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La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) inauguró el IV Gran Foro “Hechos de Sostenibilidad”, un espacio de diálogo sobre el desarrollo sostenible del país con la participación de representantes del sector energético y líderes nacionales e internacionales.

Durante la apertura del evento, Frank Pearl, presidente de la ACP, subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones y recuperar la confianza en la democracia.

“Colombia necesita orden y debe avanzar hacia una sostenibilidad institucional y democrática”, afirmó, enfatizando el papel de ciudadanos y empresas en la construcción del país.

También expresó su solidaridad con las víctimas de la violencia y rechazó el reciente atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.

El foro, desarrollado en Cali, busca respaldar a las regiones afectadas por la inseguridad y generar soluciones para el futuro del país.

Pearl advirtió sobre los efectos de las decisiones fiscales en el desarrollo social y económico, insistiendo en la importancia de diálogos genuinos y de un enfoque adaptativo ante los retos actuales.

Por su parte el alcalde de Cali, Alejandro Eder, agradeció la presencia de los participantes y destacó el esfuerzo por recuperar la ciudad tras años de dificultades.

“No podemos permitir que Colombia retroceda. Se requiere voluntad política y recursos para avanzar”, declaró el burgomaestre. También recordó los avances en infraestructura, economía y desarrollo social como parte de la recuperación de la capital del Valle del Cauca.

En la jornada, expertos abordaron temas como mercados de carbono, biodiversidad, modelos de desarrollo territorial, distribución de combustibles y transición energética.

Mañana continuará el foro con debates sobre políticas públicas, alianzas estratégicas y una mesa de discusión con precandidatos presidenciales, quienes expondrán sus perspectivas sobre el futuro del sector y el país en el marco de la campaña de 2026.

El IV Gran Foro ACP: Hechos de Sostenibilidad, que se realizará el 11 y 12 de junio en Cali, convocará a expertos nacionales e internacionales para discutir temas clave sobre transición energética, biodiversidad, desarrollo territorial y transparencia en la gestión de regalías. 

Durante el evento, representantes del sector de petróleo, gas y combustibles líquidos, junto con académicos y autoridades nacionales y regionales, analizarán los desafíos y oportunidades en sostenibilidad y seguridad energética en el país

Además, se revisarán los avances de la COP16 sobre biodiversidad, celebrada el año anterior en Cali. 

"En un momento crucial para el futuro energético y ambiental de Colombia, el IV Gran Foro ACP: Hechos de Sostenibilidad se convierte en un espacio indispensable para construir alianzas sólidas, compartir conocimiento y trazar juntos el camino hacia un desarrollo sostenible que beneficie a todas las regiones y generaciones", destacó Frank Pearl, presidente de ACP.

El evento contará con la participación de precandidatos presidenciales, quienes presentarán sus propuestas sobre el papel del sector energético en el desarrollo económico, social y ambiental de Colombia.

También se entregarán los Premios Hechos de Sostenibilidad ACP 2025, que reconocen iniciativas empresariales que contribuyen al desarrollo territorial y la reducción de brechas. 

El evento busca fomentar el diálogo, la toma de decisiones informadas y la consolidación de alianzas estratégicas en el sector energético del país.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) advirtió sobre un panorama preocupante en el sector de hidrocarburos y presentó su informe anual sobre inversión en exploración y producción de petróleo y gas en el país.

La entidad señala riesgos en seguridad energética, estabilidad fiscal y condiciones económicas para los hogares si no se toman medidas urgentes para fortalecer la industria.

El documento, basado en datos oficiales y de compañías que representan la mayoría de la producción nacional, revela que quedan alrededor de 70 pozos exploratorios comprometidos hasta 2030.

Sin nuevas iniciativas, la actividad exploratoria se agotaría al finalizar la década, comprometiendo la reposición de reservas y la sostenibilidad energética.

En 2025, la inversión en exploración podría caer un 18%, el nivel más bajo en cuatro años, mientras que las reservas de gas han disminuido un 57% en la última década.

Además, se proyecta una reducción acelerada en la producción petrolera desde 2027. Aunque la inversión en producción aumentaría un 15% en 2025, la ACP advierte que este crecimiento será insuficiente sin proyectos adicionales que garanticen el suministro futuro.

El informe también destaca un aumento del 151% en bloqueos a las operaciones del sector en 2024, en medio de conflictos sociales y problemas de orden público en zonas productoras.

Esta situación, sumada al déficit fiscal proyectado de $40 billones, la posible alza de tarifas de gas por importaciones y la necesidad de traer crudo del exterior para mantener la actividad en refinerías, plantea desafíos adicionales para la estabilidad del mercado energético.

Ante este escenario, la ACP propone medidas para recuperar la competitividad y asegurar el abastecimiento de energía. Entre ellas se encuentran garantizar estabilidad fiscal y regulatoria, viabilizar proyectos clave e incentivar nuevas oportunidades de inversión.

También se busca mejorar la coordinación estatal para resolver conflictos territoriales, establecer una carga tributaria competitiva y acompañar proyectos de exploración y producción de gas costa afuera.

Prórroga del período de producción de los contratos existentes y regreso del principio de autonomía de la voluntad de las partes (Acuerdo 03 de la ANH de 2025).

Expedición de la nueva metodología tarifaria de transporte por oleoductos que refleje costos de reposición depreciados. Asegurar la complementariedad entre renovables y convencionales. Gradualidad en la transición

Igualmente, la ACP propone reactivar los yacimientos no convencionales, aprovechando  que Colombia cuenta con un marco regulatorio vigente robusto que permite monitorear y mitigar los riesgos medio ambientales.

“Cambiemos el rumbo. El país necesita decisiones técnicas que aseguren inversión, desarrollo y abastecimiento energético. Esta es una invitación a construir, entre todos: Gobierno, Congreso, autoridades locales, comunidades y sector privado, la hoja de ruta para la seguridad energética, la estabilidad fiscal y el bienestar de millones de hogares”, puntualizó Fran Pearl, presidente de ACP

Los resultados del Informe de Recursos y Reservas 2024 de la ANH ratifican la coyuntura crítica en la que se encuentra el país en materia de reservas de petróleo y gas.

Sin embargo, hay algunos aspectos destacables, como la estabilidad en las reservas probadas de petróleo y el aumento significativo de los recursos contingentes de gas, gracias al trabajo técnico entre los actores del sector y el liderazgo de la ANH.

Estos logros, aunque valiosos, siguen siendo insuficientes ante los desafíos. Es indispensable tomar  decisiones  oportunas  que  estimulen  la  exploración,  fortalezcan  la  inversión  y aseguren un horizonte energético confiable para todos los colombianos.

Petróleo

Las reservas probadas de petróleo para 2024 fueron de 2.035 millones de barriles (MBl), 0,74% superiores a las de 2023 (2.020 MBl), debido a que las reservas incorporadas lograron reponer el volumen producido durante el año y generar un pequeño excedente de 15 MBl (equivalente  a  19 días  de  producción). Por  lo  tanto,  el  factor  reservas/producción  se mantiene prácticamente estable, pasando de 7,1 en 2023 a 7,2 para 2024.

Se destaca el aumento en la incorporación de reservas, debido a la producción de recobro mejorado y producción incremental, que para 2024 sumaron 60 MBl, más del triple de lo incorporado en 2023 (19 MBl).

Si bien es cierto que estas medidas incrementan las reservas probadas, también aceleran el consumo de los recursos disponibles. En la práctica, esto genera que nos ‘comamos’ más rápidamente la despensa y, por tanto, se reduzcan los volúmenes totales.

Por eso preocupa que el total de reservas (probadas, probables y posibles) haya caído en un  3,9%  al  pasar  de  3.218  MBl  a 3.092  MBl. 

También, los  recursos  contingentes disminuyeron en un 13%, al haberse reclasificado algunos de ellos como reservas.

Todo lo anterior refleja un esfuerzo técnico de la ANH y del Comité Interinstitucional con la industria para convertir recursos en reservas aprovechables.

No obstante, evidencia la necesidad urgente de encontrar nuevas fuentes de suministro que permitan aumentar el volumen total de reservas disponibles en el mediano y largo plazo.

Gas

Las reservas totales de gas (probadas, probables y posibles) han venido cayendo forma constante desde 2012, con excepción del 2021, cuando el cierre de algunos campos y la baja en la demanda permitieron que incrementaran ligeramente.

Las reservas probadas (las de mayor certidumbre para abastecer el país) registraron una caída del 13% frente a las del 2023 y de un 57% en comparación con 2014. La baja tasa de reposición es preocupante pues no estamos logrando reponer de forma contundente el gas que consumimos.

En 2024 se comercializaron 351 GPC (Giga pies cúbicos) pero solo se incorporaron 42 GPC, es decir que por cada 10 pies cúbicos producidos solo se adicionaron 1,2 nuevos.

Además, las mayores adiciones siguen proviniendo de proyectos ligados a la producción de petróleo y condensados, como la producción incremental y el recobro mejorado, no de nuevos desarrollos de gas seco.

Vale la pena resaltar el incremento de los recursos contingentes en un 48% con respecto al 2023, alcanzando los 11 TPC (tera pies cúbicos), equivalentes a más de cinco veces las reservas probadas actuales.

El 67% de estos recursos están ubicados costa afuera y son fruto de los más de 20 años de trabajo en las diferentes provincias gasíferas del caribe colombiano.

Pero estos recursos aún no están disponibles, su desarrollo está condicionado a la superación de contingencias ambientales, sociales, técnicas y económicas.

Es momento de actuar

La evidencia es clara, en reservas de gas Colombia no está reponiendo todo lo que consume y en petróleo apenas alcanza a reponerlo, por lo que se está reduciendo el inventario total de recursos disponibles.

Esta tendencia pone en riesgo la seguridad energética del país y su capacidad para garantizar el abastecimiento confiable a hogares, empresas e industrias.

Hacemos llamado urgente y propositivo al Gobierno nacional para que se estimule la exploración y se fortalezca la inversión, con condiciones contractuales competitivas, gestión de las contingencias que limitan el desarrollo de proyectos y señales claras de seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y orden público en las regiones.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) expresó su rechazo ante los hechos violentos registrados en el campo Quifa, en Puerto Gaitán, Meta.

Allí, un grupo de personas ingresó ilegalmente a las instalaciones del clúster 242 y provocó un incendio, poniendo en riesgo a las comunidades, los trabajadores y la infraestructura energética del país.

Según la ACP, estos actos representan una amenaza para el orden público y el desarrollo regional.

La Asociación enfatizó la necesidad de diferenciar estas acciones de las protestas sociales pacíficas, que deben canalizarse mediante el diálogo institucional.

Desde el 6 de mayo, la zona ha sido escenario de bloqueos de vías, ataques a la Fuerza Pública y afectaciones a las operaciones, con impacto negativo en la vida cotidiana de la comunidad, el empleo local y la inversión social.

Ante esta situación, la ACP manifestó su solidaridad con los afectados y reiteró que el diálogo es la vía legítima para la resolución de conflictos.

Instó a las autoridades a intervenir con rapidez para restablecer el orden público y garantizar la protección de los derechos humanos y la infraestructura crítica.

La organización también alertó sobre hechos similares ocurridos en Sucre y Arauca, lo que evidencia un deterioro de la seguridad en varias regiones del país.

Para la ACP, esta problemática requiere una respuesta urgente y coordinada por parte del Gobierno y las entidades responsables.

Por último, la ACP insistió en que el desarrollo sostenible de las regiones depende de entornos seguros, una institucionalidad fortalecida y la cooperación entre el Estado, las comunidades y el sector empresarial.

Frank Pearl, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), se refirió de manera contundente sobre la compleja situación de orden público que atraviesa Colombia. Según Pearl, el país enfrenta un desafío monumental en seguridad.

Las declaraciones las hizo a través de un video compartido en redes sociales. Allí señaló que hay desorden público en varias regiones, debido la presencia de grupos criminales, disidencias, mafias locales y de narcotraficantes.

Agregó que estas organizaciones están afectando gravemente la vida de los ciudadanos colombianos mediante crímenes como asesinatos, extorsiones y secuestros.

Pearl enfatizó la necesidad de restablecer el orden. Argumentó que los ciudadanos y los sectores empresariales requieren garantías mínimas para poder ejercer sus actividades.

Puso como ejemplo reciente unos temas de orden público en una región de los Llanos Orientales que costaron a unos departamentos más de 60.000 millones de pesos, lo que implica menos recursos para salud, educación e inversiones en la niñez.

Respecto al actual esquema de Paz Total, aunque reconoció que está muy bien intencionado, afirmó que no ha funcionado y tiene que replantearse.

Subrayó que la Fuerza Pública debe tener la capacidad de operar. Esta acción, según Pearl, debe realizarse dentro de la Constitución y con un profundo respeto a los Derechos Humanos, actuando en contra de las bandas criminales y las mafias para proteger la vida de los ciudadanos.

Hizo un llamado al Gobierno nacional para que diferencie entre los grupos con los que adelanta negociaciones, cuáles sí tienen disposición y capacidad de lograr acuerdos dentro de la ley y cuáles no.

En los casos donde las organizaciones no muestren disposición ni capacidad legal, Pearl instó a que se aplique toda la fuerza legítima del Estado. El objetivo de esta medida sería recuperar el orden y las posibilidades de vivir en paz.

Frank Pearl concluyó sus declaraciones señalando que su intervención  es un espacio para plantear soluciones, no para agrandar los problemas.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) ha emitido un informe crucial sobre el sector de combustibles líquidos en Colombia, resaltando la necesidad urgente de establecer un consejo nacional de operación (CNO) para fortalecer la fase de abastecimiento.

Este llamado surge tras un 2024 marcado por incidentes que amenazaron la distribución de combustibles, incluyendo 147 bloqueos a plantas y vías, más de 300 válvulas ilícitas en poliductos y más de 40 atentados a oleoductos.

El informe, titulado "Combustibles líquidos: energía de hoy y mañana", revela que la cadena de distribución de combustibles líquidos generó 9,1 billones de pesos en ingresos para la nación y las regiones, además generó más de 264 mil empleos durante el año pasado.

Sin embargo, la creciente conflictividad social y problemas de orden público ponen en riesgo el suministro, haciendo imprescindible una mayor coordinación entre todos los actores del sector.

La propuesta del CNO busca una mejor planeación y coordinación, tanto en la operación diaria como en situaciones de emergencia y ante la necesidad de mayores importaciones.

De acuerdo con Frank Pearl, presidente de la ACP, la distribución de combustibles es un servicio público esencial, y la colaboración estructurada es vital para anticipar desafíos operativos y de abastecimiento.

Además de la creación del CNO, el informe también enfatiza la necesidad de habilitar las importaciones de manera estructurada, desarrollar proyectos de poliductos y almacenamientos estratégicos, promover la libre competencia y aumentar la mezcla de biocombustibles.

La demanda total de combustibles líquidos en 2024 creció un 0,6% respecto al 2023, con un promedio de 347 mil barriles diarios.  La demanda de diésel aumentó un 5,2% y la de combustible de aviación (jet A1) un 9,5%, mientras que el consumo de gasolinas cayó un 5,9%.

Debido a esta dinámica, fue necesario importar el 39% de la demanda de gasolina, el 8% de diésel, y el 2,4% de jet A-1. Se proyecta que la demanda total crezca a un promedio del 1,2% en 2025 y 1,8% anual entre 2026 y 2030.

Con estas proyecciones se prevén importaciones estructurales de hasta el 35% de gasolina en el periodo 2025 – 2030. De un 10% de diésel entre 2027 - 2030 y 16% de jet en el lapso de 2025 a 2023.

Los impuestos al consumo de gasolina y diésel representaron 9,1 billones de pesos en ingresos fiscales, de los cuales 5,2 billones fueron para el Gobierno nacional y 3,9 billones para las entidades territoriales.

Igualmente, en los cálculos de la ACP durante la vigencia 2024, la cadena de distribución de combustibles líquidos representó el 1.5 % del PIB.

Finalmente, la ACP reitera que el suministro confiable de combustibles líquidos es fundamental para la seguridad energética, la estabilidad económica y el bienestar social del país, al sostener el transporte y actividades esenciales.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) expresó su preocupación por la propuesta del Gobierno de aumentar la sobretasa del impuesto de renta al hidrocarburo, argumentando que esta medida podría afectar gravemente el futuro energético y económico del país.

El gremio recordó que en 2022 se aprobó una reforma tributaria que ya incluía una sobretasa al petróleo, justificada en los altos precios internacionales del crudo. 

Sin embargo, la ACP sostiene que los precios del petróleo han bajado, mientras que la propuesta de sobretasa sigue en aumento, lo que consideran incoherente.

Actualmente, la industria petrolera en Colombia enfrenta una tasa efectiva de impuesto de renta de hasta el 50%, mientras que otros sectores no llegan al 30%. La ACP consideró esto una inequidad tributaria

La nueva "Ley de Financiamiento" propuesta por el Gobierno aumentaría la sobretasa del impuesto de renta para la exploración de petróleo hasta en 5 puntos porcentuales, lo que llevaría la tasa al 20%. 

Esto implicaría un impuesto de renta del 55% para la industria, además del pago de regalías, derechos económicos, contribuciones sociales y ambientales.  La ACP insiste que esto desincentivaría las inversiones en el país.

La Asociación también advierte que este cambio en las reglas del juego podría poner en riesgo la sostenibilidad económica de los proyectos y reducir la inversión exploratoria, lo que afectaría las reservas y la producción futura.

Frank Pearl, presidente ejecutivo de la ACP, señaló que las inversiones exploratorias ya se han reducido en un 57% desde la reforma de 2022.

El dirigente también advirtió que el aumento de impuestos podría comprometer las metas de producción de hidrocarburos del país, ya que afectaría a todos los campos, especialmente a los que producen crudos pesados y marginales.

Con el 45% de la matriz energética colombiana proveniente del petróleo y el 21% del gas natural, la ACP argumenta que la aprobación de esta propuesta representaría un riesgo para la seguridad energética de Colombia.

Señaló que la inversión constante en exploración y producción es esencial para garantizar el suministro energético, y que el país podría perder su autosuficiencia en hidrocarburos en el mediano plazo.

La ACP insistió sobre las consecuencias económicas negativas, incluyendo la disminución de regalías, empleos e ingresos para la nación. Destacan que la industria del petróleo y el gas representó el 20% de los ingresos corrientes de la Nación en 2023.

Finalmente, hizo un llamado al Congreso para que no se apruebe el aumento de la sobretasa y al Gobierno para que incentive la inversión en el sector petrolero, preservando su capacidad de generar recursos para el país.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) manifiestan su preocupación por el fallo de tutela que ordena la suspensión de la actividad de exploración de gas natural en el pozo Uchuva 2.

Las empresas de la industria del gas natural respetan y acatan las decisiones judiciales, sin embargo, esta decisión compromete el abastecimiento de gas natural que beneficia hoy a 36 millones de colombianos, aun cuando las entidades competentes demostraron que no se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a la comunidad indígena de Taganga.

En relación con el proyecto de Uchuva 2 y el cumplimiento de los trámites requeridos para su ejecución, la ACP y Naturgas señalan que: 

1. El Bloque Tayrona del que hace parte el pozo Uchuva 2, está localizado a 31 kilómetros de la línea de costa, en aguas profundas (837 metros de lámina de agua) en mar territorial colombiano, en donde la empresa operadora ha ejecutado diversas actividades por más de 20 años, en cumplimiento del contrato firmado en 2004 con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
2. Las actividades exploratorias ejecutadas fueron aprobadas por las autoridades competentes. La empresa operadora ha cumplido con todos los requisitos regulatorios y trámites requeridos, incluyendo la determinación de la no presencia de comunidades indígenas en el área de influencia del proyecto, el licenciamiento ambiental, y la obtención de los permisos de la Dirección General Marítima (DIMAR). Sus actividades se han adelantado cumpliendo los más altos estándares de calidad y sin ningún impacto ambiental significativo registrado.
3. Con la ejecución del proyecto NO se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a ninguna comunidad indígena, toda vez que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior (DANCP), mediante Resolución ST-1630 de 2023, confirmó la no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, y por tanto tampoco su afectación directa.
4. La certificación de no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto ha sido reiterada por la entidad en varios actos Y en los 18 años que la empresa lleva ejecutando el proyecto, nunca se había manifestado ningún requerimiento o reporte de impactos por parte de la comunidad.
5. Tampoco se encuentra demostrada afectación directa relacionada con la actividad de pesca artesanal, teniendo en cuenta que las conclusiones del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), organización adscrita al Ministerio de Ambiente, confirmó la no existencia de actividad de pesca artesanal en el área de influencia del proyecto. Conclusión confirmada también por la ANLA.

Para la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, "hoy Colombia necesita con urgencia anticipar el desarrollo de los proyectos que tenemos costa afuera. El Bloque Tayrona, donde se encuentra Uchuva, tiene un potencial de 400 MPCD, cantidad que permitiría retomar la autosuficiencia del país en el mediano plazo. Los proyectos costa afuera tienen un potencial que puede brindarle a Colombia seguridad energética por varias décadas, así como en su momento lo hicieron Cusiana, Cupiagua, Ballena y Chuchupa".

La presidenta de Naturgas hace un llamado a la comunidad de Taganga para que "considere que ante el derecho fundamental a la consulta previa que reclama luego de dos décadas de cumplimiento de todos los requisitos exigidos, se está poniendo en riesgo el acceso a la prestación del servicio público esencial de gas natural. Se pone en riesgo la vida digna de 36 millones de colombianos, la alimentación de los niños, el derecho fundamental a la salud y la atención a la población vulnerable".

Por su parte, Frank Pearl, presidente de la ACP, señaló que "este proyecto es estratégico para el futuro energético de los colombianos, al materializar su potencial y el de los demás proyectos costa afuera tendremos la oportunidad de revertir la disminución crítica de las reservas de gas natural e incluso multiplicarlas por 30. Con las reservas actuales el país empezaría a tener déficit de oferta a partir de 2025; con los recursos contingentes y prospectivos (incluidos los de Uchuva) podremos seguir garantizando el autoabastecimiento de gas a largo plazo, pero para ello requieren exploración y desarrollo".

Pearl hizo énfasis en que "la crítica situación de suministro de gas no será subsanable con oferta nacional sin el desarrollo de los proyectos costa afuera”, y que, “las decisiones que retrasan o suspenden el desarrollo de proyectos como este ponen en riesgo el abastecimiento energético de los colombianos y generan incertidumbre para los inversionistas, lo cual también tiene implicaciones fiscales para el país y las regiones"..

En cuanto a la afectación a la seguridad energética, los gremios profundizaron en que:

1. En Colombia, exceptuando los proyectos costa afuera (incluido Uchuva), los nuevos descubrimientos son insuficientes para reponer las reservas de petróleo y gas que se consumen. Los proyectos costa afuera tienen una alta prospectividad para gas, la cual es clave para revertir la disminución crítica y progresiva que vienen registrando las reservas de gas en el país; desde 2012 han caído en un 58%.
2. El índice de reposición de reservas en los últimos 10 años (2014-2023) es del 25%, es decir, que se está descubriendo menos gas del que se produce/consume, de cada 10 pies cúbicos que se producen, se adicionan 2,5. Por lo anterior, el factor Reservas/Producción también evidencia una crítica situación en la disponibilidad de gas, ratificando la necesidad de aumentar la exploración y el desarrollo de este energético, así como de resolver las contingencias para incrementar las reservas y la producción.
3. En 2023 se registró un incremento en recursos contingentes existentes del 29%, de los cuales la mayoría corresponde a recursos costa afuera. Este incremento es resultado del trabajo e inversiones realizadas por las empresas, y para viabilizarlos e incorporarlos como reservas se requiere exploración y desarrollo.

Finalmente, la ACP y Naturgas reiteran que es crucial que el país mantenga un entorno de estabilidad jurídica que favorezca el desarrollo de proyectos esenciales para su futuro energético, sin comprometer los derechos de las comunidades ni la seguridad energética del país; y hacen un llamado al trabajo articulado y al diálogo constructivo con todos los actores nacionales y regionales para asegurar que los colombianos sigan contando con un abastecimiento confiable y sostenible de gas natural.

Desde la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) se emitió un boletín de prensa donde en representación del sector de los hidrocarburos del país, rechazan enérgicamente los actos violentos perpetrados por grupos armados ilegales, en el departamento de Arauca.

Estas acciones han dejado como resultado la muerte de varios líderes sociales y han puesto en riesgo la integridad de las comunidades. Igualmente han afectado el medio ambiente, además de generar repercusiones en la seguridad energética del país.

La ACP precisó que en lo que va corrido de 2024 en Arauca han sido asesinados cuatro líderes sociales, se han presentado ocho atentados a oleoductos y un ataque al comando de acción inmediata (CAI) de la Policía.

Subrayó la agremiación que estos hechos constituyen una clara violación de los Derechos Humanos, de todas las personas que habitan en territorio araucano. Comunidad cuya seguridad y bienestar debe ser la máxima prioridad para todos.

“Desde la industria, expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de las víctimas de estos lamentables actos, y manifestamos nuestra solidaridad con las comunidades y autoridades que están enfrentando esta difícil situación” expresa la ACP en el boletín de prensa.

Agregó la Asociación que el deterioro de la seguridad y orden público en la región es profundamente preocupante. Por eso considera con carácter de urgente que se fortalezca la presencia institucional y el trabajo articulado de todas las autoridades.

Labor que debe ir acompañada de la adopción de las medidas que sean necesarias, para proteger a la población civil y garantizarle todos sus derechos.

En el campo energético la ACP dijo que es importante tener en cuenta que los atentados a los oleoductos y a la infraestructura de la industria de los hidrocarburos afectan la prestación de los servicios públicos esenciales y ponen en riesgo la seguridad energética del país.

En materia energética, es importante tener en cuenta que, los atentados contra oleoductos y la infraestructura del sector afectan la prestación de servicios públicos esenciales y ponen en riesgo la seguridad energética de la nación.

“Durante el primer semestre de este año, en Arauca se han producido cerca de 58 mil barriles de petróleo por día, en promedio, que equivalen al 7,4% de la producción del país”.

Cifras que tiene repercusiones positivas en el desarrollo y viabilidad de las operaciones e inversiones en la región, además del impacto en la dinámica socioeconómica del departamento.

“En el sector, nos unimos al llamado de los araucanos a trabajar por la paz, el cuidado de la vida, el bienestar de las comunidades, la preservación de los recursos naturales, y el desarrollo sostenible de la región”, puntualizó la ACP.