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La publicación de un oficio enviado por la empresa Catasig invitando a la socialización de la propuesta de actualización el avalúo catastral de la zona rural de Yopal, encendió la polémica en la ciudad.

Esta misiva llegó en un momento en cual, aún no se conoce el epílogo de la controversia suscita por la actualización del avalúo en la zona urbana, que ha recibido toda una avalancha de críticas, por los altos costos que generó en el recibido el impuesto predial, sin contar con las implicaciones que en temas tributarios conlleva esta medida.

El documento fechado este 3 junio tuvo un primer yerro con el nombre del alcalde de Yopal, quien era uno de los destinatarios.  En el oficio Catasig escribió Luis Eduardo Castañeda.  

Pero ya en el contexto de la comunicación Catasig convoca a la Administración Municipal y al Concejo Municipal a una importante jornada de socialización sobre la implementación de la Resolución IGAC 1912 de 2024, que establece la metodología para el ajuste masivo de valores catastrales en zonas rurales.

La reunión, programada para el viernes 6 de junio de 2025 a las 8:30 a.m. en las instalaciones de Catastro Yopal, tiene como objetivo principal presentar los fundamentos técnicos, jurídicos y operativos de esta metodología de obligatorio cumplimiento, así como exponer los criterios normativos y territoriales que orientan su aplicación.

Según lo informado por Elvira Helena Martínez Consuegra, gerente de Catasig, la entidad remitió el pasado 19 de mayo una comunicación formal a la Administración Municipal advirtiendo sobre la necesidad de dar cumplimiento a esta normativa.

A pesar de argumentar que no ha recibido respuesta oficial, la entidad catastral ha decidido continuar con las gestiones técnicas y administrativas necesarias, en el marco de su competencia legal y del Convenio Interadministrativo Marco No. 1454 de 2023.

"Es imperativo cumplir de manera oportuna con los deberes que impone el marco normativo vigente", señaló la gerente en el documento de convocatoria, destacando que la implementación de esta metodología "no constituye una gestión unilateral ni opcional", sino que responde a un mandato legal de carácter nacional.

Durante la jornada de socialización también se presentará el cronograma de difusión y se propiciará un espacio de articulación institucional respecto a los impactos fiscales y operativos que esta medida tendrá frente a la comunidad y los entes de control.

La entidad también recordó que, conforme al artículo 24 de la Ley 1450 de 2011, corresponde a los municipios adelantar procesos de formación y actualización catastral al menos cada cinco años, así como participar activamente en su financiación.

Por tanto, el Municipio de Yopal "no solo es beneficiario de este proceso —en virtud del incremento en su base gravable— sino también responsable de garantizar su sostenibilidad mediante la provisión de los recursos requeridos".

En este sentido, Catasig ha solicitado a la Administración Municipal definir un esquema claro de compensación institucional por la prestación de este componente del servicio público catastral, considerándolo una "condición indispensable para garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio público de gestión catastral en la jurisdicción del municipio".

La entidad ha manifestado que continuará impulsando las gestiones administrativas requeridas para formalizar dicho reconocimiento, sin descartar acudir a los mecanismos jurídicos y administrativos correspondientes en caso de ser necesario.

La Superintendencia de Notariado y Registro inició una averiguación preliminar contra Catasig, tras una solicitud presentada por el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz.

Sobre Catasig se conoce que es una empresa industrial y comercial del Estado constituida por la Alcaldía de Sabanalarga (Atlántico), y que  fue la encargada de llevar a cabo la actualización catastral en Yopal.

El mandatario yopaleño cuestionó la metodología utilizada en la actualización catastral de la ciudad. Este proceso, contratado durante la pasada administración municipal, generó incrementos desproporcionados en los cobros del impuesto predial. 

La petición del burgomaestre, presentada el pasado 27 de febrero de 2025, solicitó a la Supernotariado que ejerciera sus funciones de vigilancia y control para revisar el proceso de actualización catastral en Yopal.

Ruiz Riaño pidió que se garantizara la correcta aplicación de la metodología, conforme a la normativa vigente, y expresó dudas sobre los criterios técnicos empleados por Catasig.

La posición del mandatario yopaleño se sustenta en los resultados de la actualización catastral, los cuales generaron incrementos desmedidos en el valor del impuesto predial unificado, que a su vez provocó a la inconformidad de los contribuyentes, quienes adelantaron un plantón frente a la sede del palacio municipal.

Como respuesta a esta solicitud, la Supernotariado anunció que iniciará una investigación para determinar si el gestor catastral incurrió en irregularidades durante el proceso.

La entidad ordenará la práctica de pruebas para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, así como para verificar si se cometieron infracciones al régimen jurídico catastral. 

La investigación de la Superintendencia de Notariado y Registro busca establecer si Catasig, incurrió en posibles violaciones a las normas que rigen el servicio público catastral.

Una nueva polémica que involucra a la firma Catasig denunció el reconocido abogado Lenin Bustos. En esta ocasión el tema está relacionado con una deuda que tiene con empresa yopaleña desde hace un año y que aún no ha terminado de pagar.

Según lo explicó Bustos, en este caso se presentó una tercerización. Todo comenzó con los más de 800 millones de pesos que le autorizó la Alcaldía de Yopal a Catasig, para la adecuación de sus oficinas. Trámite que se llevó a cabo durante el Gobierno pasado.

Para ejecutar el proyecto la gestora catastral contrató Construcciones y Proyectos Enterprise SAS, que fue encargada de la remodelación, incluida la dotación del mobiliario.

Para fabricación y dotación de todos los muebles de oficina, la contratista de Catasig le encargó esa tarea a la empresa yopaleña El Ciprés. Sin embargo, comentó el abogado Bustos, que, durante el proceso de elaboración del mobiliario, Enterprise envió correos a nombre de otra compañía, específicamente Construcciones Dusán S.A.

Agregó que la factura de venta se expidió a nombre de Dusán S.A, incluso mencionó que las visitas de la interventoría la hizo personal de esa misma firma, mientras que la revisión del contrato la realizó el representante legal de Catasig.

“Eso es lo extraño. Si se le está comprado a una persona distinta, por qué el gerente de Catasig venía a la empresa a revisar y a las reuniones. El día de la entrega estuvo pendiente de la entrega”, indicó el abogado Lenin Bustos.

En cuestión de cifras el saldo pendiente que tienen con El Ciprés es cercano a los 10 millones de pesos, sin contar los intereses de más de un año que lleva la deuda, que suman 4 millones 800 mil pesos y los honorarios del abogado encargado de recuperar ese dinero.

Bustos contó que tuvo contacto con las directivas del gestor catastral quien además de no reconocer la deuda, dijo que había contestado de manera altanera.

“Yo me comuniqué personalmente con el director de Catasig. Fue muy grosero. Me dijo, mire, yo no compré nada, yo le pagué al otro y a mi no me llamen, hagan lo que quieran, haga lo que se le dé la gana”, aseguró el profesional del derecho.

Ante esta negativa Busto subrayó que lo va a llevar a los estados judiciales y cuestionó la tercerización del contrato. “Básicamente están enredando a la empresa de Casanare, para ver cómo le van a tumbar su plata y por eso vamos a presentar la denuncia por estafa”, concluyó Lenin Bustos.  

El concejal Leonardo Infante reveló en su cuenta de Facebook la Resolución 1029 del 06 de diciembre del año 2023, mediante la cual la Alcaldía de Yopal asignó una partida de $818.811.557.

Estos dineros fueron destinado a la adecuación, mejoramiento y dotación del inmueble ubicado en la diagonal 14 A # 15 – 11 MZ 14, donde queda ubicada la sede de Catasig, el gestor catastral que adelantó la actualización del avalúo que disparó el valor del impuesto predial unificado y que ha generado polémica y reclamo de los contribuyentes.

Según la información publicada por el concejal Infante. El dinero destinado a la ejecución de este proyecto saldría de recursos del bienio 2023 – 2024 provenientes del Sistema General de Regalías.

Treinta y seis días después de haber sido aprobada la partida presupuestal, el 12 de enero de 2024, la empresa Catasig firmó la minuta del contrato con la firma Construcciones y Proyectos Enterprise SAS.

El objeto era puntual. “Adecuación, mejoramiento y dotación de la edificación localizada en la diagonal 14 A No. 15 – 11 Mz 14 barrio Luis Hernández Vargas, para el fortalecimiento de la gestión pública del municipio de Yopal Casanare”.

El valor del contrato fue por $800.999.920 y el plazo de ejecución fue de dos meses. El certificado de disponibilidad presupuestal es el 124, fechado el 03 de enero de 2024. Así se puede ver en la primera hoja de la minuta divulgada por Leonardo Infante.