En la noche del 5 de octubre, el Cuerpo de Bomberos de Tauramena atendió una emergencia reportada a través de la línea telefónica, en la que se solicitaba el envío de una ambulancia por una persona herida con arma blanca.

Según la publicación del organismo de socorro, el equipo de atención prehospitalaria se desplazó de inmediato al lugar, donde realizó la valoración inicial del paciente, evidenciando una herida profunda que requería atención médica urgente. Tras estabilizarlo, fue trasladado al hospital local para recibir tratamiento especializado.

Según la versión entregada por la víctima, la agresión ocurrió durante una discusión con su pareja. El hombre manifestó que, al darle la espalda, fue atacado con un elemento cortopunzante que le causó la lesión.

El personal de emergencias reiteró la importancia de evitar situaciones de confrontación y promover el diálogo como herramienta para la resolución pacífica de conflictos.

También hizo un llamado a no subestimar ningún problema interpersonal, por pequeño que parezca, para prevenir hechos que puedan poner en riesgo la integridad física.

Como crímenes de lesa humanidad calificó el magistrado de la JEP Óscar Parra, las ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en el departamento de Casanare en el inicio de los años dos mil.

Agregó que este proceso de verdad, justicia y reparación que se viene adelantando, ha tenido que sortear varios obstáculos. Comenzó por expresar que no se trató de acciones aisladas perpetradas por algunas ‘manzanas podridas’, que había por aquella época en las fuerzas del Estado.

En ese contexto aseguró que se trató de hechos masivos previamente planeados, ejecutados y posteriormente encubiertos, donde el número puede llegar a las 400 o 500 víctimas.

En este largo camino de la justicia, identificó el magistrado que un primer paso es el reconocimiento de estos delitos.  De esta manera se abre la puerta para conocer la verdad, que es el siguiente escalón en este proceso.

Bajo esta premisa calificó como importante que el ministro de defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, junto con los altos mandos militares, haya participado del acto de excusas públicas a 27 familiares de víctimas, que se adelantó en el salón Quiripa de la Cámara de Comercio, el pasado sábado 4 de octubre.

Para el magistrado de la JEP la presencia del ministro ayuda a reconstruir la confianza en el Estado que se había perdido en la sociedad civil, como respuesta a estos crímenes tan atroces.

Delitos que involucraron en su ejecución a un número superior a las 300 personas vinculadas con el Estado. Para corroborar esta afirmación Parra mencionó que 29 han sido señados como máximos responsables y otros 300 se encuentran en la sala de definición de situaciones jurídicas.

En medio este escenario bastante complejo y pletórico de diatribas, recalcó que las excusas públicas clasifican como un parte del proceso de reparación, porque involucra el conocimiento de la verdad que, a su vez, es un primer paso en el objetivo de esclarecer los hechos.

La situación tiene demasiadas aristas. Algunas no se mencionan con tanto ahínco, pero que son igualmente importantes. Una de estas problemáticas es la estigmatización.

El magistrado de la JEP manifestó que las familias de las víctimas, además de perder sus seres queridos, se vieron sometidas al señalamiento público, de haber tenido un miembro de su familia dentro de las filas de algún grupo al margen de la ley o de pertenecer directamente a una de estas organizaciones delictivas.

De esta manera se generó un ambiente muy denso para las familias de las víctimas que provocó su desplazamiento. “En algunos casos extremos tuvieron que salir de la zona donde vivían”, indicó el magistrado.

Otra rémora que se presentó al inicio del proceso fue el negacionismo. Basado en la información compartida por Parra, este fenómeno consistió en el hecho que mucha gente creyó que estos casos eran mentira.

En el colectivo de la sociedad hizo carrera la versión que estos crímenes no habían ocurrido o que no eran hechos sistemáticos perpetrados por ‘manzanas podridas’, que se encontraban al interior del aparato de defensa del Estado.

En ese contexto, para Óscar Parra, la actividad del sábado revindica la memoria de lo ocurrido y esa verdad es fundamental para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

También subrayó que se busca que este tipo de actos se repliquen en las escuelas de formación militar, para que las nuevas generaciones de las Fuerzas Armadas conozcan que esto pasó, para que no lo repitan.

Sobre las penas o sanciones que emitirá la JEP, el magistrado explicó que se viene trabajando en una resolución de conclusiones. Dicha labor está a cargo de la sala a la cual él pertenece, que es la de reconocimiento.

Añadió que este documento abre el camino para que el Tribunal para la Paz comience a hacer los preparativos para emitir una sentencia.

Esta etapa de sentencias pasa por una serie de audiencias, donde se busca establecer cuáles serían las penas que se aplicarían para los casos de Casanare.

Existen varias propuestas como la creación de una universidad, proyectos de reforestación, búsqueda de personas desaparecidas, entre otras.

Una vez conocidas las mencionadas iniciativas, el Tribunal hará un análisis de las mismas y de esta manera se abre la ruta para la emisión de las sanciones.