Tras el segundo día de audiencia preliminar de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra los 25 exfuncionarios y contratistas de la Gobernación de Casanare, de la época de Raúl Flórez; solo ha concluido la primera parte de la exposición de la Fiscal Delegada, María Victoria Parra, sobre los hechos en que se infieren los diferentes delitos.

Por tanto hasta este viernes (4 de agosto), cuando se retome la diligencia (programada a las 8 am) se empezará a conocer la imputación individual de los mismos, que incluyen: celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público.

(Lea la lista de funcionarios investigados)

A su vez los abogados tendrán oportunidad al fin de intervenir, por lo que no se sabe a ciencia cierta por cuánto tiempo se extenderá la audiencia.

La investigación se refiere a un convenio de la Gobernación con la Alcaldía de Hato Corozal (086 del año 2008), para construir unas unidades sanitarias en zonas de resguardos indígenas, cuyas obras se terminaron, según señalan los procesados.

Por otro lado, la juez de control de garantías, Luz Nidia Tobón, pidió a la fiscal aclarar una cifra referente a un supuesto detrimento patrimonial por 2.000 millones de pesos.

“Vamos a demostrar que no es cierto… este es un proceso de varios años porque son 25 los indiciados y cada uno hará uso de la defensa”, señaló el abogado Wilson Jiménez, uno de los defensores.

Igualmente su colega, Luis Francisco Vega, resaltó que las obras sí se realizaron, pero aún no se conoce si los convenios fueron liquidados, sin lo que no se puede saber si hay recursos que quedaron pendientes.