Treinta días de angustia, zozobra y desespero lleva la familia de Alfonso Amílcar Gutiérrez Riscanevo, al cumplirse un mes de su secuestro.

Hasta el momento los únicos datos que se tienen sobre este caso, es que el pasado 26 de octubre fue raptado por desconocidos en su finca El Diamante, localizada en la vereda Casireque Alto.

Acerca de su secuestro la versión que hay apunta a que el no plagio fue cometido por cuatro hombres armados quienes el pasado 26 de octubre, sobre las 3:20 de la madrugada, irrumpieron en el predio y se llevaron al agricultor de 40 años con rumbo desconocido

En el momento del secuestro Gutiérrez Riscanevo fue llevado en compañía de un trabajador de la finca, quien fue liberado minutos después.

Atrás en la finca quedó su esposa, sus hijos y sobrinos, quienes se encontraban en compañía de Gutiérrez Riscanevo en el momento del rapto.

Desde ese día no se tienen noticias del agricultor. Se conoce que los captores no se han comunicado con la familia. Guardan absoluto silencio, actitud que agrega una dosis adicional de angustia para la familia.

Sobre sus captores tampoco se tiene establecido si pertenecen a algún grupo armado organizado ilegal o si se trata de delincuencia común. Cuando irrumpieron en la finca no se identificaron con estructura armada alguna, pero, al parecer, los familiares de Riscanevo Gutiérrez sospechan que puede tratarse de miembros del ELN.

Frente a esta situación tan compleja donde se desconocen las razones del secuestro, sumando al silencio absoluto de los plagiarios, familiares, amigos, conocidos de Alfonso Amílcar, así como la comunidad de Támara, piden a los captores que le respeten la vida y que lo liberen lo más pronto posible.

El ICA emitió una alerta a todos a los ganaderos, porcicultores y comunidad en general del municipio de Tauramena. Según el Instituto, se han detectado posibles intentos de extorsión y de suplantación de la entidad.

La información revelada señala que el modus operandi de estos delincuentes consiste en hacerse pasar por funcionarios del ICA, para solicitar, vía mensajes o llamadas de What´sApp, información a sus víctimas, para luego programar supuestas visitas oficiales.

Ante esta situación de utilización de manera irregular del nombre del ICA por personas ajenas a la entidad, el Instituto recalcó de manera categórica, que no está adelantando ningún tipo de convocatorias.

Agregó el mensaje que tampoco autorizó a terceros a contactar a los productores por fuera de los canales oficiales. Recordó que cada visita sanitaria o actividad técnica se programa exclusivamente por lo medios institucionales disponibles, con personal autorizado y siguiendo los protocolos establecidos.

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez penal de control de garantías dictara medida de aseguramiento en centro carcelario contra Julián Eduardo Cifuentes Gómez por su presunta participación en el asesinato del sacerdote y párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Pereira (Risaralda), Darío Valencia Uribe.

El crimen, ocurrido el 25 de abril de 2024, llevó a la captura de Cifuentes, quien fue extraditado a Colombia tras ser localizado en Francia.

Según la evidencia presentada, Cifuentes Gómez se habría encontrado con el sacerdote en su vehículo. El propósito era acordar el pago de 30 millones de pesos por la compra de una camioneta.

En ese encuentro, el acusado supuestamente disparó varias veces contra la víctima y, para evitar el hallazgo por parte de las autoridades, arrojó el cuerpo en una zona rural de Belalcázar (Caldas).

Posteriormente, se le atribuye haber intentado eliminar manchas de sangre y otras pruebas llevando el automotor a un lavadero de carros.

Días después, el 29 de abril de 2024, Cifuentes huyó del país con destino a Francia, donde fue ubicado gracias a una notificación roja de Interpol.

El trabajo coordinado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula de la Policía Nacional fue crucial, permitiendo la ubicación del cuerpo del sacerdote en septiembre de 2024.

Una vez extraditado y a su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá, el señalado agresor fue inmediatamente capturado.

Un fiscal especializado de la Seccional Risaralda lo presentó ante un juez, imputándole los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El procesado no aceptó los cargos, sin embargo, la autoridad judicial impuso medida de aseguramiento intramural.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) informó que ha intensificado las acciones de vigilancia y control en todo el país tras la detección de casos de encefalitis equina del este (EEE) y encefalitis equina venezolana (EEV).

Hasta el momento, no se registran casos humanos asociados a estas enfermedades, por lo que el ICA llama a mantener la calma y reforzar las medidas preventivas.

Las encefalitis equinas afectan el sistema nervioso central de caballos, mulas y asnos. Se transmiten por mosquitos infectados que adquieren el virus al alimentarse de aves o roedores. El ICA indica que no existe transmisión directa entre animales ni entre animales y personas.

Durante 2025, el ICA ha recibido 159 notificaciones con signos compatibles con encefalitis equina, confirmando 42 casos de EEE en departamentos como Sucre, Casanare, Córdoba, Bolívar, Magdalena y Meta, y 5 casos de EEV en Chocó, Bolívar, Córdoba y Magdalena.

Frente a esta situación, el ICA ha desplegado un plan de acción integral bajo el enfoque “Una Salud”, que incluye toma de muestras, coordinación con secretarías de salud y campañas educativas dirigidas a productores y veterinarios.

El análisis epidemiológico en Casanare, Bolívar, Sucre y Córdoba muestra tasas de morbilidad por EEE que van del 0.86% al 4.11% y mortalidad entre 0.43% y 1.18%, destacando a Córdoba como la zona con mayor agresividad de transmisión.

El ICA recordó que existe vacuna para la encefalitis equina venezolana, que debe aplicarse cada dos años en predios hasta 1.500 metros sobre el nivel del mar, pero esta vacuna no protege contra la encefalitis equina del este ni otras encefalitis.

Para controlar la población de mosquitos transmisores, la entidad recomienda evitar acumulación de agua en recipientes, mantener tapados los tanques de almacenamiento y usar repelentes o insecticidas autorizados.

Además, el ICA insta a los productores a reportar casos sospechosos en équidos mediante sus canales oficiales, como la línea de WhatsApp 324 238 0738, formulario en línea o las oficinas locales en todo el país.

Cincuenta estudiantes de noveno grado del Liceo Pedagógico San Martín fortalecieron sus competencias digitales tras completar el curso de programación de computadores, una iniciativa de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de Yopal.

Durante la capacitación, los jóvenes adquirieron conocimientos en lógica de programación y algoritmos utilizando la herramienta PSeInt, habilidades esenciales que les abrirán puertas en su formación académica y futura vida profesional.

El proceso también potenció su creatividad y capacidad para afrontar desafíos tecnológicos.

El curso representa un paso importante en la formación de capacidades tecnológicas entre los jóvenes del municipio, promoviendo un perfil innovador y preparado para los retos digitales del siglo XXI.

La Secretaría TIC resaltó que este tipo de programas contribuyen al desarrollo de talento local y son fundamentales para avanzar en la transformación digital de Yopal.

El evento de clausura contó con la presencia de directivos de la institución educativa, el secretario de las TIC José Tobías Díaz y el líder del proceso de Gobierno Digital Anduar Johany González Cuta.

La FAO informó que Yopal será sede del tercer Diálogo Intercultural sobre el Manejo Integral del Fuego (DIMIF) en la región de la Orinoquía, que se realizará del 26 al 28 de noviembre, en la sede de la Universidad de la Salle, vía Matepantano.

Este encuentro responde a la urgente necesidad de gestionar el fuego para prevenir incendios forestales en Colombia, especialmente durante la temporada seca.

Según la FAO, la Orinoquía es uno de los biomas de sabana tropical más grandes de Suramérica y ha sido una de las zonas más afectadas por incendios.

En las cifras que maneja la entidad internacional, se reportaron más de 11.000 hectáreas afectadas por incendios en lo que va corrido de este año, concentrando cerca del 45% de los incendios a nivel nacional.

La organización destaca que este diálogo busca fortalecer la gobernanza territorial del fuego combinando el conocimiento ancestral de las comunidades con el apoyo técnico y científico.

Contará con la participación de alrededor de 180 representantes de diferentes departamentos y pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, así como instituciones y cooperación internacional.

Además, la FAO resalta la cooperación del Gobierno de Canadá, que ha apoyado el desarrollo de capacidades locales y la construcción de enfoques sostenibles para el manejo del fuego en los Llanos Orientales.

Durante el DIMIF se realizarán actividades como círculos de palabra con sabedores tradicionales, paneles sobre ecología del fuego, cartografía social y mesas de trabajo para articular esfuerzos entre instituciones y comunidades.

El resultado de este diálogo contribuirá a la creación de una Hoja de Ruta Regional para un manejo del fuego más seguro y culturalmente respetuoso en la región.

Esta información pone de relieve la importancia de abordar conjuntamente las amenazas ambientales con respeto por las prácticas comunitarias ancestrales, según expresó el representante de la FAO en Colombia, Agustín Zimmermann.

La actual secretaria del Concejo de Yopal, Nelly Neira Pérez Holguín interpuso una Acción de Tutela ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Yopal.

La finalidad de dicha acción es frenar y corregir presuntas irregularidades en el concurso público destinado a elegir al secretario(a) general del cabildo de la capital departamental, para el periodo 2026 – 2027.

La mencionada autoridad judicial admitió dicha Tutela que está dirigida contra el Concejo Municipal de Yopal y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), entidad encargada de operar el proceso de selección.

Argumentos de la accionante

Pérez Holguín argumentó que el desarrollo del concurso ha vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, la meritocracia en el acceso a cargos públicos, la confianza legítima y la seguridad jurídica.

El centro de la controversia radica en dos puntos principales. El primero es la pérdida de una prueba escrita dentro del proceso de selección.

Y segundo, la posibilidad que la convocatoria sea reinicie desde cero, lo que permitiría el ingreso de nuevos aspirantes.

Peticiones específicas

Ante el Juzgado Primero Laboral, la accionante ha solicitado una serie de órdenes específicas para garantizar la continuidad y transparencia del proceso.

Sus peticiones se centran en evitar el reinicio total del concurso y asegurar que las etapas ya surtidas se mantengan vigentes. Es decir, continuar con el proceso desde la etapa en que fue suspendido.

También solicita repetir únicamente la prueba escrita que se extravió. En este orden de ideas, se trata de corregir la irregularidad presentada sin afectar los otros exámenes.

Igualmente apunta a impedir que el proceso se reinicie en su totalidad, para evitar que se permita el ingreso de nuevos postulantes. De esta manera se protegerían los derechos de los aspirantes que han cumplido con las etapas surtidas hasta el momento.

Otra solicitud es la de mantener vigente todas las fases del proceso que se han adelantado hasta el momento.  Una petición más está relacionada con exigir que cualquier decisión adicional sea motivada por actor administrativo.

Y finalmente, pide ordenar a la UPTC aplicar nuevamente la prueba perdida, conservando los mismos parámetros técnicos utilizados durante primera evaluación.

La admisión de la Ttela por parte del juzgado implica que se iniciará el estudio de fondo del caso, lo que podría tener implicaciones directas en el cronograma y la metodología del concurso.

En la mañana de este lunes, un grave accidente de tránsito se registró en la doble calzada que conecta a Bogotá con Tunja, a la altura del sector conocido como Tierra Negra, en jurisdicción del municipio de Ventaquemada.

El siniestro, que involucró a un bus de servicio intermunicipal y a una tractomula, dejó un saldo de 28 personas afectadas, aunque, afortunadamente, sin víctimas fatales que lamentar.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:47 a.m. en el kilómetro 105+200 de la concurrida vía. Según los reportes de las autoridades, un bus de la empresa Los Libertadores, que cubría la ruta Bogotá-Duitama-Sogamoso, colisionó con un tracto camión.

El impacto fue de tal magnitud que el vehículo de pasajeros terminó sobre el separador de la vía, lo que generó una inmediata movilización de los organismos de socorro.

Al lugar acudieron ambulancias de la ESE de Ventaquemada y personal de la Policía de Tránsito y Transporte para atender la emergencia. La información oficial sobre lo sucedido precisó que 26 de los 28 pasajeros afectados, fueron valorados en el lugar del accidente, los otros dos fueron traslados a la Clínica de los Andes y el Hospital Metropolitano de Tunja.

Las autoridades confirmaron que ninguno de los heridos presenta lesiones de gravedad y que el incidente se saldó únicamente con daños materiales.

La carretera estuvo cerrada temporalmente mientras se realizaban las labores de atención y remoción de los vehículos involucrados en el percance.

Este accidente pone de manifiesto, una vez más, la importancia de conducir con precaución en las carreteras del país, especialmente en tramos de alta afluencia como la vía Bogotá-Tunja.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, mantener una distancia de seguridad prudente y evitar distracciones al volante para prevenir futuros incidentes.

Yopal continúa sumando más siniestros viales a los índices de accidentalidad. Es lunes 24 de noviembre en horas de la tarde se presentó un incidente en la calle 30 con carrera 36.

Las primeras informaciones que circularon sobre lo ocurrido mencionan que, en el hecho, se vio involucrado un agente de tránsito y un adulto mayor.

Según estas versiones el funcionario adscrito a la Secretaría de Movilidad, chocó por detrás con su motocicleta oficial de placas SFT46D a otra moto, conducida por una persona de 74 años.

En esta misma narrativa trascendió del adulto mayor, al parecer, estaría conduciendo en estado de alicoramiento. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada de manera oficial. Los dos motociclistas fueron trasladados a un centro asistencial, para su respectiva valoración médica.

En poder del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encuentra una menor de edad rescatada de la Policía Nacional, luego de, presuntamente, ser víctima de reclutamiento forzado.

Los hechos tuvieron como escenario el centro de Yopal. En la narrativa revelada por la institución oficial se asegura durante un operativo de registro y control, un ciudadano le comentó a la patrulla sobre un caso sospechoso.

Según la versión de esta persona, un sujeto se encontraba hospedado en el hotel Bolívar, ubicado en la carrera 19 con calle novedad, en compañía de una menor de edad a quien, al parecer, se encontraba en este lugar en contra de su voluntad.

Una vez conocida la situación, la patrulla se inició la búsqueda, tanto de la joven como del adulto que la acompañaba, basada en la descripción física dada por el denunciante anónimo.

La labor de los uniformados rindió los frutos esperados. En la carrera 19 con calle novena, fue localizada la pareja. De esta manera se pudo constatar que efectivamente la joven era una menor de edad, quien venía procedente del departamento de Córdoba.

Según la información oficial, la adolescente manifestó a la patrulla que había conocido al sujeto que la acompañaba meses atrás y que le había dicho que era miembro del grupo subversivo Farc EP. También indicó que la había invitado para que viniera a Yopal, ofreciéndole trabajo.

Una vez se esclareció la situación, la menor de edad fue entregada al Bienestar Familiar, para que la entidad proceda con el restablecimiento de sus derechos. Por su parte, el adulto fue capturado, sin embargo, una autoridad judicial lo dejó en libertad.