Un accidente de tránsito en la vía Yopal - Pore dejó como saldo la muerte de un joven de 21 años, identificado como José Néstor Cataño Padilla, quien se desempeñaba como técnico electricista.

El incidente ocurrió cuando Cataño colisionó con la parte trasera de un camión mientras conducía su motocicleta de placa FJK 28E, en el sector de Araguaney.

Según las primeras versiones del suceso, se sospecha que el exceso de velocidad del motociclista pudo haber sido un factor determinante en el accidente.

La colisión fue lo suficientemente grave como para que los servicios de emergencia no pudieran salvar la vida a José Néstor, quien falleció en el lugar de los hechos.

Las autoridades de tránsito han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Este trágico evento resalta la importancia de la seguridad vial y el respeto a las normas de tránsito, especialmente en vías que pueden presentar riesgos para los conductores.

Amigos y conocidos de Cataño Padilla lamentaron su fallecimiento y enviaron las condolencias a su familia en este difícil momento.

Un fallo en segunda instancia proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Monterrey puso fin a la polémica suscitada por la presencia de una piara, ubicada en cercanías del barrio El Algarrobo, municipio de Villanueva.

La controversia surgió cuando los habitantes del mencionado sector denunciaron falencias en el manejo sanitario del mencionado criadero de cerdos, que lo venía afectando, no solo por el tema de los malos olores, sino también por la presencia de moscas y roedores.

Ante esta situación los afectados acudieron a la inspección de policía local, que se pronunció ordenando a los dueños del emprendimiento porcícola suspender la actividad en esa zona urbana de Villanueva.  En este mismo sentido se pronunció la Alcaldía, que respaldó la decisión en primera instancia.

Sin embargo, la propietaria del criadero de porcinos, María Alejandra Guevara Barreto, instauró una Acción de Tutela alegando fallas en el debido proceso.

En este sentido se dio el pronunciamiento de la autoridad judicial de Monterrey. En fallo el juez Carlos Andrés Soto explicó que una vez analizado el caso y revisada toda la documentación allegada “advirtió que la actuación procesal realizada por la Inspección de Policía y la Alcaldía no han vulnerado el derecho al debido proceso”.

Basado en este análisis jurídico el togado ratificó la sentencia del Juzgado Promiscuo de Villanueva, que declaró improcedente el amparo solicitado por la parte demandante. Es decir, no hubo violación al debido proceso.

En este orden de ideas quedó en firme la orden dada por la Inspección de Policía, la cual ordenó suspender las actividades del criadero de cerdos en este lugar. El siguiente paso es el cumplimiento ordenando por la justicia.

Efectivos de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de Yopal, adscritos al Departamento de Policía Casanare, reportaron la aprehensión de un menor de 16 años por orden judicial, en la calle 24 con carrera 17.

Según el reporte policial, el joven es acusado del delito de acceso carnal agravado, en hechos acaecidos el 23 de julio de presente año. La comunicación oficial señala que el menor de edad mediante amenazas llevo una niña de 12 años hasta su residencia.

Una vez en el inmueble, la encerró, golpeó y amarró a una cama, para luego agredirla carnalmente. Agrega la versión entregada por la Policía, que la aprehensión fue posible por información entregada por vecinos del sector, quienes alertaron al padre de la víctima.

El progenitor de la niña en su momento denunció la desaparición de su hija por redes sociales y medios de comunicación. El joven de 16 años se encuentra bajo medida privativa de la libertad en un centro especial para menores de edad, mientras se surten los procedimientos judiciales correspondientes.

Con las maletas llenas de ilusiones se quedaron 27 ediles que Yopal, quienes vieron frustradas sus intenciones de participar en un congreso nacional programado en la isla de San Andrés.

La situación adversa se presentó cuando descubrieron que fueron estafados por dos funcionarios de una empresa de viajes, a quienes habían contactado para realizar la respectiva compra de los tiquetes.

En total fueron 11 millones de pesos los que pagaron a la agencia Viva Viajar, que tiene sus oficinas en el centro comercial Morichal Plaza. La ignominia tiene un segundo componente.

Los dineros destinados para el viaje eran el resultado de diversas actividades adelantadas por los ediles y no de provenían del bolsillo de ningún patrocinador.

Adicionalmente el pago de la reserva de los tiquetes se hizo de manera puntual, con la ilusión de evitar cualquier contratiempo que les envolatara su participación en el congreso.

El tiempo paso sin mayores novedades, pero horas antes de alzar vuelo para la isla, se descubrió que no existían reservas de tiquetes a nombre de ningún edil.

De inmediato todas las miradas apuntaron a una empleada de la agencia de viajes, quien según los afectados los atendió dentro de las oficinas de la empresa, lo que permitió crear un ambiente de confianza a los lideres.

Ante esta bochornosa situación la representante legal de la firma de viajes, Dávaris Díaz, entregó las explicaciones del caso. Sostuvo ante los medios de comunicación que la responsable de este inconveniente es una asesora de la compañía, identificada como Patricia Hurtado.

Agregó que esta persona adelantó negociaciones con un tercero ajeno a la empresa. Se trata de Darwin Tibabija, a quien señalan de haber recibido el pago de los tiquetes, sin embargo, nunca reportó estos ingresos a Viva Viajar.

La situación se complica aún más porque Dávaris Díaz recalcó que no existe un contrato firmado con los compradores, es decir con los ediles. Igualmente manifestó que la agencia también fue víctima de fraude interno, no obstante, aclaró que esta buscando la manera de poder colaborarle a los afectados.

El panorama es bastante complejo, las posibilidades de conseguir vuelo para los próximos días son prácticamente imposible, por temas de disponibilidad de las aerolíneas, por lo tanto, se deben analizar otras alternativas como devolverle el dinero a los perjudicados, opción que también tomará su tiempo.

Finalmente, se conoció de manera extraoficial que independientemente de los resultados y soluciones que se obtengan para esta problemática, los ediles no descartan presentar una denuncia por los daños y perjuicios que les ocasionó esta situación.