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Alcalde de Maní alertó sobre crisis humanitaria por llegada masiva de 49 familias desplazadas del Cesar
Hoy, 13 de marzo, durante la visita prevista por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, al municipio de Maní para el acto protocolario de la primera piedra del nuevo hospital de esta localidad, se conoció que dentro de la agenta tiene prevista una visita a la vereda El Amparo.
El objetivo de la llegada del mandatario seccional a esta zona rural es entablar diálogo con las 49 familias desplazadas que llegaron desde el departamento del Cesar.
En total son 169 personas desplazadas, quienes llegaron de manera imprevista al municipio de Maní, generando una crisis humanitaria que ha llevado al alcalde Ferney Chaparro Perdomo a solicitar a través de un comunicado a la opinión pública, ayuda urgente a las autoridades departamentales y nacionales.
Las familias se asentaron en la finca Versalles, ubicada en la vereda El Amparo, sin que la administración municipal tuviera conocimiento previo de su arribo.
La situación ha encendido las alarmas, ya que la zona fue mencionada en la Alerta Temprana 016-2024 de la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre posibles riesgos para la vida y la seguridad de líderes sociales en la región.
Chaparro hizo un llamado a entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, la Contraloría, Mesa Departamental de Víctimas, Corporinoquia, Gestión del Riesgo y la Gobernación de Casanare, para que intervengan y garanticen una asistencia integral a las familias afectadas.
Por su parte, el coronel Daniel Lozano, del Departamento de Policía Casanare, precisó que en lugar ya se encuentran algunas de estas entidades, como la Defensoría del Pueblo, acompañada de personal de salud, e infancia y adolescencia.
Ellos se adelantan un trabajo de evaluación de las condiciones en que se encuentra este grupo de persona, además de trabajar en un proceso de caracterización, trabajo que, según el oficial, la Policía viene apoyando, especialmente con la población infantil y adolescentes, para garantizar la restitución de derechos.
Otro factor importante y que hasta el momento no se tiene conocimiento detallado, son los datos exactos de cómo estas familias lograron trasladarse hasta este sector y por qué eligieron precisamente este punto para asentarse.
Además, la administración municipal ha advertido que no cuenta con los recursos necesarios para atender la emergencia, lo que dificulta la provisión de alojamiento, alimentación y asistencia médica para los desplazados.
Defensora de Monterrey denuncia desplazamiento forzado por amenazas de Autodefensa Gaitanistas
La directora de la Fundación MUJER EMPODERADA de Monterrey, Fanny Mendoza Martínez, denunció que es víctima de desplazamiento forzado.
Fanny relató que el domingo anterior un individuo, quien se identificó como integrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia llegó a su vivienda y le dijo que si quería seguir con vida debía abandonar el municipio.
Acto seguido, se refugió en un hotel y el lunes se desplazó en su carro, solo con su ropa hacia Yopal, en donde a pesar de haber tocado puertas en diversas entidades denunciando el caso, no ha obtenido respuesta.
“Ella se encuentra en la calle, desamparada, ya que no ha recibido ayuda por parte de ninguna de las autoridades competentes, razón por la cual, nos preguntamos lo siguiente ¿si en Casanare no está pasando nada, si es un territorio de paz, porqué los defensores de derechos humanos están saliendo de los municipios, desplazados?”, cuestiona Rubiela Benítez.
La líder relató que hace 8 meses se encuentra al frente de la fundación que trabaja al menos con 74 familias víctimas del conflicto armado. "De manera constante he recibido amenazas, pero esta última ha sido la más contundente", expresa.
Mendoza Martínez ha tenido que vivir con la pesadilla de la violencia y la zozobra de las amenazas desde hace 30 años, sin que recibir hasta el momento una solución definitiva por parte del Estado.
El punto de partida ocurre en la década del 90 cuando junto con su esposo, tenían un almacén de venta de repuestos, para los sistemas de refrigeración para vehículos.
El martirio comenzó con las extorsiones de la que fueron víctimas, a cargo del grupo paramilitar de Miguel Arroyave. Así lo contó la señora Mendoza.
La situación vino acompañada de un primer hecho fatal. El homicidio de su esposo, José Israel Sánchez Matamoros, el 24 de julio de 1993, a quien le quitan la vida en su establecimiento comercial ubicado frente a Villacentro, en la capital del Meta.
Un año más tarde, el primero de julio de 1994, también asesinan a su cuñado, Efraín Sánchez Matamoros. En ese momento decidió por su seguridad y la de su familia salir de Villavicencio y establecerse en Monterrey.
En 2016 crea la Fundación que inicialmente se llamó Asopaz Unidos, pero debido a las amenazas tuvo que cambiarlo por Mujer Empoderada.
Desde allí ha venido trabajando en favor de la población víctima del conflicto armado, especialmente del sector femenino a quienes le ayudan para que hagan valer sus derechos.
En cuanto el origen de las intimidaciones, sostiene que posiblemente obedezcan al hecho que en la Fundación ha conocido casos de desapariciones, amenazas y que en reiteradas ocasiones en reuniones públicas se ha referido a esta temática, con nombres propios de los posibles responsables de estos hechos violentos.
Sobre la amenazas expresó que hay constancia de las mismas en las oficinas de la Fiscalía en Bogotá, Villavicencio y Yopal.
Otro componente de esta cadena de zozobra está relacionada con varios procesos de restitución. Fanny narró que la Agencia Nacional de Tierras le aprobó 3 resoluciones y que hay otras 2 que vienen en camino.
Pero esta gestión también le ha traído problemas. Narró que ha sido víctima de agresiones físicas, siendo golpeada con la cacha de una arma de fuego, que le rompió su cabeza.
La situación que vive Fanny corrobora que en Casanare no existe un plan de contingencia, para los líderes de derechos humanos que han recibido amenazas de grupos al margen de la ley.
"Antes existía PAO, Plan de Acción Oportuna, una ruta para atención inmediata de víctimas creada por el Ministerio del Interior, ahora no existe nada ", dice Diego Flórez, miembro de la junta departamental del CPDH seccional Casanare.
Y es que el tema traza una línea transversal, que trasciende la dimensión de seguridad de la víctima. Tiene implicaciones económicas, como consecuencia del desplazamiento.
Afecta su salud psicológica y mental porque con la llegada de las amenazas, lo primero que se pierde es la tranquilidad, entre otras adversidades.
Aclaró que desafortunadamente conoce de otros líderes que padecen su misma situación. Agregó que conoció de varios casos, durante participaciones que ha tenido en diversas reuniones, en varios puntos de la Orinoquia.
Sobre su caso explicó que estuvo en la Defensoría del Pueblo y que allí le dijeron que iban a compulsar copias de la denuncia y que este martes 04 de julio quedaron de atenderla.
También dijo que fue a la Fiscalía. El ente investigador le recibió la denuncia, pero hasta el momento todo quedó ahí. Por ello pidió al Gobierno que ayude a los líderes amenazados, que los escuchen, que los visibilicen.
Sin embargo recalcó que lamentablemente “todos se hacen los sordos y los dejan a la deriva, si ellos están luchando por los derechos de muchas personas”.
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