Noticias relacionadas: Muncipales

Una mesa de concertación propuso la Alcaldía de Yopal, como mecanismo de participación que permita analizar detenidamente la actualización del avalúo catastral, para buscar una salida que conduzca a solucionar los altos costos del impuesto predial unificado.

La propuesta fue anunciada por el alcalde, Marco Tulio Ruiz, sobre las 9:30 de la noche del lunes 24 de febrero desde la estación de policía de Yopal y luego concluir consejo extraordinario de gobierno.

La iniciativa se hizo oficial a través del Decreto 028 de febrero 24 de 2025, en el cual se habla de la creación de una mesa permanente de análisis del impuesto predial de Yopal.

En el documento firmado por Jorge Andrés Rodríguez define quienes son los llamados a integrarla.

El primero es el alcalde o su delegado. Luego figuran los secretarios de hacienda y planeación; el jefe de la Oficina Jurídica; un representante de Catasig.

Igualmente tendrán asiento dos representantes del Concejo Municipal, uno de ellos debe ser de la oposición; un representante por cada comuna; un representante de los ediles y un representante de las juntas de acción comunal.

También serán invitados el personero municipal, el defensor del pueblo, el procurador regional de Casanare, el contralor departamental, la Superintendencia de Notariado y Registro, el IGAC y Corporinoquia, quienes cumplirán como garantes.

El objetivo es que entre todos se pueda llegar a un conceso que permita aplicar algún tipo de solución a esta problemática, que ha generado la inconformidad de la ciudadanía que salió a protestar.

Ceder el terreno donde se encuentra la invasión Quince de Octubre por parte de la Gobernación al Municipio de Yopal a través del Indev, es el primer paso de la solución que se busca dar a las familias que habitan este sector del municipio de Yopal y que demandan del Estado el derecho a una vivienda digna.

Esta propuesta hace parte de las soluciones surgidas de una mesa de trabajo adelantada este lunes 17 de febrero, entre la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Yopal y las familias que residen en el lugar.

Como se recuerda este barrio es producto de una invasión hecha en los tiempos de la administración de Raúl Flórez, por un grupo de ciudadanos a un predio propiedad de la Gobernación, el cual se encuentra ubicado en la carrera 23 entre calles 34 y 35, en Yopal.

Una vez se finiquite la cesión, la idea es que la Alcaldía de Yopal comience la legalización de este barrio. Luego vendrán los estudios y diseños, donde se definirá qué tipo de solución habitacional se va a entregar a las más de 100 familias que residen en el Quince de Octubre.

“No damos una respuesta inmediata si es casa o es apartamento. Primero dependemos de los recursos, pero un recorte de 340 mil millones de pesos de las regalías, son bastantes recursos que teníamos destinados a solucionar este tipo de problemas”, precisó el gobernador César Ortiz Zorro.

El mandatario manifestó, igualmente, que la reducción en el giro de regalía también afectos al Municipio de Yopal. “Y el alcalde con un recorte superior a los 100 mil millones de pesos, que lo pone en jaque con los proyectos que teníamos pendientes”, agregó el gobernante casanareño.

Por esta razón, insistió Ortiz Zorro, no puede entregarle una respuesta inmediata a la comunidad, como es su deseo. De todas formas, recalcó que teniendo en cuenta la creciente demanda de servicios públicos, lo más conveniente son construcciones verticales.

Otro tema sobre el cual se refirió el gobernador es el de evitar que, ante el anunció de una solución de vivienda para el Quince de Octubre, lleguen nuevas personas y se instalen en el sector, para aprovechar de manera malintencionada los ofrecimientos hechos por los estamentos oficiales.

“Es muy difícil hacer vivienda para todos los que llegan a invadir y ese es un reto al que nos debemos enfrentar. Uno entiende la necesidad de la gente, pero nosotros tenemos que irnos por la línea de la legalidad”, expresó el mandatario seccional.

El otro desafío es en términos temporales. No se puede desconocer que este tipo de propuestas requieren una serie de trámites, que demandan su tiempo para finiquitarse.

Para comenzar es necesario presentar un proyecto de ordenanza a la Asamblea, para que se autorice al gobernador para ceder el terreno a la Alcaldía. Luego en la Administración municipal deberá cumplir contra serie de procesos, antes de convertirse en realidad.

Sin embargo, la comunidad del Quince de Octubre alberga la esperanza de realizar su sueño de tener una vivienda digna.

Se cumplió este miércoles 29 de enero en el auditorio de La Triada de Yopal, la reunión pública para analizar la situación actual de la EAAAY. Al final de la jornada se concertó la creación de un comité cívico que propenda por la recuperación de la empresa, para que retorne al control del municipio.

En la actividad, que fue de carácter abierto, participaron defensores de servicios públicos, de los sindicatos de la empresa, ciudadanía en general, así como los concejales Leonardo Infante y Felipe Becerra.

El cabildante Becerra al término de la reunión hizo un balance del certamen y expresó su preocupación por el futuro de la única empresa pública que es un activo de toda la comunidad yopaleña.

En sus declaraciones, señaló que la EAAAY ha operado durante 27 años, brindando agua, recogiendo basuras y tratando aguas servidas, a pesar de los problemas operativos.

El líder político también criticó la intervención de la Superintendencia, mencionando que dos gerentes interventores no han logrado explicar las irregularidades, ni las razones del déficit financiero y operativo.

Además, señaló que contratos millonarios, como el de los 70 millones de dólares y uno de 15.000 millones, han sido objeto de denuncias y acciones populares, pero aún no se han resuelto nada.

Uno de los principales puntos de inquietud para el concejal es la privatización del nuevo relleno sanitario, donde un privado cobraría precios más elevado por cada tonelada recibida, lo que afectará las tarifas de los usuarios.

Becerra hace un llamado a la unidad, dejando de lado los egos y las diferencias políticas, para defender lo público y demostrar que la empresa puede funcionar. En este sentido, invita a la academia, veedores, juntas de acción comunal, ediles, líderes políticos y congresistas casanareños a sumarse a este esfuerzo.

Mencionó que el comité recién creado tiene como objetivo concertar con la Superintendencia y conocer la hoja de ruta para la devolución de la empresa al municipio, pidiendo que se haga de forma saneada y organizada. 

También busca evitar la liquidación o creación de una nueva empresa. Becerra insiste en que la EAAAY debe recuperarse y no privatizarse, ya que esto afectaría a las personas más vulnerables y beneficiaría a intereses privados.

El concejal ha destacado la importancia de la empresa como generadora de empleo para muchas familias yopaleñas. El comité está integrado por sindicatos, empleados, vocales de servicios públicos, líderes de acción comunal, ediles, y está abierto a todos los ciudadanos sin distinción política.

El concejal Becerra ha extendido un llamado a todas las fuerzas políticas a unirse en este esfuerzo por recuperar lo público y evitar la privatización de los servicios.

Bajo el inclemente sol de Yopal se encontraban varios vecinos de la calle 60 con carrera primera. Algunos de ellos llegaron para verificar en primera persona, una noticia que les pareció insólita y sobre la cual era necesario tomar algún tipo de medida.

Se trata de la construcción, al parecer, de una estación de servicio junto a la sede del hospital de la comuna seis, donde se ellos se encontraban.

Aguardaban la llegada del gerente de la ESE Salud Yopal, John Paulino Rojas, para informar a toda la comunidad sobre esta situación, a través de los medios de comunicación que habían sido citados para una rueda de prensa.

Mientras transcurrían los minutos de espera junto a los inesperados visitantes, una volqueta y una retroexcavadora cumplían con su labor de acondicionamiento del terreno, como parte de la obra que ya está en proceso de construcción.

Así lo corrobora el telón verde que se utilizar para este tipo de casos, el cual va acompañado del letrero donde están plasmados algunos datos del proyecto.

Se puede apreciar el nombre del arquitecto Arley Latriglia Cuevas, curador urbano 1. El número de la resolución (0954 del 22 de diciembre de 2023) y la licencia de construcción (10022021392), así como el nombre del titular de la licencia (Héctor José de Vivero Pérez), la ubicación exacta el inmueble calle 58C # 01 oeste – 25, barrio Villa Flor.

No obstante, en ninguna parte está escrito que se trate de una estación de servicio, pero el rubor que sea este tipo de obra es bastante grande, por lo que causó preocupación y asombro, no solo en los vecinos del sector, sino también en las directivas de la ESE Salud Yopal.

Olga María Castro, edil de la comuna seis, advirtió que tenía conocimiento que en el lugar se iba a construir una bomba de gasolina. También hizo énfasis en los peligros que representa para un hospital tener como vecino un establecimiento comercial de esta índole, lo que calificó como “ilógico”.

Aseguró que para despejar dudas sobre el proyecto, fue personalmente al lugar y preguntó. Aseguró que le confirmaron que, efectivamente, se trata de una estación de servicio, que cuenta con todos los permisos y documentación debidamente reglamentada.

Agregó que en ningún momento autoridad alguna o empresa privada les socializó el proyecto, por lo que la comunidad desconocía sobre la construcción de esta iniciativa de carácter comercial.

Por su parte Paulino Rojas dijo que fue la comunidad la que alertó a las directivas de la ESE Salud Yopal sobre este tema. Indicó que se activarán las herramientas jurídicas, con miras a realizar los requerimientos que sean necesarios para finiquitar esta situación.

Sostuvo que el equipo jurídico de la entidad hizo una investigación preliminar y la idea es iniciar las acciones legales pertinentes, para que se cumplan con las regulaciones que existen para este tipo de establecimientos comerciales, por lo que no descarta apelar a una acción popular para frenar este proyecto de construcción.

El concejal de Yopal Leonardo infante reveló que conoció de un fallo de Consejo de Estado, que niega una Acción de Tutela interpuesta por la empresa Setty en contra Tribunal Administrativo de Casanare, por la sentencia que ordenó el fin de la concesión de tránsito en la ciudad.

El cabildante interpretó la acción de Setty como un intento más, por tratar de quedarse con este negocio que calificó como dañino para el municipio.

“Nosotros estamos muy atentos a esta situación. Incluso hemos citado a debate de control político al secretario de tránsito para que nos informe en detalle qué está pasando con este tema de la concesión”, respondió el cabildante.

Consideró oportuno que la Administración Municipal informe al Concejo, sobre el avance de los procesos necesarios, para que la Alcaldía retome el control de los servicios que tenía a su cargo Setty.

“Aquí lo que vemos es un intento más para no salir del negocio”, recalcó el cabildante. Infante insistió ahora resta esperar que la providencia del Tribunal se cumpla y la concesionaria desista de sus intentos dilatorios, que según el concejal la empresa a utilizado por más de siete años, para permanecer en el negocio.

Insistió en la necesidad de disolver la concesión y que los porcentajes que percibía Setty regresen al Municipio. Para dar claridad a todo este tema sostuvo que el mencionado debate de control político a la Secretaría de la Movilidad se realizará el próximo 15 de octubre.

Debido al interés general que representa para la ciudadanía dicha temática, Infante hizo extensiva a toda la comunidad, para que asista el día que se adelantara la mencionada actividad de control político.

Recordó que este esfuerzo de tumbar la concesión se ha extendido por más de 12 años, contados desde el momento en que Leonardo Puentes, hoy exalcalde de Yopal, demandó el Acuerdo que dio vida a Setty.