Hasta el 15 de agosto, se presentó un aumento del 20,8% en el total de quejas electorales, reportadas a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral -URIEL- del Ministerio del Interior. Pasaron de 989 a 1.195 en solo una semana.

Las cinco conductas más reportadas por los ciudadanos son: violación al régimen de propaganda electoral y acceso a medios de comunicación, que consiste en la divulgación política y propaganda electoral por fuera de los tres meses anteriores a la fecha de las elecciones. Otra queja es el constreñimiento al sufragante, que se da cuando se amenaza o presiona a alguien para alterar la intención de voto; o cuando los funcionarios públicos intervienen en el proceso electoral. De igual forma, hay candidatos que inscriben ciudadanos en un lugar diferente a su residencia, configurando casos de trashumancia electoral.

Ante estos hechos, en algunos casos, los ciudadanos le solicitan al Ministerio Público que ejerzan vigilancia del proceso electoral para que monitoree y vigilen a las administraciones municipales o departamentales. Los canales de recepción de quejas más usados son la Misión de Observación Electoral -MOE-, que ha recibido 685 quejas, la página web (uriel.mininterior.gov.co) con 262 quejas y el correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) con 191 quejas.

El Ministerio del Interior lidera la implementación del Plan Ágora de Transparencia y Seguridad para las Elecciones Territoriales de 2019. Para ese fin se creó el Grupo de Reacción Inmediata Electoral, GRIE; se activó la Ruta Especial de protección para candidatos y la de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, CIPRAT, para el proceso electoral; así como protocolos de seguridad y protección para los partidos que se encuentren en oposición. El Grupo de Reacción Inmediata Electoral, GRIE, priorizó 5 departamentos, en los que se identificó captura del Estado, baja gobernabilidad, violencia política, posible trashumancia electoral: Norte de Santander, Arauca, Sur de Córdoba y Bajo Cauca Antioqueño, Tumaco y Valle del Cauca.