Noticias relacionadas: superavit

El presidente de la Asamblea Departamental de Casanare, Juan Fernando Mancipe, publicó en su cuenta de Facebook su versión sobre la polémica decisión de no aprobar el proyecto de ordenanza 015 de 2025, relacionado con el superávit.

Mancipe fue enfático al señalar que la decisión se basó en criterios estrictamente técnicos: "El superávit se ha archivado porque no cumple con los requisitos legales exigidos por la ley. En cuatro oportunidades presentaron el proyecto MAL", afirma en la publicación.

El dirigente político aseguró que desde la Asamblea "hemos dado argumentos técnicos que la Gobernación no pudo controvertir", rechazando así las acusaciones sobre posibles motivaciones políticas detrás de la decisión que se tomé este lunes 18 en la Comisión de Presupuesto de Corporación.

El   diputado aprovechó para señalar lo que considera incumplimientos por parte del actual mandatario departamental. "Ahora, si la discusión fuera política es necesario decir que el gobernador se comprometió con varios proyectos y NO HA CUMPLIDO", declaró.

Entre los compromisos que no se han llevado a feliz término mencionó la electrificación* de Miramar de Guanapalo. Los10 kilómetros de pavimento a la vereda El Convento, en Trinidad. También incluyó los cinco kilómetros de pavimento hacia La Venturosa.

Figura igualmente el mega acueducto para San Luis de Palenque. Las 400 viviendas para El Pauto, el complejo ferial y el mantenimiento de la vía a Bocas de Pauto en perfecto estado, entre otras iniciativas.

El dirigente político ratificó su posición respecto a las necesidades para Trinidad. "Seguiré reclamando megaproyectos para El Pauto, los cuales NO dependen del superávit, NO se pueden hacer por autoconstrucción y menos 'a la antigüita'", declaró Mancipe.

Finalizando sus declaraciones, el presidente de la Asamblea hizo un llamado a renovar las prácticas políticas: "Llegamos a la política para transformarla NO para hacer 'lo mismo de siempre'", concluyó.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, calificó, en su cuenta de Facebook, cómo "odio y revanchismo político" el hundimiento por cuarta vez del proyecto de superávit hecho por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Departamental.

En la publicación el mandatario señaló que esta decisión de la corporación legislativa "ha condenado al pueblo de Casanare a padecer las consecuencias de un odio y revanchismo político enceguecido" que trasciende las diferencias con su administración.

Agregó que esta actitud no solo afecta a un gobierno, sino que hiere directamente a todos los sectores del departamento. Declaró Ortiz Zorro, al que el hundimiento del proyecto impide el acceso a recursos fundamentales para atender necesidades prioritarias de la población.

El gobernador detalló que el bloqueo de estos recursos impacta directamente varios programas y servicios esenciales para los casanareños como la alimentación escolar, vivienda digna para las familias más vulnerables

También afecta proyectos como el fortalecimiento de la unidad renal del Hospital Regional de la Orinoquía. La respuesta oportuna frente a la emergencia por fiebre amarilla. Atención inmediata a la emergencia provocada por la ola invernal.

Entrega de paquetes nutricionales para casi 17.000 adultos mayores. Programas deportivos, interdocentes e intercolegiados.

Además, Ortiz Zorro mencionó otras áreas críticas como la atención a los jóvenes, la cultura, la salud, la educación y la infraestructura vial, que "reclaman solución con urgencia".

A pesar de los obstáculos legislativos, el gobernador ratificó su compromiso con el departamento.

"Podrán bloquear los recursos, podrán intentar obstaculizar las oportunidades para nuestro departamento, pero jamás lograrán bloquear mi más sincero anhelo de seguir trabajando por el bienestar y la dignidad del pueblo casanareño", declaró.

Esta situación evidencia las tensiones políticas entre el ejecutivo y el legislativo departamental, que según las declaraciones del gobernador, están afectando la ejecución de programas sociales prioritarios para la población más vulnerable de Casanare.

La Asamblea Departamental enfrenta crecientes llamados a la acción por la demora en la aprobación de los recursos del superávit presentados por la Gobernación, una situación que, según Héctor Rangel, presidente del Sindicato de Maestros de Casanare, está generando graves consecuencias para el sector educativo en la región.

Rangel expresó su profunda preocupación por la afectación de estos recursos, que son vitales para diversos frentes educativos.

En la lista de necesidades que esperan ser atendidas con estos recursos, el dirigente sindical mencionó la intervención en infraestructura educativa.

Dijo que la Gobernación ha destinado más de 6.000 millones de pesos para intervenir aproximadamente 124 sedes. Sin embargo, la demora en la aprobación pone en riesgo la ejecución de estos fondos.

Hizo hincapié en que los directivos docentes, responsables en cada institución, están disponibles hasta la primera semana de diciembre.

Muchas de estas sedes han sufrido el impacto invernal y el deterioro por falta de mantenimiento, con incidentes como el daño en techos de instituciones, entre otras afectaciones.

También hablo del fortalecimiento del programa de primera infancia. En esta área indicó que los recursos del superávit son cruciales para la dotación, material didáctico y pedagógico necesarios para los niños de 3 y 4 años que, por primera vez, acceden a los colegios públicos gracias a una nueva directriz del orden nacional.

En esta lista figura igualmente el apoyo a comunidades indígenas y directivos docentes. Manifestó que hay fondos designados para fortalecer los proyectos de las comunidades educativas indígenas y para la formación de directivos y docentes orientadores, lo cual es esencial para el desarrollo de sus competencias.

Sobre los Juegos Intercolegiados, comentó que la fase departamental de estas justas deportivas, programada para el próximo mes de agosto con la participación de 2.800 niños y adolescentes, tiene sus recursos en el superávit y está en vilo debido a la falta de aprobación.

En cuanto a la jornada pedagógica y cultural de maestros, subrayó que está en riesgo. Esta actividad conocida como los Juegos Interdocentes, es un evento institucionalizado por la Ordenanza 08 de 2008 de la propia Asamblea Departamental, que debe desarrollarse en la segunda semana de octubre.

Aunque una parte de los recursos de la estampilla pro deporte se destina a esta actividad, los fondos del superávit son necesarios para cubrir la logística, incluyendo juzgamiento y adecuación de escenarios.

Héctor Rangel enfatizó que cancelar esta jornada "no es una opción" para el magisterio, dado su marco en la salud y seguridad en el trabajo y su importancia como espacio para las pausas activas que los maestros no pueden realizar durante su jornada laboral.

El proyecto de ordenanza que incorpora estos recursos del superávit fue radicado el 17 de marzo, y desde entonces, la falta de trámite ha generado dificultades significativas, incluyendo la preocupación sobre la capacidad de la Administración Departamental para contratar a tiempo los fondos aprobados, dado el avance del año.

Finalmente acotó que el sindicato ha mantenido su "firme convicción" y su "solicitud" a los diputados para que den trámite a este proyecto y permitan las contrataciones respectivas, confiando en que el concepto emitido por la Procuraduría hace diez días facilite el avance del debate en la Asamblea.

La alcaldesa del municipio de Trinidad, Dámaris Abril, realizó una contundente intervención ante la Asamblea de Casanare, donde expuso la imperiosa necesidad de aprobar con celeridad el proyecto de ordenanza que busca integrar los recursos de un superávit de 2024 al presupuesto de la gobernación de 2025.

Abril manifestó su "sentir social" por la comunidad, haciendo especial énfasis en la importancia de estas inversiones para los adultos mayores, y recalcó que el tiempo apremia, ya que el periodo de sesiones finaliza el 31 de julio.

La preocupación central de la alcaldesa radica en la demora de la incorporación de estos recursos, los cuales históricamente se integran a la nueva vigencia en los meses de marzo o abril.

Subrayó en su intervención de este 22 de julio, que la planeación de las actividades municipales se realiza en función de estos presupuestos y del superávit, y que se han llevado a cabo mesas de trabajo con entidades como Indercás y la Secretaría de Educación para ajustar el presupuesto que incluiría dichos fondos.

Proyectos

Durante su exposición, la alcaldesa Abril detalló dos proyectos de gran trascendencia para el desarrollo de Trinidad, cuyas ejecuciones se ven comprometidas por la dilación en la aprobación de los recursos.

El primero está relacionado con un proyecto de pavimentación por un monto de 21.000 millones de pesos. Esta iniciativa abarca 35 calles, desmintiendo la noción de que se trata solo de dos cuadras.

Los recursos para esta iniciativa fueron aprobados y asignados el 14 de noviembre, y el primer trámite fue la licencia ambiental. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa precontractual y contractual, y se espera realizar la socialización en el municipio a mediados de agosto.

La mandataria local hizo hincapié en la relevancia de esta pavimentación, ya que incluye las calles más antiguas de Trinidad, como la calle del cementerio, un lugar de significativo valor sentimental para los habitantes.

Un segundo proyecto es el complejo ferial y ganadero, que representa un "compromiso de campaña" y un "reto" personal para la alcaldesa. Según su intervención, fue llevado a fase tres, formulado y radicado en la Gobernación de Casanare.

Otra iniciativa que se puede ver comprometida son los juegos interdocentes, que tradicionalmente se desarrollan en la semana de recesos de octubre. Este año la sede de dicho certamen le correspondió a Trinidad. La financiación de estas justas deportivas se encuentra en el listado de compromisos de los recursos del superávit.

Finalmente la mandataris instó a la Asamblea a buscar una solución para este proyecto de ordenanza, incluso si se encuentra "archivado". En ese caso sugirió la creación de una comisión accidental para explorar su viabilidad y considerar los procesos jurídicos pertinentes.