La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de tres presuntos integrantes de la red de apoyo a las disidencias de las Farc.

Los detenidos se encuentra Wilson Velandia Aguilar, alias "Álvaro" o "Lanza", capturado en Trinidad y señalado como la mano derecha de Ómar Pardo Galeano, alias "Antonio Medina", cabecilla de este grupo armado ilegal.

Tras ocho meses de ardua investigación, los agentes de la DIJIN recopilaron pruebas que vincularían a Velandia Aguilar, de 42 años, con diversos delitos, incluyendo homicidios y atentados terroristas perpetrados en la región. 

Según las autoridades, el capturado tendría una trayectoria criminal de más de dos décadas y es señalado como hombre de confianza de alias “Efrén”, segundo cabecilla de la GAO-r Subestructura 28 y era el encargado de controlar las rutas del narcotráfico en la región-

Entre los delitos que se le imputan a alias "Lanza" se encuentra la emboscada a una patrulla de la Policía en Paz de Ariporo, ocurrida el 8 de agosto de 2002, donde perdieron la vida cuatro uniformados.

Asimismo, se le señala como responsable del asesinato de un ganadero en Trinidad, Casanare, el 8 de diciembre de 2016, quien fue ultimado por oponerse al hurto de 10 millones de pesos, producto de la venta de ganado.

Además de su presunta participación en estos hechos violentos, las investigaciones sugieren que Velandia Aguilar mantenía vínculos clandestinos con narcotraficantes de Casanare y Vichada, para coordinar actividades delictivas relacionadas con la extorsión y el tráfico de drogas, con el objetivo de expandir su imperio criminal.

Durante el operativo, que se extendió hasta Paz de Ariporo y Tunja, también fueron capturados Jhon Kennedy González Velandia, alias "Chimbilá", y Jeison Alveiro Latriglia Mojica, alias "Mojica".

Todos ellos son señalados de pertenecer a la misma estructura armada y de cometer delitos como concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y terrorismo.

Según la DIJIN, alias "Chimbilá" se encargaba de realizar labores de inteligencia delictiva contra miembros de la Fuerza Pública en Casanare, utilizando como fachada el transporte informal para movilizar material logístico de la organización.

Por su parte, Latriglia Mojica sería el responsable de distribuir panfletos amenazantes contra la Federación Nacional de Cafeteros, establecimientos comerciales y la escolta del alcalde de Támara.

Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó sus detenciones y dictó medida de aseguramiento en el centro carcelario.

Con información de El Tiempo 

“Es una estrategia de la oficina territorial de Casanare que tiene como objetivo que todas las instituciones departamentales, se unan a la búsqueda de personas desaparecidas.

Porque este trabajo es de todos, por eso hay que unir esfuerzos, para buscar a los desaparecidos”. Así lo explicó la coordinadora regional de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Adriana Pestana.

La aseveraciones las hizo durante el lanzamiento de la red de apoyo de buscadores de personadas dadas por desaparecidas, que se cumplió este 31 de mayo en el auditorio de La Triada, de Yopal.

En las estadísticas de la UBPD hay más de 2.300 personas declaradas como desaparecidas en Casanare y tiene en su poder más de 1.300 solicitudes de búsqueda.

La funcionaria agregó que para iniciar la búsqueda por parte de la Unidad, los familiares de las víctimas de desaparición solo tienen que comunicarse con la entidad para iniciar el proceso.

De todas formas reconoció que existe un subregistro en la región, porque muchos familiares no han denunciado sus casos. Según Pestana en Casanare impera la ley del silencio.

“Por miedo a lo que les pueda suceder, las personas no han podido ir a denunciar o a hacer la solicitud de búsqueda”, indicó la coordinadora regional de la UBPD.

Pero este no es el único traspiés que tiene este proceso. El otro cuello de botella es que nunca hubo un proceso de paz con la ACC, que es fue uno de los principales grupos armados ilegales, responsables de gran cantidad de desapariciones forzadas en el departamento.

Al no estar inmersos en un proceso de paz, muchos excombatientes fueron juzgados por la justicia ordinaria y hoy 20 años después de la barbarie, varios de ellos están a punto a terminar sus condenas.

En este escenario con la libertad puesta en el horizonte,  consideran de revelar nuevos casos de desaparición les podría acarrear procesos jurídicos adicionales y posiblemente también nuevas condenas.

En este sentido Pestana manifestó que la UBPD es un organismo humanitario, no son autoridad judicial y son una entidad confidencial.

Por lo tanto la persona que llegue a aportar información no estará inmersa en ningún proceso judicial y los datos que entregue serán clasificados como reservados.

Sobre las cifras obtenidas del trabajo realizado hasta ahora, Adriana Pestana dijo que se han podido recuperar 49 cuerpos, 7 entregas y 1 reencuentro.

Números que reconoció son muy bajos, pero que espera suban en la medida de la labor que se viene adelantando para ubicar más víctimas de desaparición forzada.

Hoy 31 de mayo concluye la semana de la desaparición forzada, que en el departamento fue liderada por la Fundación Giovanni Quevedo. El objetivo de esta conmemoración es no olvidar a las personas víctimas de este delito en Casanare y que luego de 23 años aún no han sido encontrados sus restos.

Justamente en el marco de este acto de recordación, se llevó a cabo el octavo conversatorio departamental de desaparición forzada. La actividad tuvo como sede el auditorio de la UPTC en el municipio de Aguazul, el pasado miércoles 29 de mayo.

Desde este escenario Lida Quevedo, de la Fundación Giovanni Quevedo, hizo un llamado al Gobierno departamental de Casanare, para que se cree la política pública para las víctimas de la desaparición forzada.

Explicó que el objetivo de esta propuesta es entregar herramientas legales, así como el apoyo oficial, para continuar con la búsqueda de los más de 2.500 desaparecidos reportados en el departamento, para que por fin recuperar sus restos y avanzar en tarea de conocer la verdad.

Al respecto dijo que desde el mes de enero ha sostenido reuniones con el secretario de Planeación, Alfonso Cárdenas, donde se le dio a conocer la ruta para “poder darle vida como meta producto en el plan de desarrollo a la mesa departamental de la desaparición forzada”, recalcó Lida.

Agregó que en el momento en que se hizo el lanzamiento del plan de desarrollo ante la Asamblea, “nos dimos cuenta que nuestro trabajo no fue tenido en cuenta e incluido, pero nuevamente, nos acercamos con el doctor Alfonso Cárdenas, nos escuchó, le recordamos y no garantizó de poderlo incluir”.

Para Lida la meta es que todo este trabajo, la creación de la mesa y demás aspectos concernientes a la desaparición forzada, quede consagrado en una ordenanza, objetivo que vienen impulsando desde 2006, pero que hasta el momento no ha podido ser cristalizado.

Propuesta que también presentaron a la Alcaldía de Aguazul, para que sea incluida dentro del plan desarrollo de este municipio, según lo comentó Lida Quevedo, quien destacó la voluntad que tiene frente a este tema, el burgomaestre de esta localidad, Nelson Camacho.

Pero pasando de las fronteras del ámbito local y regional, Quevedo insistió en la necesidad que el Gobierno nacional implemente un proceso de paz con las extintas ACC, tal y como lo hizo en su momento con las Farc.

Para Lida es importante esta figura jurídica, en el camino de conocer la verdad y establecer donde se encuentran los restos de miles de desaparecidos en Casanare.

Quevedo explicó que en este momento existen excombatientes que ya están a punto que pagar su condena y otros que están ad portas de una prisión domiciliaria.

Por lo tanto al tener tan cerca la libertad, prefieren no revelar más datos de los actos violentos de desaparición, de los cuales tienen conocimiento, para evitar que les inicien nuevos procesos.

Es por ello que Lida insiste en la necesidad de un proceso de paz, que les brinde garantías a los excombatientes que no se verán inmersos en nuevos proceso jurídicos, si cuentan toda la verdad que ellos conocen sobre desaparición forzada en Casanare.

Finalmente este conversatorio contó la participación de delgados del Ministerio del Interior, de Medicina Legal, también de Germán Cano, representante de líder del área forense de  la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otros invitados del orden nacional.  

Un sujeto identificado como Wilson Cáceres enfrenta medidas de aseguramiento ordenada por un juez de control de garantías, por presuntamente secuestrar y abusar sexualmente de una menor de 11 años en Casanare.

Según los datos suministrados por la Fiscalía, del hecho señala que el episodio ocurrió el 1 de mayo en la vereda Altamira, Hato Corozal, donde se cree que Cáceres interceptó a la niña en su camino hacia el colegio y la llevó a un lugar apartado donde la habría agredido violentamente.

El reporte del ente investigador señala además que el victimario la intimido con un arma de fuego y la amenazó con llevarla a la guerrilla. Posteriormente, el 2 de mayo, la liberó.

La captura de Cáceres se realizó en la vereda Altamira, y la Fiscalía le imputó cargos por secuestro simple, acceso carnal violento agravado, y fabricación ilegal de armas, aunque el acusado no aceptó los cargos.