Más de 200 personas manifiestan su preocupación  por  el incumplimiento en el proyecto de vivienda  Villas del Palmarito porque éste no ha iniciado a ejecutarse y los “beneficiarios” Ya  han invertido altas sumas de dinero con la ilusión de tener casa propia.

Según los afectados,  ya han pasado cuatro años y las obras no arrancan.  “Hemos asistido constantemente a las oficinas de la constructora y siempre nos salen con una excusa diferente” afirmó  Derly Rincón, una de las beneficiarias”.

El proyecto estaba liderado por el hoy en día diputado Manuel Enrique Albarracín, pero según se conoció por los mismos denunciantes,  Johana Albarracín, hermana del funcionario, es quien actualmente aparece  como la gerente.

Más de seis mil millones de pesos aproximadamente habrían sido recaudados por la constructora,  por lo que la mayoría de beneficiarios del proyecto, ha cancelado  más del 60 por ciento del total del costo de sus apartamentos y algunas personas  ya se encuentran al día en el pago.  

“El 1 de junio de 2014 fuimos citados todos los beneficiarios a una reunión en Farándula donde el mismo Albarracín nos manifestó en tarima que debíamos ponernos al día en el 60 por ciento de la totalidad del apartamento  y que así se comprometía a iniciar obras en los dos meses siguientes. Por esto mismo  la mayoría de personas accedieron, porque confiaron en la palabra de él, y pagaron los costos requeridos” indicó Rincón.

Los afectados piden que les sean devueltos sus dineros y que se les pague por las cláusulas de incumplimiento contempladas en el contrato “porque no es justo que jueguen con nuestras ilusiones de tener vivienda y que se beneficien con plata que no les pertenece” indicó Doris Enteliz, otra de las afectadas.

El concejal José Luis Avendaño manifestó que representantes de la constructora fueron citados a debate junto con los afectados con el fin de que se aclarara la situación, pero que no hubo asistencia por parte de la firma, aduciendo que esta citación no tenía legalidad.  Frente a esto el concejal manifestó que la ley da facultad a los corporados de citar a personas naturales o jurídicas para que rindan declaraciones ante problemáticas de impacto social y que éste es un caso de ellos.

Los precios de los apartamentos van desde los 70 millones de pesos y se conoció que a la fecha algunas personas han emprendido acciones legales.