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Durante el fin de semana, la Gobernación de Casanare entregó ayuda humanitaria a familias campesinas del municipio de Nunchía, pertenecientes a las veredas El Pretexto, Corea, Sirivana, Guacharacas, La Palmita, Maguito, Macuco, Moralito, Puerto Payero, Nueva Esperanza, La Charca, Centro, Buena Vista, El Caucho y Betania.

Los auxilios de primera necesidad fueron entregados a los hogares vulnerables con afectaciones en cultivos y viviendas, tras inundaciones en esta época lluviosa que ha iniciado su transición hacia la temporada seca.

De acuerdo con reporte de la Gobernación de Casanare, este año han atendido 4.469 familias, con auxilios humanitarios que comprenden desde láminas de zinc, madera, utensilios de cocina, kits de cama, entre otros elementos básicos de supervivencia.

Las personas afectadas por la ola invernal deben reportar la emergencia a los organismos de socorro de sus municipios, quienes son los encargados de realizar los censos con su debido registro fotográfico y firmas.

Los delincuentes siguen haciendo de las suyas en la capital casanareña mucho más por esta época en la que las familias se reúnen a celebrar las festividades decembrina.

El caso màs reciente ocurriò anoche 8 de diciembre cuando una familia yopaleña que departía frente a su vivienda ubicada en el barrio Nuevo Hábitat dos de Yopal, fue víctima de los delincuentes que merodeaban el sector buscando la oportunidad para cometer sus fechorías.

Los delincuentes llegaron a la vivienda, interceptaron a un hombre de 38 años de edad, le hurtaron una cadena de oro avaluada en 800 mil pesos y luego emprendieron la huida sin dejar rastro.

El grupo anti explosivos del Ejército Nacional detonó de manera controlada una granada de fragmentación IM-26 que fue ubicada en la vía Marginal de la Selva km 16 + 900 que conduce al municipio de Hato Corozal.

El coronel Edgar Mauricio Prada, comandante de la Brigada XVI dijo que tan pronto la comunidad y personal de INVIAS informó se activaron todos los protocolos y el grupo Marte destruyó el artefacto de manera controlada.

El oficial reiteró el llamado a la comunidad para que sigan informando este tipo de situaciones. Recordó la línea gratuita nacional 147 del Gaula Militar, la cual está habilitada las 24 horas del día con el fin de poder brindar el respaldo necesario en pro de la tranquilidad y la libre movilidad de Los habitantes y visitantes.

El caso más icónico es el de don Manuel, un adulto mayor de 78 años que inició sus estudios con el convenio suscrito entre la Alcaldía de Yopal y el Inpec, cuando inició esta alianza estratégica hace 11 años, según la licenciada Emilse Pérez Montoya, coordinadora de la institución educativa Lucila Piragauta, operadora de esta iniciativa.

Pero la historia de don Manuel, deja una enorme enseñanza, porque pese a los errores que haya cometido y pese al sitio donde se encuentra hoy en día, sabe que puede haber una alternativa de vida diferente, esta vez, a través de la educación.

Además de resaltar por ser el más longevo del grupo, don Manuel fue galardonado con la Banda a la Excelencia Lucilista. Este reconocimiento se entrega a los estudiantes que se han destacado por su dedicación y aunque no obtengan las mejores notas, siempre sobresalieron por su ánimo y entusiasmo durante el período académico.

Además, cuando este adulto mayor comenzó sus estudios no sabía leer, pero sus ganas de aprender cosas nuevas, lo motivaron durante todo el ciclo académico, que le llevó a graduarse como bachiller en la promoción 2022.

 

46 reclusos de la cárcel La Guafilla se graduaron este año de la institución educativa Lucila Piragauta, al terminar exitosamente sus actividades académicas gracias a un convenio de la Alcaldía de Yopal y el Inpec que lleva 11 años. Ya son 600 personas privadas de la libertad, quienes han terminado el bachillerato.

La ceremonia fue muy emotiva, más cuando los internos del Inpec giraban su mirada hacia una pantalla conectada a una videollamada, en donde estaban sus familiares, unas 80 personas aproximadamente, quienes, a través de sus dispositivos móviles, acompañaron a los graduandos desde la distancia.

Muchos de los reclusos del Inpec, tenían rostros muy serios, pero cuando escuchaban sus nombres y debían reclamar su diploma, una pequeña sonrisa dibujaba su rostro y la alegría era más que evidente.

Lida Zaret Gamboa González, secretaria de Educación de Yopal, resaltó el papel de los docentes que trabajaron a través de este año escolar y quienes aportaron 13.200 horas extras, para que los internos del Inpec, pudieran culminar sus estudios en el 2022.

“La educación es un instrumento de reconciliación y de paz; la educación nos permitirá pasar la página del conflicto y nos ayudará a construir una sociedad más justa y eso lo vamos a lograr con apoyo de los maestros, pero también con el entusiasmo y la decisión que cada uno tomemos, a partir de este momento”, afirmó la funcionaria.

 

 

Un fatal accidente que dejó 3 muertos y 23 personas heridas se produjo sobre las 8:30p.m. de este 6 de diciembre en la vía Yopal-Aguazul, a la altura del Centro de Atención al Migrante cuando un bus de placa TLP737 con número interno 109 afiliado a la empresa Libertadores, que cubría la ruta Bogotá- Yopal sufrió volcamiento.

El bus era conducido por Maicol Oswaldo Giraldo Yepes, quien perdió la vida en el lugar de los hechos. Otra de las víctimas fatales fue identificada como Rubén Benítez, un cabo de bomberos con al menos 19 años integrando el equipo del Cuerpo de Bomberos del municipio de Paz de Ariporo, quien lamentablemente falleció en el sitio del siniestro. De la tercera víctima que sería una mujer aún no se conoce su identidad.

Tras el siniestro, los heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la capital casanareña y de acuerdo al reporte entregado por las autoridades de salud fueron identificados como:

Hospital Regional de la Orinoquía: Luis Antonio Duarte. Inés Rojas, Marlon Romero, Elsy Rodríguez, Doris Quiroga, Manuel Barrera, Yackelíne Pedraza, Gladys Pelayo, Sergio Rojas, María Zapata, Víctor Molina, niño sin identificar, Miguel Ascencio, Felipe Ascencio, y Stephani Sánchez.

Clínica Casanare: Orlando Fabio Torres Mejía, Juan Esteban Bernal, Eduver Alfonso López, Eloisa Durán Cocunue, Saúl Antonio García, Milton Humberto Gordillo Soler y Miguel Ángel Nieves.

-Hospital Central de Yopal: Bárbara Andrea Barón Murillo.

El capitán Harbey Ramírez, comandante del cuerpo de Bomberos de Yopal dijo que los lesionados presentaban politraumatismos, fracturas, y diferentes lesiones por lo que fueron evacuados de manera urgente de acuerdo a la gravedad de las heridas al Hospital Regional de la Orinoquía.

 

Miércoles, 07 Diciembre 2022 04:52

Primera persona quemada por pólvora en Casanare

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Se trata de un hombre de 37 años del municipio de Aguazul, quien presentó lesión causada por un artefacto pirotécnico conocido como “volador”, el cual le generó contusión, quemadura de tercer grado y fractura de los huesos de las manos. Debido a la gravedad de las heridas tuvo que ser hospitalizado.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, las quemaduras son un problema de salud pública de magnitud mundial, que ocasiona a nivel global 300.000 muertes al año y son la tercera causa de muerte accidental.

“La pólvora y el consumo de bebidas embriagantes convierten las celebraciones en tragedia, por eso invitamos a la población para que celebren con responsabilidad” , afirmó Constanza Vega Orduz, secretaria de Salud de Casanare.

El uso de la pólvora aumenta en un 80% las probabilidades de desencadenar una quemadura que posiblemente requiera de cirugía plástica o en el peor de los casos, comprometerá la funcionalidad del cuerpo causando discapacidades.

Para reducir esta problemática en Salud Pública, los municipios deben entregar los planes de contingencia para el manejo correcto de la pirotecnia y si autorizan su venta, cumplir con la normatividad.

“A todos los papitos, hay muchas formas de hacer felices a los niños, y si acaso van a participar de un evento público donde se use la pólvora, tengan en cuenta las medidas de seguridad y las áreas de protección para evitar las quemaduras por pólvora” Olga Lucía Ramírez, referente de Seguridad Química de la Secretaría de Salud de Casanare.

Foto de referencia.

Luego de que la Superintendencia de Servicios Públicos requiriera a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, información precisa sobre la contratación por 320 mil millones de pesos para la operación de la PTAR y el manejo de los residuos sólidos en el relleno El Cascajar, su gerente Jairo Bossuet Pérez junto a otros funcionarios de la Alcaldía de Yopal, rindieron informe sobre dichos contratos denominados de colaboración estratégica empresarial.

Integrantes de la junta directiva de la EAAAY, conformada entre otros por el secretario de Infraestructura Álvaro Rivera y la secretaria de Planeación, Sonia Ruíz acompañaron a Pérez, a mesa de trabajo con la Superservicios. Allí se informó sobre el avance de los procesos de los dos contratos de alianza estratégica para construir obras de sanemiento básico, además que se hizo entrega de los documentos requeridos para que esa entidad haga el seguimiento correspondiente

El pasado 12 de octubre, luego de ya haberse firmados los contratos, que tanta suspicacia y desconfianza han causado, el el superintendente Dagoberto Quiroga Collazos, pidió que, en un plazo perentorio de tres días, la Eaaay debía remitirle copia del contrato referente a la operación de la PTAR, la construcción de la nueva PTAR y los diseños de los planes de acueducto y alcantarillado de Yopal.

De igual manera para el contrato por 15 mil millones de pesos con la firma SSYAM para la construcción e implementación de una planta de tratamiento, aprovechamiento y manejo integral de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario El Cascajar de Yopal, se requirió la copia del contrato, informe del impacto sobre el servicio público de aseo, afectación de la vida útil del relleno.

Ahora se espera un pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos con respecto al cumplimiento de las leyes y actos administrativos que afectarían a los usuarios finales, en materia de tarifas y servicios.

 

La violencia física, sexual, emocional y racista ejercida contra dos niños de 6 y 10 años de edad y su madre, Kerlin Sugey Murillo Mena, una docente de inglés, afrodescendiente chocoana, en Paya, Boyacá, generó rechazo, cuestionamientos y diversas investigaciones de organismos de defensa de la niñez y las mujeres como el ICBF, de la Fiscalía y la Procuraduría.  Por ahora la profesora fue trasladada a Chita, en ese mismo departamento.

De acuerdo con las denuncias conocidas a través de medios nacionales, la joven profesora llegó a trabajar en 2021 al colegio El Rosario, ubicado en Paya. Y desde el inicio sintió el rechazo de otros profesores, donde el color de su piel sería el detonante de esa discriminación. La situación se agravó con el visceral ataque que comenzaron a vivir sus pequeños hijos, en ese momento de 5 y 10 años de edad.

De acuerdo a los hechos denunciados, el niño Keiner Joel Córdona, el más pequeño,  fue blanco de constantes humillaciones y maltrato que, de ser probadas, se trataría de delitos que la Fiscalía General de la Nación tendrá que investigar de oficio, si se tiene en cuenta que algunos testimonios aseguran que Keiner fue víctima de acceso carnal, de vejámenes relacionados supuestamente con otros niños que le introducían orines en su boca. Inclusive se habla de una posible fractura en su cráneo, tras ser lanzado al vacío desde un tobogán.

Mientras tanto el niño mayor Yojackson Córdoba tiene lesiones en las cejas, mentón, pecho y una oreja, al parecer por tratar de defender a su hermano de las agresiones propinadas por otros niños. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), coordina acciones con las Comisarías de Paya y Chita, para brindar acompañamiento a a la familia y ya se inició el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) para los dos niños, quienes reciben tratamiento psicológico desde el área de salud.

 

 

En entrevista con La W y desde la penitenciaría La Picota, el exdirector del DAS en el departamento de Casanare, Orlando Rivas Tovar, se refirió a la aceptación de cargos que hizo por falsos positivos, así como al ofrecimiento de entregar verdad sobre vínculos de agentes del estado con paramilitares en ese departamento.

“Cargos de elección popular como gobernadores y alcaldes, eso es a su debido tiempo y ya eso es de conocimiento del mismo estado, (...) esto no es un caso nuevo, esto es algo que la ciudadanía casanareña sabe, las entidades judiciales como la Fiscalía y entes de control conocen y han conocido siempre esa relación directa”, sentenció Rivas.

Particularmente en relación con la imputación en su contra por ejecuciones extrajudiciales, mantuvo su postura de asumir responsabilidad por mando (a pesar de que víctimas consultadas indican que ese reconocimiento se queda corto, al no aceptar haber dado órdenes ilegales).

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