En comunicado a la opinión pública la empresa Llanogas S.A. E.S.P.  informó a la comunidad que el incidente que ocasionó la interrupción del transporte de gas natural en el sector de Barranca de Upía, respondió a una falla técnica debida a aspectos geológicos, y a una fatiga detectada en la tubería en una zona donde confluyen varias redes.

Según la empresa, esta información le fue confirmada al General Jorge Horacio Romero, Comandante de la Séptima Brigada del Ejército Nacional, por parte del área técnica de la empresa transportadora TGI.

“Llanogas presenta sus sinceras excusas a la comunidad, medios de comunicación y a TGI por el uso inapropiado del término “atentado” en el boletín anterior y lamenta los inconvenientes causados”, expresa el comunicado.

Horas antes la empresa había emitido un comunicado en donde informaba que, "El atentado comprometió la tubería principal que desde los pozos de Cusiana y Cupiagua transporta el gas natural hasta la estación de Apiay. En consecuencia, podrían verse afectados los usuarios de los municipios Barranca de Upía, Cumaral, Restrepo, Villavicencio, Acacías y Granada, así como los de los municipios usuarios en el departamento de Cundinamarca. 

Llanogas reiteró la solicitud a la comunidad en el uso eficiente y racional del servicio durante las próximas horas, en tanto se realizan las actividades de reparación en la zona, que permitan restablecer el transporte de gas y su suministro normal. 

Tres heridos

Según la empresa Transportadora de Gas Internacional (TGI)  hasta el momento se han reportado una vivienda afectada y tres heridos con quemaduras leves, quienes se encuentran recibiendo todos los auxilios pertinentes por parte de los organismos de socorro que arribaron al lugar.

El Ministerio de Salud y Protección Social anunció que a partir del 1 de julio de 2015 se hace la aplicación gratuita de la vacuna contra la varicela, la cual se administrará a niños de un año, en más de 4 mil puntos de todo el país.

Eliana Andrea Mayorga Díaz, referente del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la Secretaría de Salud de Yopal, dijo que el Ministerio ingresó la vacuna de la varicela en el Esquema Nacional del PAI, en forma gratuita.

La funcionaria expresó que para esto se hace un cambio en el Esquema de Vacunación, “la que se recibía al año de fiebre amarilla, ahora se les va a aplicar a los 18 meses”; explicó que ahora al año de vida reciben la triple viral (paperas, sarampión, rubeola) y la del refuerzo de neumococo y hepatitis, incluyendo la de varicela.   

El motivo de inclusión de la vacuna en el PAI, es que la enfermedad ha tenido bastante aumento de casos en el territorio nacional, previniéndose a través de la vacunación en esta población que es la más susceptible.

En Yopal se dispuso de las primeras 800 dosis de la vacuna contra la varicela,  para ser aplicadas en los 10 puntos de vacunación de las diferentes IPS que operan en la ciudad, para que los padres de familia acudan con sus hijos y protegerlos de esta patología.

La profesional explicó que respecto de las jornadas de vacunación, la capital casanareña se encuentra por encima del 42% en cobertura, lo que conlleva a disminuir la aparición de enfermedades.

“A los padres de familia se les recomienda revisar el carnet de vacunas, en el cual deben estar inmersas las fechas en que se deben vacunar”, recordó la profesional, agregando que a lo largo de la vida se debe acudir 8 veces con el niño para cumplir con este propósito.

La Alcaldía de Yopal  a través de la Secretaría de Salud con grupos técnicos, hace casa a casa la verificación del esquema de vacunación, con el propósito de monitorear quiénes están sin vacunas para aplicarles las dosis correspondientes.

Los campos de producción Pauto y Floreña, ubicados en el departamento del Casanare y operados por Equion Energía, dentro del contrato de asociación Piedemonte suscrito con Ecopetrol, lograron el pasado 24 de junio un récord de producción al alcanzar 41.488 barriles de petróleo por día (bpd), de los cuales 31.223 bpd son directamente de Ecopetrol en virtud de su participación como socio y accionista de la citada compañía operadora.

La cifra de producción, que corresponde a un cumplimiento acumulado del 117% en relación con la meta de junio del 2015, es el resultado del avance en el proyecto Piedemonte etapa 2, que inició en el 2012 e incluye la perforación de once pozos nuevos y la ampliación de facilidades para procesamiento e inyección de gas. Actualmente se han perforado ocho pozos de curva básica y tres pozos productores, que han incrementado la producción en más de 11 mil bpd en el último año.

Pieza clave en este logro ha sido la expansión de la central de facilidades de procesamiento CPF Floreña, que inició en diciembre 2014. Producto de su estabilización, los nuevos equipos comenzaron a recibir de manera segura el crudo adicional de los pozos del área.

Lo anterior se complementará con la entrada en funcionamiento de una turbina de alta presión en el segundo semestre del año, que aumentará la capacidad de manejo de gas hasta 530 mpcd (millones de pies cúbicos día), lo que a su vez redundará en producción adicional.

Equion Energía Limited es una empresa perteneciente al Grupo Empresarial Ecopetrol y además es socio-operador del contrato de asociación Piedemonte con una participación del 50%.

La Procuraduría General de la Nación dejó en firme el fallo de primera instancia en contra el exalcalde de Aguazul,  José Mauricio Jiménez Pérez, conocido como el “Patón”, quien fue sancionado con inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos y la imposibilidad de ejercer funciones públicas por el mismo periodo.

Según la Procuraduría, el entonces mandatario abandonó su puesto de trabajo por más de tres días consecutivos, desde el 31 de enero de 2011, sin justificar su ausencia, ni presentar renuncia al cargo que ocupaba desde el 26 de febrero de 2008. 

Según las pruebas recaudadas también se estableció que el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado condenó al “Patón” a la pena de 29 años de prisión, y multa de 2.300 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a 13 años de inhabilidad de derechos y funciones públicas, por los delitos de desaparición forzosa y concierto para delinquir.

Como resultado de esta condena el juez expidió una medida de aseguramiento en contra del disciplinado que coincidió justamente con su abandono del cargo, situación de la que se pudo colegir que su ausencia laboral tendría la finalidad de evadir la acción de la justicia.

El órgano de control citó entre otras normas trasgredidas por el exalcalde, el artículo 128 del Decreto 1950 de 1973 “Si por el abandono del cargo se perjudicare el servicio, el empleado se hará acreedor a las sanciones disciplinarias y a la responsabilidad civil o penal que le corresponda”.

A juicio de la Procuraduría Regional de Casanare el máximo jerarca municipal para la época de los hechos puso en peligro la función administrativa de la entidad que dirigía, con todas las implicaciones que ello conlleva.

Conducta gravísima

La conducta desplegada por el exmandatario fue calificada como gravísima cometida a título de dolo.  

Para el Ministerio Público no fueron de recibo los argumentos presentados por la defensa quien señaló que la pena impuesta al exfuncionario “desestabilizó al condenado, quien al no tener certeza de la existencia de garantías por parte del Estado para no ser víctima de atentado contra su vida en el establecimiento penitenciario donde debiera cumplir su conducta, optó por ausentarse del cargo”.

Al respecto precisó que “El alcalde no se encontraba ante una situación de tener que sacrificar el cumplimiento de sus responsabilidades ante la justicia penal”, como quiera que no se demostró que el proceso penal se efectuó de manera secreta o con violación de los derechos del señor Jiménez Pérez.

Finalmente agregó el ente disciplinario que el exalcalde debió demandar las debidas garantías para su vida en caso de ser condenado y, solo ante la negativa de brindársele éstas podía hablarse de la existencia de una situación que justificara su conducta, pues, incluso, antes de estar privado de la libertad tuvo acceso a acciones en defensa de sus derechos fundamentales.

En consecuencia, el simple hecho de ser afectado por una medida de aseguramiento con el fin de cumplir una condena penal, no configura una de las causales de justificación de conducta que contempla la ley 734 de 2002, por cuanto el disciplinado optó por defender su derecho a la vida frente al cumplimiento de su deber funcional como alcalde de Aguazul. 

La decisión disciplinaria notificada quedó en firme pues el apoderado del implicado no interpuso  recurso de apelación.