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Luego del pronunciamiento de la Justicia Especial para la Paz, donde expuso las razones por la cuales no aceptó la solicitud de sometimiento del exalcalde de Aguazul, Mauricio Jiménez Pérez, los hermanos del mandatario publicaron un sentido mensaje en el cual manifestaron su desacuerdo con la decisión de la JEP.

El escrito comienza por describir las repercusiones emocionales que tiene para ellos el rechazo a la petición hecha por el exmandatario. “Hablamos como los hermanos de José Mauricio Jiménez, con el corazón roto y llenos de dolor por la injusticia que hoy consume a nuestra familia”.

Asegura la publicación que durante el tiempo que ejerció como alcalde de Aguazul, su hermano terminó cediendo ante las pretensiones de los grupos armados organizados de la época, por temor.

“Nuestro hermano José Mauricio, exalcalde de Aguazul, cedió por miedo, por la coacción de un conflicto armado que devoraba a Casanare, donde los líderes civiles estaban solos, sin el amparo del Estado, y con una “pistola en la cabeza” que los obligaba a someterse a la barbarie”.

También recalca que “ha manifestado su profundo arrepentimiento y ha pedido perdón a las víctimas de los desaparecidos, demostrando su voluntad sincera de contribuir a la verdad, la reparación y la justicia”.

Sobre la negativa a la solicitud de sometimiento la califican como “una dolorosa incoherencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.

Opinión que para los hermanos de Jiménez Pérez tiene su argumento. “Mientras la JEP admite y otorga beneficios a actores armados que empuñaron fusiles y cometieron crímenes atroces, a nuestro hermano —que nunca tomó un arma y cuya presunta responsabilidad se limita a una autoría por omisión, en un contexto de amenaza y abandono estatal— se le cierran las puertas”.

Razones a las que se añaden algunos cuestionamientos. “Nos preguntamos con angustia: ¿Por qué un civil coaccionado encuentra un muro, mientras criminales confesos obtienen libertad e incluso curules?”

En este contexto los hermanos Juan, Patricia Fernanda, Marta Zoraya y Juan Ricardo Jiménez, quienes firma el comunicado a la opinión pública, hacen un llamado para que la petición de Mauricio sea aceptada.

“La justicia transicional debe reconocer el contexto de guerra que obligó a muchos civiles a “aceptar el sometimiento”. Exigir una plena posición de garante a un funcionario civil bajo amenaza, sin respaldo del Estado, es un doble rasero inaceptable”.

Agrega el escrito que “no buscamos impunidad. Buscamos la verdad simétrica, el reconocimiento del contexto de terror y un trato justo”.

Por lo tanto, hace una solicitud puntual. “Exigimos que la JEP deje de ser una vía de escape para los criminales armados, mientras se convierte en un aparato de estigmatización para los civiles que fueron también víctimas de la coacción y el miedo.

Recordó la publicación que la familia Jiménez también fue víctima de la violencia. “Nuestro padre fue vilmente asesinado por los paramilitares, y reiteramos con firmeza que nuestro hermano nunca fue autor intelectual ni material de delito alguno. Su única falta fue ser autor por omisión en posición de garante, en un contexto de abandono estatal y violencia generalizada”.

Insista el comunicado en el abandono estatal imperante en la época en que ocurrieron los hechos. “Este no fue un problema exclusivo de Aguazul, sino de todo el país”.

Por eso consideran injusta la situación de Mauricio Jiménez. “El hecho de que nuestro hermano sea el único exalcalde condenado en Colombia bajo estas circunstancias profundiza aún más nuestro dolor y cuestiona la equidad en la aplicación de la justicia y en el respeto al derecho a la igualdad”.

Finalmente, pidieron un trato justo para su hermano de quien manifestaron que su único deseo es contribuir a la verdad.

Al no cumplir con un compromiso claro, concreto, programado e idóneo para alcanzar los fines del Sistema Integral de Verdad, Justicia, reparación y no Repetición, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le cerró la puerta al exgobernador de Casanare, William Pérez Espinel, para hacer parte como compareciente de la justicia transicional. El político está condenado en la justicia ordinaria por beneficiar a las autoridades campesinas de Casanare.

Pérez Espinel condenado por la Corte Suprema de Justicia en tres ocasiones pidió pista en la JEP para que sus expedientes fuesen revisados en esa instancia porque consideró que los actos fueron cometidos en el marco del conflicto armado. El exgobernador, en su momento, confesó que su campaña para ocupar la plaza de mandatario departamental fue financiada por parte de los grupos de autodefensas que le brindaban garantías de proselitismo, mientras él les garantizaba poder político, económico y militar en el departamento.

Un análisis de la Unidad de Investigación y Acusación da cuenta que el exgobernador se encuentra vinculado en 16 procesos judiciales en calidad de indiciado por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contratación sin cumplimiento de requisitos, concusión y enriquecimiento ilícito. Aunque sobre su nombre pesan tres condenas por más de ocho y 15 años, el político pidió pista en la JEP para que conociera del resto de expedientes.

En 2018 logró que la justicia transicional tuviera para estudio su caso, y desde allí empezó la lucha para que fuese aceptado a través de sometimiento. El tribunal de paz resaltó que debía entregar información valiosa sobre los nexos que tuvo con el grupo ilegal. No obstante, este miércoles, esa misma corporación le cerró la puerta al considerar que lo que ha dicho ha sido una reiteración de lo que tiene en su poder la justicia ordinaria.

“Se tiene que a pesar de los múltiples requerimientos dados al señor William Hernán Pérez Espinel, dentro de su escrito de compromiso claro, concreto y programado no proporcionó los datos específicos que permitieran verificar su dicho, las acciones que realizó y las demás personas que se vieron involucradas en los hechos relatados y no meramente aseveraciones genéricas”, resaltó el auto de más de 60 páginas.

A juicio de la JEP, en lugar de poner en evidencia, por sus propios medios y versiones las faltas en las que incurrió, el exgobernador se limitó a remitir a la magistratura las sentencias condenatorias que ya se habían proferido en la justicia ordinaria. Así, la justicia transicional consideró que su aporte no podría generar un apoyo significativo para brindar información para esclarecer los fenómenos de macro criminalidad y victimización.

“El interesado debe señalar sobre cuáles hechos aportará relatos veraces, qué parte de la realidad del conflicto coadyuvará a esclarecer y qué tipo de colaboración puede extender a los demás organismos del SIVJRNR, y además debe comprometerse a superar el umbral de lo ya esclarecido en la justicia ordinaria, aspecto que no se denota en los acuerdos radicados en esta jurisdicción”, resaltó el tribunal.

En julio de 2016, el exgobernador fue enviado a la cárcel luego de que aceptó responsabilidad por incrementar injustificadamente su patrimonio en $143 millones. Según la investigación de la época, el entonces mandatario departamental no pudo explicar ni demostrar el origen de los recursos que incrementaron notablemente su patrimonio económico. Pese a que era conocida su actividad como ganadero en la zona nunca presentó un sustento frente al notable incremento.

Fuente: El Espectador