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Por presuntas irregularidades en el contrato de la mega obra del malecón para Yopal, la Procuraduría General de la Nación anunció que abrió investigación disciplinaria, en contra del exdirector de Riesgo de Desastres de Casanare, Guillermo Alberto Pérez y el entonces representante legal del Consorcio IMC, Leonidas Ortega.

Según el Ministerio Público se están analizando presuntos retrasos en la ejecución del proyecto, que tiene como objetivo proteger a la ciudad de Yopal de socavaciones e inundaciones del Río Cravo Sur.

Dentro de los documentos que están bajo la lupa de la entidad, se encuentran dos certificaciones diferentes, donde se relaciona el avance de las obras. Dichos reportes están fechados en octubre y noviembre de 2023.

La Procuraduría reveló que, en los mencionados reportes, la Gobernación de Casanare certificó un avance de obra aproximado entre el 80 y 90 por ciento, “lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución”, recalcó el organismo del control.

En este mismo caso se advirtió que la interventoría, que fue contratada por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, “tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción”.

La investigación “busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra”.

Menciona también la Procuraduría que, al finalizar el plazo de ejecución, no se había desarrollado el proyecto en su totalidad “y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista”.

En el caso de Leonidas Ortega, el accionar del Ministerio Público lo vincula en calidad de representante legal del Consorcio IMC, que era el encargado de adelantar la obra, la cual, al término del plazo de ejecución, no se había concluido y según la Procuraduría, “no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse”.

El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (e) José Manuel Luque inauguró el laboratorio de Estudios Moleculares de la Orinoquia – LEMO ubicado en el campus de la Universidad Internacional del Trópico Americano Unitrópico, el cual fue fortalecido con equipos de alta tecnología para el diagnóstico de COVID – 19 y también es una herramienta significativa para la realización de otros estudios científicos.

Este laboratorio según afirmó el delegado de Minciencias, se convierte en el No. 35 que el ministerio entrega al país bajo la estrategia 'Más labs en región, el cual tuvo una inversión aproximada a los 3.800 millones de pesos con aportes del Sistema General de Regalías, Universidad Nacional de Colombia y Unitrópico.

El LEMO nació el año 2020 con la convocatoria Nº. 9 de Minciencias, bajo la formulación de investigadores de Unitrópico como institución proponente y con el apoyo de investigadores de la Universidad Nacional, para el fortalecimiento de la capacidad instalada en ciencia y tecnología, que permitiera atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo, para la salud humana en Casanare.

“Agradecemos el invaluable apoyo brindado por las investigadores Nubia Matta Camacho y Gloria Ramírez Nieto, porque desde los laboratorios de las Facultades de Ciencias y Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, capacitaron al personal que está laborando en el laboratorio, construyeron puentes para nuevas investigaciones, fortalecieron los procesos en la región y a nivel nacional, con lo que se aportará en los avances investigativos del territorio”, dijo Óscar Rodríguez Fandiño, vicerrector de Investigación de Unitrópico. 

Para la universidad Unitrópico, una Institución de Educación Superior transformada recientemente en universidad pública, con cerca de 2.500 estudiantes, el laboratorio es una gran oportunidad para elevar las condiciones académicas y contribuir con los planes establecidos hacia el desarrollo sostenible de la región de la Orinoquìa.    

"Aprovecho la oportunidad para invitar a los jóvenes del departamento para que hagan uso de los recursos con los que cuentan ahora en este nuevo laboratorio, que va a permitir la investigación tanto en COVID 19 como en otros agentes patógenos presentes en la región", puntualizó el ministro (e).

Las labores investigativas realizadas por la Fiscalía General de la Nación pusieron al descubierto supuestas irregularidades de contratación que se habrían presentado entre 2005 y 2007 en Casanare.

Según la Fiscalía, las investigaciones dan cuenta de que el 4 de agosto de 2005, el entonces gobernador, Helí Cala López, suscribió un convenio con la secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB), cuyo objeto era “la cooperación y asistencia técnica para la coadyuvancia en la gestión de programas y proyectos que se consideraron viables para el plan de desarrollo del departamento”.

Mediante esta figura, el organismo internacional celebró 59 cartas, acuerdos o contratos de obra, adecuaciones, suministro y adquisición de bienes, entre otros conceptos, por más de 94.000 millones de pesos, que correspondían a recursos públicos.

Para la Fiscalía, la contratación de obras y otras necesidades básicas para los municipios de Casanare debía ser asumida por los entonces gobernadores, mediante procesos de selección y adjudicación como lo establece la ley. En ese sentido, dicha responsabilidad no podía cederse a un tercero, más aún, cuando había de por medio dineros del departamento.

Adicionalmente, el material indica que en uno de los acuerdos o cartas, el número nueve, que contempló continuación de la construcción del matadero regional en Paz de Ariporo, se presentó un posible detrimento patrimonial.

Dicho proyecto fue entregado al Consorcio Construcciones M.V., al que le fue pagado un anticipo de 50% del valor total del contrato ($1.411’379.265). Los testimonios y otros elementos permitieron conocer que, a través de diferentes maniobras, la suma del anticipo, algo más de $600’000.000, habría llegado a manos del gobernador de la época, Helí Cala López.

Por estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó al exgobernador Cala López por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con peculado por apropiación. El exmandatario participó en la firma del convenio con el organismo internacional y avaló 57 de los 59 acuerdos o cartas suscritos. Adicionalmente, hay indicios de que, supuestamente, se quedó con recursos del departamento.

De otra parte, el exgobernador Whitman Herney Porras Pérez (septiembre de 2006 - diciembre de 2007) fue acusado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Estaría involucrado en los dos últimos acuerdos o cartas celebrados por la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB).

Este proceso investigativo se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).

Fuente: Fiscalía General de la Nación