Luego del pronunciamiento de la Justicia Especial para la Paz, donde expuso las razones por la cuales no aceptó la solicitud de sometimiento del exalcalde de Aguazul, Mauricio Jiménez Pérez, los hermanos del mandatario publicaron un sentido mensaje en el cual manifestaron su desacuerdo con la decisión de la JEP.

El escrito comienza por describir las repercusiones emocionales que tiene para ellos el rechazo a la petición hecha por el exmandatario. “Hablamos como los hermanos de José Mauricio Jiménez, con el corazón roto y llenos de dolor por la injusticia que hoy consume a nuestra familia”.

Asegura la publicación que durante el tiempo que ejerció como alcalde de Aguazul, su hermano terminó cediendo ante las pretensiones de los grupos armados organizados de la época, por temor.

“Nuestro hermano José Mauricio, exalcalde de Aguazul, cedió por miedo, por la coacción de un conflicto armado que devoraba a Casanare, donde los líderes civiles estaban solos, sin el amparo del Estado, y con una “pistola en la cabeza” que los obligaba a someterse a la barbarie”.

También recalca que “ha manifestado su profundo arrepentimiento y ha pedido perdón a las víctimas de los desaparecidos, demostrando su voluntad sincera de contribuir a la verdad, la reparación y la justicia”.

Sobre la negativa a la solicitud de sometimiento la califican como “una dolorosa incoherencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.

Opinión que para los hermanos de Jiménez Pérez tiene su argumento. “Mientras la JEP admite y otorga beneficios a actores armados que empuñaron fusiles y cometieron crímenes atroces, a nuestro hermano —que nunca tomó un arma y cuya presunta responsabilidad se limita a una autoría por omisión, en un contexto de amenaza y abandono estatal— se le cierran las puertas”.

Razones a las que se añaden algunos cuestionamientos. “Nos preguntamos con angustia: ¿Por qué un civil coaccionado encuentra un muro, mientras criminales confesos obtienen libertad e incluso curules?”

En este contexto los hermanos Juan, Patricia Fernanda, Marta Zoraya y Juan Ricardo Jiménez, quienes firma el comunicado a la opinión pública, hacen un llamado para que la petición de Mauricio sea aceptada.

“La justicia transicional debe reconocer el contexto de guerra que obligó a muchos civiles a “aceptar el sometimiento”. Exigir una plena posición de garante a un funcionario civil bajo amenaza, sin respaldo del Estado, es un doble rasero inaceptable”.

Agrega el escrito que “no buscamos impunidad. Buscamos la verdad simétrica, el reconocimiento del contexto de terror y un trato justo”.

Por lo tanto, hace una solicitud puntual. “Exigimos que la JEP deje de ser una vía de escape para los criminales armados, mientras se convierte en un aparato de estigmatización para los civiles que fueron también víctimas de la coacción y el miedo.

Recordó la publicación que la familia Jiménez también fue víctima de la violencia. “Nuestro padre fue vilmente asesinado por los paramilitares, y reiteramos con firmeza que nuestro hermano nunca fue autor intelectual ni material de delito alguno. Su única falta fue ser autor por omisión en posición de garante, en un contexto de abandono estatal y violencia generalizada”.

Insista el comunicado en el abandono estatal imperante en la época en que ocurrieron los hechos. “Este no fue un problema exclusivo de Aguazul, sino de todo el país”.

Por eso consideran injusta la situación de Mauricio Jiménez. “El hecho de que nuestro hermano sea el único exalcalde condenado en Colombia bajo estas circunstancias profundiza aún más nuestro dolor y cuestiona la equidad en la aplicación de la justicia y en el respeto al derecho a la igualdad”.

Finalmente, pidieron un trato justo para su hermano de quien manifestaron que su único deseo es contribuir a la verdad.

Si de algo están seguros los taxistas de Yopal, es que no le creen a Ecopetrol las afirmaciones sobre la seguridad en el suministro de gas domiciliario, vehicular e industrial para la región de la Orinoquia.

Para los representantes del gremio amarillo estas afirmaciones hechas por la empresa a través de redes sociales no son ciertas.

Y es que el tema de una posible crisis de abastecimiento de este combustible se ciñe en el horizonte desde hacer varios meses. La situación es tan preocupante que llevó a los taxistas manifestar su voz de protesta en un plantón hace ya varias semanas.

Como resultado de esta actividad se adelantó una mesa de trabajo en el municipio de Aguazul, pero los transportadores insisten que desde ese día hasta la fecha no se ha presentado ningún avance.

“Resultados como tal o como lo hemos visto en muchos comunicados de prensa que lo logramos, que esto ya se acabó, no los hay”, manifestó Jorge Yabrudy, representante del gremio amarillo, en declaraciones a la prensa.

El líder de los taxistas también se refirió al incumplimiento por parte del Gobierno nacional, concretamente del ministro de transporte, la CREG, Superintendencia de Servicios Públicos, entre otras entidades, que no asistieron a la reunión de seguimiento programada para la semana pasada.

Ante la ausencia de estas instituciones del orden nacional, para Yabrudy, lo que sería una mesa técnica de diálogo con los taxistas y autoridades locales, se convirtió en una discusión más, por lo tanto, se mantiene el pliego de peticiones.

Recalcó que por el momento no se tiene ninguna solución en concreto. Es por ello por lo que la reunión pactada para este 12 de noviembre retomará las negociaciones y aspira a que se cuente con la presencia de los actores de carácter nacional que tengan poder de decisión.

De esta manera se cumplen con los requisitos para llevar a cabo una mesa técnica, que analice el panorama del suministro de gas para Casanare y toda la Orinoquia a partir del próximo primero de diciembre.

En pocas palabras las negociaciones siguen en el mismo punto de partida, a la espera de una solución definitiva.

 “Continúa la incertidumbre. Yo sé que por muchos medios de comunicación Ecopetrol ha dado declaraciones que ya hay gas para Casanare un año más. Eso lo han dicho, pero no hay un documento que lo respalde”, acotó Yabrudy.

Agregó que de continuar la zozobra y no alcanzar una pronta solución, se pueden ver afectadas 12 mil familias que viven en el norte del departamento, quienes estarían en riesgo, a partir del primero de diciembre, de no contar con el servicio de gas domiciliario.

Para Alejandro Rojas, otro de los líderes del gremio amarillo, en medio de la adversidad destacó el apoyo que han brindado varias autoridades locales como el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz y el gobernador, César Ortiz Zorro.

En este listado también figura el burgomaestre de Aguazul, Nelson Camacho Caicedo; San Luis de Palenque, Édiver Vásquez y la alcaldesa de Trinidad, Dámaris Abril.

Ahora esperan que los todos los entes del orden nacional participen en la reunión de este miércoles 12 de noviembre. En caso de no asistir, los taxistas anunciaron que se levantarán de la mesa y dejarán abierta la posibilidad de convocar a un cese de actividades.

Un hombre que transitaba tranquilamente por las calles de Tauramena, pero que tenía en su contra una orden de captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fue detenido por la Policía.

El reporte policial indicó que el procedimiento se hizo efectivo en la carrera 12 con calle segunda, sobre la vía alterna que comunica esta población con el municipio de Monterrey.

Acotó el informe policial que el operativo se cumplió durante el desarrollo de labores de registro y control, cumplidas por parte de uniformados adscritos a la estación de policía de Tauramena.

Luego de la captura el detenido, de 49 años, fue dejado a disposición de la autoridad competente para que cumpla con el respectivo proceso judicial.

Horas después de haber sido hurtada en la vereda Manantiales del municipio de Yopal, la Policía reportó la recuperación de una camioneta Toyota Hilux, colore blanco y modelo 2018, avaluada en 150 millones de pesos.

Según la información oficial, el vehículo fue recuperado en el sector de la vereda Arenal, durante actividades de vigilancia y control, que cumplían efectivos de la institución.

Aunque no se entregaron detalles del hurto, la publicación del ente policial manifestó que el automotor de placas EMS486 fue robado en horas de la madrugada de este 10 de noviembre, en la finca Palmeras.

Para el comandante del Departamento de Policía Casanare, coronel Pablo Galindo Valencia, esta acción corrobora el compromiso que tiene la institución con la seguridad, la tranquilidad y buena convivencia en suelo casanareño.

En un boletín de prensa la Justicia Especial para la Paz reveló las razones por las cuales negó la solicitud de sometimiento hecha por el exalcalde de Aguazul, Mauricio Jiménez Pérez.

Para la JEP la versión entregada por el exmandatario local no aportó la verdad plena, ni entregó ninguna novedad, tampoco datos relevantes, que permitieran “aclarar los patrones macrocriminales que afectaron a la población de Casanare durante el periodo en que fue alcalde 2001 – 2003).

El escrito compartido por la JEP recuerda que Jiménez Pérez fue condenado “en 2011 por el Juzgado 5to. Penal del Circuito Especializado de Bogotá a 29 años de cárcel por la desaparición forzada de Luis Ariel Bernal López y Ariel Rojas Moreno”.

Los cargos contra Mauricio Jiménez son por “omisión, y concierto para delinquir agravado en calidad de autor”, según se puede leer en el documento.

También recuerda que se le impuso una inhabilidad de 13 años para ejercer cargos públicos”. Igualmente menciona que por estos hechos “se encuentra en etapa de investigación un proceso disciplinario en la Procuraduría relacionado con dichas desapariciones forzadas”.

Adicionalmente expresa que la “Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP determinó que Jiménez Pérez no brindó información que permitiera revelar con claridad cómo se desarrolló su connivencia con las autodefensas”.

Añade que tampoco “reveló contenido sobre sus vínculos a través de reuniones (probadas en la justicia ordinaria) que sostuvo con Héctor Germán Buitrago Parada, exjefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), conocido como ‘Martín Llanos’ “.

Así mismo, según la JEP, en el relato de Jiménez Pérez, no se “entregó información orientada a esclarecer algún patrón criminal relacionado con violaciones de derechos humanos cometidos por las ACC contra la población civil de Aguazul (Casanare) mientras ejerció como alcalde”.

Ante esta situación determinó que el exalcalde “incumplió el régimen de condicionalidad, lo que le impide acceder a tratamientos especiales o beneficios de la JEP, empezando por la aceptación del sometimiento”.

Aclaró la Sala Disciplinaria que el exalcalde de Aguazul “contó con amplias oportunidades para brindar información que superara el umbral de verdad esclarecido en la jurisdicción ordinaria, pero Jiménez no hizo ningún aporte a la verdad que resultara idóneo”.

En este contexto subrayó la JEP que la información entregada por Jiménez Pérez se limitó a la narración de “argumentos vagos que no permitieron ahondar en la develación plena de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el señalamiento de otros autores implicados en los delitos por los que fue condenado”.

Frente a este hecho la JEP ordenó remitir el expediente a las autoridades ordinarias, “toda vez que en el proceso penal por el que fue condenado se encuentra una orden de captura vigente en su contra, la cual está a cargo del Juzgado 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

La familia Meche Paredes finalmente pudo cerrar un doloroso ciclo este mes, tras recibir y despedir dignamente los restos de Leidy Tatiana, joven desaparecida desde junio de 2002, cuando tenía apenas 16 años, víctima del conflicto armado en Tame, Arauca.

La espera se prolongó por más de dos décadas, en las que su familia no tuvo noticias ni respuestas claras sobre su paradero.

En 2023, con ayuda de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el caso recobró esperanzas luego de que su padre aportara información que llevó a la identificación de restos en el cementerio municipal de Arauca.

Pruebas genéticas del Instituto de Medicina Legal confirmaron en marzo de 2024 que el cuerpo correspondía a Leidy Tatiana.

La investigación humanitaria determinó que Leidy falleció el 20 de mayo de 2005 en hechos vinculados a la violencia del conflicto armado. Al no portar documentos de identidad, su cuerpo fue sepultado sin identificar en Arauca.

El pasado 17 de octubre, la familia recibió sus restos en una entrega digna organizada por la UBPD en Yopal, Casanare.

El acto de despedida incluyó la interpretación de vallenatos, en recuerdo a la serenata que su madre le brindó cuando tenía 14 años, y que se convirtió en símbolo de la memoria y el amor incondicional de su familia.

Para la madre de Leidy, el reencuentro, aunque doloroso, significó el inicio de un proceso de sanación y la posibilidad de brindarle a su hija un lugar digno de descanso y memoria.

Wilson Chavarro, coordinador territorial de UBPD, subrayó que, como Leidy Tatiana, miles de niños y jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada por el conflicto armado, dejando profundas heridas en sus familias y comunidades.

La UBPD reiteró su disposición para recibir solicitudes de búsqueda en sus sedes, incluida la oficina en Yopal, y seguir acompañando a quienes todavía buscan respuestas.

La oficina de la Unidad de Búsqueda en Casanare está ubicada en la Calle 16 # 22-65, barrio Bello Horizonte, y se puede contactar también por teléfono al número 3162809395 o al correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Las autoridades municipales no descartan solicitar la militarización de la ciudad, para frenar los actos delictivos que se vienen presentado en Yopal.

Así lo manifestó que secretario de gobierno Jorge Andrés Rodríguez, quien dijo que el más reciente ataque armado contra el establecimiento comercial La Estación, demuestra los alcances que puede tener la delincuencia común, por lo que es necesario actuar de manera coordinada con la colaboración de la comunidad.

Este tipo de accionar ha sido repetitivo en las últimas semanas. Entre las víctimas se encuentran establecimientos comerciales y transportadores. Sobre los posibles responsables todo apunta al grupo Erpac Renacer y a la banda liderada por alias ‘Mamadeo’.

De este último actor delictivo mencionó que se encuentra en la lista de los más buscados. Recordó que se ofrece una recompensa de 120 millones de pesos por información que conduzca a su captura.

No obstante, Rodríguez hizo hincapié en que la mayoría de los afectados manejan esta situación de bajo perfil y no acuden a las autoridades.

“Tuvimos una reunión con algunos comerciantes, el coronel de la Brigada, y una persona del Gaula nos indicaba que apenas se ha recibido una denuncia de manera formal”, recalcó el funcionario.

Este este sentido acotó que “denunciar no es solamente contarle a un medio de comunicación, ni contarles a los vecinos o publicarlo en las redes sociales, sino hacerlos de manera oficial ante la Fiscalía”, insistió Jorge Andrés Rodríguez.

El secretario indicó que, en este trabajo de acercamiento con los comerciantes y otros sectores de la sociedad, se tiene programada para hoy una nueva reunión para las 2 de la tarde, en la cual se espera contar con la presencia de Migración Colombia.

Recalcó la importancia de la participación de la mencionada entidad, en la medida que, según lo dijo el secretario de gobierno de Yopal, gran parte de las personas vinculadas con estas bandas delincuenciales son extranjeros.

También reiteró la importancia de no ceder ante las extorsiones, porque en caso contrario, además de fortalecer estas estructuras ilegales, les va a generar mayores inconvenientes a los afectados.

Para ejemplificar esta aseveración manifestó que algunas de las víctimas inicialmente accedieron a pagar, porque se trataba de pequeños montos.

El problema se agravó en el momento en que los extorsionistas incrementaron de manera excesiva la cuota. Algunos de los afectados no estuvieron de acuerdo y como represalia sus negocios fueron víctimas de ataques armados.

Por último, Rodríguez González explicó que entiende que la comunidad exija resultados frente a actores delictivos recurrentes como ‘Mamadeo’, pero no ha sido fácil para las autoridades contrarrestar este personaje, sin embargo, resaltó que los esfuerzos institucionales no se detienen.

“Estuvimos en la Brigada pidiéndole al comandante que, si ese necesario militaricemos Yopal, pero necesitamos darle un parte de tranquilidad a los ciudadanos” concluyó el titular del despacho de gobierno.

En la zona rural de Aguazul, Casanare, un ejemplar de zorro silvestre fue encontrado en estado letárgico y con escasa movilidad, presuntamente como resultado de un atropellamiento.

El hallazgo se dio gracias al llamado oportuno de la comunidad, que permitió la intervención inmediata del Cuerpo de Bomberos de Aguazul.

Tras la alerta, los bomberos notificaron a Corporinoquia, entidad encargada de la gestión ambiental regional, que trasladó al animal al hogar de paso de fauna silvestre para su valoración.

El diagnóstico inicial realizado por veterinarios determinó una hemorragia en el oído medio izquierdo y una posible lesión nerviosa en la columna vertebral, condición por la cual el zorro permanece en observación y bajo tratamiento especializado.

El programa de recuperación incluyó hidratación, suplementación vitamínica y cuidados paliativos. Posteriormente, el animal reaccionó positivamente al tratamiento, mostrando leves movimientos, por lo que permanecerá en la sala de cuarentena mientras se define su evolución y el proceso de rehabilitación.

La autoridad ambiental también advirtió sobre las consecuencias legales del maltrato animal: el atropellamiento y posterior abandono puede acarrear multas de hasta 60 salarios mínimos, penas de prisión y sanciones estipuladas en las leyes colombianas 1774 de 2016 y 2111 de 2021.

Finalmente, la Corporación instó a la ciudadanía a no manipular ni capturar fauna silvestre y a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo ante las autoridades ambientales o a los organismos de emergencia.

La Fiscalía General de la Nación reveló que una mujer fue privada de la libertad en Cali tras ser señalada, presuntamente, de someter a su hija menor de edad a reiterados abusos secuales y de almacenar material audiovisual relacionado con los hechos.

El caso fue descubierto luego de que el padre de la víctima encontrara en un celular archivos explícitos. La investigación estableció que al menos 13 grabaciones, almacenadas en varios dispositivos electrónicos incautados, evidenciarían los actos ilícitos cometidos entre 2024 y junio de 2025, cuando la menor tenía 6 años.

La información recabada también apunta a que parte del material fue objeto de comercialización.

Ante estos hechos, la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Cali imputó a la procesada los delitos de actos sexuales agravados con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años.

La investigada no aceptó los cargos y, por decisión judicial, deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro de reclusión mientras avanza el proceso.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) alertó a la ciudadanía sobre la proliferación de falsas convocatorias laborales que se están difundiendo en redes sociales, utilizando el nombre de la entidad para engañar a quienes buscan empleo en el sector de vías.

Según la comunicación oficial, personas inescrupulosas están invitando a los ciudadanos a presentar hojas de vida y pagar sumas de dinero con la promesa de ser vinculados laboralmente en supuestos contratos del Invías.

La entidad aclaró que no realiza llamadas, envíos de correos electrónicos ni hace cuñas radiales para convocatorias de contratación, y rechazó cualquier acto delictivo o intento de corrupción que use su nombre para obtener dinero de manera ilegal.

Además, Invías advirtió que ningún funcionario de la entidad está autorizado para ofrecer empleos, realizar vinculaciones ni exigir pagos en el marco de convocatorias.

Por ello, recomendó a la comunidad reportar cualquier pauta comercial sospechosa a las direcciones territoriales y acudir exclusivamente a los canales oficiales: www.invias.gov.co y las redes sociales del Instituto.

La entidad reiteró que toda la información relacionada con procesos de contratación y empleo es pública, transparente y está disponible únicamente en sus canales oficiales de información.