En el marco del desarrollo del debate de controlo político a la Secretaría de Hacienda que adelantó el Concejo Municipal el pasado 28 de marzo, a varias personas de la comunidad se les brindó la posibilidad de expresarse frente al inesperado aumento del impuesto predial.

Uno de los ciudadanos que tomó la palabra y expresó su preocupación fue el sacerdote William Martínez, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Yopal.

El religioso explicó que la Diócesis de Yopal cuenta con algunos predios que están exentos del impuesto predial, como los templos, las casas curales, que están destinadas al ejercicio de trabajo pastoral.

Sin embargo, también existen otros inmuebles que sí están obligados a pagar dicho tributo, como cualquier otro ciudadano. Dijo que estos lugares están destinados al servicio de la comunidad como capillas, salones comunales, entre otros.

En este sentido el párroco precisó que la preocupación de la Diócesis radica en el incremento exagerado del gravamen, el cual alcanzó la suma de 204 millones de pesos.

Ante esta situación Martínez pidió en el recinto del Concejo una revisión del sistema de avalúo catastral, para evitar este tipo de situaciones que afectan, no solo a la Iglesia Católica, sino a un gran número de contribuyentes del municipio.

Por eso el llamado fue para los concejales “tomen consciencia de la necesidad de revisar la base del avalúo catastral”

Agregó que el monto a pagar prendió las alarmas la interior de la comunidad religiosa, porque, aseguró, en este momento la Diócesis no cuenta con fuentes permanente de ingresos. Es por ello por lo que “se convierte en una carga impagable, muy difícil de asumir”, precisó el clérigo.

Finalmente manifestó que los ingresos de la Diócesis se han disminuido considerablemente y la carga laboral representada en la nómina que tiene a su cargo y demás necesidades, apenas alcanza para su funcionamiento.

En este contexto “un pago de impuesto que se dobla de un momento a otro. Veníamos pagando alrededor de 100 millones de pesos y ahora toca pagar más de 200 millones, pues la Diócesis no tiene en su presupuesto cómo responder de manera inmediata a ese cambio tan abrupto”, puntualizó el presbítero.

En hechos que son materia de investigación, una persona identificada como John Pier Avella Martínez perdió la vida en el municipio de Aguazul.

La información que se tiene sobre este caso indica que el joven, al parecer, fue atacado con arma blanca en medio de una riña. La disputa se presentó en la ribera del Río Unete, cerca del barrio El Porvenir.

Trascendió que Avellaneda era reconocido por sus constantes altercados. También se comentó que está mañana del sábado 29 de marzo se vio envuelto en una pelea y recibió graves heridas, que a la postre le costaron la vida en el lugar del enfrentamiento.

Las autoridades adelantan la respectiva investigación, para identificar y dar con el paradero del agresor.

Se conoció sobre la liberación de los cinco trabajadores de la empresa Cenit, que habían sido secuestrados en horas de la madrugada del viernes 28 de marzo.

La retención ilegal que motivó un comunicado de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas ocurrió en zona rural del municipio araucano de Fortul. Estas personas fueron secuestradas en el momento en que se encontraban adelantando labores de reparación en el oleoducto Bicentenario.

En el escrito divulgado por la ACP, se condenó de manera categórica este tipo de acciones ilegales. “El secuestro de trabajadores del sector de hidrocarburos y los ataques a la Fuerza Pública en el departamento de Arauca, hechos inaceptables que atentan contra la vida de colombianos, la seguridad y la paz; generan zozobra en las comunidades y afectan el desarrollo de la región y el país”.

Trascendió que dos de liberados llegaron al municipio de Saravena y los restantes tres arribaron al lugar donde se llevan a cabo los trabajos de reparación del oleoducto Bicentenario.

Un niño de 11 años falleció este viernes 28 de marzo tras sufrir un disparo accidental mientras manipulaba una escopeta de fabricación casera en la finca Bellavista, vereda Caño Chiquito de Paz de Ariporo. 

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 de la tarde, cuando el menor, identificado como José Luis Martínez Suárez, tuvo acceso al arma que era utilizada para labores de caza y trabajos rurales en la propiedad familiar. 

Según versiones preliminares, el menor recibió el impacto del disparo a la altura del cuello. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde llegó con signos vitales, pero falleció debido a la gravedad de la herida.

Las autoridades adelantan la respectiva investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente. Igualmente, se insistió a la comunidad de las zonas rurales extremar las medidas de precaución, en todo lo relacionado con el manejo y tenencia de armas, especialmente de las de fabricación casera, para evitar accidentes.

Comenzaron a conocerse los primeros pronunciamientos de las autoridades judiciales, frente a las tutelas y acciones populares instauradas por algunos ciudadanos, en contra del aumento desmedido del impuesto predial en la ciudad de Yopal.

En sentido fue declarada improcedente la Acción de Tutela interpuesta por María Ninfa Gutiérrez Cepeda y Carmenza Higuera Africano, en contra del Municipio de Yopal, el Concejo y la empresa Catasig.

La decisión fue tomada por el Juzgado Civil Municipal de la capital departamental. En el fallo se argumenta que las demandantes no agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, que aplican para estos casos.

Se mencionó el recurso ante la jurisdicción del contencioso administrativo. Igualmente, para la autoridad judicial no se demostró un perjuicio irremediable, por cuanto no hay acciones coercitivas a cargo de la Administración Municipal para hacer efectivo el cobro de este gravamen.

Adicionalmente el juez consideró que el acto administrativo impugnado es de carácter general y goza de la presunción de legalidad. En este sentido, para el togado, cualquier objeción debe resolverse vía administrativa y no constitucional.

En cuanto a la Acción de Tutela, se alegó una vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana y mínimo vital, como consecuencia del aumento desmedido en el cobro del impuesto predial.

Bajo estos argumentos, según el fallo, se pretendía buscar la suspensión de la Resolución YPL-003 del 31 de diciembre de 2024, que actualizó el avalúo catastral del casco urbano de Yopal.

También se mencionó por las accionantes que el acto administrativo no cumplió con el principio de publicidad. Afirmación que sustentaron con el hecho que la publicación del mismo se hizo el último día hábil de 2024, a través del portal Web de la empresa.

Todo lo anterior fue evaluado por el juez, quien a la postre declaró improcedente dicha Acción de Tutela.

La comunidad de Casanare respondió masivamente a la campaña "Renace la Esperanza" para ayudar a las 17 familias que perdieron sus viviendas en el incendio del pasado sábado en el asentamiento Mi Nueva Esperanza de Yopal.

Durante tres días, los ciudadanos donaron ropa, alimentos y materiales de construcción que ya fueron entregados a los afectados.

La Gobernación de Casanare reportó la recolección de 701 prendas de vestir, 96 pares de zapatos, 8 kits de cama completa y 12 sets de utensilios de cocina, entre otros artículos de primera necesidad.

Los puntos de acopio habilitados en la Cruz Roja y en el mismo asentamiento recibieron además electrodomésticos básicos y útiles escolares.

"Los casanareños demostramos una vez más nuestra capacidad de solidaridad", expresó Diana Soler, gestora social del departamento.

Las autoridades confirmaron que, aunque la campaña formal ha concluido, continúan recibiendo materiales de construcción como ladrillos, cemento y sanitarios directamente en la zona afectada.

El incendio, que destruyó por completo las viviendas la noche del sábado 22 de marzo, movilizó a organismos de socorro, Fuerzas Militares y voluntarios que trabajan en la recuperación del sector. Las familias afectadas agradecieron las donaciones mientras inician la reconstrucción de sus hogares.

Hasta que no se tengan los servicios públicos domiciliarios no se puede adelantar el proceso de escrituración del proyecto de Alamedas Martha Mojica. A la aseveración la hizo la secretaria de planeación de Yopal, Narda Consuelo Perilla, en el marco del debate de vivienda adelantado por la comisión tercera del Concejo Municipal este jueves 27 de marzo.

Frente a la promesa de unos recursos del orden nacional destinados a esta propuesta de vivienda, la secretaria precisó que efectivamente quedó un programa dentro del plan de desarrollo nacional, pero no se refleja en el plan plurianual de inversiones.

Insistió que una vez se cuente con los servicios públicos y los diseños del proyecto habitacional, la Administración municipal entrará a gestionar los recursos ante la Gobernación y la Nación, para cristalizar esta propuesta de vivienda.

“Simplemente lo que nosotros queremos advertirle a la comunidad es que vamos a hacer el proceso de escrituración, una vez se logre tener todos los servicios públicos domiciliarios”, indicó la secretaria de planeación.

En cuanto a la existencia de recursos provenientes de la administración pasada, destinados a cubrir este tema, la funcionaria manifestó que “específicamente no tengo la información, de pronto hablan de un superávit que en su momento se generó, pero no hubo destinación en su momento para los servicios públicos”.

Mencionó igualmente que tanto la Gobernación, Acuatodos como el Municipio, han venido trabajando en la elaboración de los estudios y diseños, que calificó como prioritarios para poder salir a buscar recursos para llevar a feliz término la Ciudadela Martha Mojica.

La próxima semana estarán listos los ajustes que se vienen analizando para aplicar al Decreto 010 de 2025, mediante el cual la Alcaldía de Yopal prohibió el parqueo de automotores en la transversal 18 entre calles 6ª y 9ª, sector mejor conocido con el terminal satélite que queda frente al Gaula militar.

Así se acordó en el más reciente consejo de seguridad realizado este jueves 27 de marzo, donde se estudió esta reglamentación y que, según la Secretaría de la Movilidad, busca mejorar la seguridad en este punto de la ciudad, así como agilizar todo el transito de todos los actores viales que cruzan por el lugar.  

En este orden de ideas, mientras se tienen listas las modificaciones al mencionado decreto, la Administración Municipal continuará con las jornadas de socialización, así como de pedagogía, con el fin que los conductores conozcan y acaten la nueva disposición vial.

Verano Energy, aliado de Parex Resources (Colombia) AG Sucursal, inauguró dos aulas en la Institución Educativa San Agustín, ubicada en el corregimiento de Caribayona, en el municipio de Villanueva, Casanare.

La ampliación y adecuación de la infraestructura requirió una inversión cercana a los $394 millones, destinada a mejorar las condiciones educativas de 60 estudiantes y 26 docentes, proporcionándoles un espacio óptimo y funcional para el desarrollo de sus actividades académicas.

“Se identificó la necesidad de intervenir la infraestructura de la Institución Educativa San Agustín debido al hacinamiento generado por el crecimiento de la población estudiantil.

Gracias a la vinculación y buena voluntad de la empresa Parex, logramos materializar este importante proyecto, que representa una contribución concreta a la educación y un impulso al potencial de nuestros jóvenes, quienes son privilegiados con el derecho a educarse”, manifestó Camilo Reina, alcalde (E) de Villanueva.

Por su parte, Alicia Sanabria, rectora de la institución educativa San Agustín – Sede Caribayona, expresó: “Estas nuevas aulas, amplias y modernas, significan bienestar, seguridad y comodidad para nuestros alumnos y maestros. Agradecemos a Parex por su compromiso con nuestros procesos académicos”.

La Alcaldía Municipal de Villanueva priorizó la asignación de recursos de los programas en beneficio de las comunidades para la ejecución de este proyecto, el cual busca promover una educación de calidad en el territorio.

Diecisiete millones de pesos es el presupuesto destinado a la compra de medicamentos e insumos durante todo el año 2025, para atender los animales que se encuentran en el albergue municipal.

Esta cifra muy inferior a los cerca 100 millones de pesos anuales que se requieren, para dotar de los elementos básicos que demanda este lugar. Los datos fueron entregados por el secretario de gobierno municipal, Jorge Andrés Rodríguez.

El funcionario dijo que, para solucionar esta falta de recursos, el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz, dio la instrucción para que dentro del plan operativo anual de inversiones, así como en el proyecto de acuerdo que se va a presentar al Concejo Municipal se aumenten los recursos, con el fin de garantizar que el albergue funcione sin ningún contratiempo.

Rodríguez compartió esta información en el marco de la mesa de bienestar animal convocada por el Concejo y que se adelantó en la sede de bomberos.

En dicha reunión de analizaron los alcances de la Ley Ángel. El secretario manifestó que estaban a la espera de esta actividad, con el fin de dar el primer paso para frenar el maltrato del cual son víctimas los seres sintientes, como califica la jurisprudencia colombiana al reino animal.

“Hay gente realmente inconsciente en Yopal, que ha estado maltratando a los animales y por eso ese necesario sentar algunos precedentes. Es necesario que se tomen las medidas administrativas y de tipo penal que ya están establecidas en la ley”, subrayó Jorge Andrés Rodríguez.