A la espera de la definición de una medida cautelar se encuentra el caso del agente de tránsito, Gonzalo Vergara Salamanca, quien fue acusado por la Fiscalía del delito de concusión.

Esta conducta ilegal está tipificada en el artículo 404 del Código Penal y se refiere a un acto de corrupción cometido por un servidor público que abusa de su cargo para obtener beneficios indebidos, ya sea para sí mismo o para un tercero.

El origen de esta historia se remonta al viernes 28 de febrero. Ese día un joven quien iba al volante de una camioneta de una empresa contratista, sufrió un accidente de tránsito a la altura de la calle 60, sector del caño Usívar.

Las partes involucradas en el siniestro vial llegaron a un acuerdo para solucionar el tema de los daños ocasionados. No obstante, al parecer Vergara Salamanca le habría exigido dos millones de pesos al conductor, argumentando que debía someterse a una prueba de alcoholemia en el Hospital Regional de la Orinoquía.

Supuestamente, la propuesta del agente era modificar los resultados de la prueba para evitarle sanciones al conductor, así como la inmovilización del vehículo. Para conseguir el objetivo, al parecer Vergara Salamanca contaba con la complicidad con una médica de urgencias del Hospital Regional de la Orinoquia.

El agente de tránsito fue capturado en flagrancia el 04 de marzo, en momentos en que se disponía a recibir el dinero del soborno, en un operativo adelantado por el CTI y el Gaula militar.

La audiencia de legalización de captura se llevó a cabo el miércoles 05 de marzo y la imputación de cargos el jueves 06. El funcionario no acepto los cargos de los cuales es acusado la Fiscalía.

El ente acusador solicitó a la autoridad judicial que lleva el caso, medida de aseguramiento en centro carcelario para el acusado. Los argumentos esgrimidos por la Fiscalía señalan que debido a que el agente continúa ejerciendo sus funciones, puede llegar a ingerir tanto en los testigos como en las pruebas, las cuales se encuentran en la Secretaría de la Movilidad, dependencia de la Administración municipal, a la cual está adscrito Vergara Salamanca.

Otro señalamiento que salió a luz pública es la posible participación de funcionarios de Medicina Legal y el Horo en este tipo de prácticas corruptas.

Se conoció de la existencia de una grabación donde, supuestamente, el acusado mencionó la existencia de unas tarifas establecidas por algunos empleados de las entidades mencionadas, para alterar los exámenes de alcoholemia.

Igualmente, al parecer, en la lista de implicados en este tipo de situaciones irregulares, figura una médica encargada de practicar la prueba al conductor implicado en el accidente que fue la génesis de este caso.

Otro dato que se conoció es la existencia de material audiovisual, donde, supuestamente, se ven al conductor antes mencionado, en un aparente estado de alicoramiento, sin embargo, el resultado del examen de alcoholemia dio negativo.

Aunque el agente no aceptó los cargos, el proceso continúa, a la espera del pronunciamiento de la autoridad judicial de lleva el caso.