Judicial

Judicial (1699)

La personas del asentamiento humano Mi Nueva Esperanza en Yopal, deberán ser desalojadas del predio que invadieron hace al menos 7 años. Así lo ratificó el Juzgado Segundo Municipal de Yopal, en providencia de este 1 de marzo y que ordena cumplir el fallo de tutela del 11 de noviembre de 2016.

El predio invadido es la finca “Los Sitios” que está ubicado en la vereda La Guafilla y que pertenece a Ana Josefa Pérez.

La Alcaldía de Yopal debe garantizar la reubicación de los habitantes del asentamiento.

Por incumplir con esta orden varios exalcaldes han debido cumplir varios días de arresto.

Entre otros de los ex alcaldes que han cumplido arresto, por desacato al fallo de desalojo de Mi Nueva Esperanza se encuentran: Luz Marina Cardozo y Leonardo Puentes; este último manifestó a comienzos de mayo de 2019, en visita al sitio, unos días antes de ser arrestado, "Sacar a la fuerza más de 2.000 personas es un imposible y no lo vamos a hacer, prefiero cumplir el arresto".

De no hacerse dicho desalojo, el acalde Luis Eduardo Castro, se enfrenta a la apertura de un incidente de desacato, instaurado por el líder de Mi Nueva Esperanza, Javier Pérez Castillo.

 

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal rechazó la solicitud de medida cautelar solicitada en una acción popular instaurada por el exalcalde Leonardo Puentes mediante la cual se pretendía la suspensión de la ejecución del contrato No. 147 de 2022 entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY) y la empresa SSYAM de Colombia S.A.S, por 15.446 millones de pesos, cuyo objeto es la construcción de una planta de tratamiento y el aprovechamiento de residuos sólidos en el relleno sanitario El Cascajar, por 25 años.

El juez Lubier Aníbal Acosta González consideró que los requisitos para decretar una medida cautelar no se cumplían, ya que el objeto del contrato no se enmarca dentro de aquellos en los que deban pactarse cláusulas exorbitantes o excepcionales, y que la inversión para la ejecución de la fase 1 del contrato proviene exclusivamente del sector privado, por lo que no pone en riesgo el interés general de la comunidad.

Además, el juez consideró que los hechos planteados en la demanda y las pruebas aportadas con ella no eran suficientes para concluir que existía un daño contingente que se pudiera conjurar con la medida previa solicitada. También expresó que no se producía un daño irremediable porque el accionante no lo acreditó y porque el riesgo para el Estado era el de dejar de obtener el beneficio de una actividad que actualmente no es objeto de aprovechamiento, ni de ingresos para las finanzas de la entidad, ni del municipio.

El accionante popular argumenta que el contrato No. 147 de 2022 es violatorio de la legalidad, ya que no se han realizado los estudios, análisis, verificaciones y cotejos mínimos para evaluar los costos de las obras, su calidad, eficiencia y confiabilidad tecnológica, además de que no se verificó, aseguró ni contrastó la capacidad financiera del contratista ni la experiencia del mismo en la operación de este tipo de proyectos. También señala que no se evaluó el panorama de riesgos, ni el impacto para la economía de los ciudadanos y las finanzas de la empresa.

La EAAAY argumentó que no se producía un daño irremediable porque la inversión para la ejecución de la fase 1 del contrato proviene exclusivamente del sector privado, y porque avanzar en la construcción y puesta en funcionamiento de una planta de aprovechamiento de residuos sólidos, en predio del Estado sin que se haga trasferencia del mismo al contratista, de manera alguna pone en riesgo el interés general de la comunidad, más la suspensión de la ejecución de las obras, modifica de manera alguna el estado actual de cosas para la comunidad.

El proceso continúa con la verificación de cumplimiento de la sentencia, para lo cual se estudiarán los requisitos contemplados en el artículo 231 del CPACA para la procedencia de la medida cautelar. Una vez concluido el estudio, se emitirá una decisión de fondo en el presente asunto.

Aún está por establecer y hace parte del proceso de investigación, la manera cómo llegó un lote de ganado de 72 reses a plantas de sacrificio en Bogotá, Villa Pinzón y Choncontá en Cundinamarca, pasando inadvertido por los puestos de control del ICA. Así lo manifestó el comandante del Departamento de Policía Casanare, coronel Efraín García.

Los semovientes habían sido hurtados en una finca entre Aguazul y Maní. Luego de conocerse el caso se hizo el respectivo seguimiento, logrando la recuperación de 62 de las 72 reses.

Según el oficial la investigación ha avanzado lo suficiente y espera que en los próximos días se adelanten las respectivas capturas, de las personas involucrada en este ilícito.

 

Un nuevo llamado hizo el comandante del Departamento de Policía Casanare, coronel Efraín García, para que la comunidad continúe denunciando hachos que ateten contra la seguridad ciudadana, especialmente en lo relacionado con el microtráfico de estupefacientes.

El oficial dijo que era necesario esta colaboración para poder llegar con la oferta policial, para desmantelar las bandas que se dedican a realizar este tipo de actividades ilícitas, que tiene como uno de sus blancos favoritos la población estudiantil.

Agregó que el accionar de la institución ha permitido la captura en los últimos días de 16 personas, de las cuales 13 terminaron con detención intramural y 4 aprehensiones en Yopal.

Sobre la estrategia utilizada por la delincuencia para atraer jóvenes y niños al consumo de narcóticos, el coronel manifestó que les suministran de manera gratuita las primeras dosis, vendiéndoles la idea que consumir este tipo de sustancias es tendencia, es una moda.

“Llegan con dulces u otro tipo de elementos para que los niños se sienten atraídos, al comienzo les regalan la droga luego comienzan a cobrar y si los padres de familia no están pendientes y no hacen el acompañamiento a sus hijos llevándolos o trayéndolos del colegio, pues dan tiempo para que caigan en este tipo de trampas”, expresó el coronel.

 

 

Muy temprano, a las 3:30 de la mañana se registró un accidente con víctima fatal en la carretera Marginal del Llano. En esta ocasión un camión que transportaba comestibles chocó contra una alcantarilla.

En el vehículo de placas JUY-857, un Hino FC – 500 modelo 2022, se movilizaban tres personas y era conducido por Ómar Yesid Porras, quien resultó herido junto con uno de los acompañantes, mientras que la otra persona que viajaba con ellos, perdió la vida y aún no se conoce su identidad.

El incidente se presentó en el kilómetro 59 de la ruta Yopal – Monterrey, en el punto conocido como El Cerrito, jurisdicción del municipio de Aguazul.

La primera hipótesis que se maneja es que un microsueño sería el causante de esta emergencia. De todas maneras para obtener datos más precisos sobre el hecho, es necesario esperar los resultados de la investigación que quedó bajo la responsabilidad de la Fiscalía 35 local URI de Yopal.

El Tribunal Administrativo de Casanare confirmó la sentencia de primera instancia que responsabilizó al Ejército Nacional por la muerte del agricultor y ganadero Juan Antonio Vargas Benavides ocurrida en zona rural de Támara en julio de 2013. El Gaula militar omitió brindar la protección y seguridad requerida por la víctima y su familia, pese a las denuncias de extorsión y amenazas hechas. 

A través del testimonio de un soldado, quien permaneció por varios días en la finca de la víctima, se pudo corroborar que el asesinado recibió «casi» todos los días llamadas extorsivas, como él mismo lo había denunciado. Pero lamentablemente y sin ninguna justificación, el Gaula Militar que había ordenado la protección de la familia, de un momento a otro retiró al soldado que permanecía en el lugar, dejando expuesto a la víctima y a su familia.

Es así como el 26 de julio cuando ya el Gaula Militar no asignó a ningún soldado para cuidar a la víctima del crimen, un comando armado de dos hombres de las autodenominadas Águilas Negras, irrumpieron en la finca, dispararon contra los que allí estaban, dejando heridas a varias mujeres y acribillando a Juan, hasta matarlo. Días antes un sujeto identificado con el alias de “Javier” lo había amenazado con quitarle la vida si no le pagaba una millonaria suma 

El Tribunal Administrativo de Casanare determinó que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, ya que se acreditó que la persona contra quien se dirigió el ataque había solicitado previamente medidas de protección a las autoridades y estas no se las brindaron o las mismas fueron insuficientes o tardías.

El Ejército Nacional no explicó la razón por la cual retiró la protección a la víctima y su familia,  sin previamente efectuar un estudio de riesgo o seguridad y sin tomar una medida alterna de protección.

*Familiares de la víctima solicitaron no publicar su nombre porque temen por su seguridad.

 

Miércoles, 01 Marzo 2023 04:37

Cayó Perú

Escrita por

El Ejército reportó la captura de varias personas señaladas por las autoridades de pertenecer a la subestructura 39 del grupo armado residual, logrando desarticular la comisión de finanzas de dicha organización al margen de la ley.

En el operativo que contó con el acompañamiento de la Fiscalía, se logró la captura de su principal cabecilla, alias ‘Perú’ o ‘Styler’, así como la de tres sujetos más, entre ellos el señalado ser cabecilla de la estructura armada de este mismo grupo, alias “Charly”, al igual que la recuperación de un menor, quien fue dejado a disposición de las autoridades competentes, para el restablecimiento de sus derechos.

La acción militar se desarrolló en inmediaciones de la vereda Unibrisas del municipio de Mapiripán, Meta. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 113, con el fin de adelantar su proceso de judicialización, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio y secuestro.

Además de las personas capturadas se logró incautar siete pistolas, más de 150 municiones para pistola y 29 para arma larga. Así mismo, se halló material explosivo, entre los que se encontraban casi un centenar de detonadores, ocho rollos de cordón detonante, 26 cargas huecas, una cantidad importante de una sustancia que al parecer podría ser ANFO, pentolita y una granada de fragmentación.

Adicionalmente, se incautó en el lugar de los hechos, material de intendencia, una alta suma de dinero en efectivo, celulares, cuatro talonarios que estarían usando como recibos alusivos a esa subestructura 39, un sello referente a esta misma organización criminal y documentos de interés para los organismos de seguridad del Estado.

Según información oficial Alias ‘Perú’ tenía como zona de influencia para su actuar delictivo los municipios de Mapiripán y Puerto Gaitán, en el Meta.

Además posee una orden de captura por la fiscalía 10 EDA de Arauca, por los delitos de homicidio y extorsión, donde había logrado intimidar a moradores de la región y para evadir la acción de la justicia se trasladó al departamento del Meta.

 

 

 

Nuevamente fue alterada la tranquilidad en la vía a Sácama. Ayer fue encontrado un artefacto explosivo en el trayecto comprendido entre esta localidad y el puente La Cabuya, más exactamente en el punto conocido como Macueque.

Según las autoridades se logró reaccionar a tiempo, gracias a la información de la comunidad que transita por el lugar y que reportó la presencia de este objeto tipo granada 40 mm, ubicado a un costado de la vía.

Hasta el sitio llegaron soldados del Grupo Guías de Casanare y se hizo necesaria la presencia de grupo de expertos en explosivos y demoliciones quienes precedieron a destruirla de manera controlada.

Esta es la segunda vez que se presentan alteraciones en la movilidad por esta carretera. En semanas pasadas fue un grupo de hombres armados, que bloqueó la vía e instaló propaganda alusiva a un grupo al margen de la ley.

 

 

Hoy en horas de la tarde se conoció que en la vereda Monserrate del municipio de Arauca, apareció un pasacalles que transmitía un mensaje que generó preocupación en la comunidad.

Específicamente el aviso decía "La guerrilla lleva 60 años asesinando y secuestrando en Colombia" ¡Basta Ya!

Otro detalle que llamó la atención fue la sigla escrita a un lado del pasacalle: "ANTIMILITANTES".

Se desconoce los responsables del mensaje y quienes lo ubicaron en el sitio donde fue encontrado. 

 

Con un lacónico mensaje del Instituto para el Desarrollo de la Paz, Indepaz, se manifestó frente al asesinato del líder Abelardo Duarte Moncada, quien fuera presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Rosario del municipio de Arauca.

Duarte Moncada fue sacado de su residencia en zona rural de Arauca y ayer 27 de febrero su cuerpo sin vida que presentaba varios impactos con arma de fuego, fue localizado en el centro poblado El Botalón, área rural de Tame.

En el mensaje de Indepaz se trae a colación la aleta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en 2021, donde se advirtió la difícil situación de seguridad, que afectaba en ese momento a la población civil de Arauca capital.

Las mayores amenazas eran el secuestro, amenazas y extorsiones, que en la actualidad para Indepaz han ido en ascenso, configurando una grave crisis de seguridad para la población civil araucana.