La empresa Ciudadela La Bendición SAS y el destituido alcalde de Yopal Jhon Jairo Torres no se conforman con las sanciones ambientales millonarias impuestas por Corporinoquia durante la realización de la urbanización y pidieron su nulidad. El Tribunal Administrativo de Casanare deberá estudiar el litigio.

Si bien la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada, por la empresa y el urbanizador ilegal, había sido radicada en 2016 ante el tribunal, este no la admitió por considerarla extemporánea, según auto del 9 de junio de 2016. Sin embargo ante la apelación de los demandantes, en providencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, esta revocó la decisión de primera instancia y ordenó la admisión de la acción judicial.

La demanda pretende que se declare nulas las resoluciones del 6 de julio y 10 de octubre de 2015, expedidas por la entidad ambiental, mediante las cuales se sancionó con 626 millones de pesos a la empresa y su dueño, por los cargos de afectación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales sin contar con los permisos ambientales requeridos para la urbanización, en relación a la perforación de pozos profundos, la captación masiva de agua subterránea y el vertimiento masivo de aguas residuales domésticas a pozos sépticos que no contaban con las especificaciones técnicas ni ambientales necesarias para su funcionamiento.

Con esta misma sanción y en forma solidaria fue cobijado Jairo Enrique Pérez Barreto, quien es el que aparece como dueño de los predios donde se hizo la urbanización.

El condenado urbanizador ilegal solicita ser exonerado de la responsabilidad ambiental y del pago de la multa impuesta además de que se archive la actuación administrativa.