Ecopetrol ha sido reconocida por segundo año consecutivo como una de las empresas líderes en el sector de petróleo y gas a nivel mundial por su gestión del agua y su compromiso con la acción climática.

El reconocimiento proviene del más reciente informe de CDP Water Security, una organización internacional que evalúa el desempeño ambiental de las compañías en áreas como cambio climático, bosques y seguridad hídrica. 

La empresa colombiana obtuvo una calificación de A en seguridad hídrica, ubicándose en el nivel más alto de liderazgo. Este resultado refleja sus avances en la medición de métricas, la evaluación de riesgos y oportunidades relacionados con el agua, y la implementación de políticas ambientales y de gobernanza. Además, Ecopetrol ha trazado una hoja de ruta para alcanzar la meta de agua neutralidad para 2045. 

El concepto de agua neutralidad implica equilibrar el agua utilizada en las operaciones con acciones que reduzcan la huella hídrica directa. Esto incluye proyectos como iniciativas de agua y saneamiento para comunidades, plantas de tratamiento de aguas residuales, conservación de ecosistemas y la red de ecorreservas, entre otros. 

En cuanto a cambio climático, Ecopetrol recibió una calificación de B, lo que la sitúa en el nivel de gestión según la clasificación de CDP. Este resultado destaca su compromiso con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y su objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050 en los alcances 1 y 2.

La compañía también ha implementado prácticas para identificar y gestionar riesgos climáticos, fortaleciendo su resiliencia frente a los efectos del cambio climático a largo plazo. 

El informe de CDP es considerado el estándar de oro en transparencia ambiental corporativa, respaldado por inversionistas globales que exigen a las empresas divulgar datos sobre sus impactos, riesgos y oportunidades ambientales. Este reconocimiento refuerza la posición de Ecopetrol como una empresa comprometida con la sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos naturales. 

Con estos resultados, Ecopetrol consolida su liderazgo en el sector energético, demostrando que es posible combinar la producción de hidrocarburos con prácticas ambientales responsables y un firme compromiso con el desarrollo sostenible. 

El Consejo de Estado, Sección Quinta, ratificó este 20 de marzo de 2025 en fallo de segunda instancia sobre la nulidad de la elección de John Jairo Peynado del Partido Liberal, como concejal de Yopal para el periodo 2024 – 2027.

La acción legal fue interpuesta por Reyes Emilio Guanaro Vargas, quien ahora ocupará la curul dejada por Peynado. El demandante argumentó que el demandado estaba inhabilitado debido a la celebración de un contrato con la Gobernación de Casanare dentro del año previo a las elecciones.

Antecedentes del caso

La controversia giró en torno al contrato firmado el 7 de febrero de 2023 entre Peynado Correa y la Gobernación de Casanare, cuyo objeto era brindar asistencia y acompañamiento en la elaboración del Plan Operativo 2023 para la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Según el demandante, este contrato se ejecutó mayoritariamente en Yopal, lo que configuraría una causal de inhabilidad conforme al artículo 43 de la Ley 136 de 1994.

El Tribunal Administrativo de Casanare, en primera instancia, anuló la elección del concejal al considerar probados los elementos material, temporal y territorial que sustentaban la inhabilidad.

Sin embargo, Peynado Correa apeló esta decisión, argumentando que el contrato se ejecutó principalmente en otros municipios como Monterrey, Aguazul, Támara, Paz de Ariporo y Maní, y no en Yopal.

Defensas e intervenciones

La Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral alegaron falta de legitimación pasiva en el caso. Por su parte, el demandado sostuvo que la mención a Yopal como lugar de ejecución se debió a que la Gobernación tiene su sede allí y no al cumplimiento real del contrato en dicho municipio.

Además, argumentó que el contrato fue celebrado con una entidad departamental y no municipal, lo que descartaría la aplicación de la causal de inhabilidad.

Decisión final pendiente

La Sala del Consejo de Estado revisó los argumentos presentados por ambas partes y evaluó los elementos probatorios relacionados con el contrato.

Basado en esta información la autoridad judicial confirmó la sentencia del 02 mayo de 2024, donde el Tribunal Administrativo de Casanare declaró la nulidad de la elección de Peynado como concejal de Yopal, para el periodo 2024 – 2027.

El senador Alirio Barrera refutó todas las críticas que ha recibido en medio del debate por el hundimiento de la reforma laboral.

Sobre el tema de los aprendices del Sena dijo que durante su Gobierno incentivó la creación de nuevas sedes de la entidad en el departamento.

Es por ello por lo que descalificó cualquier señalamiento sobre una posible intención suya de oponerse a que los empresarios paguen el salario mínimo a los aprendices del Sena. Explicó que esta propuesta se puede adelantar por una ley ordinaria.

También dijo que no este y otros señalamientos que ha recibido son falsos. Insistió en que la reforma laboral afectaba al sector empresarial, tal y como ocurrió en Venezuela hace algunos años.

Indicó que el proyecto de reforma laboral es lesivo para los trabajadores. Que este es un tema político delicado y que los cuestionamientos que ha recibido por no contar con títulos universitarios, los ha compensado con los honoris causa que ha recibido, producto de su gestión cuando fue gobernador de Casanare

Señaló que el actual Gobierno ha incurrido en contradicciones. Mencionó que cuando eran oposición ‘incendiaron’ el país porque se propuso el alza de la gasolina y un aumento del IVA a algunos productos de la canasta familiar.

Pero, ahora que son Gobierno han incrementado el precio del combustible y han aplicado el IVA a varios productos, sin embargo, guardaron silencio.

Manifestó que presentó un proyecto para acabar con el catastro multipropósito. Criticó la factura electrónica, la que calificó como sinvergüenzura, porque poner a pagar impuestos hasta los pequeños emprendedores y tiendas de barrio.

Sobre las marchas sostuvo que muchos de los manifestantes son indígenas, que según el presidente Petro no trabajan, por lo tanto, salen protestar por una causa que no es la suya.

Otro tema al cual se refirió fue el costo de la reforma. Aseveró que el Gobierno no tienen conocimiento de cuánto vale. Añadió que en las huestes oficiales sabían que está propuesta no iba a prosperar, pero era necesario hacerla, para después echarle la culpa a alguien.

Rusbel Germán Escobar Bernal, fue condenado a 54 meses de prisión (4 años y medio) por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La decisión fue tomada por el juez segundo promiscuo del circuito de Paz de Ariporo, Casanare, tras aceptar la solicitud del fiscal 37, Emerson Laverde. 

Los hechos ocurrieron el 8 de junio de 2022, alrededor de las 5:25 p.m., en la carrera 11 con calle 3 de Paz de Ariporo. Según el informe oficial, la Policía recibió una alerta sobre un hombre vestido con pantalón azul y camisa negra, que portaba un bolso de color café. Al llegar al lugar, los uniformados identificaron a Escobar Bernal, quien coincidía con la descripción proporcionada. 

Durante el registro personal, se encontró en su bolso un revólver calibre 38 especial, marca Taurus, sin munición. Al ser interrogado, Germán, quien es hermano de la exalcaldesa de Paz de Ariporo, Eunice Escobar, admitió no contar con el permiso necesario para portar el arma, lo que llevó a su captura inmediata y posterior judicialización. 

El fallo ha generado rechazo en diversos sectores del departamento, especialmente entre campesinos, agricultores y ganaderos, quienes consideran que Escobar no representa un peligro para la sociedad. Lo describen como una persona apacible, amable y servicial, argumentando que el arma en cuestión era vieja, estaba dañada y carecía de munición. 

A pesar de la condena, Escobar Bernal podrá cumplir su pena bajo el beneficio de prisión domiciliaria, ya que el juez reconoció que tiene responsabilidades familiares y laborales por cuanto tiene un hijo menor depende de él y además es el principal cuidador de su señora madre, quien es adulta mayor.

La controversia suscitada por el hundimiento de la reforma laboral generó toda una avalancha de críticas y señalamientos, tanto los partidarios del Gobierno como de la oposición.

En este rifirrafe de diatribas y cuestionamientos ha escalado el volumen de los insultos, llegando incursionar en el terreno de las ofensas personales.

Justamente en este ámbito, muchos han retomado aquel episodio donde el senador Alirio Barrera ingresó a su caballo Pasaporte al Congreso de la República.

Esta anécdota ha sido utilizada para criticar duramente al parlamentario casanareño, por haber apoyado el hundimiento a la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado.

Incluso, el propio presidente de la República Gustavo Petro se refirió al tema. "Este congresista montó a caballo y entró al Congreso. El caballo sintió tanta bestialidad encima que prefirió morirse", publicó el mandatario de los colombianos.

La respuesta del senador no se hizo esperar. "¡PRUDENCIA Presidente. El país está CANSADO de tanta polarización y no se le olvide que fue a caballo qué se LIBERTÓ a Colombia! PASAPORTE no era solo mi caballo, era mi amigo, mi compañero ", contesto el congresista casanareño.

La polémica aún continúa. Se conoce el pronunciamiento de otros actores políticos, así como de la academia. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras hizo un llamado a la bancada de su partido Cambio Radical para que se opongan a la propuesta de consulta popular anunciada por el Gobierno.

Para el jefe máximo de esa colectividad la mencionada consulta es una manera creada por el presidente para hacer política, con el fin de quedarse en el poder.

Por su parte la Universidad Javeriana reveló una carta dirigida a todos los colombianos, donde hacen énfasis en la importancia que tiene el país de analizar sus necesidades en materia de trabajo, así como la de adelantar una reforma que se ajuste a la realidad laboral de la nación.

En este contexto se reconoció que la propuesta del Gobierno tiene aspectos positivos, pero también algunos asuntos que no favorecerían el mercado laboral.

Ahora resta esperar que esta propuesta tenga el eco suficiente para que se busquen salidas concertadas, sin polarizaciones y que beneficie a los trabajadores pero que no afecte a los empresarios.

Una nueva polémica que involucra a la firma Catasig denunció el reconocido abogado Lenin Bustos. En esta ocasión el tema está relacionado con una deuda que tiene con empresa yopaleña desde hace un año y que aún no ha terminado de pagar.

Según lo explicó Bustos, en este caso se presentó una tercerización. Todo comenzó con los más de 800 millones de pesos que le autorizó la Alcaldía de Yopal a Catasig, para la adecuación de sus oficinas. Trámite que se llevó a cabo durante el Gobierno pasado.

Para ejecutar el proyecto la gestora catastral contrató Construcciones y Proyectos Enterprise SAS, que fue encargada de la remodelación, incluida la dotación del mobiliario.

Para fabricación y dotación de todos los muebles de oficina, la contratista de Catasig le encargó esa tarea a la empresa yopaleña El Ciprés. Sin embargo, comentó el abogado Bustos, que, durante el proceso de elaboración del mobiliario, Enterprise envió correos a nombre de otra compañía, específicamente Construcciones Dusán S.A.

Agregó que la factura de venta se expidió a nombre de Dusán S.A, incluso mencionó que las visitas de la interventoría la hizo personal de esa misma firma, mientras que la revisión del contrato la realizó el representante legal de Catasig.

“Eso es lo extraño. Si se le está comprado a una persona distinta, por qué el gerente de Catasig venía a la empresa a revisar y a las reuniones. El día de la entrega estuvo pendiente de la entrega”, indicó el abogado Lenin Bustos.

En cuestión de cifras el saldo pendiente que tienen con El Ciprés es cercano a los 10 millones de pesos, sin contar los intereses de más de un año que lleva la deuda, que suman 4 millones 800 mil pesos y los honorarios del abogado encargado de recuperar ese dinero.

Bustos contó que tuvo contacto con las directivas del gestor catastral quien además de no reconocer la deuda, dijo que había contestado de manera altanera.

“Yo me comuniqué personalmente con el director de Catasig. Fue muy grosero. Me dijo, mire, yo no compré nada, yo le pagué al otro y a mi no me llamen, hagan lo que quieran, haga lo que se le dé la gana”, aseguró el profesional del derecho.

Ante esta negativa Busto subrayó que lo va a llevar a los estados judiciales y cuestionó la tercerización del contrato. “Básicamente están enredando a la empresa de Casanare, para ver cómo le van a tumbar su plata y por eso vamos a presentar la denuncia por estafa”, concluyó Lenin Bustos.  

Frente a la ola de agravio y oprobios de los cuales ha sido objeto el senador Alirio Barrera, motivados por su voto en contra de la reforma laboral presentada por el Gobierno al Congreso, la directiva departamental del partido Centro Democrático hizo un pronunciamiento oficial.

Esta colectividad a la cual pertenece el congresista Barrera Rodríguez manifestó por escrito que “rechaza cualquier señalamiento injusto, o estigmatización contra nuestra gente, nuestra cultura y nuestros representantes”.

Defiende de igual forma, la posición asumida por el senador frente a la reforma laboral. El comunicado expresa que “al igual que otros congresistas, tomó una decisión basada en la defensa del empleo y el desarrollo del país”.

Agregó la publicación que este tipo de posturas pueden ser discutidas, pero desde la perspectiva del razonamiento y no de la pasión por lo ideales. “Sus acciones deben ser debatidas con argumentos y con respeto, no con descalificaciones ni agravios que buscan dividirnos”.

En este contexto la directiva departamental del Centro Democrático hace envió un mensaje claro a toda la comunidad. “Por eso, este no es solo un llamado a la defesa de un líder, sino un llamado a todos los casanareños a unirnos en una sola voz para exigir respeto, para proteger nuestra democracia y seguir construyendo la región próspera que no merecemos”.

Finalmente hizo un llamado a los organismos de control. “Exhortamos a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y todas las instituciones competentes a garantizar la seguridad de nuestros líderes y velar por el derecho de cada ciudadano a expresarse libremente, sin miedo ni amenazas”.

El alcalde de Paz de Ariporo, Jorge Camilo Abril Tarache, tiene un plazo de 10 días para cumplir con una orden judicial que le exige girar los recursos retenidos por concepto de alumbrado público.

El giro debe hacerlo a la empresa mixta de alumbrado público del municipio. De no acatar la decisión, el mandatario podría enfrentar sanciones por desacato, que incluyen multas o incluso arresto, según lo establecido en el Código Penal. 

La orden fue ratificada por el Tribunal Administrativo de Casanare en segunda instancia, luego de que el Juzgado Primero Administrativo de Yopal emitiera un fallo el 13 de febrero de 2025 a favor de la empresa demandante.

El Tribunal modificó parcialmente la sentencia inicial, pero mantuvo la obligación del alcalde de transferir los fondos correspondientes al impuesto de alumbrado público, tal como lo establece el Acuerdo Municipal No. 500.02-023 del 30 de diciembre de 2022. 

En su decisión, el tribunal declaró que el alcalde ha sido renuente a cumplir con su deber de girar los recursos recaudados por este concepto, lo que constituye una omisión de sus responsabilidades administrativas.

Además, ordenó que, dentro del plazo establecido, se realicen las actuaciones necesarias para garantizar el pago de los recursos retenidos y asegurar que, en adelante, los fondos sean entregados de manera oportuna a la empresa. 

El fallo también advierte que, en caso de incumplimiento, se aplicaría el artículo 454 del Código Penal, que sanciona el fraude a resoluciones judiciales o administrativas. Esto implica que, además de las sanciones por desacato, el alcalde podría enfrentar consecuencias penales. 

La decisión judicial pone fin a un recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmando la obligación del alcalde de cumplir con lo establecido en el acuerdo municipal. El expediente será devuelto al juzgado de origen para su ejecución, dejando constancia de las acciones tomadas. 

Controversia ha generado en Villanueva, Casanare, el proyecto de acuerdo 006 de 2025 presentado por la Administración municipal, cuyo objeto es conseguir la aprobación del Concejo, para que la Alcaldía tramite un empréstito por 20 mil millones de pesos.

La iniciativa ha sido blanco de cuestionamientos en los que se resalta que el actual alcalde, Héctor Fernando Vizcaíno Cahueño, recibió el Municipio con un superávit de 48 mil millones de pesos provenientes de los ingresos de regalías.

Otras diatribas apuntan a considerar otras posibilidades para la consecución de recursos. En lugar del endeudamiento le recomiendan al burgomaestre hacer gestión ante instancias departamentales y nacionales.

La respuesta del alcalde

Para el mandatario local la situación económica de su población se vio afectada con la decisión del Gobierno nacional de recortar las regalías, que para el caso de Villanueva es superior a los 40 mil millones de pesos.

Además, basado en las proyecciones entregadas por el Ministerio de Hacienda y el DNP, esa reducción rondará los 80 mil millones de pesos.

Consideró que esta coyuntura va en contravía del plan plurianual de inversiones que tenía proyectado, el cual está por los 180 mil millones. Agregó que una Alcaldía conformista acudiría al Concejo en búsqueda de conseguir la aprobación para reducir metas.

Pero esta alternativa para su Gobierno no es una opción, porque justamente el propósito de su plan de desarrollo es transformar el municipio de Villanueva.

Par conseguir este propósito se tiene una iniciativa de 15 kilómetros de vías urbanas, sobre las cuales se trabajará en el cambio de redes de acueducto, alcantarillado, sistema pluvial y las obras complementarias, como es la capa asfáltica.

Habló de un proyecto de 6.5 kilómetros de vías urbanas para cambio de redes y pavimento, incluyendo 3.1 kilómetros que van desde el antiguo DAS hasta la entrada del aeropuerto, demanda una inversión de 43 mil millones de pesos.

De esa suma, aseguró, que se tienen garantizados 23.500 millones con los ingresos de regalías, por lo tanto, hacen faltan 20 mil millones. 

Una opción sería cubrir toda la obra con los recursos de regalías, pero quedarían desfinanciados otros sectores como la vivienda, que necesita un presupuesto aproximado de 10 mil millones para cumplir con lo consagrado en el plan de desarrollo. Por eso se pensó en un endeudamiento.

La Secretaría de Educación de Yopal llevó a cabo la primera mesa pública del programa de alimentación escolar (PAE) 2025. La actividad desarrolló en el auditorio de La Triada este lunes 17 de marzo.

Asistieron estudiantes, padres de familia, manipuladores de alimentos, directivos docentes, organismos de control y funcionarios locales. Durante el evento, se destacó la conformación y activación de los 24 comités de alimentación escolar (CAE) en solo dos meses, un proceso que tradicionalmente toma un año. 

Estos CAE fortalecen el control social y la participación ciudadana, permiten identificar y reportar novedades de manera inmediata a la Secretaría de Educación. Gracias a este mecanismo, la comunidad educativa tuvo una participación activa en la esa mesa pública, lo que facilitó conocer de primera mano las situaciones que enfrentan las instituciones educativas. 

Liliam Obregón, delegada de la Procuraduría, resaltó el balance positivo del programa, aunque señaló que hay aspectos que requieren mejoras. “Escuchar a los destinatarios del servicio y a los operadores es clave para prestar un mejor servicio en el PAE”, afirmó. 

Por su parte, David Díaz Sánchez, secretario de educación de Yopal, se comprometió a realizar seguimiento personal a las novedades reportadas por estudiantes y padres de familia, con el fin de brindar soluciones inmediatas.

Sin embargo, reconoció las limitaciones presupuestales para atender las necesidades de infraestructura en las instituciones educativas. 

“Con los recursos que recibimos de la Nación y los que aporta el municipio, no es posible cubrir todas las necesidades. Por eso, junto con los rectores, priorizamos las inversiones”, explicó Díaz Sánchez.

Agregó que ya se han girado recursos a instituciones como el ITEY, Luis Carlos Sarmiento de La Chaparrera, y algunas sedes de El Triunfo y Tacarimena. 

Reyneiro Flechas, vocero de la Contraloría General de la República, propuso la elaboración de un plan de acción para dar seguimiento a las solicitudes, quejas y reclamos presentados durante la mesa pública.

El evento contó con la presencia de delegados de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Yopal, quienes aportaron sugerencias para mejorar el programa.