Con el inicio del nuevo año escolar, Francia ha reforzado su posición como pionera en la educación al prohibir por completo el uso de teléfonos celulares en las escuelas primarias y secundarias.

La medida, que se ha posicionado en el centro del debate sobre el impacto de la tecnología en la juventud, busca fomentar un entorno de aprendizaje más propicio y abordar lo que las autoridades han calificado como un problema de salud pública.

La ley, que afecta a los estudiantes de hasta 15 años, amplía una normativa de 2010 que ya limitaba el uso de dispositivos móviles durante las actividades de enseñanza.

Ahora, la prohibición se extiende a "cualquier lugar de la escuela". Los dispositivos deben permanecer apagados y guardados en mochilas o casilleros durante toda la jornada escolar.

 El Gobierno ha autorizado la confiscación temporal de los móviles en caso de incumplimiento, aunque esta no puede durar más de un día.

Las razones detrás de esta drástica política son multifacéticas. Un informe de expertos entregado al presidente Emmanuel Macron en 2024 alertó sobre los peligros del acceso temprano a las pantallas, señalando que la sobreexposición puede provocar problemas de salud como obesidad, miopía, depresión y ansiedad.

Los especialistas también denunciaron que las empresas digitales han convertido a los niños en "mercancía" a través de una "economía de captura". Además de las preocupaciones sobre la salud, la medida busca mejorar la concentración y el rendimiento académico.

Desde el punto de vista social, la prohibición pretende restaurar la calidad de las interacciones en el recreo, ya que el uso de móviles ha creado una "burbuja" que aísla a los estudiantes.

La medida también busca reducir los disturbios y el acoso cibernético. El ministro de educación, Jean-Michel Blanquer, ha citado un caso en el que un alumno grabó a su profesora con una pistola de juguete para justificar la necesidad de la nueva legislación y reestablecer la autoridad docente.

Los resultados de un programa piloto previo, conocido como la "pausa digital," han justificado la extensión de la ley. El ensayo, que incluyó a más de 50,000 estudiantes, tuvo un impacto positivo en el clima escolar y la concentración.

La medida ha sido bien recibida por muchos en la comunidad educativa. A pesar de su ambicioso objetivo, la ley enfrenta desafíos prácticos.

Algunos críticos sostienen que la reforma es una "declaración de principios" que carece de los medios para su control, ya que los maestros pueden tener dificultades para hacerla cumplir.

Sin embargo, la política francesa se erige como un modelo para otros países que enfrentan problemas similares y que, de forma creciente, buscan restablecer un "derecho de desconexión" para los niños en sus aulas.