Jueves, 14 Enero 2021 08:38
"No tienen honor": Congresista César Zorro por nueva demanda de perdida de investidura
Escrita por Casanare NoticiasUna nueva demanda de perdida de investidura fue instaurada contra el congresista casanareño César Ortiz Zorro.
La medida, cuarta a la que se enfrenta Zorro, fue solicitada por el exconcejal de Yopal Oromairo Avella Ballesteros y ya se encuentra en la Sala Especial de Decisión 19 del Consejo de Estado. Además se define fecha para la audiencia pública donde asistirá la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura y será presidida por el magistrado ponente. En dicha diligencia las partes podrán intervenir, por una sola vez, en el siguiente orden: El solicitante o su apoderado, el agente del Ministerio Público y el Congresista y su apoderado.
Reacción de Zorro
Al respecto, el congresista manifestó: "El intento desesperado por bloquearme. Bajeza.
Demandas sin sentido que solo tienen como objetivo hacernos gastar recursos y tiempo. Estamos preparados para defendernos de la cuarta demanda con la que pretenden quitarnos la investidura de Representante a la Cámara por Casanare.
Les queda grande competir con transparencia, trabajo, esfuerzo y propuestas. Actúan con Vileza, hacen uso de la bajeza. ¡No tienen honor!".
El denunciante
Además de la demanda de perdida de investidura contra el representante, Oromairo Avella Ballesteros ha sido el denunciante en otros procesos en el departamento.
Sin embargo, es de recordar que en el año 2012, en un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por 18 años en su contra, junto a otros seis cabildantes de Yopal (José Reinaldo Pérez Piragauta, Luis Carlos Pérez Barrera, Rafael Ernesto González Peña, Alejandro Barragán Unda, Germán Orozco Barrera y Rafael Castro Buitrago), quienes habrían forzado amenazas contra la vida e integridad de los concejales Gladys Amparo Sanabria Gutiérrez y Cristóbal Torres Pérez.
Los hechos, que ocurrieron en el mes de abril de 2009, se llevaron a cabo en la residencia de Luis Carlos Pérez, donde se ejercieron dichas amenazas para que se garantizaran la votación de los proyectos de acuerdo municipal en la forma como los imputados lo decidieran.
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