Un año es el plazo estipulado que durará la intervención administrativa forzosa, a la cual fue sometida Capresoca por parte de la Superintendencia de Salud.

El superintendente, Carlos Leal Angarita,  estuvo en Yopal liderando la toma de bienes, posesiones y negocios de la EPS, como el mismo denominó a la intervención que tuvo lugar este 07 de octubre sobre el mediodía.

Angarita indicó que la medida fue adoptada por distintos incumplimientos al estatuto orgánico financiero, específicamente en su artículo 114, lo que conlleva a poner en riesgo la salud y la vida de los más 176 mil afiliados que tiene la entidad.

Adicionalmente calificó como un reto administrativo importante, el poder garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, que tiene a cargo Capresoca.

Recordó que la EPS tenía una medida de vigilancia especial por un lapso superior a los ochos años, por parte de la Superintendencia. Aseguró que durante este tiempo la EPS había incurrido en incumplimientos de las órdenes impartidas por parte de Supersalud.

Aclaró que la intervención es de carácter administrativo y que no se van a alterar los servicios que se viene prestando a los usuarios, durante el proceso que dure la intervención.

Es por ello por lo que insistió que no se trata de una liquidación de la empresa. Por lo tanto, no se presentarán cambios en la nómina. Dijo igualmente que, el agente interventor que se hizo cargo de Capresoca, será sujeto de vigilancia por parte de la Superintendencia.

Esta persona tiene como primera tarea hacer un diagnóstico y elaborar un plan de trabajo, que será la carta de navegación a través de la cual se deben cumplir los objetivos de la intervención.

Las palabras del superintendente fueron precedidas por un comunicado de prensa, donde la autoridad del orden nacional entregó por menores de las razones que llevaron a la intervención de Capresoca.

En el escrito se aseguró que la Supersalud puedo evidenciar “una crítica situación de índole administrativa, financiera, de entrega de medicamentos, incremento en el número de tutelas y desacatos, así como, un aumento importante en las quejas de sus usuarios”.

Para la Superintendencia esta compleja situación “pone en riesgo la adecuada y oportuna prestación de los servicios de salud como la integridad y la vida de los afiliados concentrados principalmente en el departamento de Casanare”.

Otro factor que se tuvo en cuenta para la intervención está relacionado con el hecho que Capresoca “desde agosto del 2016 se encontraba de manera ininterrumpida bajo medida preventiva de vigilancia especial, y  a  la  fecha  no  ha  logrado  subsanar  las  falencias identificadas”

Por el contrario, la problemática ha venido en una curva ascendente. Citó el caso de las PQR que subieron en un “120% comparando los periodos de enero a julio de 2023 y 2024, que ubican a la EPS en el tercer lugar entre 12 EPS de régimen subsidiado con mayor tasa de reclamaciones”.

La Superintendencia sostuvo que “entre los principales motivos de estas reclamaciones se encuentran la negación y falta de oportunidad en: el  reconocimiento de reembolsos, asignación de citas o consultas, tecnologías en salud y/o otros servicios autorizados”.

Finalmente, en el terreno de la solvencia financiera, la autoridad nacional reportó que “se evidenció el no cumplimiento de los indicadores de capital mínimo y patrimonio adecuado para las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 y el 2024 con corte al mes de junio”.

Igualmente cuestionó el hecho que “la EPS no remitió la información relacionada con la metodología del cálculo de reservas técnicas a corte de diciembre de 2023 y junio de 2024”.

A todo lo anterior se suma que “Capresoca presenta un incremento del 66% en la interposición de tutelas contra la EPS por las dificultades en la prestación de servicios de salud a los afiliados”.

Ahora solo resta esperar que el remedio no sea peor que la enfermedad, que la intervención logre sacar de la crisis en que se encuentra entidad. Sin embargo, la medida, para muchos, está inmersa en un ambiente de incredulidad, que tiene su asidero en las experiencias adversas que han tenido con esta figura de salvamento otras entidades.

Basta con mirar alrededor para encontrar un claro ejemplo en la EAAAY, que luego de la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, ha presentado más dificultades y cuestionamientos que cuando estaba en manos del Municipio.