.

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra Álvaro Luis Rivera Contreras, secretario de Infraestructura de la Gobernación de Casanare, por presuntos actos de irrespeto hacia Libardo Pan Chaparro, personero de Nunchía. 

Los hechos ocurrieron el 4 de febrero durante una mesa técnica convocada por la Gobernación para analizar una acción popular promovida por la Personería de Nunchía. Dicha acción busca la construcción de un puente sobre el caño El Guamal, en la vereda Macuco. 

Según lo publicó el ente de control, Rivera Contreras habría agredido verbalmente al personero con frases como “yo sé cómo se le mama gallo a las acciones populares” y “de malas si no le gusta la propuesta de la gobernación”. Estas declaraciones generaron malestar entre los asistentes y motivaron la intervención de la Procuraduría. 

La Asociación de Personeros de Casanare (Aspercas) se pronunció al respecto, rechazando los hechos y respaldando al personero afectado. La organización destacó la importancia de mantener el respeto y la cordialidad en las discusiones técnicas, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos. 

Para avanzar en la investigación, la Procuraduría Regional de Casanare ordenó la recolección de pruebas documentales y testimoniales. Además, solicitó el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para recuperar y analizar información publicada en medios de comunicación y plataformas digitales relacionadas con el caso. 

Este proceso busca determinar si el secretario incurrió en faltas disciplinarias y garantizar que los funcionarios públicos actúen con respeto y transparencia en el ejercicio de sus funciones. 

Gregorio Eljach Pacheco asumió oficialmente el cargo de Procurador General de la Nación este jueves, reemplazando a Margarita Cabello Blanco. Durante su discurso de posesión agradeció a su predecesora por su colaboración en la transición y destacó el informe de empalme preparado por Cabello y su equipo.

El nuevo procurador anunció que su gestión se centrará en promover el diálogo para construir consenso entre los diferentes sectores de la sociedad.  Además, priorizará la presencia de la Procuraduría en regiones apartadas y la protección de la infancia a través de visitas regionalizadas.

"Durante estos cuatro años, lideraré una Procuraduría que sea pro diálogo, pro libertad, pro democracia y que ayude a sanar las heridas sociales de Colombia", expresó Eljach.  Su objetivo es superar la polarización y construir una institución que procure el bienestar de todos los colombianos**.

También abordó la facultad de la Procuraduría para sancionar a funcionarios electos por voto popular, un tema que ha sido objeto de debate tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Reconoció el propósito de la decisión de la Corte de evitar que los órganos de control distorsionen los procesos electorales.  Sin embargo, enfatizó la importancia de esta facultad en la lucha contra la corrupción, especialmente considerando la participación de funcionarios electos en casos de corrupción a nivel nacional y local.

El nuevo procurador se comprometió a trabajar con las altas cortes, el Congreso, la academia, las ONG y el sector privado para encontrar una solución estructural a este dilema.

Dino que buscará un equilibrio entre el respeto a la sentencia de la Corte Interamericana y la necesidad de combatir la corrupción de manera efectiva.

Recordemos que Eljach fue elegido procurador por el Senado de la República a principios de octubre de 2024 con una contundente mayoría de 95 votos. Previamente se desempeñó como secretario general del Senado entre 2012 y 2024.

La Procuraduría General de la Nación decidió archivar el proceso disciplinario en contra de la exministra de educación del Gobierno de Iván Duque, Karen Abudinen, por el escándalo de los Centros Poblados.

Para el ente de control Abudinen Abuchaibe no cometió ninguna conducta irregular en la adjudicación del mencionado contrato, el 1043 de 20202, por eso la Sala Disciplinaria de Instrucción, tomó la determinación de cerrar el dicho proceso.

En este caso para la Procuraduría no hubo responsabilidad directa por parte de la exministra. En concepto del Ministerio Público Karen Abudinen no se saltó la normativa contractual, por lo tanto, no hay mérito para aplicarla ninguna sanción disciplinaria.

Como se recuerda la exfuncionaria del gobierno pasado estuvo en el ojo del huracán, cuando se descubrió que el proceso contractual para llevar señal de Internet a los sitios más apartados del país tenía pólizas falsas, las cuales permitieron girar un anticipo por valor de 70 mil millones de pesos.

Se conoció tiempo después que estos recursos fueron dilapidados por los involucrados en el escándalo, el contratista Emiliano Tapia, Luis Fernando Duque, Otromar Lascarro, Juan José Laverde y Juan Carlos Cáceres, entre otras personas.

La Procuraduría General de la Nación ha impuesto una suspensión e inhabilitación de 12 meses a Jorge García Lizarazo, debido a su omisión en la entrega de bienes adquiridos por la entidad territorial destinados al comando de Policía de Yopal, en hechos ocurridos cuando fue alcalde de la ciudad, en el año 2015.

La medida, según el ente de control,  se debe a su negligencia en la entrega de bienes adquiridos por la entidad territorial.  De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Procuraduría, se constató que, aunque los elementos fueron recibidos por el almacenista, García Lizarazo retiró personalmente para llevarlos a la estación de Policía.

Sin embargo, al verificar la entrega efectiva, el comandante informó al secretario de Gobierno de la época,  que los objetos fueron dejados en la entidad policial sin un acta formal de recibido y con varios faltantes.

En el fallo de primera instancia, el ente de control determinó que el mandatario recibió los bienes del almacén sin dejar constancia, ni soporte formal sobre su entrega a la institución policial.

Este actuar viola el deber establecido en el Código Disciplinario Único para los servidores públicos, que consiste en vigilar y salvaguardar los bienes y valores asignados, asegurando su uso adecuado y racional de acuerdo con su destino.

El Ministerio Público consideró que resulta ilógico que un alcalde de la capital de un departamento, asuma el control de bienes y omita registrar su destino, optando por dejar una parte abandonada en la estación de Policía.

Finalmente, la entidad calificó la falta del entonces alcalde García Lizarazo, como grave, atribuyéndole dolo. Además, se informó que se puede interponer un recurso de apelación, ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación, en contra de esta decisión.

Una indagación previa inició la Procuraduría General de la Nación, tanto a la Alcaldía de Trinidad como al Concejo Municipal, para determinar los responsables de posibles irregularidades cometidas durante la modificación del presupuesto de la vigencia 2023.

“Al parecer, esa corporación aprobó el proyecto de acuerdo presentado por el alcalde que lo facultaba para modificar el presupuesto general de rentas, recursos de capital, apropiaciones para gastos de funcionamiento y servicio a la deuda e inversión para la presente vigencia fiscal”, señala el comunicado de la Procuraduría. 

Agrega igualmente que con esta indagación se quiere identificar e individualizar, a los funcionarios que presuntamente estén relacionados con estos hechos.

Por esta razón solicitó al Concejo el proyecto de acuerdo, así como los anexos del mismo presentados por la Alcaldía. También pidió  copia del acuerdo aprobado, así como de las actas de reunión de los debates respectivos.

En este listado se solicitudes se incluyó un informe completo, de las modificaciones y ejecuciones hechas al presupuesto por la Administración local,  en el entendido que esta facultad le corresponde exclusivamente al Concejo Municipal.

Por supuestamente  no haber adelantado acciones necesarias para garantizar los derechos de una menor de edad, la Procuraduría General de la Nación, formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Moneterrey Orlando Martínez Ávila y su secretario de gobierno Juan Arley Bernal Martínez.

Para la Procuraduría el exburgomaestre habría incurrido en una falta disciplinaria, al designar a su entonces secretario de gobierno, para que actuara en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos a una menor de edad, después que la comisaría de familia se declara impedida.

A juicio del ente disciplinario, el entonces alcalde al nombrar a un funcionario reemplazante, posiblemente desconoció la ruta de atención que se aplica para estos casos.

Igualmente la Procuraduría sostuvo que basada en las pruebas recaudadas, el mencionado funcionario no habría realizado ninguna acción, para tramitar de manera especial el proceso de restablecimiento de derechos de la niña.

Agregó la entidad que si bien la asignación hecha al titular del despacho de Gobierno no era la correcta, el investigado tampoco expuso argumentos para sustentar por qué no adelantó ninguna acción. Tampoco alegó impedimento o falta de competencia o conocimiento del tema.

Señaló el Ministerio Público que "sencillamente ignoró el asunto, no actuó y dejó transcurrir los seis meses que están reglamentados para efectuar el proceso”. En consecuencia, la misma administración de Monterrey debió remitir el asunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de ese municipio.

A juicio del ente de control en ese lapso reglamentario, el disciplinado pudo haber tomado determinaciones respecto de los derechos vulnerados de la niña pues en ese aspecto estaba respaldado por la presunción de legalidad.

Las conductas reprochadas a los funcionarios fueron calificadas provisionalmente como falta grave a título de culpa gravísima.

Varias problemáticas le plantearon los personeros del departamento a la procuradora general de la nación, Margarita Cabello Blanco. Así lo confirmó el titular del Ministerio Público en Nunchía, Libardo Pan Chaparro.

Para el funcionario los mayores inconvenientes están relacionados con la insuficiencia en el personal, para atender toda la carga laboral de las personerías y el exiguo presupuesto con que cuentan.

Pan Chaparro acotó que la mayoría de personerías del departamento, son de sexta categoría. Condición que les limita la nómina a un personero y un secretario.

Con este grupo tan reducido deben atender todas las obligaciones propias de estas entidades. “Somos los únicos defensores de Derechos Humanos en los municipios. Tenemos conocimiento también de las declaraciones de las víctimas y nos convertimos en la puerta de entrada de estas personas al Estado”, precisó el personero de Nunchía.

Justamente en el campo de la vulneración de los Derechos Humanos, añadió que hacen acompañamiento a las audiencias en juzgados, comisarías de familia e inspecciones de policía, cuando consideran que se hace necesaria su presencia.

Aunque este trabajo tiene su dosis de riesgo a la seguridad, aclaró que salvo el caso de su colega de Recetor, quien se encuentra adelantando un proceso ante la Unidad Nacional de Protección, ninguno de los demás personeros del departamento, ha sido objeto de amenazas.

Sobre su trabajo destacó que ha participado activamente en la presentación de acciones populares, tendientes a que la población más vulnerable tenga acceso a los servicios públicos esenciales.

En este orden de ideas las autoridades judiciales han conminado tanto a la Alcaldía como a la Gobernación, para que den respuesta positiva a las solicitudes de estas comunidades y entren a solucionar sus reclamaciones.

En cuanto el sonado caso de la remodelación del parque principal de Nunchía, expresó que no es cierto que se le vaya a cambiar el nombre, como se rumoró. Lo que ocurre, según explicación del personero, es que se van a instalar unos monumentos en homenaje a varios próceres de la independencia.

En este contexto surgió el nombre de María Rosa Lazo de la Vega, quien según algunos historiadores tuvo participación activa en la gesta libertadora, durante el tiempo que las tropeas independentistas estuvieron en suelo casanareño.

Y en lo atiente a las críticas por la tala de árboles a la que supuestamente será sometido el parque, para dar paso a las obras de remodelación, dijo que no existe una queja formal. Solamente se han limitado a solicitar la creación de una veeduría ciudadana para ejercer supervisión sobre la ejecución de este proyecto.

Hoy durante rueda prensa la procuradora general de la nación, Margarita Cabello Blanco, insistió en que las reformas presentadas al Congreso por el Gobierno nacional deben ser analizadas y discutidas a fondo, para evitar que se aprueben una serie de artículos que podrían afectar negativamente el país.

Cabello se dio estas declaraciones luego de concluir el seminario regional de derecho disciplinario, que se cumplió en el auditorio del Comando de Policía Casanare y que hace parte de las jornadas académicas organizadas por la Procuraduría en los distintos departamentos.

Mañana se cumple la segunda jornada donde se abordará el tema electoral, enfocado sobre el control que debe ejercer el Ministerio Público en los comicios de octubre.

Reforma laboral

Para la procuradora esta propuesta se asemeja más a un pliego de peticiones, que a una reforma laboral. En su concepto está orientada a darle más beneficios a los trabajadores formales que a plantear soluciones al sector informal, para vincularlos laboralmente.

Sostuvo que en este mismo sentido se pronunció el presidente del Banco de la República, basado en un estudio profundo a esta reforma. Según Cabello Blanco la conclusión a la que llegó el directivo del banco emisor, es preocupante.

“Si bien tiene unos beneficios, ese proyecto es un riesgo muy grande, porque al aumentar de una manera muy fuerte los costos laborales, va generar que se reduzca la contratación y se disminuya el empleo”, precisó la jefe del Ministerio Público.

En ese orden de ideas indicó que se pueden perder 480 mil empleos. Por eso invitó a que se tenga especial cuidado en el trabajo legislativo y evitar que se ocurra esta situación.

Explicó que la idea debe ser que se aumenten las posibilidades para que los trabajadores informales, entren a la formalidad. De esta manera se incrementarán las cotizaciones al sistema de seguridad social, lo que significa que se tendrá más dinero para atender la demanda pensional.  

Abogó por un equilibrio entre las tres reformas, salud, pensiones y laboral, porque cualquier acción que desequilibre la balanza en una sola de las propuestas, va a afectar las otras dos.

Reforma a la salud

En este punto hizo un llamado para que los parlamentarios estudien cuidadosamente esta propuesta, para evitar errores en el procedimiento establecido en la Ley Quinta, que la que regula el Congreso, porque no se está debatiendo cuidadosamente su contenido. Además, consideró como peligrosa la dinámica de aprobación en bloque de unos artículos.