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La Secretaría de Movilidad manifestó que se encuentra adelantando acercamientos con la comunidad, para fomentar cultura vial en la ciudadanía y de esta forma prevenir accidentes de tránsito.

Bajo este esquema, dicha dependencia del Gobierno municipal mencionó que en lo que va corrido de este mes, se han realizado 4 acercamientos interinstitucionales.

También se dictaron 2 charlas a estudiantes y docentes de Unitrópico, donde se enfatizó en la importancia del uso de implementos de seguridad, especialmente por parte de motociclistas.

Asimismo, se atendió el llamado del Instituto Filosofía para capacitar a padres de familia y cuerpo docente en temas de seguridad vial. Igualmente, se les habló del tema a funcionarios del Ejército y la Armada Nacional.

Con ellos se abordaron temáticas legales en cuestión de renovación de licencias de conducción, aplicación de órdenes de comparendo y la importancia de entender dinámicas que atañen directamente a la circulación para las fuerzas militares.

Un ciudadano requirió a un agente de tránsito de #Yopal los documentos de la motocicleta en la que se movilizaba, encontrándose que tenía vencido el  SOAT.

Julián Llanos, líder, veedor social y defensor de derechos humanos evidenció en una transmisión de Face Live que una de las motos, identificada con placa SGK93D, asignada a agentes del tránsito de Yopal, paradójicamente no cuenta con la documentación legal al día.

El veedor le solicitó los documentos al funcionario público y este no tuvo más remedio que aceptar no tener el SOAT vigente.

Al verificar los datos del seguro obligatorio, este se encontraba vencido desde el pasado 4 de enero. También se observó que el agente no contaba con placa y tenía en su uniforme la identificación en un lugar visible y de igual manera estaba acompañado por otro hombre uniformado pero que resultó ser un aprendiz del Sena.

El veedor expresó que curiosamente minutos antes, estas personas estaban realizando un retén ilegal de control de tránsito en la zona bancaria de Yopal.

Mediante comunicado de prensa la empresa Almacenamiento y Bodegaje de Vehículos La Principal SAS, dio respuesta a las denuncias hechas por un usuario ante medios de comunicación regional de Casanare.

El documento firmado por el representante legal de la compañía, Michael David Garzón Salinas, comienza por afirmar que todas las acusaciones no son ciertas y se basan en especulaciones y manipulación de la información.

También hace referencia al personaje que ocultando su identidad, asegura que la empresa no tiene permiso para recibir vehículos embargados.

En este sentido manifiesta el documento que esta persona es un exempleado de La Principal SAS, que fue retirado por irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones y que en la actualidad trabaja para otro parqueadero que es competencia de la empresa.

Aborda el comunicado el tema de la autorización legal para recibir vehículos en condición de embargo.

Al respecto dice "nos permitimos informar que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, emitió resolución DESAJTUR22-3122 del 28 de diciembre de 2022 mediante la cual se conforma el registro de parqueaderos autorizados para la inmovilización de vehículos judiciales para la vigencia 2023 en los departamentos de Boyacá y Casanare".

La mencionada resolución "fue recurrida y apelada" por La Principal SAS “y se tramita en efecto suspensivo conforme a lo establecido en la ley 1437 de 2011, lo que quiere decir que mientras no se resuelvan los recursos de ley no hay parqueadero autorizado para la inmovilización de vehículos por orden judicial, en el departamento de Casanare”.

Con relación a los supuestos cobros excesivos de tarifas de parqueo, el texto informó que, como compañía, están acogidos a lo establecido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja.

Dicha entidad es la responsable de fijar los rubros para el servicio de parqueo, cuando se trata de vehículos inmovilizados por orden judicial.

En caso que surja alguna queja o irregularidad relacionada con esta circunstancia, existen medios legales para presentar denuncias o reclamaciones.

En este punto recalca el escrito que a la fecha no se ha recibido ninguna queja o denuncia por este evento, lo que para la empresa significa que el servicio se está prestando de acuerdo con la ley.

Ya en lo referente a la entrega de los vehículos, hay unas disposiciones legales que reglamentan dicha actividad, que se resume en 5 puntos.

El primero ordena que el propietario, poseedor, acreedor o apoderado judicial debe presentarse con los documentos originales del juzgado, para iniciar el proceso de liquidación, acompañado de la remisión de la orden de entrega desde el correo institucional del despacho, al correo de notificaciones judiciales de La Principal SAS.

En el caso de la denuncia que suscito el pronunciamiento de la empresa, se acercó una persona distinta al propietario a reclamar el vehículo, por tal razón no se le entregó información del mismo, lo que generó inconformidad.

Un segundo ítem establece que una vez se verifique que los documentos del propietario, poseedor, acreedor o apoderado judicial, así como los del juzgado, son auténticos, se iniciará el trámite para entregar el vehículo.

En el caso de la denuncia que se viene tratando, la compañía manifestó que  se pretendía iniciar la entrega inmediata del vehículo,  sin verificación de la documentación con el juzgado.

El tercer punto es una recomendación que hace la firma y consiste en pedirle a los propietarios o apoderados, traer mecánico para que revise el automotor, poque puede presentar fallas mecánicas debido a llevan bastante tiempo inmovilizados. y esto se hace que puedan presentar fallas técnicas, además de realizar la verificación previa del estado del vehículo, con el inventario realizado al momento de su ingreso.

El cuarto numeral prevé que una vez se hayan cumplido los pasos anteriores, se emitirá la factura de pago para su cancelación en efectivo o a través de un medio bancario.

En el caso en cuestión, estaban solicitando la expedición de la factura sin verificar previamente la documentación.

Adicionalmente, la primera persona que acudió no era el dueño del vehículo y estaba solicitando la factura, por lo que se dio una demora, ya que este trámite debe hacerse con el propietario o apoderado judicial, quienes deben presentar su RUT de conformidad con la normatividad tributaria.

Finalmente explica el comunicado que los valores inmersos en la factura expedida al denunciante, nos son impuestos por la compañía sin que los fija Consejo Seccional de la Judicatura y obedecen al estudio de mercado.

Para el caso en concreto el precio de parqueadero que generó la polémica, se estableció la mencionada autoridad judicial con la tabla de precios que el municipio le otorgó a la concesión de Tránsito de Yopal SETTY, por lo que anexaron una copia con el comunicado de prensa.

Un exempledado del parqueadero que fue denunciado, por cometer una serie de irregularidades en el servicio de recepción de vehículos inmovilizados, entregó nuevos detalles sobre este caso.

Lo primero que dijo es que trabajo como administrador del lugar, hasta el pasado 11 de enero. Que su retiro obedeció a problemas internos y a irregularidades que se presenten en el sitio.

Reciben vehículos embargados por orden judicial, pero en este momento no se encuentran autorizados, para cumplir con esa función de recepción de vehículos, sostuvo el exadministrador a quien por seguridad se protege su identidad.

Agregó que en este momento solo hay un parqueadero autorizado en todo Casanare. Explicó que cada año se debe licitar para conseguir la autorización, pero este año no fueron autorizados.

Sobre las tarifas indicó que el valor de las misma lo decreta la Alcaldía y que en este momento el precio es de 16.600 pesos, diarios de parqueadero.

Añadió que este parqueadero por no contar con la respectiva autorización, no debe recibir vehículos y no entiende por qué lo sigue haciendo.

Un manto de dudas e irregularidades sobre el servicio que se presta en uno de los parqueaderos supuestamente autorizados, para la recepción de vehículos que son inmovilizados, hizo un conductor que se declaró afectado por las irregularidades cometidas en el lugar.

Su denuncia tuvo como punto de partida la negativa de la empresa, para entregarle una factura por el servicio prestado. Así lo denunció el conductor.

Hecho que recalcó no se puede presentar, porque en el momento en que retire el vehículo sin la respectiva factura, lo pueden denunciar, porque no tiene como comprobar que sacó el automotor de los patios de manera legal.

Agregó que ante su insistencia para que le entregaran el mencionado documento, sucedieron otras anomalías adicionales, como una seguidilla de evasivas, así como una propuesta para evadir el pago del IVA.

Finalmente le solicitaron el RUT, documento que remitió por medio electrónico, pero que a la hora de hacer la denuncia antes los medios de comunicación, no le habían expedido el recibo de pago.

Acotó que llevó su automotor a este sitio porque cuando expidieron la orden judicial para la inmovilización, el agente que lo abordó le manifestó que lo llevara al parqueadero de Finandina.

Ante tanta dificultad para solucionar este inconveniente que no debió haberse presentado, el afecto recomendó a la comunidad que cuando se encuentren en una situación similar, es mejor primero preguntar cuáles son los parqueaderos autorizados, de esta forma se evitan dolores de cabeza.

La Secretaría de la Movilidad de Yopal anunció que se encargará de hacer inspecciones preoperacionales a la flota de buses, que presta servicio en la ciudad.

Esta misma labor ya se cumplió durante los días 30 y 31 de enero a los vehículos de transporte individual (taxis), con el fin de garantizar condiciones de seguridad para conductores y usuarios.

Según dicha dependencia, esta medida preventiva incluye una inspección del vehículo, la presión de las llantas, el buen funcionamiento de los sistemas eléctricos y mecánicos, así como la presencia de los elementos necesarios para la circulación (botiquín completo, extintor multipropósitos vigente) y la documentación al día.

La información oficial agregó que estas inspecciones tienen como finalidad cumplir con el Decreto 1079 de 2015 y expedir la tarjeta de operación, para que los vehículos de transporte público puedan circular de forma segura en la ciudad.